- A decir de Killeen, resulta irónico que con la llegada al poder de Evo Morales las pugnas entre indígenas haya sido más evidente, debido a promesas electorales que hablaban de restitución de territorios ancestrales.
- Tanto los indígenas de las tierras altas como de las bajas están en pugna permanente debido a la propiedad de tierras fiscales.
- Quizá lo único que ha sido capaz de unir a ambas facciones ha sido el intento de crear una carretera que cruce el área natural conocido como TIPNIS, lo que incrementaría aún más la especulación de tierras, la deforestación y las quemas forestales.
El movimiento político que llevó a Evo Morales al poder incorporó un conflicto latente entre las comunidades indígenas de las tierras altas y las de las tierras bajas. Los de las tierras bajas pretenden recuperar sus territorios ancestrales que fueron usurpados por familias de origen europeo o, más recientemente, adjudicados a empresas madereras como concesiones forestales a largo plazo. La promesa de recuperar estas tierras fue la razón por la que estos grupos indígenas apoyaron abrumadoramente a Evo Morales en 2005.
En contraste, los grupos indígenas de las tierras altas creen que tienen un derecho constitucional, como ciudadanos bolivianos, a ocupar tierras fiscales desocupadas, en especial aquellas concesiones forestales que fueron revocadas en los primeros días del gobierno de Morales. En definitiva, los grupos indígenas de las tierras altas y los de las tierras bajas compiten por la misma tierra.
Este conflicto se manifiesta en la evolución de la autoidentidad de los migrantes andinos, quienes durante décadas se autodenominaron como colonizadores. Sin embargo, desde aproximadamente el año 2000, se han autoidentificado como interculturales, término que reconoce su condición de pueblo indígena que ha abandonado su tierra ancestral. Tienen un importante poder político en parte porque mantienen vínculos familiares y comerciales con una gran población de inmigrantes urbanos, pero también porque han organizado sindicatos militantes expertos en tácticas de bloqueo económico. Ejercen su poder electoral exigiendo que el INRA, controlado por el gobierno central, distribuya tierras a través de asociaciones de asentamiento afiliadas a la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales Originarios de Bolivia (CSCIOB) o la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB).
La alianza entre los grupos indígenas de las tierras altas y bajas se fracturó en 2011, cuando el gobierno de Morales anunció su intención de construir una carretera a través del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro – Securé (TIPNIS). La carretera propuesta ignoraba varios criterios legales, incluido el requisito de obtener el Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI) que, en este caso, beneficia a los pueblos Moxeño, Trinitario, Yuracaré y Tsimane ya que poseen títulos comunitarios sobre la reserva desde 1990.
La justificación oficial para la construcción de la carretera era integrar dos regiones del país, pero los habitantes del TIPNIS saben que también desencadenará una fiebre de tierras por parte de los cocaleros del Chapare, que ya colonizaron el sector sur de su reserva.
El intento de construir la carretera puso de manifiesto que Evo Morales no cumplió sus promesas electorales a los grupos indígenas de las tierras bajas cuando se generó el conflicto de intereses con los interculturales, siendo estos más numerosos y políticamente potentes. La Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (CIDOB) se solidarizó con los pueblos originarios del TIPNIS, acción que coincidió con una evidente desaceleración del proceso de titulación de las reservas de las TCO de los pueblos indígenas afiliados a la CIDOB. Simultáneamente, los administradores del INRA ignoraron solicitudes de organizaciones Chiquitanas y Guarayas para la restitución de territorios ancestrales que habían sido incorporados a concesiones forestales en la década de 1990. En cambio, comenzaron a distribuir tierras a asociaciones afiliadas a los interculturales.
El conflicto entre grupos indígenas forma parte de las cambiantes coaliciones políticas que han definido las recientes elecciones. Aunque perdieron poder a nivel nacional, las élites cruceñas todavía dominan los gobiernos locales y regionales de la zona, y en la actualidad apoyan las demandas territoriales de las comunidades chiquitanas y guarayas. Esta coalición regional aboga por la creación de áreas protegidas de uso múltiple controladas por jurisdicciones locales, que permitirían la extracción de madera por parte de los habitantes indígenas y no indígenas de la zona. En estas maniobras políticas están implícitas estrategias centradas en la demografía de Santa Cruz y el miedo (aspiración) de que una creciente población de interculturales conduzca al éxito electoral el partido político asociado a Evo Morales.
A los conflictos étnicos y políticos se superpone el espectro omnipresente de la corrupción, que contagia casi todas las transacciones de tierras e implica a personas sin escrúpulos en todos los grupos de interés. Esto incluye acaparadores de tierras, militares de alto rango y líderes de sindicatos campesinos que utilizan sus conexiones políticas para obtener grandes extensiones de tierra para después revenderlas a empresas agrícolas y menonitas. Incluso algunos líderes indígenas de las tierras bajas se han visto tentados a participar en la refriega política, sobre todo cuando el gobierno creó una lista paralela de líderes indígenas dentro de la CIDOB que apoyaron su intento de vulnerar el TIPNIS.
La expansión de la frontera agrícola
El INRA ha hecho un trabajo bastante competente al procesar el enorme retraso de reclamos de tierras, pero no hay indicios de que algún gobierno vaya a poner fin a la distribución de tierras fiscales. Durante los últimos 20 años, el INRA ha expedido miles de títulos de propiedad dentro de dos reservas forestales creadas específicamente para garantizar la gestión a largo plazo de los recursos madereros. La primera en ser destruida fue El Choré y el mismo proceso se lleva está llevando a cabo dentro de la Reserva Guarayos, a pesar de que goza de doble estatus como TCO y reserva forestal. Una tercera reserva forestal, Bajo Paraguá, se encuentra en el centro de disputa entre chiquitanos, interculturales y políticos locales. Recientes declaraciones de funcionarios del INRA indican que los reclamos de parte de los colonos tienen prioridad sobre los esfuerzos para crear áreas municipales protegidas dentro de las reservas forestales.
La pugna por la tierra refleja un amplio consenso de que ampliar la frontera agrícola es de interés nacional para Bolivia. Esto incluye a todos los principales partidos políticos, el gobierno central y los gobiernos departamentales, el sector agroindustrial, los ganaderos y los colonos interculturales. Estas políticas se originaron en la administración de Evo Morales (2005-2019), que promulgó cinco leyes entre 2013 y 2019 que facilitaron el acceso a tierras fiscales, legalizaron predios durante administraciones anteriores y abrieron la puerta a la deforestación y el uso indiscriminado del fuego. Estas políticas fueron adoptadas por el gobierno de transición de Jeanine Añez y la administración de Luis Arce Catacora, elegido presidente en octubre de 2020 como el candidato avalado por Evo Morales.
Estas controvertidas políticas provocaron un incremento de incendios forestales en 2018, que coincidió con una revisión del proyecto del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que financiaba el programa de tenencia de tierras del INRA. Entre sus conclusiones se encuentran que: (1) la agencia no había emitido nuevos títulos para las comunidades indígenas; (2) la actual distribución de tierras fiscales había generado nuevos conflictos sociales y medioambientales; y (3) el desprecio por las leyes nacionales y regulaciones medioambientales violaron las políticas del BID. Por estos motivos, el BID interrumpió los desembolsos de fondos en 2018 y se encuentra a la espera de acciones de parte del INRA para abordar las preocupaciones documentadas en el informe de seguimiento.
Imagen destacada: Se avecina una tormenta sobre el Chaco boliviano. Crédito: Rhett A. Butler.
«Una tormenta perfecta en la Amazonía» es un libro de Timothy Killeen que contiene los puntos de vista y análisis del autor. La segunda edición estuvo a cargo de la editorial británica The White Horse en el año 2021, bajo los términos de una licencia Creative Commons -licencia CC BY 4.0).
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