El cultivo ilícito de hoja de coca se ha expandido y alcanzado niveles “sin precedentes” en la cuenca amazónica y la región Andina, alerta el más reciente informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) de las Naciones Unidas. El documento, publicado a principios de marzo, advierte que el incremento en la producción de droga está provocando graves afectaciones ambientales en zonas vitales para la biodiversidad.

“En la región andina se ha expandido el cultivo ilícito de coca, lo que ha provocado una notable deforestación, degradación del suelo y pérdida de diversidad de flora y fauna”, resalta el informe. También se destaca que en países de la cuenca amazónica, como Colombia, Perú, Bolivia o Ecuador, la expansión de las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas está provocando la pérdida de bosque, violencia y el aumento de otras actividades ilícitas como la minería ilegal.

El documento aborda como tema central el papel del Internet en el tráfico y consumo de drogas, pero incluye un apartado para resaltar las repercusiones que tienen en el ambiente las producción de sustancias ilícitas.

La producción de drogas ilícitas “está contribuyendo al cambio climático” por la deforestación y degradación de suelos que está provocando, pero también porque para producir un kilo de cocaína se necesitan más de 300 litros de gasolina, se detalla en el documento.

Si bien la deforestación y la pérdida de biodiversidad son algunas de las consecuencias ambientales más visibles, hay otros daños que causa la producción de drogas en los ecosistemas, pero que hoy no es posible dimensionar por la falta de datos. Así lo resalta el paraguayo César Arce, doctor en Química Forense y vicepresidente de la JIFE, órgano vigente desde 1967 y cuya función es monitorear el cumplimiento de la Convención Única sobre Estupefacientes de 1961.

En entrevista con Mongabay Latam, Arce menciona la urgencia de visibilizar los daños ambientales que provoca la producción de drogas ilícita, así como  la importancia de que los gobiernos implementen sistemas de monitoreo constante en suelos y cuerpos de agua, para conocer cuál es el grado de contaminación provocada por las actividades ligadas al narcotráfico.

—¿Desde que año incluyen en su monitoreo las afectaciones ambientales que provoca la producción de drogas? 

—A partir de la primera reunión mundial realizada en 1990. En ese entonces, en varios países preocupaba el desastre que estaba provocando el traficante colombiano Pablo Escobar. Ahí comenzaron a tomarse ciertas medidas en torno a la fabricación de la cocaína, la droga que más daños provoca en el ambiente porque en su fabricación se usan muchos productos químicos.

Para nosotros, en la junta, ese tema es una preocupación habitual, porque vemos que en los países no existe alguna entidad que realice monitoreo permanente sobre qué tan contaminados están los cauces hídricos y los suelos por el uso de los químicos relacionados con la fabricación de cocaína. Si es que en algún país existe esa entidad, nosotros no tenemos esa información e instamos a los países a que reporten estos datos.

—¿Qué tan grave podría ser esa contaminación?  

—Tan sólo en Colombia, la producción en cocaína se estima en cinco toneladas por día. Eso significa un uso de, aproximadamente, una media tonelada de productos químicos que son desechados al ambiente. Decimos que son desechados porque no creemos que los fabricantes de cocaína tengan un sistema de recuperación que evite que esos productos vayan a dar al suelo o a los cauces hídricos.

—¿Qué productos son los que más le preocupan? 

—El que más nos preocupa es el permanganato de potasio porque tiene manganeso, un metal pesado que es prácticamente imposible de recuperar o extraer de las aguas o del suelo.

Hay otros productos como el ácido sulfúrico, el queroseno, el éter o la acetona que, si bien son contaminantes, se diluyen, se evaporan o se disuelven. El permanganato se queda y no se puede extraer cuando se trata el agua. En nuestros países no hay aún un sistema que filtre eso. Este metal pesado afecta a los humanos, a los animales y también a la flora.

—¿Los países de Sudamérica no tienen estudios que permitan determinar cuáles son las concentraciones de ese metal?

—No puedo asegurar que no existan esos estudios, pero la JIFE no recibe esa información. Es por ello que instamos a los países que nos digan si tienen esos datos o que nos digan cómo podemos ayudarles a conocer esa información.

—En las convenciones en los que abordan estos temas, ¿hay obligación de los países de generar esta información?

—Lastimosamente, no. La única convención que es obligatoria es la de 1961 y las demás [la de 1971, sobre psicotrópicos, y la del 1988, sobre tráfico ilícito] son voluntarias. No podemos obligar a los países a que generen esta información.

Ya sabemos que la producción de drogas genera desechos tóxicos, pero necesitamos datos sobre las zonas en donde hay contaminación, así como el nivel de los daños, para buscar alianzas con otras agencias de la ONU y ver cómo se puede ayudar a esos países.

En el caso de la cannabis o en la producción de opio no hay un uso de productos químicos que sea alarmante. No sucede así con la metanfetamina que para sintetizar utilizan productos químicos muy contaminantes, como el amoniaco anhidro, que a menudo se desechan en el medio ambiente sin un tratamiento adecuado.

—Las afectaciones ambientales que provoca la producción de drogas ilícitas pareciera que no son consideradas con la seriedad que se debería, ¿con su informe ustedes buscan visibilizar ese daño? 

—Ese es el propósito. No solamente buscamos visibilizar los problemas relacionados con la producción y uso de estas drogas ilícitas, sino buscamos evidenciar las consecuencias ambientales que ocasionan el uso de estos productos químicos en todas las áreas, desde su contribución al cambio climático y la contaminación de suelos o fuentes hídricas.

Estamos impulsando este tema para instar a que se nos proporcione información de las dependencias que se dedican al monitoreo del medio ambiente.

—En el informe también destacan que en la región amazónica se han registrado niveles “sin precedentes del cultivo ilícito de coca”, ¿qué factores han contribuido a este incremento? 

—Aumentó el cultivo porque el consumo de cocaína creció en Europa. En otros países, como México o Estados Unidos, lo que aumentó fue el consumo de metanfetamina o fentanilo.

La producción aumenta porque hay un mercado que crece. Y en ese sentido, la JIFE hace un llamado a las asociaciones encargadas de la prevención, porque es el punto débil que nosotros detectamos. No vemos un despliegue amplio de campañas de prevención para disminuir el consumo, no digo eliminar porque eso está muy lejano.

—En el informe señalan que en la región amazónica, algunas rutas y modalidades tradicionales de tráfico de drogas se han diversificado. ¿La pandemia del COVID-19 fue el motor de lo que hoy se mira en la cuenca amazónica?

—No exactamente. Lo que hizo el COVID-19 es diversificar las formas de venta de droga. Antes de la pandemia eran cargamentos grandes y se colocaban a través de ciertas rutas.

Durante y después de la pandemia, lo que se fortaleció fueron las transacciones a través de Internet, el lavado de dinero con las criptomonedas y la venta de droga que no representa un volumen grande, pero sí permite un alto costo. Después de la pandemia, la venta de drogas por Internet creció casi un 1000 %.

Lo que pasa con las rutas de la cocaína es que son muy dinámicas, permanecen unos cinco años y luego cambian totalmente. Antes la ruta era de África para Europa, pero eso se controló. Ahora, se buscan los puentes a través de Ecuador.

—¿Y qué cambios se observaron en la producción de drogas?

—Lo que sí podemos notar es el aumento sideral de la producción de estas drogas. Después de la pandemia, hay una especie de carrera por producir cada vez más y más, pero eso porque hay un mercado no sólo de cocaína, también de marihuana. Casi en todos los países productores hay un aumento del orden del 300 %, tanto de arbustos de coca como de producción de cocaína.

En el caso de la amapola, se ha notado que existe una disminución de su cultivo, pero en contrapartida hubo un aumento en la producción de metanfetaminas.

La disminución en el cultivo de amapola no sólo está relacionado con su uso para fines ilegales, sino también porque disminuyó la producción de opio para fines medicinales. La morfina dejó de usarse hace unos cuatro o cinco años, porque fue sustituida por el fentanilo. Eso es algo preocupante para nosotros, porque vemos que los médicos recetan fentanilo para casi cualquier cosa. Instamos a que los países hagan una concientización en el mundo médico para que no receten sin razón terapéutica las drogas peligrosas.

—En el informe subrayan los vínculos de las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas con otras actividades como la minería ilegal. 

—El tráfico de drogas va involucrado directamente con muchas otras actividades delictivas como el tráfico de armas, la trata de personas, el tráfico de animales silvestres o la minería ilegal.

En los países de la cuenca amazónica, la minería ilegal se usa como una forma de lavar dinero, para intercambiar la droga con oro y, a su vez, hay una especie de protección mútua entre los mineros ilegales y los productores de cocaína. Eso hace muy difícil que las autoridades encargadas de la aplicación de la ley puedan entrar a esos lugares. También nos preocupan las afectaciones que están causando las minerías ilegales que usan productos químicos contaminantes.

Para el narcotráfico es muy importante lograr la unión con otros grupos que se dedican a otras actividades ilegales, porque de esa forma se protegen y, sobre todo, se realiza con éxito el transporte de las drogas. Cuando se unen con otros rubros ilegales, como el de la tala, estos manejan la apertura de caminos y el transporte de droga.

—Ustedes hablan, incluso, de “narcodeforestación”. 

—El cultivo de cannabis y del arbusto de coca, sobre todo, se hace en lugares difíciles de detectar y de difícil acceso. Se mimetiza entre árboles, en los bosques, para hacer difícil la detección. Eso se ha visto en la cuenca amazónica, en Centroamérica, en la Sierra Madre Occidental de México. Sobre todo, esa narcodeforestación se está viendo en Brasil o Paraguay. En Ecuador, lo que hemos visto es que no hay tanta producción, ahí más bien funcionan cárteles que se dedican al transporte de la droga para Europa, principalmente.

—La junta hizo una recomendación a Perú para que reanude los informes de monitoreo de los territorios afectados por cultivos ilícitos. ¿Cuál es la información que Perú no está entregando?

—El gobierno anterior de Perú (el de Pedro Castillo) hizo una medición de los cultivos de coca, pero esa información no fue reconocida por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), que es la instancia que certifica esos estudios. Con este gobierno se está instando a que se haga ese monitoreo con la certificación de la UNODC.

—Bolivia pidió a la ONU que se modifique la actual clasificación que se tiene de la hoja de coca en la Lista 1 de estupefacientes. ¿Qué implicaciones tiene esta petición?

—La fundamentación de Bolivia es que la hoja de coca por sí sola no es una droga, por lo que no tiene por qué estar listada ni controlada. La solicitud de Bolivia está bajo un análisis crítico de la Organización Mundial de la Salud (OMS), una vez que salga de ahí el resultado, eso se someterá a votación entre los países miembros de la convención de estupefacientes.

La OMS finaliza su análisis crítico en octubre de este año y probablemente se llevará a votación en diciembre de 2024 o en marzo del 2025.

Si se saca de la lista a la hoja de coca es evidente que habría una sobreproducción de hoja de coca, eso lo utilizarían a su favor los grupos del crimen organizado.

Veo una falla en la propuesta de Bolivia, pero también en una posición de muchos países. Cuando se pretende realizar una modificación en la lista de estupefacientes hay que recurrir primero a la fase científica de cada país, no a la fase política. Así fue como nacieron las convenciones, primero los científicos determinaron cuán dañino era el consumo de una sustancia y una vez que eso pasó, entró la parte técnica y luego la parte diplomática y política. Ahora lo que se hace es ir directamente a la parte política.

Nosotros no tenemos información de que en el caso de la propuesta de Bolivia el tema se haya analizado por la academia. La propuesta fue realizada directamente por el gobierno sin tener una fundamentación científica o por lo menos nosotros no sabemos si la tiene. Proponen quitar a la hoja de coca de la lista, pero no explican cómo se controlaría.

—¿Cuál es el llamado que hacen desde la JIFE a los gobiernos de la cuenca amazónica para atender lo que sucede en la región?

—En el caso de Brasil nosotros recibimos los planes del gobierno para disminuir la producción y el tráfico de actividades ilegales en la cuenca del Amazonas. También lo recibimos de países como Colombia y Argentina.  Podemos decir que hay una determinación de los gobiernos de luchar en contra de estas actividades. Lo que vemos es que, en algunos casos, existe un problema económico para poder hacer efectiva una lucha frontal en contra de todas las actividades ilícitas.

Por otra parte, es importante que los países realicen monitoreos contínuos y tengan información sobre la presencia de contaminantes (usados en la fabricación de drogas) en los cauces hídricos, en el aire y en el suelo. Eso lo pueden hacer. No hay dificultades ni técnicas ni financieras para no hacerlo. Lo que pedimos es que si no hacen esos monitoreos, los hagan. Y si los hacen, que nos informen sobre sobre la contaminación ocasionada por la fabricación de drogas.

*Imagen principal: Un cultivo ilegal de coca en el Parque Nacional Amboró, en Bolivia.

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Thelma gomez Editor/a

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