- Olnar Ortiz es un abogado del pueblo baré y coordinador de Pueblos Indígenas de la organización civil Foro Penal. Desde hace más de 22 años defiende a los pueblos indígenas.
- Actualmente, Ortiz lucha para que la minería ilegal no afecte más a estos pueblos y para que el Estado venezolano garantice condiciones económicas y de salud a las comunidades.
- Recientemente, el abogado denunció la presencia de grupos armados ilegales colombianos en la mina de Yapacana en el estado Amazonas.
En el estado Amazonas, al sur de Venezuela, los pueblos indígenas han practicado en la minería artesanal desde hace ya muchos años. Sin embargo, la llegada de grupos armados ilegales colombianos y de garimpeiros brasileños ha hecho que esa actividad se transforme al utilizar maquinarias y destruir el medio ambiente. A raíz de esto, las fuerzas armadas venezolanas han realizado una serie de operativos contra la minería ilegal en el Parque Nacional Yapacana y en el territorio ye’kwana tanto en el 2022 como en lo que va del año.
El abogado Olnar Ortiz, indígena baré y coordinador de Pueblos Indígenas de la organización civil Foro Penal, explica que estas operaciones militares en Yapacana han generado una dispersión de la actividad, pero no su desaparición. “Algunos mineros colombianos que estaban en Yapacana se fueron a territorio yek’wana”, indica.
La situación es crítica en el área. En agosto de 2023, Mongabay Latam publicó un artículo que muestra la presencia de más de 70 focos de minería ilegal y 934 hectáreas deforestadas en tierras yek’wana.
Los conflictos por los enfrentamientos entre militares y mineros están escalando. De hecho, el 13 de septiembre pasado, en una de las minas de Yapacana, tres personas fallecieron presuntamente por acción de las fuerzas armadas venezolanas, informó el abogado. Las comunidades indígenas están en medio de este conflicto y por ello demandan ser consultadas antes de que se realicen los operativos.
Mongabay Latam entrevistó a Olnar Ortiz, abogado de la ONG Foro Penal —una organización de la sociedad civil que defiende a personas detenidas arbitrariamente en Venezuela— sobre los impactos de la minería ilegal en territorio yek’wana y en el Parque Nacional Yapacana, los operativos militares recientes y las consecuencias para la población indígena que allí habita en términos de derechos humanos. Ortiz, que ha logrado la libertad de varios pobladores indígenas capturados de manera irregular, habla también sobre la situación en que se encuentran las investigaciones de los casos de violaciones de derechos humanos cometidas contra los pueblos indígenas de Venezuela, como la masacre contra los yanomami en 2022 o la de los pemón de Kumaracapay en 2019.
—En Venezuela, ¿quiénes son los principales responsables de las agresiones contra los pueblos indígenas?
—Principalmente, el Estado. También los grupos extranjeros dedicados a la minería y el narcotráfico: las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN), los garimpeiros. Y quienes practican la minería ilegal en los estados Bolívar y Amazonas.
—¿Qué amenazas ha causado la minería ilegal a los indígenas del Estado Amazonas y Bolívar?
—En estos dos estados están la mayoría de los pueblos indígenas de Venezuela. En Amazonas hay 21, en Bolívar 17, en total 38 pueblos. Todos están siendo afectados de manera directa o indirecta por la minería ilegal. Evidentemente, hay pueblos que están afectados de manera directa como es el caso de los uwottüja, jivi, yek’wana y los curripaco. En el estado Bolívar, principalmente el pueblo pemón.
—En la mina del Parque Nacional Yapacana hay grupos armados ilegales colombianos y más de 25 000 mineros, según la organización InSight Crime. ¿Cómo ha sido el manejo de la situación por parte del estado venezolano, sobre todo, cómo han sido los recientes operativos militares contra la actividad extractiva en la zona?
—En Yapacana hay tres puntos grandes de minería ilegal, entre estos se encuentran el del sector la 40 y la del Cacique. Se trata de un parque nacional, donde hace unos años había una minería artesanal de indígenas, pero con la situación del país y la pandemia, se incrementó hasta que en Yapacana se habla de hasta 50 000 personas en las minas, según personas que estuvieron en la zona.
Las políticas y operativos del gobierno, respecto al control de Yapacana, han generado incertidumbre, ya que no han sido consultados con los pueblos indígenas. Lo que trajo como consecuencia que no hubo el apoyo de las comunidades, pese a que estas en su mayoría no están de acuerdo con la minería.
También existen otros focos ilegales distintos a Yapacana donde la minería está en aumento, como Maraya, en el municipio de Manapiare.
—Según videos y reportes en redes sociales, el 13 de septiembre hubo enfrentamientos entre mineros y las Fuerzas Armadas en una de las minas ilegales en el Parque Nacional Yapacana. La confrontación dejó personas heridas y, según las averiguaciones que usted ha realizado, fallecieron tres personas. ¿Qué se sabe?
—Esto ocurrió en el sector Monterrey cerca de la mina El Cacique. Lo que he escuchado es que soldados venezolanos dispararon contra civiles venezolanos criollos —no indígenas— e indígenas. Tenemos información con nuestros contactos en la zona de que hay tres fallecidos. Muchos de los heridos han sido llevados a través de los ríos a Inírida, Colombia, donde han sido atendidos en puestos de salud. Esto porque en Atabapo, el municipio cercano a las minas, sólo hay sitios de atención ambulatoria.
—¿Qué guerrillas colombianas hay en Yapacana y qué papel han cumplido?
En Yapacana, tienen presencia las FARC y el ELN. Cumplen un papel de control de las minas.
—En el estado Amazonas, se ha denunciado la presencia de mineros brasileños y del grupo criminal de ese país, el Primer Comando Capital (PCC). ¿Qué tanto poder están acumulando los grupos mineros y criminales brasileños en la frontera?
—Los garimpeiros están en Venezuela de vieja data. Lo demuestra el caso de la masacre de Haximu en 1993, en la frontera de Brasil y Venezuela, donde fueron asesinados miembros del pueblo yanomami a manos de los garimpeiros. Su presencia reciente ha venido creciendo en territorio yanomami y yek’wana.
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—En el estado Amazonas, también es afectado el pueblo yekuana por la minería con maquinarias o gran escala, específicamente en los municipios de Manapiare y Alto Orinoco. Aunque la actividad extractiva era practicada por el pueblo, no era de máquinas o gran escala. ¿Quiénes son los responsables y qué relación guarda con las expulsiones de mineros de Yapacana?
—Cuando inició la operación militar contra la minería en Yapacana, algunos mineros colombianos que estaban allá se fueron a territorio yek’wana. Ya hay operaciones militares contra la minería en los lugares de este pueblo, pero estas políticas no son asertivas, no consultan a las comunidades. Tampoco buscan ofrecer alternativas económicas para los indígenas que han participado en la minería, no vienen de la mano con apoyos para cambiar la situación.
Venezuela va a cumbres internacionales, como la reciente de la Amazonía en Belém de Para, pero a nivel interno no facilita el desarrollo sostenible ni proyectos compatibles con el cambio climático. En la práctica, lo que Venezuela dice en esos escenarios, es mentira.
—Además de afectar territorios indígenas, la minería ilegal está perjudicando al bosque en el estado Amazonas y Bolívar. ¿Qué impacto ambiental hay?
—El estado Amazonas tiene una de las mayores reservas de agua dulce en el país. En Amazonas y Bolívar, buena parte de su territorio es reserva de la biósfera, una figura de área protegida. La situación de minería ha contaminado los ríos y afectado a las comunidades indígenas, principalmente, en su salud. Los parques nacionales en Venezuela antes de tener esa figura eran territorios indígenas.
—¿Qué ruta toma el oro extraído en Venezuela?
—Lo que se sabe es que sale de manera artesanal por Colombia y por Brasil. También desde pistas ilegales que manejan los grupos armados ilegales y, en menor medida, los garimpeiros brasileños. Es algo que ha dado a conocer la organización de la sociedad civil SOS Orinoco.
—En 2022, militares venezolanos cometieron una masacre contra miembros del pueblo yanomami por discusiones sobre el uso del wifi en una base militar. ¿Qué tanto ha avanzado este caso?
—La masacre de Parima B de 2022, en la que murieron cuatro yanomami incluida una mujer, se mantiene en la impunidad. Esta masacre es un caso de lesa humanidad, quienes la cometieron son funcionarios del estado con armas de guerra.
A pesar de que hubo una orden de detención en contra de los funcionarios militares señalados por el crimen, esta se incumplió. El pueblo yanomami los dejó salir de su territorio con la promesa de que iban a ser aprehendidos al llegar a Puerto Ayacucho, capital del estado Amazonas. Su captura no se cumplió.
El testigo principal que quedó herido, y a quien he representado, Gabriel Silva, fue llevado por el estado desde Puerto Ayacucho a un hospital militar; en ambos sitios estuvo aislado, en seis meses una sola vez lo pude ver y constatar su estado de salud. Allí estaba escoltado por miembros de las fuerzas armadas. El trato fue inhumano y cruel, siendo menor, indígena y sin saber el castellano. Sin haber terminado sus terapias de recuperación, se lo llevaron a Parima B y allí la comunidad, decidió que no regresará a Puerto Ayacucho ni a Caracas, por todo los hechos que vivió.
—En 2022 también asesinaron al líder uwottuja Virgilio Trujillo. ¿Cómo va la investigación de su caso?
—También está impune. Se han señalado personas, todos indígenas, pese a que hay fuentes que dicen que los autores intelectuales no fueron ellos, sino otras personas. A nivel internacional, el alto comisionado para Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha solicitado que el estado venezolano profundice la investigación para resolver el caso.
—Si Venezuela firmara el Acuerdo de Escazú, ¿podría reducirse esta situación de impunidad?
—El estado venezolano tiene que firmarlo lo más pronto posible. Sobre todo ahora, que está asistiendo a las conferencias amazónicas y habla de desarrollo sostenible. Esto no sólo ayudaría en la protección de los pueblos indígenas, sino también a la defensa del medio ambiente.
—¿Cuáles han sido los mayores retos en la defensa de los pueblos indígenas?
—La precariedad. Uno tiene que estar solicitando apoyo a organizaciones. Además, cubrimos territorios extensos. He viajado hasta 1000 kilómetros para poder presentar una denuncia.
A eso se suma la presencia de los grupos armados ilegales, que también dificultan la labor. Actualmente, estoy bajo amenaza, por lo que tengo medidas cautelares de protección de la CIDH desde 2019.
—¿Qué lo motiva a defender a los pueblos indígenas y sus derechos?
—Principalmente, el hecho de ser indígena. Soy defensor de los distintos pueblos indígenas y me da satisfacción cuando se obtienen alegrías, como cuando quedaron libres Humberto Yosuino y otros hermanos que fueron privados de la libertad de manera arbitraria. También es un logro cuando conseguimos que los organismos internacionales nos apoyen. Aunque también hay sinsabores, como el de los hermanos pemones que liberamos tras una detención arbitraria en 2019, pero uno falleció.
Me preocupa la situación de salud y el derecho a la vida de nuestros pueblos. La remuneración monetaria no es el objetivo, lo hacemos de corazón.
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—¿Qué papel ha jugado la organización de la sociedad civil Foro Penal en la defensa de los pueblos indígenas?
—Foro Penal es una organización que se encarga de la defensa gratuita de las personas detenidas de forma arbitraria. Quienes la conformamos son abogados pro bono. Hay 500 a nivel nacional y más de 5000 activistas en derechos humanos con más de 30 capítulos a nivel internacional. Comencé en la organización en el 2013. Hemos llevado causas como la masacre de Kumarakapay —en la que ocho personas de esta comunidad indígena murieron en 2019, cuando una presunta banda armada les disparó— activa en segunda fase ante la CIDH.
Por este caso, me otorgaron medidas cautelares de protección, puesto que el Estado quiso detenerme de manera arbitraria, lo cual hizo que me fuera tres meses del país. Una vez que tomé la decisión de regresar, se abre en Foro Penal la coordinación de pueblos indígenas. Hemos logrado que esta sea una referencia nacional e internacional en la defensa de las personas detenidas de manera arbitraria. Por esto, Foro Penal obtuvo en abril de 2023 un reconocimiento internacional de la fundación sueca Civil Rights Defender.
—A nivel político, ¿qué problemática enfrentan los derechos de los pueblos indígenas en Venezuela?
—Desde 2019, el voto directo y universal de los pueblos indígenas fue eliminado por una decisión del Consejo Nacional Electoral que luego fue respaldada por el Tribunal Superior. Entonces, podemos decir que los 51 pueblos indígenas de Venezuela son afectados por violaciones de derechos humanos y políticos.
*Imagen principal: La mina de Campo Carrao, en el Sector Occidental del Parque Nacional Canaima. Crédito: SOS Orinoco.
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