- La búsqueda por la reactivación económica mediante la construcción de infraestructura requiere seriedad para concebirse con viabilidad y sostenibilidad. Sin embargo, en la Panamazonía estos criterios muchas veces se dejaron de lado por intereses creados, corrupción y mediocridad.
- Al cierre de este capítulo, Killeen explica cómo estas pobres inversiones generan impactos en el corto y largo plazo, en especial en el medioambiente y en la sociedad en su conjunto. Aunque no siempre son incluidas en el concepto clásico de infraestructura, tanto la salud como la educación son pilares de un crecimiento económico sostenido.
- De hecho, las brechas en infraestructura de salud fueron notorias durante la pandemia del COVID en los 8 países de la Panamazonía. El panorama fue más crítico en la Amazonía andina, donde décadas de inversión y descentralización administrativa ineficientes dejaron a la población a su suerte.
La hipótesis macroeconómica de que las inversiones en infraestructura estimulan el crecimiento económico supone que estos activos físicos superan los problemas en logística o sistémicos del proceso productivo. En la práctica, esto requiere que cada proyecto sea objeto de un análisis objetivo de viabilidad, tengan un precio justo y haya sido aprobado tras una evaluación completa de sus repercusiones sociales y medioambientales. Desafortunadamente, en la Panamazonía muchas inversiones de esta naturaleza no han cumplido estos tres criterios fundamentales, algunas están mal concebidas o son simplemente innecesarias, y muchas son impuestas por intereses creados o políticos corruptos.
Una infraestructura mal diseñada o innecesaria puede crear un impacto económico negativo, ya que el escaso capital financiero disponible se canaliza hacia proyectos con beneficio limitado para la sociedad, negando así la inversión en iniciativas más necesarias. Cualquier proyecto mal concebido puede proporcionar un impulso económico a corto plazo, pero no aportará beneficios a largo plazo como en el caso que pueda generar un activo de infraestructura bien diseñado. En la Panamazonía, la falta de rentabilidad económica se agrava por los grandes impactos ambientales y sociales causados por iniciativas mal concebidas.
Este capítulo se focaliza en la infraestructura a gran escala construida en la región panamazónica en las últimas décadas. Algunas, cuando se las evalúan únicamente con criterios económicos han sido inversiones deficientes, pero otras han sido exitosas en beneficios económicos y son políticamente populares porque favorecen directamente a los habitantes del lugar. Las más controvertidas han beneficiado a empresas que atienden a consumidores de energía y materias primas fuera de la Amazonía, donde estos activos y sistemas pueden ser rentables pero no son sostenibles si no cumplen los criterios del desarrollo sostenible. La manifestación más evidente de la falta de incorporación de los conceptos de sostenibilidad al desarrollo de infraestructura es la persistencia de elevadas tasas de deforestación, degradación medioambiental y desigualdad social.
La idea de infraestructura sostenible ha existido desde que las discusiones académicas iniciales definieron el concepto. No obstante, las directrices para definir los criterios específicos recién aparecieron hace aproximadamente una década. Los primeros esfuerzos fueron poco más que una larga lista de estándares de alto nivel para que los oficiales de créditos y los ejecutivos corporativos tuvieran en cuenta al evaluar una posible inversión. Ahora se encuentran disponibles sistemas más detallados que abordan los múltiples y complejos desafíos necesarios para transformar la economía mundial frente a la crisis climática. Pese a ello, no son particularmente aplicables a la situación específica de la Amazonía, que también tiene un agudo déficit de infraestructura básica.
¿Qué podría definir una infraestructura sostenible en la Panamazonía? En primer lugar, debería beneficiar a los habitantes del lugar; igualmente importante es que las inversiones generen beneficios económicos a corto, medio y largo plazo, en particular aquellas que contribuyan al PIB, pero también otras que puedan mejorar la calidad de vida de las personas sin generar un aumento inmediato de los ingresos. En algunos casos, la inversión puede ser antieconómica en términos convencionales, pero estar justificada por razones humanitarias o ecológicas y, por tanto, merecer una subvención.
La inversión más obvia en infraestructura que cumple estos criterios son los activos físicos que constituyen la base de los sistemas de atención médica de la región. La pandemia de COVID de 2020/2021 puso de manifiesto deficiencias flagrantes en el sistema de sanidad en los ocho países. De hecho, el impacto de la enfermedad fue particularmente grave en las jurisdicciones amazónicas, afectando desproporcionadamente a las poblaciones marginadas. Las deficiencias en la infraestructura sanitaria básica incluían no solo la falta de camas de hospital, sino también de equipo especializado necesario para enfermedades médicas agudas.
De igual forma, la pandemia reveló que una parte importante de las poblaciones amazónicas eran vulnerables a la enfermedad debido a la aparición de afecciones crónicas causadas por enfermedades infecciosas asociada al agua potable contaminada y el saneamiento básico deficiente. Los servicios públicos suministran agua en la mayoría de las ciudades grandes y medianas, pero la cobertura dista mucho de ser universal, sobre todo en los barrios periurbanos que albergan a inmigrantes recién llegados. La inversión en saneamiento básico es pésima e incluso las ciudades más grandes tienen sistemas de alcantarillado lamentablemente inadecuados.
La situación es peor en la Amazonía andina, donde tanto la descentralización administrativa como los mecanismos de reparto de ingresos apenas han comenzado a hacer frente a décadas de inversión insuficiente por parte de los gobiernos centrales. Distintas ciudades muestran resultados radicalmente diferentes. Por ejemplo Pucallpa (con una población aproximada de 370 mil habitantes) abastece apenas al 48% de los hogares con agua potable, mientras que Iquitos, con 477 mil habitantes, se acerca al 90% de cobertura. Ninguna de las dos ciudades tiene un sistema de recogida y tratamiento de sus aguas residuales. En contraste, Santa Cruz de la Sierra, con un poco más de 2 millones de habitantes, ofrece cobertura universal de agua potable y ha extendido el saneamiento básico a aproximadamente la mitad de su población.
Las ciudades amazónicas han invertido en sistemas de agua potable, normalmente con la ayuda de los bancos multilaterales, pero siguen vertiendo casi todas sus aguas residuales en el río Amazonas y sus afluentes, operando bajo el supuesto de que el volumen de agua proporcionará un nivel de protección contra la contaminación. Desafortunadamente, esa práctica no protege a las poblaciones aguas abajo de las enfermedades causadas por un saneamiento deficiente.
Existe un similar déficit de infraestructura en las escuelas primarias y secundarias de la región, particularmente en los sistemas públicos que atienden a comunidades rurales y barrios urbanos empobrecidos. Esta deficiencia se ve exacerbada por la desigualdad impulsada por familias de clase media y acomodada que envían a sus hijos a escuelas privadas, una práctica común en toda Sudamérica que fomenta una inversión insuficiente en los sistemas escolares públicos.
La inversión en educación y atención médica tal vez no cumplan con la definición clásica de infraestructura construida (carreteras y puentes), pero pocos pueden negar que el crecimiento económico sostenido depende totalmente de una población sana y bien educada.
Felizmente, las inversiones en escuelas, clínicas y sistemas de saneamiento requieren mucha mano de obra y cantidades significativas de concreto, madera y ferretería, lo que garantiza que cumplan con los objetivos a corto plazo del programa de inversión en infraestructura: la creación de empleo y el estímulo económico. Dado que las escuelas y clínicas son estructuras relativamente simples, su construcción puede contratarse a empresas locales, creando así un circuito de retroalimentación positiva, ya que sus propietarios y empleados gastan esos ingresos cerca de casa.
Tanto los sistemas sanitarios como los educativos saldrán beneficiados con la mejora de la infraestructura digital, otra clase de inversión no tradicional necesaria para el crecimiento económico y el desarrollo en el siglo XXI. La tecnología es un antídoto obvio contra las largas distancias y los anticuados sistemas de telecomunicaciones que aíslan a las comunidades rurales.
El uso de la tecnología informática permitiría a los estudiantes rurales adquirir habilidades básicas de gestión de la información, esenciales para el éxito en la sociedad moderna, mientras que el acceso a Internet democratizaría las oportunidades de aprendizaje para decenas de miles de estudiantes y profesores. El Internet de alta velocidad es el estándar de oro, permitiría a los profesionales del sistema de salud diagnosticar y tratar a muchos más pacientes, y a los estudiantes participar en seminarios y reuniones virtuales.
Proveer Internet de alta velocidad a áreas remotas constituye un desafío tecnológico importante, y sólo un número limitado de ciudades amazónicas dispone de conexiones a Internet superiores a 10 Mbs. La velocidad es inherentemente limitada porque la mayoría de las conexiones están mediadas por satélites geoestacionarios con un tiempo de respuesta limitado por la velocidad de la luz. El costo de extender una red de fibra óptica a las comunidades más alejadas de la Panamazonía sería exorbitante e impide cualquier intento de ampliar el servicio de Internet de alta velocidad. Esto está a punto de cambiar.
En 2020, el gobierno brasileño lanzó el Projeto Amazônia Conectada, una ambiciosa iniciativa para tender 8.000 kilómetros de cable de fibra óptica en el fondo del río Amazonas y todos sus principales afluentes. La iniciativa está siendo coordinada por el ejército brasileño, y lo que es más importante, se está llevando a cabo como una asociación público-privada que cuenta con el respaldo de grandes empresas de telecomunicaciones locales e internacionales. Este emprendimiento tiene el potencial de proporcionar una red troncal digital que abarque mucho más allá de las principales ciudades de la región y, posiblemente, podría ampliarse río arriba para incluir zonas urbanas aisladas de la Amazonía andina.
Sin embargo, no dará solución a miles de comunidades que no están situadas en las orillas de algún río importante ni conectadas a una red de telefonía móvil que pueda ofrecer servicios de Internet rentables a la población. Aunque sí existe un Plan B.
Dos de los empresarios más innovadores del planeta, Jeff Bezos y Elon Musk, compiten por lanzar una red de satélites de comunicaciones de órbita baja con el único propósito de proporcionar servicios asequibles de Internet de alta velocidad a regiones remotas. Si tienen éxito, prestarán un servicio alternativo a las redes troncales de fibra óptica y torres de telefonía móvil que limitan la expansión de Internet de alta velocidad. Los satélites de órbita baja se conectarán con un receptor que consta de una antena y un enrutador que, a su vez, se enlazarán con una red local. El costo esperado de una terminal se estima en unos 500 dólares, con una tarifa de servicio mensual de 99 dólares.
El modelo de negocio se basa en brindar servicios a embarcaciones marinas, sitios mineros remotos, granjas industriales, centros vacacionales y comunidades rurales aisladas de las redes de fibra óptica. Esta tecnología representa un cambio radical en costo y calidad; sin embargo, seguirá siendo demasiado cara para las escuelas y clínicas rurales de la Amazonia. Presumiblemente, el costo es negociable, y los habitantes de la Amazonía podrían obtener un descuento de los hombres más ricos del planeta. Quizá se pueda convencer a Bezos de que done sistemas a las comunidades de la región en compensación por apropiarse de su identidad regional para su empresa comercial.
La construcción de carreteras y puentes también puede lograrse de manera sostenible; no obstante son un maldición para los defensores del medio ambiente debido a su asociación con la tala, la deforestación y los asentamientos. Pero, estos ejemplos clásicos de infraestructura contribuyen al crecimiento económico sostenible cuando mejoran las redes de carreteras secundarias, establecidas desde hace mucho tiempo dentro de fronteras agrícolas. Casi todos los agricultores pierden una parte de su cosecha debido al deterioro, un problema especialmente grave en climas tropicales húmedos que aceleran la descomposición y la infestación de enfermedades.
La ley de oferta y demanda rige los mercados de productos básicos y, según la teoría macroeconómica, las pérdidas posteriores a la cosecha impulsan indirectamente la producción de cultivos hacia zonas fronterizas. Así como la conservación energética debería formar parte de una estrategia de energía verde, las inversiones en infraestructura tradicional deberían formar parte de una estrategia de desarrollo integral cuando mejore la productividad y rentabilidad a largo plazo en las granjas existentes.
Las fronteras agrícolas consolidadas de la Amazonía meridional y andina sufren de malas redes de carreteras secundarias; por ello, la mejora de estas redes no sólo reducirá el despilfarro, sino que además combatirá otros efectos de los caminos en mal estado, como el retraso de la siembra, el desgaste de la maquinaria agrícola y encarecimiento del transporte de los productos básicos al mercado. Los pequeños agricultores son los más perjudicados, porque es más probable que dependan de transportistas que prorratean los servicios en función de la calidad de las carreteras. La opción de transportar el café o el cacao en camión, en lugar de a lomo de mula, sería bienvenida por la mayoría de los pequeños agricultores y podría motivar a muchos a ampliar la producción.
Otra clase de infraestructura subestimada son los aeropuertos que forman parte del sistema de transporte aéreo. Las aerolíneas regionales se han beneficiado de las inversiones en los aeropuertos de las grandes ciudades, pero el desarrollo de pistas de aterrizaje más pequeñas está gestionado en gran medida por militares, madereros y mineros ilegales. La región alguna vez tuvo un floreciente sistema de taxis aéreos organizados por misioneros evangélicos y católicos, pero han sido sustituidos por operadores comerciales, muchos de los cuales son a menudo cómplices del tráfico ilícito de drogas. Ejemplos en Alaska y Canadá demuestran que el taxi aéreo puede ofrecer una solución de transporte rentable para áreas sin carreteras poblada por aldeas indígenas, colonos y centros vacacionales.
La clave de ese sistema es una pista de aterrizaje en cada aldea y subsidios operativos para garantizar que los servicios sean asequibles para los habitantes indígenas de la región. La falta de un servicio de taxi aéreo accesible es el mayor obstáculo para la expansión del ecoturismo, que actualmente se concentra en torno a un puñado de ciudades amazónicas con grandes aeropuertos (Manaos, Iquitos, Puerto Maldonado, Leticia y Coca).
Los sistemas de generación de energía seguirán ocupando un lugar destacado en las futuras inversiones en la Panamazonía. Históricamente, el crecimiento económico ha estado estrechamente correlacionado con el consumo de energía, y a medida que las familias se vuelven más prósperas, compran electrodomésticos y consumen más energía. Para quienes salen de la pobreza rural el primer electrodoméstico que compran es la refrigeradora. Una vez que acceden a ser de clase media, compran un aire acondicionado.
La relación entre el PIB y el consumo de energía probablemente cambie en los próximos cincuenta años a escala global, a medida que las sociedades pasen de los combustibles fósiles a una economía con bajas emisiones de carbono. Sin embargo, esto no sucederá con el desarrollo de la Panamazonía, ya que el consumo energético crecerá en la Amazonía porque el acceso a fuentes asequibles y confiables de energía eléctrica mejorará la calidad de vida de la mayoría de sus habitantes.
La rápida disminución del costo de la energía solar, y las inherentes ventajas que representa su distribución, brindan una opción interesante para las comunidades y hogares que no están conectadas a la red eléctrica. Sin embargo, el costo de capital de dicho sistema energético dificultará su adopción por la mayoría de las familias amazónicas, que prefieren estar conectadas a un sistema de red y pagar una pequeña tarifa mensual. Algunas compañías eléctricas tienen tecnologías y paquetes de consumo diseñados para construir y ampliar sistemas, pero el procedimiento de incentivos inherente a sus modelos de negocio sigue favoreciendo la expansión de la red.
La energía solar a escala se volverá importante, y la construcción de grandes plantas hidroeléctricas puede volverse menos atractiva como inversión debido a la oposición de los defensores del medio ambiente y grupos indígenas. De ser así, aumentarán las inversiones en centrales hidroeléctricas de mediana y pequeña escala, lo que contribuirá a la resiliencia de una cartera diversificada de activos de generación de electricidad.
La pandemia de 2021 puso de manifiesto las desigualdades sociales y económicas de los habitantes en la Amazonía, pero ningún observador bien informado se sorprendió por el sufrimiento que el Covid-19 causó en las aldeas indígenas remotas, las áreas de los pequeños agricultores y los barrios marginales en centros urbanos de rápido crecimiento. El impacto asimétrico no fue diferente del que se produjo en las economías avanzadas, donde otras poblaciones desfavorecidas sufrieron de forma desproporcionada debido al legado de inversiones insuficientes.
La respuesta prometida, especialmente en Estados Unidos, es implementar políticas de estímulo y recuperación que beneficien a las poblaciones desatendidas. Además, la administración Biden pretende canalizar recursos a la largamente postergada campaña para invertir en energías renovables y otras tecnologías necesarias para evitar una catástrofe climática.
La misma lógica de favorecer a las poblaciones marginadas y promover modelos de producción sostenibles puede, y debe, aplicarse a la recuperación de la pandemia en la Panamazonía. Existe una necesidad real de compensar las desigualdades de larga data y la necesidad de reformar la economía convencional es igualmente urgente.
En julio de 2020, un grupo de expertos progresista lanzó una petición, firmada por siete expresidentes, en la que se pedía al Fondo Monetario Internacional (FMI) y otros organismos multilaterales que condonaran la deuda externa de los países latinoamericanos, y que los tenedores de bonos aceptaran una reestructuración de la deuda soberana que incluyera una moratoria de dos años en el pago de intereses. La petición sostiene que tales acciones son “justas y necesarias” dado el extraordinario desafío que plantea la pandemia. Las instituciones multilaterales han reconocido la necesidad de responder a la crisis pero, desafortunadamente, ninguna tiene la capacidad de proporcionar una condonación real de la deuda, y mucho menos de asignar los recursos de capital necesarios para transformar las economías de las naciones panamazónicas.
De igual forma, las instituciones financieras chinas no son capaces ni están dispuestas a aliviar la carga de la deuda. Lo más probable es que los distintos gobiernos, y sus socios del sector privado, inviertan en empresas mineras y agricultura industrial que puedan generar los ingresos de exportación necesarios para apuntalar sus economías. En consecuencia, la pandemia de 2020/2021 fomentará inversiones que promuevan otro ciclo de desarrollo económico convencional.
Imagen principal: Vista de la terminal de soja de la corporación Cargill en un puerto fluvial de Santarem. Crédito: Collection PAC.
“Una tormenta perfecta en la Amazonía” es un libro de Timothy Killeen que contiene los puntos de vista y análisis del autor. La segunda edición estuvo a cargo de la editorial británica The White Horse en el año 2021, bajo los términos de una licencia Creative Commons – Licencia CC BY 4.0).
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