- Aunque este programa envió topógrafos a municipios seleccionados para apresurar el registro de propiedades establecidas antes de 2004, el reto no fue cumplido en su totalidad. Se registró menos de la mitad de propiedades y se emitieron 23 mil Certificados de Cadastro de Imóvel Rural.
- Según Killeen, esto no parece ser incompetencia sino un enfrentamiento con quienes se esfuerzan en mantener el acaparamiento de tierras en la Amazonía brasileña.
- En la práctica, los sucesivos cambios legales representan (a decir de sus detractores) una nueva amnistía para infracciones pasadas y abren la puerta a una nueva ronda de acaparamiento de tierras.
La necesidad de acelerar la regularización de títulos de pequeños propietarios motivó al programa Terra Legal, enviar equipos de topógrafos a municipios seleccionados para apresurar el proceso en el caso de propiedades establecidas antes de 2004. El objetivo inicial era revisar y certificar 300.000 pequeñas propiedades en 463 municipios. Sin embargo, el programa recopiló datos sobre apenas 117.000 propiedades y emitió menos de 23.000 Certificados de Cadastro de Imóvel Rural (CCIR). A junio de 2021, ninguno de estos predios recientemente registrados ha sido incorporado a las bases de datos del SIGEF disponibles a través del portal público del INCRA.
El programa Títula Brasil se centrará en primera instancia en los aproximadamente 430.000 hogares que residen en los 3.000 asentamientos tipo AP del INCRA, sin embargo, estas oficinas municipales estarán abiertas a otros pequeños y medianos propietarios. Según el censo agrícola del IBGE, existen al menos 680.000 predios de menos de 100 hectáreas en la Amazonía; mientras que los datos del CAR indican que el número ubicado fuera del sistema de AP podría llegar a 500.000.
La Ley da Grilagem
El esfuerzo por resolver el retraso en la regularización de las pequeñas propiedades se enfrenta, lamentablemente, con el esfuerzo para poner fin al acaparamiento de tierras. Congresistas afiliados a grupos conservadores, a menudo denominados banca ruralista, han presionado constantemente a favor de un enfoque normativo para expedir el CCIR a miles de ganaderos de mediana y gran escala con documentación dudosa.
Iniciativas políticas anteriores, en particular una ley de tierras aprobada en 2009, incluían medidas que reconocerían la legalidad de las propiedades establecidas en las décadas de 80 y 90, cuando las normas de adquisición de tierras se aplicaban de manera laxa. Pese a ello, los defensores medioambientales y sociales calificaron la ley como una amnistía e insistieron en que incorporara una contrapartida. En consecuencia, la ley incluyó medidas para limitar a 1.500 hectáreas el tamaño de las propiedades que calificaban para acogerse a un proceso acelerado; además, fijaba como fecha límite para excluir las tierras ocupadas ilegalmente después de 2004.
Aunque el sistema Terra Legal no logró aumentar significativamente la inscripción de pequeños agricultores en el SNCR, demostró cómo un esfuerzo integral puede resolver posibles conflictos entre vecinos y lograr impactos a escala involucrando a toda una comunidad. Esa experiencia será replicada en Titula Brasil, una iniciativa lanzada en 2021 por la administración Bolsonaro, que delega la mayor parte de las tareas administrativas y técnicas de medición de propiedades a los recién creados Núcleos Municipal de Regularización Fundiária (NMRF). Se supone que estas oficinas están destinadas a funcionar como unidades descentralizadas del INCRA y, al igual que Terra Legal, darán prioridad a la asistencia de pequeños agricultores.
En 2016, una orden ejecutiva del gobierno del presidente Temer modificó los protocolos de regularización al trasladar la fecha límite para el 2009 y ampliar el tamaño a 2.500 hectáreas. Las reglas fueron modificadas nuevamente en 2019 por la administración del presidente Bolsonaro, primero mediante una orden ejecutiva que evolucionó hasta convertirse en un acto legislativo conocido por sus críticos como el Ley da Grilagem, donde sostienen que estos cambios legales recientes representan otra amnistía para infracciones pasadas y abren la puerta a una nueva ronda de acaparamiento de tierras. Como todas las propuestas legislativas, la versión final dependerá de negociaciones de último minuto, pero, a partir de agosto de 2021, los opositores señalaron las siguientes múltiples deficiencias:
- Ampliar a 2014, en lugar de 2009, la fecha límite para la resolución acelerada de reclamaciones de tierras.
- Incluir disposiciones para subastar propiedades ilegales que permiten a los solicitantes rechazados participar y, en ciertos casos, hacer ofertas antes de la subasta pública.
- Limitar la verificación in situ del cumplimiento de la normativa medioambiental para propiedades de más de 1.000 hectáreas (en lugar de 400 hectáreas).
- Condonar la deforestación ilegal basándose en compromisos futuros, rara vez aplicados, para remediar infracciones pasadas (Termo de Ajustamento de Conduta – TAC).
- Debilitar la capacidad del INCRA para recuperar propiedades que incumplan las regulaciones ambientales.
- Facilitar el acaparamiento de tierras como modelo de negocio al permitir que los particulares presenten múltiples solicitudes al INCRA para regularizar una propiedad.
- Recompensar indebidamente a los especuladores al otorgar descuentos, que oscilan entre el 50 y el 70% del valor tasado de la tierra, que originalmente estaban destinados únicamente a residentes dentro de asentamientos similares a las AP del INCRA.
- Crear mecanismos para la continua distribución de tierras fiscales mediante venta o subasta que abriría la puerta a una mayor privatización.
Los defensores de la reorganización de los protocolos del INCRA argumentan que es necesario imponer orden en el caos del sistema de la tenencia de tierra y, al mismo tiempo, proporcionar justicia económica a cientos de miles de familias rurales. Quienes se oponen sostienen que la ley representa otra amnistía para actividades ilegales previas que fomentan abusos futuros. Además, sostienen que ninguno de los cambios propuestos es necesario para agilizar la regularización de las propiedades de los pequeños propietarios y, en cambio, sugieren invertir en la capacitación del personal del INCRA y proveer un presupuesto acorde con el tamaño de la tarea, que todas las partes coinciden en que es muy grande y debería haberse realizado hace mucho tiempo.
Bajo el debate hay dos filosofías opuestas sobre el futuro del desarrollo en el Brasil amazónico. A la derecha, los economistas y politólogos que ven la tierra como un activo financiero y creen que la regularización de la propiedad privada estimulará la inversión y generará crecimiento económico. A la izquierda, los defensores sociales y medioambientales que consideran el acceso a la tierra como un derecho humano y pretenden paliar la desigualdad que define a la sociedad brasileña, así como conservar la biodiversidad y proteger las culturas indígenas de la Amazonía
Imagen destacada: Vista aérea de la selva brasileña y a lo lejos el mar. Crédito: Rhett A. Butler.
“Una tormenta perfecta en la Amazonía” es un libro de Timothy Killeen que contiene los puntos de vista y análisis del autor. La segunda edición estuvo a cargo de la editorial británica The White Horse en el año 2021, bajo los términos de una licencia Creative Commons -licencia CC BY 4.0).
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