- Poder Judicial anuló la sentencia de 28 años de cárcel a acusados del asesinato de cuatro dirigentes de la comunidad nativa Alto Tamaya-Saweto, dictada en febrero de este año.
- Los líderes indígenas Edwin Chota, Jorge Ríos, Leoncio Quintisima y Francisco Pinedo fueron asesinados por madereros ilegales el 1 de septiembre de 2014. Desde entonces sus viudas iniciaron un inacabable camino por justicia, en medio de amenazas.
- Las viudas y familiares de los cuatro fallecidos piden que la presidenta de la República, Dina Boluarte, se pronuncie sobre el caso. Ellas denuncian que el Estado hasta ahora no los ha incluido en su programa de protección de víctimas y testigos ni reciben apoyo de ninguna entidad pública para seguir el caso lejos de su comunidad.
[ACTUALIZACIÓN] El viernes 1 de septiembre, las cuatro mujeres ashéninkas se reunieron representantes de los ministerios de Justicia y Cultura. El abogado Yusen Caraza precisó a Mongabay Latam que la sesión buscó que las afectadas puedan ser protegidas por el Mecanismo Intersectorial para la Protección de Defensores de Derechos Humanos. Se realizó el pedido verbal para la activación de la herramienta en favor de las viudas, relató Caraza, pero esto se formalizará la próxima semana a través de un escrito.
Un silencio cargado de impotencia se instaló el jueves 31 de agosto en medio de la conferencia de prensa que ofrecieron las viudas y familiares de Edwin Chota, Jorge Ríos, Leoncio Quintisima y Francisco Pinedo, cuatro líderes de la comunidad nativa ashéninka Alto Tamaya-Saweto, en la Amazonía peruana, que fueron asesinados el 1 de septiembre del 2014, hace exactamente nueve años. Era el turno de hablar de Lina Ruiz, hija de Francisco Pinedo, pero el peso de todos estos años sin justicia le impidieron hablar de inmediato. Luego de unos minutos, empezó.
“Vengo a buscar justicia”, dijo en voz alta y firme. “Me siento muy triste y con rabia por esta sentencia. Somos cuatro hermanos que hemos quedado sin padre y hace poco sin madre. Para el asesino hay justicia, pero para los que lucharon por nuestros bosques no la hay. No tenemos paz. ¿Otra vez vamos a sufrir nueve años?”.
La sentencia a la que se refirió Lina Ruiz es la de la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Ucayali, que declaró nula la condena de 28 años y tres meses de cárcel efectiva que, el 27 de febrero de este año, se impuso a los empresarios madereros Hugo Soria Flores y José Estrada Huayta.
Soria y Flores habían sido condenados como instigadores del delito de homicidio calificado en contra de los cuatro dirigentes de Alto Tamaya-Saweto. La nulidad de la sentencia también alcanza al brasileño Eurico Mapes Gómez y a los hermanos Segundo y Josimar Atachi Félix, quienes, de acuerdo con la sentencia emitida en febrero pasado, también habían sido hallados responsables del cuádruple asesinato. En la acusación fiscal, Mapes y los hermanos Atachi Félix fueron sindicados como autores materiales del crimen.
Lina Ruiz, Julia Pérez (viuda de Edwin Chota), Lita Rojas (viuda de Leoncio Quintisima) y Ergilia Rengifo (viuda de Jorge Ríos) llegaron el miércoles a Lima para pedir justicia y apoyo a autoridades e instituciones estatales. “Estoy indignada porque no tenemos justicia. Son nueve años que estamos buscando justicia. Como pobres y como pueblo indígena no tenemos derechos”, dijo Ergilia Rengifo a Mongabay Latam, en su primera declaración en Lima.
El abogado de las viudas de los cuatro dirigentes ashéninkas, Alberto Yusen Caraza, dijo a Mongabay Latam que la Sala de Apelaciones de Ucayali argumentó que no hubo pruebas suficientes para sostener la condena y, por el contrario, que existieron una serie de vicios y errores en la resolución de primera instancia que establecía los 28 años y tres meses de cárcel contra los imputados más el pago de S/200 mil por concepto de reparación civil en favor de los deudos. Los acusados, según declaró Yusen Caraza, afrontaban el proceso de apelación en libertad, para el cual se incorporaron las manifestaciones de algunos testigos protegidos que habían sido excluidos del juicio oral.
“Qué culpa tienen las viudas de no encontrar justicia por nueve años. Ellas sienten bastante rabia porque ya se había logrado una sentencia de primera instancia. Los huérfanos, que eran niños hace nueve años, ya tienen ahora la mayoría de edad. ¿Qué justicia llega a ellos?”, refirió Caraza.
Con la misma desazón, el abogado acotó: “¿Dónde queda la creación de protocolos o mesas técnicas para defensores ambientales? ¿dónde quedan los derechos humanos y los derechos ambientales si el Estado, con todos sus errores jurisdiccionales y fiscales, no puede construir una sentencia firme y adecuada por estos asesinatos”.
El próximo e inevitable paso dentro de esta interminable lucha frente a la impunidad, subrayó Caraza, será acatar el resultado de la nulidad y comenzar nuevamente el juicio oral en primera instancia.
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Nueve años de dolor
Las cuatro mujeres que llegaron a Lima conversaron con Mongabay Latam sobre lo que están viviendo desde hace nueve años. Un pedido que se repetía era el pronunciamiento de la presidenta de la República, Dina Boluarte, tanto por este largo camino para lograr justicia como por el abandono que han sufrido por parte del Estado desde el 2014.
“La presidenta tiene que asumir su responsabilidad en esto. Desde Saweto hasta Pucallpa [ciudad donde se lleva el juicio] son cuatro días de viaje. Parece un castigo: todo el día bajo el sol, durmiendo en la playa, pasando hambre. No estamos tranquilas, no tenemos paz”, dijo Lita Rojas, viuda de Leoncio Quintisima.
Ergilia Rengifo cuenta que algunas de ellas tuvieron que mudarse a Pucallpa para estar pendientes del avance de la justicia, pero sin el apoyo de la comunidad, su situación en Pucallpa es precaria.
“Yo estoy durmiendo en el piso con mis hijos. Vimos una luz de esperanza con la sentencia de febrero, les dije a mis hijos que esta semana se iba a confirmar la cárcel para los asesinos de su padre. Pensábamos que ya podríamos regresar a Saweto, con mi familia, para al menos ‘anzuelear’ y sacar pescado para comer. Pero ahora es como que no hemos avanzado nada, hemos vuelto al principio”, dice con desesperanza.
Ergilia Rengifo fue esposa de Jorge Ríos, uno de los cuatro dirigentes asesinados en septiembre de 2014 que falleció a manos de los madereros ilegales. Después de la muerte de los comuneros ashéninkas, Ergilia Rengifo fue elegida como nueva líder de su comunidad; la sucedió su hermana Karen Shawiri y, posteriormente, Lita Rojas, viuda del dirigente Leoncio Quintisima. Otra viuda que dejó el denominado caso Saweto es Julia Pérez, pareja de Chota en el momento en que fue asesinado. Adelina Vargas, quien fuera esposa de Francisco Pinedo, falleció el año pasado.
El 31 de agosto de 2014, Ergilia llevó en bote por el río Tamaya a los cuatro dirigentes ashéninkas hasta un sector conocido como varadero de Cañaña. Fueron más de ocho horas de viaje tras lo cual Ergilia Rengifo retornó a su comunidad. A la mañana siguiente, Chota, Pinedo, Quintisima y Ríos emprendieron desde varadero de Cañaña una caminata por la selva hacia la comunidad indígena de Apiwtza, en Brasil. Allí se había organizado una reunión entre defensores del bosque que abarca ambos lados de la frontera entre Perú y Brasil. Como jefe de Saweto, Edwin Chota luchaba contra las mafias de taladores ilegales que operaban impunemente en su pueblo, un territorio de casi 80 mil hectáreas.
El objetivo principal de Chota era conseguir que Alto Tamaya-Saweto, entonces sin título, obtenga la seguridad jurídica. Pero lejos de conseguir la formalidad para su pueblo, los trámites habían acarreado amenazas y hostigamiento en su contra y la de su comunidad. En aquel duro contexto, los líderes ashéninkas realizaron el desplazamiento a Brasil. Cerca de la quebrada Putaya sufrieron una emboscada y fueron asesinados. Los cuatro cadáveres fueron hallados recién la tarde del sábado 6 de septiembre de 2014 por un cazador de Saweto que retornaba al pueblo por la ruta que seguían los dirigentes. Apenas el comunero llegó con la noticia al pueblo, Ergilia Rengifo organizó una comitiva para viajar a Pucallpa e informar lo que había pasado.
Toda la secuencia de hechos que derivaron en la matanza, y la batalla que desde entonces libraron las viudas por obtener justicia, fueron parte de un reportaje de Mongabay Latam publicado en junio del 2022, a puertas del inicio del juicio oral.
“Nuestro padre murió luchando por nuestros bosques, por nuestro futuro y ahora no podemos estar tranquilos, no podemos volver a la comunidad porque los madereros nos tienen amenazados. No nos vamos a quedar tranquilas con esta nulidad del juez, vamos a seguir luchando porque no se van a reír de nuestros muertos”, declaró Lina Ruiz Santillán, hija de Francisco Pinedo Ramírez, al final de la sesión judicial en que se anuló la sentencia de primera instancia.
En la conferencia del 31 de agosto, Julia Pérez, viuda de Edwin Chota, dijo a Mongabay Latam que se sentían maltratadas por la justicia. “¿Por qué nos tratan así? Ya faltaba poco y ahora nos dicen que no hay nada. Yo perdí a mi hijo en este camino de justicia. Ahora ya son dos heridas con esto”.
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Bajo amenaza y sin protección
En una conferencia de prensa ofrecida en marzo último, solo días después de la resolución que condenó a 28 años y tres meses de cárcel a los acusados del cuádruple crimen, las viudas del caso Saweto remarcaron que las amenazas en su contra continuaban y no recibían protección del Estado. Incluso, el abogado Óscar Romero, quien entonces estaba a cargo de la defensa de los deudos, señaló que un testigo protegido había dicho expresamente que “los familiares de los señores Edwin Chota, Jorge Ríos, Leoncio Quintisima y Francisco Pinedo están amenazados de muerte”. “Se trata de una organización criminal que tiene que ver mucho con el comando Vermelho de Brasil. Cuando cometen crímenes en Perú cruzan la frontera hacia Brasil, y cuando lo hacen en Brasil se trasladan a Perú para eludir la justicia. No solo son taladores ilegales, sino que es una organización criminal”, manifestó Romero en marzo pasado.
Debido a esta crisis de seguridad, el anterior abogado dijo que solicitó ante el Ministerio Público que las viudas y familiares ingresen al programa de protección de víctimas y testigos. Sin embargo, hasta ahora ellos no tienen protección efectiva. Una situación que las esposas de los comuneros ashéninkas asesinados hace nueve años han venido exigiendo en diversas oportunidades: “El Estado debe cumplir como debe ser. Esta lucha no es fácil. Yo, como mujer, he dicho bien claro que he venido sufriendo para buscar que me escuchen, que me hagan caso, que no me ignoren”, fue el pedido de Ergilia Rengifo y Julia Pérez a nombre de su comunidad en la conferencia que brindaron luego del dictamen en primera instancia.
Pese al repetido clamor por seguridad, de acuerdo con las organizaciones que actualmente acompañan a los deudos en el proceso judicial, el Estado solo ha destinado a las viudas un apoyo por orfandad de S/200. Pero a la fecha ellas todavía no son reconocidas como defensoras de derechos humanos. Sin embargo, son quienes han asumido el proceso legal de sus esposos y, en consecuencia, la defensa de su comunidad.
Esta falta de un compromiso concreto por parte del Estado peruano fue uno de los primeros temas que los deudos del caso Saweto y líderes indígenas dentro del ámbito nacional expusieron en la sede de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), en Lima, donde se reunieron para alzar su voz de protesta por el reciente fallo de la la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Ucayali. Jorge Pérez, presidente de Aidesep, enfatizó que la flexibilidad de la justicia se evidencia no solo en los casos de asesinatos relacionados con defensores indígenas, que están quedando impunes, sino también en el posterior abandono de sus familiares.
“El Estado debe asumir total responsabilidad. Este es el momento, ministro de Justicia, en que se tienen que concretar acciones. El camino de la impunidad se va haciendo cada vez más ancho”, indicó.
El presidente de la Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU), Jamer López, consideró que la sentencia en contra de los acusados de la matanza a los líderes de Alto Tamaya-Saweto era la oportunidad para que el Estado peruano demuestre que garantiza los derechos humanos en las comunidades indígenas. “Nuestra esperanza en el caso Saweto era única porque iba a quedar como una jurisprudencia, pero no se ha dado (…) ¿La vida de los dirigentes y líderes amazónicos no significa nada para nuestro Estado? Esta nueva injusticia es un camino libre para que nos sigan asesinando, un camino libre para los madereros ilegales”, dijo en el auditorio de la Aidesep.
En tanto, tal como Jorge Pérez, Jamer López invocó al Ministerio de Justicia, pero también al Poder y el Ministerio Público, a que cumplan con la protección de los pueblos amazónicos. Recordó que en Ucayali fue implementada una mesa técnica en favor de los defensores indígenas, pero hasta el momento esta no se ha vuelto a reactivar. Las cuatro mujeres ashéninkas que se presentaron en el local de Aidesep reafirmaron que ninguna institución del país a cargo de velar por la seguridad y el amparo de personas en situación de vulnerabilidad las ha buscado. Ellas, además, resaltaron que actualmente no están recibiendo bono alguno del Estado. “No hay nada en lo que nos haya ayudado el Estado, y quizás sea porque no reclamamos”, puntualizó Lina Ruiz.
“Pido justicia, que no nos dejen de lado, somos seres humanos. A los ministros de la Mujer, de Justicia, y la Defensoría del Pueblo, que no nos dejen de lado”, fue el pedido final que hizo Ergilia Rengifo en declaraciones para este informe.
Al cierre de esta nota, el Ministerio de Justicia señaló a Mongabay Latam que el Viceministerio de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia se reuniría con las mujeres afectadas. La Defensoría del Pueblo y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables no se pronunciaron sobre estos pedidos.
Imagen principal: Las viudas del caso Saweto denuncian que las amenazas en su contra se intensificaron desde que el Poder Judicial condenó a los acusados del cuadruple homicidio. Foto: Hugo Alejos.
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