- Para entender la importancia de obtener un título de propiedad rural, Killeen señala cómo la inseguridad jurídica en la tenencia de tierra es una invitación a que los malos actores utilicen la fuerza para apropiarse de lo ajeno.
- Un sistema nacional de catastro no ha podido lograr (en ningún país de la Panamazonía) desterrar los vicios del soborno y la corrupción.
- Las consecuencias de la incompetencia al seguir los protocolos oficiales recaen sobre el único activo que tienen los pequeños campesinos, perjudicándolos en su posibilidad de obtener créditos y mejores condiciones de trabajo.
Ocupar una parcela de terreno es el primer paso –y quizá el más sencillo– durante el proceso de consolidación de una propiedad legalmente establecida. En todos los países amazónicos, un título o la certificación de uno debe obtenerse a través de un organismo del Gobierno Central que, en la mayoría de los casos, es un sucedáneo directo de las primeras oficinas de colonización de los años 60 y 70. En estas décadas, las oficinas expedían títulos provisionales, ya que la plena tenencia estaba supeditada al establecimiento de una granja, o al cultivo productivo y exitoso.
Este legado negativo creció durante décadas a medida que la economía rural se expandía y se multiplicaba el número de propiedades. Una responsabilidad clave de estas instituciones era la compilación de un registro de tierras –conocido como catastro— cuya función es ser la referencia documental para todas las transacciones legales vinculadas a la propiedad rural. Así, el delegar la tarea de certificación de títulos de propiedad a una institución nacional en lugar de local fue una consecuencia lógica de la política de distribución de tierras fiscales por parte de los gobiernos centrales.
Es probable que una solución a nivel nacional haya interesado a los planificadores, quienes dudaban de la capacidad de los gobiernos locales (casi siempre fronterizos) para gestionar un tema de envergadura y complejidad técnica. Los terrenos individuales se incorporan al catastro rural nacional sólo después de que sus particularidades espaciales y sus detalles legales hayan sido validados. Pero ello solo en teoría.
Hubo incapacidad para completar este proceso y consolidar los catastros a nivel nacional. Por ello, la anarquía que define a la sociedad de frontera es el resultado de esta incompetencia. Dichas oficinas públicas –por diseño o por casualidad– supervisan un sistema caótico donde el dolo y la corrupción facilitan la apropiación indebida de tierras fiscales y, en conclusión, es un motor fundamental para la deforestación.
Sin duda, es también es un enorme fracaso moral: el sistema no ha proporcionado a millones de pequeños propietarios un título legal sobre su activo financiero más importante. En este sentido, los sucesivos gobiernos y organismos multilaterales han organizado múltiples iniciativas para reformar y modernizar estas instituciones y, lo que es más importante, completar la tarea de determinar la propiedad de la tierra en la Panamazonía. Desafortunadamente, todas han fracasado.
Históricamente, el proceso de compra venta de la tierra se registra ante un notario público, conocido como Cartório en Brasil o Notaría de Fe Pública en los países de habla hispana. Estas oficinas legales prestan un servicio más sustantivo que sus homólogas en Estados Unidos, ya que conservan una copia legal de todos los contratos y transacciones, además de validar ciertos principios jurídicos comunes al Derecho contractual. Este tipo de documentación constituye la principal base jurídica de la mayoría de las propiedades rurales.
Las agencias tienen protocolos para validar propiedades e incorporarlas al catastro nacional utilizando el historial de cada una, que es esencialmente una guía documentada de su origen y las transferencias o subdivisiones anteriores. Estos protocolos posibilitan el fraude porque los acaparadores de tierras los utilizan para inventarse un historial legal o para clonar el pasado de otra propiedad con documentos falsificados. Dado que los registros de la propiedad tienen enormes retrasos en la tramitación de solicitudes de tierras, a menudo es necesario pagar para agilizar las transacciones legítimas. Esta práctica del soborno para acelerar una transacción legal proporciona cobertura a los acaparadores que tramitan documentos ilegales.
El marco regulatorio se complica aún más por la existencia de dos niveles distintos de la tenencia de tierra: propiedad y posesión. El primer concepto implica un propietario que posee un título legal sobre un bien; mientras que un poseedor carece de un documento legal que valide al bien, pero lo ocupa y utiliza para su beneficio económico. Lógicamente, la propiedad tiene más derechos que la posesión. No obstante, un poseedor no está desprovisto de protección jurídica: tiene derecho a no ser desalojado del lugar si cumple con los principios de función económica y social.
Existe la suposición implícita de que la posesión acabará transformándose en propiedad; no obstante, la falta de un título legal afecta el valor del bien en las transacciones inmobiliarias.
Los títulos de propiedad irregulares y los sistemas corruptos también afectan a los propietarios legítimos. En Brasil, hay una larga historia de ganaderos que despojan a pequeños propietarios y comunidades inventando documentos y utilizando posteriormente la violencia para desalojarlos de sus hogares. En Bolivia, los ocupantes ilegales invaden la hacienda si su propietario es incapaz de demostrar un título claro y carece de recursos económicos para defenderla físicamente. En ocasiones, los ocupantes ilegales son agentes pagados que actúan en nombre de algún acaparador de tierras que se aprovecha de una familia percibida como débil. La inseguridad jurídica en la tenencia de tierra es una invitación a que los malos actores utilicen la fuerza para obtener lo que no les pertenece.
Imagen destacada: Campesino ordeñando una vaca en Colombia. Crédito: Rhett A. Butler
“Una tormenta perfecta en la Amazonía” es un libro de Timothy Killeen que contiene los puntos de vista y análisis del autor. La segunda edición estuvo a cargo de la editorial británica The White Horse en el año 2021, bajo los términos de una licencia Creative Commons -licencia CC BY 4.0).
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