- Ángel Pedro Valerio, presidente de la organización indígena Central Asháninka del Río Ene, era amedrentado desde su pronunciamiento contra el narcotráfico en la cumbre climática del 2019. Sigue bajo investigación como presunto culpable de las desapariciones de cuatro personas.
- El hostigamiento a Fabián Antúnez, presidente de la Central Asháninka del Río Tambo, se agudizó luego de que impulsara el control fluvial de personas no indígenas y una marcha ante el avance del narcotráfico. Tendrá audiencia de prisión preventiva por el mismo caso que Ángel Pedro Valerio.
- Organizaciones indígenas de base consideran que existe un evidente interés por acallar y desprestigiar a dirigentes que han venido enfrentando al narcotráfico y otras economías ilegales en el peligroso valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), en la Amazonía peruana.
El cálculo es estremecedor: 26 líderes y decenas de dirigentes de las 487 comunidades nativas que pertenecen a la Asociación Regional de Pueblos Indígenas (ARPI) de la Selva Central han recibido amenazas de muerte por parte de las mafias de narcotráfico y minería ilegal que operan en aquel convulso sector de la Amazonía peruana.
Se trata de jefes comunales, defensores ambientales y comuneros que han reportado su grave situación de vulnerabilidad a la asociación indígena, de acuerdo con el presidente de la ARPI, Cline Chauca, pero que no necesariamente han denunciado estos casos a la policía. El miedo es un factor que permite a las organizaciones criminales continuar expandiéndose sobre los territorios indígenas del Perú. Si no denuncian —lo tiene claro el presidente—, es porque no les creen, y así la impunidad continúa.
“No nos oponemos al trabajo de la policía o el Ministerio Público. Pero ahora, en medio de esta situación, nos sorprende que líderes contrarios al narcotráfico sean acusados de un caso en el que no participaron. ¿Quieren silenciarnos?”, enfatiza. Chauca se refiere a la imputación por la desaparición de cuatro personas durante una protesta ocurrida en abril, en el distrito de Río Tambo, Junín, que pesa principalmente sobre los dirigentes asháninkas Ángel Pedro Valerio, Fabián Antúnez y Fredi Gavilán.
Las comunidades que son parte de la ARPI Selva Central están divididas en 14 organizaciones de base en las regiones Cusco, Ayacucho, Junín, Pasco y Huánuco. Es decir, abarca tres de los departamentos (Cusco, Junín y Ayacucho) que a su vez conforman el valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), sector que concentra la mayor superficie de coca en el Perú y en donde las redes de narcotráfico han establecido inhóspitos circuitos para el traslado de la droga que producen.
De acuerdo con el último informe de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), de las 95 008 hectáreas de sembríos de hoja de coca que actualmente hay en el país, 35 709 están en el Vraem, o sea, el 40 % de los cocales a nivel nacional.
En cuanto a los pueblos indígenas u originarios distribuidos a lo largo de todo el Perú, Devida reporta que 13 994 hectáreas de plantaciones de coca se extienden en comunidades nativas y 4 082, en comunidades campesinas, lo cual arroja un total de 18 076 hectáreas de cocales. Hubo aquí un incremento de 10 113 hectáreas con respecto a las estimaciones que el organismo estatal hizo en el 2018.
La evaluación oficial identifica, además, que las comunidades con mayor perjuicio por el violento ascenso de los cultivos ilícitos son, entre otras, de las etnias amahuaca, ashéninka, yine, awajún y yánesha. Sin embargo, el pueblo originario más afectado, según el informe, es el asháninka. Casi 5 500 hectáreas de cocales están dispersas en las comunidades nativas habitadas por comuneros asháninkas.
Organizaciones de base de la ARPI, como la Central Asháninka del Río Ene (CARE) y la Federación Asháninka del Río Ene (FARE), albergan varias comunidades de la etnia que durante los últimos años han quedado replegadas por el avance de los cultivos ilícitos y la presencia del narcotráfico.
La CARE informó a Mongabay Latam que al menos 20 de sus dirigentes han recibido amenazas de muerte, y que las comunidades más golpeadas por el narcotráfico son, por ejemplo, Catungo Quempiri, Chirutiari Alto, Chirutiari Bajo, Quimaropitari (donde se han encontrado pistas de aterrizaje), Boca Anapate, Yaviro, Quempiri, Pampa Alegre y Puerto Shampintiari.
De igual forma, la Central Asháninka del Río Tambo (CART) indicó que sus comunidades ubicadas en la frontera entre Ucayali y Junín, como Puerto Ocopa, Chembo, Buenos Aires y Chevoja registran mayor actividad de las mafias de la droga. A estos poblados se ha prolongado el delito con respecto a mayo del año pasado cuando, según reveló la organización asháninka de Río Tambo a Mongabay Latam, el narcotráfico tenía como focos de sus operaciones a Coriteni Tarso, Masaroveni, Camajeni, Cheni, Cushireni, Otica y Mayapo, la mayoría situadas en las orillas de los ríos Ene, Perené y Tambo.
“El narcotráfico está cada vez más fuerte, y va ganando terreno por la lentitud del gobierno y su falta de atención a las comunidades más lejanas”, señala el presidente de la ARPI Selva Central.
Lucha frontal y pública
En septiembre del 2019, ante un auditorio lleno de presidentes y representantes de los gobiernos que participaban en la Cumbre de Acción Climática, en Nueva York, el presidente de la CARE, Ángel Pedro Valerio, advirtió acerca de una entonces creciente invasión de cultivos ilícitos de coca en la Amazonía peruana y, sobre todo, en las comunidades de la cuenca del río Ene. Además, remarcó que, como él, varios líderes indígenas de la zona habían recibido amenazas en medio de su lucha por erradicar los cocales de sus territorios. “Pedimos garantías para nuestras vidas”, dijo en aquella oportunidad.
En un pronunciamiento más reciente, Ángel Pedro Valerio había solicitado la ratificación del Acuerdo de Escazú, la instalación de una mesa regional con el fin de detener las economías ilícitas en el Vraem e hizo un llamado a los ministros de Justicia e Interior como medida de respuesta ante la arremetida del narcotráfico en las comunidades asháninkas.
Una acción frontal parecida contra las organizaciones criminales que están asolando la selva central peruana había emprendido también el presidente de la CART, Fabián Antúnez. En abril del 2022, él dispuso que los comités asháninkas de autodefensa controlen por las noches y de madrugada el tránsito de personas no indígenas por los ríos Perené, Ene y Tambo a fin de identificar si estaban transportando cocaína. Los detectados con cargamentos de droga eran trasladados a la unidad policial de los Sinchis de Mazamari. Para ese momento, conforme lo declaró Antúnez a Mongabay Latam, la CART había detenido a nueve personas con un total de 956 kilos de droga, lo cual acarreó una cadena de amenazas para la organización. “Pero nos quedamos solos, y ahora estamos más solos que nunca”, dice el presidente de la CART en relación con el apoyo policial que recibía para los operativos.
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Un año después, en abril del 2023, el líder asháninka Santiago Contoricón, un batallador incesante contra la expansión del narcotráfico en los pueblos de la cuenca del río Tambo, fue asesinado por un sicario frente a su familia, en la comunidad de Puerto Ocopa. El crimen motivó que Fabián Antúnez convocara a un paro de protesta que se prolongó del 11 al 26 de abril de este 2023.
La movilización, sin embargo, constituyó el inicio de un proceso de criminalización y persecución para Antúnez y Ángel Pedro Valerio, los dirigentes asháninkas cuya férrea oposición a las mafias de narcotraficantes y los cultivos ilícitos de hoja de coca había sido más notoria en la selva central peruana. Con ellos también ha sido encausado Fredi Gavilán, presidente de la Federación Asháninka del Río Ene (FARE), y otros cinco dirigentes indígenas.
Investigación en curso
El Ministerio Público, a partir de una investigación policial de casi cinco meses, solicitó ante el Juzgado de Investigación Preparatoria de Satipo la detención preliminar de ocho dirigentes asháninkas acusados de la desaparición de cuatro personas durante el paro que convocó la CART en abril (dos el 13 y dos la noche del 14 de abril).
Los cuatro comuneros fueron vistos por última vez cuando intentaban cruzar el puente situado sobre el río Tambo hacia la comunidad de Puerto Ocopa. Sin embargo, refiere Antonio Sancho, miembro de CARE, debido a la marcha el puente había sido bloqueado y no se permitía el paso de nadie. “Se empeñaron en pasar, los maniataron y ahí los desaparecieron”, dice Sancho. O sea, hay una línea de investigación muy verosímil, remarca, lo nada verosímil es que líderes indígenas como el de la CARE o FARE aparezcan implicados en los hechos cuando no estuvieron durante aquellas protestas.
La orden judicial de detención preliminar, dictada el 4 de setiembre, fue en contra de Ángel Pedro Valerio, Fredi Gavilán Mejía, Claudio Jayunca Mañoro, Antonio Aucayauri Fuentes, Eulogio Domingo Prado, Aroldo Rojas Diquez, Fabián Antúnez Camacho y José Saavedra Carrión.
Luego de la denuncia de los familiares de los desaparecidos, la policía recogió las versiones de tres testigos protegidos, quienes apenas identificaron con un solo nombre o apodos a los ahora investigados por secuestro y desaparición. Mongabay Latam tuvo acceso a la carpeta fiscal. Ahí es posible conocer que al que solo nombraron como “Fabián” los testigos protegidos le atribuyeron la orden de matar y arrojar al río los cuerpos de las cuatro personas. Mientras tanto, al que señalaron como “Ángel” lo sindicaron por incitar, los días 14 y 15 de abril, a que los detenidos sean ejecutados.
Irupé Cañari, asesora legal de la CARE, señala a Mongabay Latam que el 13, 14 y 15 de abril Ángel Pedro Valerio participó del XXVII Congreso Ordinario de CARE en la comunidad de Puerto Shampintiari, es decir, a 12 horas de viaje por río y carretera desde Puerto Ocopa, el punto neurálgico del paro organizado por la CART. El acta del congreso asháninka, que lleva la firma del líder indígena, fotografías y videos tomados durante la reunión así lo confirman.
Todos estos registros, además de los testimonios de diversas autoridades que estuvieron en el congreso de Puerto Shampintiari, fueron presentados como pruebas a la fiscalía, y Ángel Pedro Valerio quedó excluido del requerimiento de prisión preventiva. El proceso que afronta, no obstante, continúa.
“Él sigue como imputado en la investigación. Le han dado comparecencia simple, o sea, podrá trasladarse sin ningún tipo de restricciones ni limitaciones de sus derechos, podrá asumir en libertad la investigación y así contribuir con las diligencias respectivas”, explica Cañari.
Ahora el objetivo de la CARE es que su presidente sea retirado totalmente de la investigación pues, según la abogada Cañari, ninguno de los testigos protegidos reconoció ni mencionó en la audiencia a Ángel Pedro Valerio ni a Fredi Gavilán, de la FARE, como partícipes del paro en la cuenca del río Tambo. “En conclusión, el testimonio que dieron en esta audiencia no se condice con el que brindaron ante la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) de la Policía Nacional”, puntualiza la abogada. Otro de los denunciados que fue excluido del pedido de prisión preventiva es José Saavedra Carrión, jefe de la comunidad nativa de Puerto Ocopa.
El caso de Fabián Antúnez es quizá el más sombrío. A él lo arrestaron en la sede de la CART el mismo día que el Poder Judicial emitió la orden de detención preliminar y permaneció siete días en la unidad policial de los Sinchis de Mazamari. “Pasé muchas injusticias allí. Pese a ser autoridad, para ellos no eres nada, no vales nada. La ley es injusta con unos cuantos, pero tengo que seguir adelante”, relata a Mongabay Latam.
El 11 de septiembre, Antúnez fue liberado, pero este 21 de septiembre debe asistir a una audiencia en que el Poder Judicial resolverá si los próximos nueve meses los pasará en prisión preventiva mientras es investigado. “Me siento muy decepcionado del Gobierno. Después de que fuimos aliados estratégicos y hemos capturado narcotraficantes, ahora ya no espero nada”, lamenta el presidente de la CART.
Fabián Antúnez sostiene que, si bien la organización asháninka que encabeza impulsó el paro de abril, él estuvo en permanentes coordinaciones con la Oficina de Gestión de Conflictos Sociales de la Presidencia del Consejo de Ministros en busca de que algún representante de ese despacho acuda a la zona de la manifestación. Según afirma, iba de Satipo a Puerto Ocopa cuando se produjo el enfrentamiento en que desaparecieron las cuatro personas. Lo que sí reconoce es que la intención de realizar una marcha pacífica, con 300 o 600 personas como máximo, se desbordó, ya que más de 2.300 manifestantes acudieron a la movilización.
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Narcotráfico, amenazas y proceso
Desde su presentación en la Cumbre de Acción Climática, en el 2019, las amenazas a Ángel Pedro Valerio se hicieron más recurrentes. Irupé Cañari cuenta que advertencias directas de asesinato y muerte llegan básicamente a través de las redes sociales, “lo cual genera zozobra e incomodidad en el presidente de la CARE para realizar su trabajo”.
Pese a todo, asegura, la organización no ha pedido para Ángel Pedro Valerio la activación del Mecanismo Intersectorial de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos. La decisión, subraya la abogada, responde a la mala experiencia de Clementina Shinquireri, lideresa de la comunidad nativa Catungo Quempiri, quien solicitó la activación de la herramienta en el 2021 y hasta ahora no cuenta con las medidas de protección. “No hay acciones concretas y ella continúa bajo amenazas”, detalla.
En la CART, la mayoría de dirigentes y jefes de comunidades también son víctimas de constantes amedrentamientos. Fabián Antúnez dice que como el narcotráfico no puede hostigar a los más de 17 000 comuneros indígenas que habitan en la cuenca del Río Tambo, lo hace con los principales líderes y miembros de los comités de autodefensa. Son, remarca, a quienes las mafias están buscando permanentemente quitar del camino. “Siempre lo hicieron así, pero ahora cómo confiar en un Estado que te manda a la cárcel sin derecho a nada”. Antúnez refiere a Mongabay Latam que tampoco tiene en su beneficio el mecanismo de protección para defensores indígenas.
Para la CARE como la CART, las acusaciones a sus presidentes tienen un trasfondo muy complejo. Irupé Cañari arguye que detrás existe una situación relacionada con el narcotráfico y el cultivo ilícito de coca, puesto que se trata de tres presidentes de organizaciones indígenas pertenecientes al Vraem, que les han hecho frente a las organizaciones criminales, quienes han sido comprometidos en un inexplicable proceso investigatorio.
“Creemos que han pretendido desestabilizar a nuestra organización en la lucha que ha emprendido frente al narcotráfico”, sostiene Cañari a nombre de la CARE. Pero la hipótesis de Antúnez es muy similar. A su juicio, las órdenes de detención han tenido el único objetivo de acallar a los dirigentes indígenas opositores al narcotráfico, frenar sus reclamos de justicia y cualquier nueva intención de organizar un paro o movilización por el reconocimiento de sus derechos.
“¿Qué busca el Ministerio Público? ¿Querer opacarnos? Vamos a seguir insistiendo para que los dos presidentes de las organizaciones de la ARPI (CARE y FARE) queden libres de las acusaciones”, anota Cline Chauca.
Mongabay Latam intentó obtener la versión del fiscal a cargo del caso, Rolly Rivera, pero el funcionario solo respondió: “Ningún comentario ni nada de entrevistas. No tengo autorización”.
Criminalización de líderes indígenas, en aumento
El especialista legal de la organización civil Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), Carlos Quispe, destaca como puntos relevantes, entre lo que considera las múltiples irregularidades del proceso de investigación, que no se haya notificado a Ángel Pedro Valerio con respecto a la orden de detención preliminar en su contra. También que, en el requerimiento de detención, se catalogue a los comités indígenas de autodefensa como una suerte de organización criminal, “desconociendo así el rol que han tenido durante el periodo de pacificación en el Perú, y que incluso cuentan con un marco normativo para su creación”. “Hay un interés muy evidente por mancillar la honra del presidente de CARE y por desprestigiar a la organización”, apunta.
La criminalización de líderes indígenas y defensores ambientales, en palabras de Carlos Quispe, es una práctica cada vez más frecuente con la que se pretende limitar las actividades de los acusados a fin de que todo lo enfoquen en su defensa y así descuiden, por ejemplo, los temas relacionados a la lucha contra el narcotráfico. Una situación que para el abogado de DAR se ha puesto de manifiesto con el caso de los líderes asháninkas de la selva central: “Claramente es lo que ha ocurrido en estas semanas. Todo estuvo orientado a la defensa de Ángel Pedro Valerio y los demás quedó de lado”.
En los últimos 10 años, 26 defensores ambientales han sido asesinados en el Perú, conforme a un registro actualizado de DAR con base en información de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, los ministerios de Justicia y Ambiente, fuentes periodísticas y organizaciones de la sociedad civil. Los casos ocurrieron en Ucayali (7), Junín (6), Loreto (4), Madre de Dios (3), Pasco (2), San Martín (1), Huánuco (1), Amazonas (1) y Lambayeque (1). El móvil principal de las muertes estuvo relacionado con el narcotráfico (10), seguido por tala ilegal (5), tráfico de tierras (4), minería ilegal (3) y violencia policial (3).
Hasta abril, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos tenía en su lista oficial a 164 personas que habían reportado situación de riesgo desde el 2019.
*Imagen principal: El líder indígena Ángel Pedro Valerio en una de sus participaciones como parte del congreso asháninka desarrollado en Puerto Shampintiari. Foto: CARE
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