- Un análisis realizado por Oxfam a 43 empresas dedicadas a la extracción de minerales estratégicos concluye que estas compañías no están preparadas para una transición energética justa.
- La evaluación analizó, principalmente, el respeto por los derechos humanos de los pueblos indígenas y comunidades ubicadas en donde operan estas empresas para extraer los minerales.
El comportamiento de las empresas mineras dedicadas a la extracción de materias primas estratégicas para la fabricación de baterías fueron puestas bajo la lupa en un estudio realizado por la organización Oxfam. El objetivo fue determinar si estas compañías cumplen con los estándares internacionales de respeto a los derechos humanos de los pueblos indígenas y las comunidades locales ubicadas en las zonas de explotación de los recursos o, por el contrario, se están repitiendo las prácticas que históricamente han generado conflictos sociales y consecuencias negativas al ambiente.
El resultado del estudio indica que, si bien más de la mitad de las 43 empresas evaluadas tienen políticas que las comprometen a incorporar el respeto a los derechos humanos en sus operaciones de manera consistente, muy pocas de esas compañías tienen compromisos políticos específicos para prevenir y mitigar los impactos sobre los derechos de los pueblos indígenas.
La investigación Recarga del consentimiento de la comunidad: empresas mineras, minerales para baterías y la batalla para romper con el pasado se realizó en un contexto en el que es vital reducir las emisiones de carbono en el planeta y, por tanto, disminuir el uso de combustibles fósiles. Esta urgencia empuja a la llamada transición energética, es decir, el uso de energías renovables con menor impacto en el ambiente. En este cambio de matriz energética, las baterías recargables son elementos esenciales, cuya producción implica el uso de minerales como el cobalto, cobre y litio.
De acuerdo con la Agencia Internacional de Energía se estima que para el 2040 se necesitarán entre 7 y 28 millones de toneladas adicionales de materias primas y el consumo de cobre se duplicará para el 2035.
El asunto es que entre entre 50 % y el 80 % de estos minerales se encuentran en yacimientos localizados dentro o cerca de tierras de los pueblos indígenas.
“La demanda de estos minerales para baterías está aumentando a medida que los gobiernos se apresuran a implementar los objetivos de descarbonización en medio de temores para el suministro de minerales, escasez y tensiones geopolíticas en curso”, señala Scott Sellwood, líder de políticas para derechos humanos e industrias extractivas de Oxfam y coautor del estudio.
Un total de 43 empresas que se dedican a la extracción de cinco de estos minerales —cobalto, cobre, grafito, litio y níquel— han sido analizados para este estudio en el que se concluye que, considerando las políticas actuales de estas empresas, este sector no está lo suficientemente preparado para una transición energética justa, puesto que, si bien muchas de las compañías evaluadas reconocen el compromiso de respetar los derechos de los pueblos indígenas, los defensores de derechos humanos, el género y equidad, sus políticas frecuentemente adolecen de limitaciones.
La investigación se centró en la evaluación de las políticas corporativas y los compromisos públicos de estas mineras sobre los procesos de consulta previa y el consentimiento de las comunidades en los lugares en los que realizan sus operaciones.
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Los resultados
Para realizar la investigación se seleccionaron 43 empresas con grandes volúmenes de producción y de estimaciones de reservas de esos cinco minerales, datos que fueron tomados —según se indica en el estudio— de los informes anuales y estados financieros de las mismas compañías. En esta lista final, se encuentran productoras de varios minerales relevantes. Adicionalmente, los investigadores de Oxfam solicitaron entrevistas a todas las mineras seleccionadas. Sólo 15 de ellas aceptaron.
“Nuestra investigación comenzó con una revisión documental de las políticas disponibles y luego nos comunicamos con cada una de ellas para invitarlas a participar en una entrevista”, aclara Sellwood.
Estas empresas se ubican en 16 países: China, Australia, Emiratos Árabes Unidos, Suiza, Luxemburgo, Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Holanda, Brasil, Argentina, Chile, Indonesia, Filipinas, Francia, y Rusia. Mientras que las minas en donde realizan sus operaciones se localizan en 34 naciones.
Tras el estudio se identificó que 11 empresas están comprometidas con el respeto de los derechos humanos de los pueblos indígenas y locales en general, además otras 18 están comprometidas a respetar estos derechos con la debida diligencia. Es decir, 29 empresas en total están comprometidas con el respeto de los derechos humanos.
Sin embargo, cuando se refiere al cumplimiento de las normas internacionales para la consulta previa y el conocimiento libre e informado, sólo 12 de las empresas cumplen completamente con el respeto de estas normas. Y sólo dos empresas tienen información pública clara sobre el compromiso de respetar la decisión de las comunidades indígenas.
“Basándonos en las políticas actuales, el enfoque de las empresas dedicadas a la producción de minerales para baterías con relación a la consulta previa y el consentimiento libre e informado no es suficientemente adecuado para apoyar una transición energética justa”, asegura Sellwood.
Mediante este análisis también se supo que siete de estas empresas han dejado abierta la posibilidad de que si no se obtiene el consentimiento de los pueblos indígenas, se reservan el derecho de seguir adelante con sus proyectos. Mientras que otras cinco compañías se comprometen a buscar acuerdos con las comunidades afectadas, pero no a respetar la decisión de una comunidad de negar el consentimiento.
“Lo positivo es que más de la mitad de las empresas encuestadas tienen políticas de respeto de derechos humanos y están comprometidas a cumplirlas con la debida diligencia. Sin embargo, son menos las que tienen compromisos específicos para prevenir y mitigar los impactos. Y aquellas que están comprometidas a respetar la consulta previa, libre e informada, dejan abierta la posibilidad de que si finalmente no se proporciona el consentimiento, la empresa simplemente avanzará si el gobierno lo autoriza”, indica el documento.
Para Joan Carling, directora ejecutiva de Indigenous Peoples Rights International, obtener el consentimiento de los pueblos indígenas en relación con los minerales de transición es muy importante, porque afectará la forma en que se pueda promover soluciones reales para abordar el cambio climático.
“Si vamos a examinar el legado de la minería en relación con los pueblos indígenas hay muchas lecciones que aprender para evitar los impactos adversos de la minería. Debemos garantizar que haya respeto por los derechos humanos, equidad social y sostenibilidad del medio ambiente a medida que hacemos la transición hacia una economía baja en emisiones de carbono”.
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Una mirada al sur
Héctor Córdova, especialista en minería de la Fundación Jubileo, en Bolivia, menciona lo que sucede con la explotación de litio en los países sudamericanos como Argentina, Chile y Bolivia. “En Chile el problema del agua es terrible. Hay 36 comunidades en la zona de Atacama que se disputaban el agua y todas mostraban cómo ha cambiado el paisaje desde la llegada del litio”, comenta el experto sobre los casos que ha recibido la Comunidad Andina del Litio, un grupo que aglutina a líderes de las comunidades, académicos, investigadores y empresarios de los tres países que cuentan con grandes reservas de litio.
Aunque las actividades del grupo están actualmente en receso, Córdova recuerda los problemas y denuncias de las comunidades contra las empresas que extraen este elemento en sus territorios o cerca de ellos.
Otro ejemplo que cita Córdova es el de Argentina, en la zona de Catamarca, donde las comunidades se resisten a la presencia de las empresas de extracción de litio, “porque utilizaban mucho más agua de lo autorizado. Ellos sentían que les estabas perjudicando, incluso para el consumo personal”.
En el caso de Bolivia —señala Córdova— no se han presentado esos conflictos, pero las comunidades están alertas. “El fondo del conflicto en los tres países se resume en dos temas: territorio y agua”.
Los gobiernos tienen que caminar de otra manera en estos momentos de transición energética y la explotación de los minerales estratégicos —comenta Córdova— para ordenar su extracción y enfrentar lo que puede convertirse en un avasallamiento. “China ha restringido sus exportaciones de tierras raras y otros elementos tecnológicos vitales para el desarrollo industrial occidental y muchos países están lanzando sus anzuelos por aquí para ver cómo sustituir los minerales que tiene China. Ya se ha anunciado la llegada de algunas misiones de exploración al país (Bolivia) para verificar si es que existen o no estos minerales. Desde el punto de vista del Estado, me parece que hay una mirada limitada y no se está interpretando bien lo que está ocurriendo”.
En Perú, Paul Maquet, del Programa de Investigación en Incidencia de CooperAcción, señala que la consulta previa se “ha convertido en un trámite más”. La preocupación inicial de los gremios de que la consulta previa podría paralizar los proyectos —agrega Maquet— ha llevado, en realidad, a vaciar de contenido este proceso.
“La consulta previa se ha convertido en un trámite formal que simplemente somete a este proceso la autorización de inicio de operaciones, cuando ya todo lo demás está definido. Y esto lo ha hecho el Estado, es decir, convertir la consulta previa en un trámite formal, que no es sustantivo, que no tiene un impacto real en la en las condiciones del proyecto”, precisa Maquet.
De qué sirve realmente la consulta —cuestiona Maquet— cuando los acuerdos muchas veces simplemente ratifican las obligaciones del Estado como mejorar la salud, la educación, las condiciones para los colegios. “Se supone que la consulta es para que la comunidad, el pueblo indígena, pueda influir en las decisiones que los va afectar, y para eso, actualmente, no sirve la consulta”.
* Imagen principal: Litio en Atacama, Chile. Foto: Guy Wenborne.
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