- La necesidad de infraestructura básica se extiende más allá de los sistemas de transporte y energía: abarcan plantas de tratamiento de agua, sistemas de alcantarillado y clínicas de salud. Killeen señala que aunque China genere suspicacias, ha representado un impulso a obras urgentes en la Panamazonía.
- Las modalidades varían de acuerdo a cada país e industria. Sin embargo, muchas de las críticas son similares: China puede convertirse en un nuevo imperialismo y sus compañías no están particularmente interesadas en cuidar el medio ambiente.
- De hecho, países como Ecuador y Venezuela están en la trampa de una deuda que parece impagable, luego de que algunas obras de infraestructura no reportaran ingresos que las hicieran sostenibles.
La creciente presencia de empresas chinas en América del Sur se ha convertido en motivo de preocupación entre analistas sociales y políticos. Por un lado, los especialistas en seguridad sostienen que son una amenaza geopolítica para los intereses de Estados Unidos y otras naciones occidentales, puesto que apoyan a gobiernos autoritarios que socavan las tradiciones democráticas.
A su vez, los defensores del medio ambiente afirman que las empresas chinas no están interesadas en la sostenibilidad y maximizarán sus beneficios a expensas de la biodiversidad y los servicios de los ecosistemas. Por su parte, los nacionalistas las ven con recelo porque representan un nuevo tipo de imperialismo que conducirá a la pérdida de industrias estratégicas al tiempo que creará dependencia a través de las llamadas trampas de la deuda.
Sin embargo, es probable que los bancos y empresas de China hayan aportado a la región inversiones muy necesarias, y su presencia haya impulsado inversiones en infraestructura que no se habrían producido o que habrían tardado otra década o más en finalizar.
La inversión china se divide en dos grandes categorías: préstamos para financiar infraestructura e Inversión Extranjera Directa (IED) por parte de empresas que desean poseer u operar un negocio. Dichos préstamos son la forma predominante de inversión en Venezuela, Ecuador y Bolivia, porque sus gobiernos socialistas son reacios a que entidades extranjeras sean dueñas de los medios de producción de sus países. Sin embargo, hay excepciones sobre todo en el sector minero de Ecuador. La IED es el modelo preferido en Brasil y Perú, donde las empresas chinas han iniciado nuevas inversiones greenfield o han adquirido activos empresariales y de infraestructuras ya existentes.
Algunas de estas inversiones (no todas) se generan en el contexto de la Iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI), un programa de desarrollo de infraestructura y política exterior lanzado por la República Popular China en 2013, conocido por ser un conjunto de proyectos coordinados que se extienden por la masa continental euroasiática, el Sudeste Asiático y África. El componente latinoamericano, de alcance más modesto, se anunció en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) celebrada en Lima en 2016 y, posteriormente, Bolivia, Ecuador, Guyana, Surinam, Perú y Venezuela firmaron acuerdos para adherirse formalmente a la iniciativa BRI. Solo Colombia, que tiene la menor cantidad de inversión china, y Brasil, que tiene la mayor, han declinado adherirse formalmente a la BRI. No obstante, ambos países tienen acuerdos bilaterales que facilitan el comercio y la inversión entre sus países.
China es el mayor socio comercial de Brasil, y el flujo de capital de inversión es importante para mantener la salud económica de ambos países.
La mayor parte de la asistencia financiera a América Latina se ha canalizado a través de bancos de políticas públicas que son ligeramente similares a las instituciones multilaterales con sede en Washington, Caracas y Bruselas. Tienen como misión principal ayudar a los países clientes a desarrollar su infraestructura y economía pero, como todo banco, también deben obtener un rendimiento satisfactorio tras su inversión.
En el caso del Banco de Desarrollo de China y el Exim Bank de China, estos principios fundamentales se modificaron entre 2000 y 2015 como parte de una estrategia deliberada para asegurar las cadenas de suministro de materias primas estratégicas. No obstante, después del 2014, al menos en América Latina se volvieron más pragmáticos debido a las restricciones financieras en China, el excedente de materias primas y el debilitado estado financiero de sus clientes.
Las políticas crediticias de las instituciones chinas incorporan estándares sociales y medioambientales que imitan las propuestas por el Banco Mundial pero, a diferencia de las instituciones multilaterales, no están sujetas a una supervisión estricta por parte de la sociedad civil. Asimismo, los bancos chinos cuentan con un sistema de auditorías rigurosas, pero sus precauciones contra la corrupción y el rigor de sus revisiones medioambientales son mucho menos exhaustivos y, en algunos casos, pueden ser simple fachada. En consecuencia, actúan con rapidez y en estrecha coordinación con sus empresas asociadas, lo que les permite diseñar, construir y entregar un proyecto en una fracción del tiempo en comparación a los proyectos financiados por las agencias multilaterales.
A la fecha, el valor total de las inversiones en infraestructura de las empresas chinas es superior que el de los bancos multilaterales durante el mismo periodo de tiempo. Ahora bien, se trata de una comparación errónea, ya que los bancos chinos tienden a centrarse en las industrias extractivas, energía e infraestructura; mientras que los multilaterales además invierten en sanidad, educación, gobernanza y sistemas de agua y alcantarillado. Tal comparación también ignora las contribuciones apalancadas del sector privado y los tesoros nacionales, que suelen ser entre 3 y 10 veces mayores que la contribución de los multilaterales. Con el paso del tiempo, los recursos chinos, las agencias multilaterales y el sector privado se están uniendo para financiar proyectos que tengan un buen sentido comercial.
Países entrampados por la deuda
La mayoría de los préstamos para infraestructura se organizan a través del Banco de Desarrollo Chino (CDB) o el Banco de Exportaciones e Importaciones de China. En conjunto, invirtieron aproximadamente 5 mil millones de dólares en América del Sur entre 2000 y 2009, cifra que se duplicó en 2010 y que en 2020 ascendía a más de 53 mil millones de dólares. Aproximadamente el 40% de estos préstamos se destinaron a financiar inversiones en la región panamazónica, principalmente en energía hidroeléctrica, transmisión de electricidad y carreteras. Sin embargo, el volumen de transacciones de préstamos se ha detenido desde 2016; mientras que la IED continúa, aunque en valores reducidos.
Ecuador fue uno de los primeros receptores de inversión china, en parte porque tuvo dificultades para atraer capital de inversión debido a la inestabilidad política y la mala gestión económica, una situación que se agravó especialmente en 2008, cuando el país incumplió sus obligaciones de deuda externa.
El Presidente Rafael Correa, elegido en 2007, agravó la crisis al rechazar los consejos habituales (neoliberales) de privatizar la infraestructura estatal y activos energéticos; por el contrario, en su lugar, buscó otras fuentes de financiamiento. El Banco de Exportación e Importación de China y el Banco de Desarrollo de China respondieron con préstamos que permitieron al gobierno continuar la construcción de varias carreteras, modernizar una refinería de petróleo y expandir la energía hidroeléctrica. Los préstamos estaban respaldados por la futura producción de petróleo y, finalmente, por los ingresos de una concesión de cobre otorgada a una empresa minera china.
Aunque Ecuador recurrió en gran medida al crédito para financiar su expansión económica durante el auge de las materias primas, permitió una cantidad limitada de IED en las industrias extractivas. En 2006, la China National Petroleum Company (CNPC) y Sinopec crearon una sociedad, la Andes Petroleum, que compró por 1.300 millones de dólares uno de los activos de infraestructura más valiosos de Ecuador: el Oleoducto de Crudos Pesados (OCP), ubicado entre la Amazonía y la costa del Pacífico.
Fuera de las industrias extractivas, los préstamos más cuantiosos se destinaron a la construcción de dos instalaciones hidroeléctricas en las estribaciones andinas: el Coca Coda Sinclair (1.500 millones de dólares) y Paute/Sopladora (487 millones de dólares), ambas operadas por la Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC), una empresa de servicios eléctricos de propiedad del Estado ecuatoriano.
Está previsto un tercer complejo en el río Santiago que, presumiblemente, también será construido por una empresa china y financiado por el EximBank de China. El país ha sido incapaz de hacer frente a sus nuevas obligaciones de deuda tras la caída del precio del petróleo después de 2015, y se vio obligado a reestructurar su deuda externa en agosto de 2020, lo que emprendió con la ayuda del Fondo Monetario Internacional (FMI) en coordinación con sus acreedores chinos. Como de costumbre, los ingresos del petróleo son una garantía de pago futuro.
En Bolivia, el crédito chino ha financiado aproximadamente el 10% de las carreteras construidas en las últimas dos décadas. Entre 2007 y 2017, se adjudicaron quince proyectos a contratistas chinos por un valor de 1.780 millones de dólares; sin embargo, la deuda contraída por los bancos chinos para la construcción de carreteras durante el mismo período ascendió a sólo 1.100 millones de dólares. Todos los contratos adjudicados a dichas empresas fueron financiados por el EximBank, pero varias lograron competir por contratos financiados íntegramente por el Estado boliviano.
Casi todas estas carreteras son componentes del plan maestro de la iniciativa IIRSA, y alrededor de dos tercios se encuentran dentro de la Amazonía boliviana, incluido el corredor Rurrenabaque – Riberalta (579 millones de dólares) que conecta el altiplano andino con el Departamento de Pando y el Corredor Interoceánico.
En el sector de la electricidad, Sinohydro está construyendo la presa y central eléctrica de Ivirizo con una inversión de 632 millones de dólares; mientras que la corporación China Three Gorges (CTG) se adjudicó el contrato para construir la presa de Rositas, cerca de Santa Cruz de la Sierra por 1.300 millones de dólares. Ambas plantas serán operadas por la Empresa Estatal de Servicios Públicos Nacionales (ENDE), que tiene el monopolio en la generación y transmisión.
El proyecto Rositas quedó paralizado en 2019 porque ENDE no llevó a cabo una revisión ambiental que cumpliera con los principios del Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI). Las comunidades indígenas del lugar han presentado un recurso legal para detener el proyecto, al menos temporalmente. Pero dicho proyecto cuenta con un fuerte apoyo de múltiples instituciones sociales y económicas.
De igual forma, Bolivia y China han participado en una inusual iniciativa de infraestructura: un satélite de comunicaciones, diseñado, construido y lanzado por la agencia espacial china. Bautizado como Tupac Katari -1, el satélite costó 300 millones de dólares, de los cuales el 85% fue financiado por el Banco de Desarrollo de China. El emprendimiento ha sido criticado como un elefante blanco, ya que solo ha generado 70 millones de dólares en ingresos desde su lanzamiento en 2013.
Pese a ello, sus defensores sostienen que la inversión no debe evaluarse únicamente en función de criterios financieros, porque integra a comunidades indígenas remotas con el resto del país al brindarles servicio de telefonía móvil y acceso a Internet. En general, la deuda externa de Bolivia aumentó de 2.200 millones de dólares en 2007 a 11.300 millones de dólares en 2019, de los cuales solo alrededor del 10% está en manos de bancos chinos, una cantidad considerablemente menor que la del BID (3.500 millones de dólares) y la CAF (2.900 millones de dólares). En ese sentido, los intereses de los préstamos de China son concesionales, con tasas de interés de alrededor del 2,6%, en comparación con el 3,3 al 23,6% de los prestamos multilaterales.
Bolivia continúa pagando el servicio de su deuda, pero algunos analistas financieros consideran que ha alcanzado una meseta en su capacidad para pagar cualquier deuda adicional no concesional. Los bancos chinos no han otorgado nuevos préstamos a entidades bolivianas desde 2018, y los dos préstamos más grandes anunciados en 2016 (Rositas, $US 990 millones) y 2017 (El Mutún, $US 470 millones) no se han ejecutado debido a retrasos burocráticos.
El país más endeudado de América Latina es Venezuela, que entre 2000 y 2014 obtuvo préstamos de entidades chinas por valor de 50 mil millones de dólares para financiar múltiples componentes de la economía nacional, como las instalaciones hidroeléctricas del río Caroní y las minas industriales del estado de Bolívar. La mayoría de los préstamos debían reembolsarse mediante envíos directos de petróleo, pero la disminución de la producción y los bajos precios provocaron el impago de la deuda en 2014, tras varios años de refinanciación cosmética. Incluso la inversión en minas de mineral de hierro y bauxita ubicadas en las tierras altas de Guyana no han proporcionado ningún tipo de flujo de caja ni han producido el producto que garantizaba el pago de la deuda. La deuda se reestructuró en 2020 con un «periodo de gracia» previsto de 19 mil millones de dólares.
Se puede considerar que tanto Venezuela como Ecuador se encuentran en una «trampa de la deuda». La incapacidad de pagar los préstamos adquiridos ha llevado a una pérdida de control soberano sobre un activo estratégico, ya que en ambos países, las empresas petroleras estatales exportan ahora casi toda su producción a China para pagar la deuda contraída. En consecuencia, ambos países están perdiendo ingresos potenciales en un mercado global que está mejorando. Pese a ello, China no se ha beneficiado de estos negocios fallidos y, en lugar de adquirir activos mediante procedimientos de quiebra, los bancos chinos han rescindido los préstamos incobrables. La deuda atrapó a todos.
El ámbito de la inversión extranjera directa
El movimiento de capital hacia el sector privado y las APP fue similar al de las carteras de préstamos, donde la inversión comenzó a principios de la década de 2000 con un repunte en 2010, seguido de flujos más moderados a partir de entonces. Sin embargo, a diferencia de los préstamos la afluencia no se ha detenido, ya que las empresas siguen adquiriendo o estableciendo compañías con un buen flujo de caja y potencial de crecimiento. Destacan varios sectores, donde los ejemplos más obvios son las empresas que operan en las áreas agrícola y extractiva, cuyos modelos de negocio se alinean con la necesidad de productos básicos de la China. La inversión en infraestructura es diferente, ya que no se basa en una cadena de suministro que se extienda hasta Asia; en cambio, las empresas exportan conocimientos de ingeniería para construir y operar carreteras, ferrocarriles, aeropuertos, presas y sistemas de energía eléctrica.
Perú ha recibido cantidades importantes de IED y ha evitado por completo la trampa de la deuda que afecta a sus vecinos. Se ha invertido aproximadamente 15 mil millones de dólares en las minas polimetálicas en las zonas altas de los Andes, y otros 3.500 millones de dólares en petróleo y gas. La empresa China Three Gorge (CTG) posee la mayor cartera de activos de infraestructura, y realizó en 2016 sus primeras inversiones en Perú a través de una asociación con una empresa energética portuguesa en la instalación hidroeléctrica San Gaban-III en el Río Inambari (185 millones de dólares). A esto, en 2018 le siguió la adquisición de la presa y la central eléctrica Chaglla en el río Huallaga, como parte de un acuerdo forzado con la acorralada filial peruana de Oderbrecht (1.400 millones de dólares).
La mayor adquisición de GTC hasta la fecha, fue la compra de Luz del Sur (3.600 millones de dólares), que adquirió de la empresa peruana Odebrecht. Entre los activos de Luz del Sur figuran el sistema de distribución eléctrica de Lima y las presas de Santa Teresa, en construcción en el río Urubamba cerca de Cuzco (600 millones de dólares), posicionando así a la GTC como la mayor compañía eléctrica diversificada de Perú.
Una inversión más controvertida es la participación de Sinohydro en el consorcio Sociedad Concesionaria Hidrovía Amazónica SA- COHIDRO, al que se le adjudicó en 2017 el contrato para administrar la Hidrovía Amazónica de Perú. Presumiblemente, Sinohydro está proporcionando tecnología y capital financiero (100 millones de dólares), mientras que sus socios peruanos manejan el proceso administrativo y legal regulado por OSITRAN. La controversia en torno al proyecto surge de acusaciones que el consorcio manipuló la licitación, además de reclamos de federaciones indígenas que no fueron consultadas adecuada o legalmente durante la revisión ambiental.
En Brasil, las empresas chinas han invertido desde 2005 más de 60 mil millones de dólares, siendo este el portafolio de inversiones más grande y diversificado en Sudamérica, que incluye empresas especializadas en el sector inmobiliario comercial, las finanzas, el transporte, las telecomunicaciones, la agricultura y los minerales. Al igual que en Perú, una gran parte del capital de inversión se ha destinado a los minerales, incluyendo préstamos al gran sector minero de Brasil, por más de 5.000 millones de dólares, y una combinación de préstamos y asociaciones con Petrobras, por más de 16.000 millones de dólares. La importancia de Brasil para el suministro de alimentos a China se refleja en las inversiones realizadas por COFCO, la empresa estatal china de comercialización de productos básicos, por más de 3.200 millones de dólares.
Por muy grandes que parezcan, estas inversiones son menores que las adquisiciones combinadas de CTG y State Grid Corporation of China (SGCC) en generación, transmisión y distribución de energía eléctrica (23.000 millones de dólares). La gran mayoría de estas inversiones se encuentran en el área fuera de la Amazonía brasileña, excepto la participación minoritaria de GTC en dos instalaciones hidroeléctricas de Amapá: Santo Antônio do Jari (250 millones de USD) y Cachoeira Caldeirão (130 millones de USD). En la Amazonia brasileña se encuentra la participación mayoritaria de SGCC (51%) en líneas de transmisión de alto voltaje entre Belo Monte y el sudeste de Brasil: BMTE-I a Río de Janeiro (2 mil millones de dólares estadounidenses) y BMTE-II a Estreito, Minas Gerais. (2.800 millones de dólares).
Los socios de State Grid en los proyectos BMTE son Eletronorte (24,5%) y Furnas (24,5%), ambas filiales de Eletrobras, que está siendo privatizada parcialmente por el gobierno brasileño. A nivel empresarial, el gobierno pretende reducir la participación estatal en Eletrobras del 62% al 45% mediante la oferta de acciones ordinarias en los mercados públicos de valores. Internamente también se está reduciendo el tamaño de la empresa mediante la venta de filiales y empresas en sociedad. Probable la privatización parcial a través del mercado de valores no atraiga a inversores chinos, pero sí estarían interesados en adquirir activos individuales de distribución, transmisión y generación.
La presencia de la CTG y la SGCC en la Amazonía brasileña no es grande, pero podría cambiar si llegaran a adquirir activos de Eletrobras o de algún inversor del sector privado, como los que operan las centrales hidroeléctricas de los ríos Madeira y Tocantins. Es posible que ambas empresas puedan liderar una inversión totalmente nueva si los reguladores, o el propio Congreso brasileño, permiten mayor desarrollo hidroeléctrico dentro de la Amazonía.
Hay menos incertidumbre sobre el papel de las empresas chinas en el desarrollo de los ferrocarriles. En 2019, el gobernador de Pará firmó un acuerdo con la China Communication Construction Company (CCCCSA) que comprometía a ambas partes iniciar la construcción de la primera fase de la Ferrovía Paraense a finales de 2021.
Aunque la crisis del COVID ha retrasado su puesta en marcha, sin duda que la mayor constructora del mundo aportará pronto sus sistemas de ingeniería extremadamente eficientes a la construcción de esa vía férrea. El financiamiento del proyecto de 15 mil millones de reales está disponible a través del Fondo China-Brasil, un mecanismo de inversión creado en 2017 que ha sido capitalizado por el Fondo de Producción China-América Latina por 15 mil millones de dólares, y el BNDES con otros 5.000 millones de dólares. Cabe esperar que las empresas constructoras chinas con experiencia en ferrocarriles participen en las subastas públicas de los ferrocarriles Ferrograu y FICO.
Las actividades de los inversores chinos en Guyana y Surinam se reflejan en el tamaño de las economías de estos dos países y, en general, podrían caracterizarse como ayuda exterior al desarrollo. Entre 2000 y 2014, los bancos chinos proporcionaron 350 millones de dólares a Surinam y 309 millones a Guyana, donde la mayoría de estos recursos se destinaron a la «rehabilitación» de carreteras y sistemas de energía eléctrica
El descubrimiento de un yacimiento petrolífero en alta mar ha dado lugar al aumento de la inversión directa, que en Guyana incluye una inversión de 950 millones de dólares a una sociedad entre la Compañía Nacional de Petróleo de China (CNOC) y Exxon, un hotel de lujo, a la mejora de las instalaciones portuarias y, según se informa, la pavimentación de la carretera Letham-Georgetown, patrocinada por la iniciativa IIRSA. El proyecto de las cataratas Amelia se retiró del plan de desarrollo en 2015 debido a las dudas sobre su viabilidad financiera.
En Surinam, los descubrimientos de petróleo van a la zaga de los de Guyana, pero los geólogos confían en la producción futura, por lo que CNOC probablemente participe. Mientras tanto, el país ha contratado a una empresa china de ingeniería para modernizar su aeropuerto internacional.
«Una tormenta perfecta en la Amazonía» es un libro de Timothy Killeen que contiene los puntos de vista y análisis del autor. La segunda edición estuvo a cargo de la editorial británica The White Horse en el año 2021, bajo los términos de una licencia Creative Commons – Licencia CC BY 4.0).
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