- Continuando con las experiencias por países, esta vez es el turno de Bolivia, quien tuvo su primer acercamiento a la repartición de tierras fiscales en la década del 50. Posteriormente, entre los 60 y 70 estas medidas originaron migraciones desde las zonas altoandinas hacia el valle y zonas amazónicas.
- Y aunque en los años 80 y 90 se aplicaron medidas neoliberales en dicho país, al llegar los 2000 ocurrió la consolidación del MAS y el ascenso de Evo Morales hacia la presidencia, enfocada en la reivindicación de los pueblos indígenas.
- A la fecha, los esfuerzos se han concentrado en cumplir con Función Económico-Social” (FES). En otras palabras, los propietarios deben usar la tierra o perderla.
Bolivia lideró el movimiento de reforma agraria en Sudamérica. Un momento decisivo de su historia moderna fue la revolución nacional de 1952, que comenzó como un levantamiento contra el sistema feudal que ataba a las comunidades indígenas a propiedades de familias adineradas. El gobierno revolucionario creó el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) en 1958 para legalizar las tierras ocupadas y reclamadas por campesinos indígenas. La revolución se llevó adelante en gran medida en las tierras altas andinas y acabó provocando la proliferación de minifundios que motivaron la emigración de muchos campesinos a zonas urbanas o a las tierras bajas del oriente boliviano. Los grandes latifundios de la Amazonia boliviana eludieron la confiscación, pero sus propietarios se vieron obligados a entregar una fracción de sus propiedades a las comunidades indígenas de las que dependían como mano de obra.
En 1965, Bolivia creó el Instituto Nacional de Colonización (INC) para fomentar la migración a las tierras bajas y, de paso, creó una burocracia paralela y superpuesta para la concesión de títulos de propiedad. Ambas instituciones distribuyeron tierras en la Amazonia boliviana al creciente flujo de emigrantes indígenas de las tierras altas andinas. Los proyectos de colonización organizada de la década del 70 crearon áreas de pequeños agricultores en el Chapare, Cochabamba (HML # 32), Alto Beni, La Paz (HML #33), y San Julián, Santa Cruz (HML #31).
De igual forma, un grupo de inmigrantes japoneses llegó en la década del 60 y establecieron colonias en el departamento de Santa Cruz, más específicamente en Yapacaní (HML #32) y Okinawa (HML #31), zonas con suelos inusualmente fértiles especialmente adecuados para el cultivo de arroz bajo riego. Por otro lado, los menonitas se asentaron al sur de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra en la década del 70, iniciando un proceso de colonización en la llanura aluvial del Río Grande (HML #31) que con el tiempo se extendió a la Chiquitania (HML #29) y Guarayos (HML #30). Estos inmigrantes extranjeros fueron bienvenidos por los gobiernos militares y civiles puesto que traían conocimientos prácticos que se alineaban con la política gubernamental para desarrollar la economía agrícola de Santa Cruz. Los principales beneficiarios de esa política, sin embargo, fueron las familias de cruceños que utilizaron su influencia para adquirir millones de hectáreas de bosques fiscales.
Las décadas del 80 y 90 se caracterizaron por la adopción de políticas económicas neoliberales impuestas a Bolivia por organismos multilaterales. Una de las decisiones de mayor calado fue el cierre de las minas estatales no rentables, que provocó otra ola de migración masiva, esta vez de mineros indígenas que se unieron a sus pares campesinos en las tierras bajas para comenzar una nueva vida como pequeños agricultores. Aproximadamente la mitad se trasladó a la región del Chapare y se dedicó al cultivo de coca, trayendo consigo una tradición de activismo sindical que definiría las luchas políticas de la primera década del siglo XXI.
En 1992, el INC se fusionó con el INRA, que fue reformado para proteger los derechos de propiedad como parte del programa en curso para crear una economía de mercado. Codificado por la Ley INRA de 1996, el sistema de tenencia de tierra incluía disposiciones para la regularización (saneamiento) de títulos de propiedad y la elaboración de un catastro nacional. Como la mayoría de las políticas de ajuste estructural de la década del 90, esta ley incluía disposiciones para salvaguardar las reivindicaciones ancestrales de las comunidades indígenas. El Banco Mundial y otros organismos multilaterales apoyaron el proceso de titulación de tierras al mismo tiempo que financiaron inversiones en infraestructura y planificación del uso de la tierra.
Los comerciantes internacionales de materias primas abrieron filiales locales, facilitaron crédito asequible e incorporaron la creciente frontera agrícola a sus cadenas de suministro globales. Tierras baratas, suelos fértiles y un gobierno complaciente atrajeron a inversores de América del Norte, Argentina y Brasil. El auge de la soya ya estaba en marcha en el año 2000, lo que fomentó la subida en los valores inmobiliarios similar al experimentado por las áreas soyeras del centro de Mato Grosso. En la llanura aluvial cercana a San Julián (HML #31), los precios promedio anuales de las tierras agrícolas aumentaron anualmente el 6% entre 1990 y 2000, 15% entre 2000 y 2010 y 7% entre 2010 y 2020.
Mientras el auge de la agricultura estaba en marcha, Bolivia también transformaba su sector forestal siguiendo un manual diseñado por ecologistas forestales deseosos de implementar un manejo forestal sostenible a través del sector privado. La pieza central de esa estrategia consistía en concesiones de treinta años que abarcaban aproximadamente 6,5 millones de hectáreas adjudicadas a empresas que prometían llevar adelante un manejo forestal sostenible (ver Capítulo 7). Bolivia se consideraba un experimento en el que la reforma democrática y la economía de mercado promoverían el desarrollo sostenible y la justicia social. Sin embargo, los ciudadanos bolivianos tenían una visión diferente del futuro de su país.
Estado Plurinacional de Bolivia
En 2005, Bolivia eligió a Evo Morales con una victoria aplastante que dio a su partido político, el Movimiento al Socialismo (MAS), el control total del Congreso desde la restauración de la democracia en 1986. La clave de su éxito electoral fue una plataforma basada en los derechos indígenas y su reivindicación de tierra y territorio, que atrajo el apoyo abrumador de las naciones indígenas de las tierras bajas, además de los pueblos quechua y aymara del altiplano andino. Evo Morales y sus aliados indígenas reescribieron la Constitución, cambiaron el nombre del país y empezaron a desmantelar el marco institucional impuesto a Bolivia por el Consenso de Washington. Uno de los primeros puntos de la agenda legislativa fue reformar la Ley INRA con un énfasis en los derechos de las comunidades indígenas y los pequeños agricultores.
La tenencia comunitaria de la tierra es frecuente en la cultura indígena y el régimen anterior al MAS había iniciado el proceso de reconocimiento de los Territorios Comunitarios de Origen (TCO). Esta categoría benefició en gran medida a los grupos étnicos que habitaban áreas remotas de tierras bajas en los trópicos y a comunidades de pastores en las llanuras áridas del Altiplano. No obstante, se habían logrado escasos avances en la formalización de títulos de propiedad comunitaria en las zonas agrarias donde realmente vivía la mayoría de las familias indígenas.
El gobierno de Evo Morales hizo de las poblaciones agrarias una prioridad y procedió a demarcar los límites de miles de propiedades rurales en el altiplano andino. En la Chiquitania, más específicamente en el departamento de Santa Cruz, esto consistió en formalizar las concesiones de tierras otorgadas por grandes terratenientes a sus arrendatarios indígenas en las décadas de los años 60 y 70. En el norte de Bolivia, el INRA utilizó el sistema comunitario para distribuir tierras a grupos de familias que habitaban los bosques y se asentaron en la región durante los auges de la explotación del caucho de las décadas de 1890 y 1940.
Al mismo tiempo, el gobierno de Morales atendió los reclamos de cientos de miles de familias indígenas que habían migrado a las tierras bajas durante los 40 años anteriores.
Aunque habían votado por un gobierno socialista, estas familias querían títulos de propiedad de sus pequeñas granjas, y en ese sentido, el INRA comenzó a revisar y aprobar títulos de propiedad a un ritmo sin precedentes. Entre los años 2006 y 2015 se procesaron y validaron cientos de miles de pequeños predios agrícolas, cifra que superó ampliamente el pésimo historial de las empresas consultoras que habían sido contratadas durante la primera fase del proceso de regularización de la tenencia de tierra.
A pesar de su retórica anticapitalista, el gobierno socialista de Morales no intentó imponer una reforma agraria de largo alcance, aunque hubo algunos intentos destacados de confiscar algunos latifundios. La resistencia de la sociedad civil en Santa Cruz y un supuesto acuerdo con grandes empresarios silenciaron los intentos de cambiar el régimen de tenencia de tierra en las zonas más productivas y de mayor valor de Bolivia. La agroindustria es demasiado importante para la salud de la economía nacional boliviana.
La Ley INRA de 2009 incluye un límite de 5.000 hectáreas a las propiedades y disposiciones que permiten al Estado recuperar propiedades que no cumplan con los criterios de tener una Función Económico-Social” (FES). En otras palabras, los propietarios deben usar la tierra o perderla. Los grandes propietarios cumplen estos requisitos subdividiendo sus propiedades y contratando agrónomos, silvicultores y abogados para mantener los documentos necesarios y así demostrar la FES. En el caso de los medianos productores, sin embargo, pueden ser presa de funcionarios extorsionadores que buscan algún soborno, o de acaparadores de tierras sin escrúpulos que invaden propiedades con importantes activos forestales o documentos irregulares.
Imagen destacada: Humedales en la zona de San Miguelito, en Bolivia. Crédito: Rhett A. Butler.
“Una tormenta perfecta en la Amazonía” es un libro de Timothy Killeen que contiene los puntos de vista y análisis del autor. La segunda edición estuvo a cargo de la editorial británica The White Horse en el año 2021, bajo los términos de una licencia Creative Commons -licencia CC BY 4.0).
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