#EnCorto | Cuatro claves para entender los estragos de la minería ilegal en el Parque Farallones en Colombia

La minería ilegal no es un tema nuevo en el Parque Nacional Farallones de Cali, en el suroccidente de Colombia. Desde hace más de 50 años esta área protegida se enfrenta a esta actividad que amenaza la biodiversidad y la calidad del agua del sector.

Sin embargo, desde la pandemia del COVID-19, la situación es mucho más alarmante. Según Robinson Galindo, director territorial para el Pacífico de Parques Nacionales Naturales de Colombia (PNN), alrededor de 300 mineros ilegales extraen oro de al menos seis socavones ubicados sobre los 2800 metros sobre el nivel del mar, en un sector conocido como las Minas del Socorro o Alto del Buey. Uno de estos socavones es Patequeso, que cuenta con su propio campamento y al menos cuarenta ‘cambuches’ o viviendas improvisadas.

A pesar de que se conocen los sitios, el número aproximado de mineros ilegales, las rutas por donde entran y salen materiales, y hasta sentencias judiciales que ordenan atender este tema, las autoridades administrativas no ejecutan acciones.

¿Qué particularidades tiene la minería ilegal en esta región de Colombia? ¿Qué hay detrás del fracaso para detener esta actividad ilícita? Estas son cuatro claves para entender lo que ocurre en esta zona de la cordillera occidental de los Andes.

No es la clásica minería de oro de aluvión

A diferencia de otras áreas protegidas colombianas amenazadas por la minería ilegal, donde se instalan dragas en los ríos o la de cielo abierto practicada con retroexcavadoras, la que afecta al parque Farallones es realizada en socavones. Sin embargo, esto no significa que sea menos sofisticada o dañina.

“Usan grandes taladros industriales, llevan plantas eléctricas junto con otras herramientas tecnificadas como molinos y tambores (cilindros que permiten moler la roca y el oro)”, explica Galindo. También siguen usando explosivos y palas. Además, en la zona minera se instalan campamentos, llevan cocineros y suben los insumos en mulas en una ruta que toma al menos cuatro horas desde el punto donde acaba la vía proveniente de Cali.

La actividad ha dejado su marca en la zona. Según el más reciente informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC por sus siglas en inglés), en 2021 se detectaron 293 hectáreas deforestadas a causa de la minería ilegal, seis de estas dentro del parque y las demás en la zona de amortiguamiento.

Un problema que pasa por corrupción y amenazas

Según una fuente de la zona que pidió protección de su identidad, el mayor obstáculo para combatir la minería en el parque es la corrupción. “Todo el mundo sabe la ruta en la que suben los insumos o los explosivos en mulas, pero nadie hace nada, es la ruta que va de Cali, pasa por Cristo Rey, Quebrada Honda, la vereda Peñas Blancas en el corregimiento de Pichinde y que se dirige a la mina del Socorro. En esta debe haber controles las 24 horas del día”, señala. Comenta que los mineros son de Cauca, departamento vecino al Valle, y que también participan pobladores locales.

A este escenario hay que añadir que, en mayo de 2023, los guardaparques que protegen el área protegida recibieron mensajes amenazantes. “A medida que han aumentado las actividades ilegales, también han incrementado las amenazas contra el personal del área protegida. Principalmente en el último mes”, señala una de las fuentes anónimas que aportó información.

La violencia contra el personal del parque nacional ha incluido acciones de vandalismo, seguimientos y amenazas explícitas a su integridad por parte de los presuntos mineros. Además, en 2020, dos defensores del medio ambiente que velaban por la protección del parque Farallones fueron asesinados. Ambos se oponían a la minería ilegal.

Un sofisticado sistema de advertencias y evasiones

Los mineros ilegales cuentan con medidas de vigilancia. “Tienen hasta circuitos cerrados de televisión para que los mineros sepan cuando llegan las autoridades”, señala una fuente anónima que frecuenta el área. Esto lo corrobora otra persona que trabaja en la zona, que pidió por seguridad la protección de su nombre, y que mencionó la existencia de un sistema de ‘campaneros’ —informantes— que avisan cualquier acción de control de manera previa.

Los mineros están bien preparados para enfrentar líos judiciales. Cuando se captura a alguien, un abogado aparece inmediatamente para defenderlo. También es usual que los mineros nunca llevan sus documentos de identidad para evitar el proceso judicial o dicen que van a prestar servicios de cocina o de otro tipo, negando ser operadores de los socavones. Estas personas cada día tienen estrategias más efectivas para evitar la judicialización.

En la Fiscalía de Cali, los casos contra los mineros investigados parecen no avanzar. “Pese a las capturas de personas e incautación de material para la minería, los procesos judiciales en la Fiscalía y otros entes competentes no parecen generar los resultados deseados. Esto permite que los mineros sigan haciendo su actividad, por eso hoy se ven más mulas cargando sus insumos”, comenta una de las personas que conoce la zona pero pidió la reserva de su nombre.

Hay un riesgo enorme para el agua y la biodiversidad

Óscar Cuellar, biólogo que trabaja investigando anfibios en Farallones desde 2017, señala que el mayor riesgo de esta minería es que en unos años el mercurio usado en la actividad podría contaminar las aguas de los caleños y otros municipios cercanos a la capital del Valle del Cauca. Explica que en Farallones nacen seis de los siete ríos que atraviesan Cali y que, en la mayoría de los casos, son los que proveen de agua potable a la ciudad.

Cuellar ha encontrado desde 2017 que los desechos como el mercurio y el cianuro que se vierten en las quebradas terminan en los ríos de la zona. “En los sedimentos hallamos niveles muy altos de mercurio, sobrepasan los límites permitidos de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Se suponía que la minería había parado en 2015 y las tomas son de 2017”, comenta.

Montañas como las de los Farallones, además de formar parte de los Andes colombianos, presentan los niveles más altos de endemismos en anfibios para el país, lo que genera un gran potencial de encontrar nuevas especies para Colombia y nuevos registros de otras ya descritas. Robinson Galindo, director territorial para el Pacífico de PNN, añade que Farallones también es rico por sus más de 480 especies de orquídeas, muchas de ellas sobreviviendo en las zonas de minería ilegal y esperando por ser descritas.

*Imagen principal: Socavón de minería ilegal de oro en el PNN Farallones de Cali. Crédito: paper Bioaccumulation of mercury in direct-developing frogs: The aftermath of illegal gold mining in a National Park. Cuellar et al.

**Puede leer la nota completa aquí.

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