Tras una aguda crisis política y social en Guatemala, el triunfo del partido político Movimiento Semilla y de su candidato, el sociólogo y escritor Bernardo Arévalo, ha despertado expectativas en varios sectores del país.

Con una propuesta por la transparencia y contra la impunidad, el Movimiento Semilla, que en la primera vuelta electoral apenas figuraba en las encuestas, logró catalizar el descontento de los guatemaltecos hacia el llamado “pacto de corruptos”. Ese es el nombre con el que los ciudadanos del país centroamericano  hacen referencia a una red de políticos, empresarios, figuras del crimen organizado y miembros del sistema judicial acusados de actos de corrupción que mantienen un sistema de impunidad que los protege de ser procesados.

Entre científicos dedicados a la conservación, ambientalistas y defensores ambientales hay grandes expectativas a lo que podrá ser la presidencia de Arévalo, puesto que, desde 1986, por primera vez un proyecto de gobierno prioriza aspectos ambientales en su agenda.

En un país donde más del 90% de las fuentes de agua están contaminadas —situación que no sólo impacta la salud de los ecosistemas, sino que sitúa a Guatemala entre las naciones latinoamericanas con mayores tasas de mortalidad infantil— crear una ley de aguas será uno de los retos más importantes.

Los obstáculos, sin embargo, no son menores. De los 160 escaños en el poder legislativo, Movimiento Semilla sólo pudo obtener 23. Además, el fiscal del Ministerio Público, Rafael Curruchiche, sancionado por Estados Unidos en 2022 bajo cargos de crear falsos casos en contra de ex autoridades, ha ejecutado varios intentos por suspender al Movimiento Semilla con una serie de investigaciones penales.

Además, a unos días de la jornada electoral, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares al presidente electo ante un supuesto plan para atentar contra su vida.

Mongabay Latam conversó con Raúl Maas, investigador del departamento de Ciencias Ambientales del Instituto de Investigación en Ciencias Naturales y Tecnología de la Universidad Rafael Landívar en Guatemala, sobre las expectativas que existen desde el mundo ambiental para el nuevo gobierno, que deberá asumir el 14 de enero 2024, y los sentimientos de “revitalizada esperanza” que se sienten en el país tras los resultados electorales.

Maas, quien fue Director del Departamento de Áreas Protegidas del Instituto Nacional de Bosques y Director Técnico General del Consejo Nacional de Áreas Protegidas, entre otros cargos públicos, también expone los principales desafíos ambientales del país y los escenarios que podrían presentarse de aquí a la toma de mando.

—¿Cómo está el ambiente entre científicos dedicados a la conservación en Guatemala, ambientalistas y defensores ambientales? ¿Cómo han vivido los  resultados electorales?

—Al igual que en los demás sectores de la sociedad, con bastante esperanza. Se ha revitalizado la esperanza. Justo lo conversábamos con unos colegas; va más allá de lo político. Hay una revitalización de la energía, de un futuro distinto al que las tendencias mostraban, incluso antes de la primera vuelta de las elecciones.

En el sector ambiental las expectativas son enormes, porque al contrastar el plan de gobierno que ha planteado el Movimiento Semilla con todos los otros planes de gobierno, es el que tiene un enfoque o una perspectiva ambiental mucho más ancha. Además, hay algunos colegas (dentro del partido político Movimiento Semilla) con una trayectoria bastante reconocida en el contexto socioambiental. Entonces las expectativas son altas, muy esperanzadoras, aunque tenemos claridad de que no va a ser fácil. Va a ser difícil de superar las estructuras que tienen coaptada la institucionalidad pública, dado el nivel de enquistamiento y el tiempo que ya llevan en estos procesos. Pero, de todos modos, hay mucho entusiasmo. Estamos muy esperanzados.

—¿Qué destaca de la propuesta ambiental?

—Primero que hay un enfoque integral en la manera de abordar la problemática socioambiental del país. Para poner un ejemplo, hablan del agua. Un tema que, más allá de lo eminentemente ambiental, es muy crítico porque Guatemala está entre los países latinoamericanos con las mayores tasas de mortalidad infantil. En Guatemala, los niños mueren por disenterías, amebiasis, diarreas, y los niños se enferman porque consumen agua contaminada. Uno de los grandes retos es cómo empezar a llevar agua potable a la mayor parte de la población, especialmente a la población rural y periurbana.

Asegurar una adecuada dotación de agua en cantidad y calidad para toda la ciudadanía puede ser muy significativo para reducir las tasas de mortalidad infantil, pero también para atender esa llaga negra que tiene la sociedad guatemalteca que es la desnutrición, tanto la la aguda como la crónica, que afecta al 50 % de los niños de este país.

—Información publicada en la prensa guatemalteca indica que entre el 90 y el 95 % de las vías fluviales en Guatemala están contaminadas, ¿ese cálculo es correcto?

—Sí. Las aguas superficiales, yo diría que un 99%, están contaminadas fundamentalmente con bacterias coliformes y del tipo escherichia coli. Nosotros hicimos una encuesta en 12 000 hogares en el altiplano occidental y en el 92 % de esos hogares el agua disponible para consumo humano está contaminada. El tema de la calidad del agua es crítico. Simple y sencillamente es agua entubada que llega al hogar y eso complica grandemente la salud de la población en general.

—¿Qué pasa en otros aspectos ambientales?

—Durante 22 años hemos estado tomando la radiografía ambiental del país y a lo largo de este tiempo es muy marcado el nivel de degradación, agotamiento y contaminación del ambiente natural en los distintos territorios que conforman Guatemala. El deterioro es integral y está articulado.

La deforestación, por ejemplo, está asociada a los cambios de uso de la tierra. Sustituimos bosques naturales para cultivos, no sólo de granos básicos sino también cultivos agroindustriales. Sustituimos bosques naturales para construir residencias.

Para 1950, el 60 % del país tenía cobertura forestal. En el 2012, ya se reportaban un 33 % de cobertura forestal en el país. El último registro que ha planteado el Ministerio de Agricultura, muestra que los bosques naturales cubren el 24 % del país. Entonces hay un indicador muy claro de un ritmo de deforestación bastante acelerado. Estamos hablando de 14 o 15 campos de fútbol por hora.

—¿El motor es fundamentalmente la expansión de la frontera agrícola?

—Sí, aunque nosotros en el Instituto hemos identificado dos dinámicas distintas. Hay frentes de deforestación que se dan fundamentalmente en la parte norte del país, en Petén, en lo que se conoce como la Franja Transversal del Norte, es decir, los departamentos de Izabal, Alta Verapaz, Quiché, donde se observa un avance significativo y visualmente muy marcado de la frontera agrícola.

Luego están lo que nosotros hemos denominado los focos de deforestación que se dan en el resto de los departamentos. Son superficies de hasta 10-15 hectáreas donde los bosques van siendo sustituidos.

—La producción de plátanos, de café, de aceite de palma, de azúcar, son algunos de los productos fuertes de la economía de Guatemala. ¿Qué tanto poder tiene el sector agroindustrial a la hora de legislar sobre materias ambientales?

—En el consumo de agua anual, el sector agroindustrial utiliza el 75 %. Ahora, en el país no tenemos una legislación asociada al uso del agua y cada vez que se ha intentado en el organismo legislativo promover la ley de aguas, ésta no pasa. En la historia reciente del país, desde 1950 en adelante, más de 20 iniciativas de ley se han presentado al Congreso y ninguna ha pasado. Hay una una mano invisible que siempre limita poder contar con ese instrumento legal.

Tampoco tenemos una institución pública dedicada específicamente a la gestión de los recursos hídricos. Más bien es un tema que está disperso entre diferentes normas, entre diferentes reglamentos y entre diferentes instituciones. Eso complica grandemente la gobernanza de los recursos.

En una  de las entrevistas que le han hecho a Bernardo Arévalo, él dijo que uno de los objetivos o de las metas del gobierno del Movimiento Semilla iba a ser que Guatemala tenga una ley de aguas.

Sin embargo, nosotros creemos que no es sólo con la ley que se van a resolver todos los problemas relacionados con la disponibilidad, acceso y salud de los ecosistemas naturales. Hacen falta muchas cosas más en torno a una ley. Ese es uno de los grandes retos.

—Si ya se ha intentado pasar una ley de aguas y no se ha logrado, ¿por qué esta vez sería diferente?

—En principio porque en los gobiernos previos el tema ambiental no ha estado dentro de sus prioridades. Dentro de las primeras 10 líneas de intervención estratégica de los gobiernos, desde el actual hacia atrás, el tema ambiental no ha formado parte de sus prioridades. Quizás el único gobierno que logró dinamizar la temática ambiental en su gestión fue el del presidente Vinicio Cerezo en 1986. En ese momento se impulsaron diversas leyes, como la ley de mejoramiento del medio ambiente, la ley de áreas protegidas, la reserva de biósfera maya, etcétera. Sí había una agenda ambiental, pero en el transcurso de los siguientes gobiernos fue más un tema complementario o no estaba justamente dentro de las prioridades.

Cuando uno analiza, por ejemplo, las 10 semillas en las que se sustenta el plan de gobierno del Movimiento Semilla, por lo menos en seis de ellas hay una marcada tendencia ambiental. Al parecer, el gobierno que viene sí se ha tomado muy en serio la problemática ambiental del país, sobre todo por las implicaciones que tiene para la sociedad, para la economía, para la estabilidad política.

Uno de los compromisos también, lo decía el señor Arévalo en una entrevista, es el pacto ambiental nacional como uno de sus compromisos que él considera obligado a dejar como legado a la sociedad guatemalteca. Me parece interesante porque desde el Instituto hemos venido promoviendo, desde hace 20 años, que es necesario, es obligado, construir ese pacto ambiental nacional.

—¿Qué propone ese pacto?

—Tampoco lo han desarrollado ampliamente, sólo lo han marcado, pero tal como lo hemos considerado nosotros, es un contrato social en torno a la conservación, el manejo sensato y la preservación del entorno natural que es clave para asegurar un adecuado desarrollo sociocultural, económico, productivo, político institucional para la sociedad guatemalteca.

La idea es que trascienda obviamente los cuatro años de gobierno y se convierta en una línea estratégica del desarrollo nacional para el mediano y largo plazo. Sobre todo dada la profunda crisis socioambiental en la que se encuentra la sociedad guatemalteca y todas esas modificaciones que se están dando en las condiciones ambientales de la región producto del calentamiento global.

Los análisis muestran que somos uno de los países más vulnerables a esa variabilidad climática y eso viene a acrecentar la vulnerabilidad de la sociedad guatemalteca. Alcanzar un acuerdo que trascienda los cuatro años de gobierno es importante.

—Será un reto para este gobierno llevar adelante su propuesta, sobre todo porque el Congreso no ha quedado a favor del Movimiento Semilla.

—Hemos hablado hasta ahora de la propuesta con la que han querido enamorar a la sociedad guatemalteca. Ya lo lograron, pero ahora viene la segunda fase, es decir, cómo van a planificar las intervenciones. Imagino que es donde están ahorita; cómo hacer realidad todas estas propuestas.

Además, requerimos de una disponibilidad de recursos para alcanzar esas metas y ahí es donde está un poco el dilema, dado que al 30 de noviembre de este año, el Congreso de la República debe aprobar el Presupuesto General de la Nación para el primer año de gobierno del Movimiento Semilla. Muy probablemente, dada la conformación actual del Congreso, ese presupuesto vaya a tener muchos candados para su utilización.

Esa creo yo que va a ser justamente la parte más complicada de este primer año, del 2024, es decir, con qué se va a operar.

El 14 de enero toma posesión un nuevo grupo de congresistas y el grupo de diputados del Movimiento Semilla está en desventaja numérica. Entonces, también va a ser complicado. En el camino, dado los comportamientos recurrentes de los congresistas, esperaría que las alineaciones partidarias también se vayan fragmentando y, en algún momento, para el presupuesto del año 2025 en adelante, pudieran abrirse espacios de negociación, de consenso y mejorar el tema de la disponibilidad de recursos para dar cumplimiento al plan de gobierno.

Lo otro podría ser un aporte bastante fuerte por parte de la cooperación internacional para que el plan de gobierno que ha presentado el movimiento pueda darse de buena manera, pero esto obviamente es un supuesto.

—¿Hay temor de que las investigaciones que el Ministerio Público lleva adelante contra Bernardo Arévalo y el Movimiento Semilla puedan truncar de alguna manera el proyecto de gobierno?

—El escenario optimista es que en la medida en que se va consolidando el proceso de aceptación de que hay una nueva manera de gobernar, con un nuevo equipo, con nuevas ideas, es decir, que se va asimilando que el Movimiento Semilla es al que le corresponde gobernar en los próximos cuatro años, estas presiones van a ir disminuyendo. Así mismo, este grupo que se ha encargado de generar ese terror va a ir quedando más aislado y va a ir perdiendo protagonismo.El escenario pesimista es que se logre desactivar al partido político Movimiento Semilla y eso genere una nube de incertidumbre sobre la razón que sustenta esta persecución política. Se podrían dar muchas tensiones.

En un escenario intermedio veríamos que puede que hayan algunos intentos para frenar el proceso de sucesión de aquí al 14 de enero, pero que también la capacidad de respuesta de los otros sectores —más allá de este grupo que está promoviendo esa persecución política— vayan superándose.

Lo ideal para la sociedad guatemalteca es que alcancemos ese escenario que nos permita que se acepte que hay otras corrientes de pensamiento y que también es un buen momento para repensar el futuro de la sociedad. Aunque, obviamente, eso tendrá que pasar por una profunda reingeniería de la institucionalidad pública que a la fecha se encuentra cooptada en su totalidad por estos grupos que promueven la corrupción y quieren mantener los privilegios de la impunidad.

Imagen  principal: Elecciones en Guatemala Foto: Christian Gutiérrez/Agencia Ocote

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Michelle Editor/a

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