- La historia del extractivismo en la Panamazonía nos enseña que los daños al medio ambiente han sido moneda corriente, solo que ahora existen nuevas exigencias desde las empresas matrices que influyen a todas las proveedoras de servicios en torno suyo.
- Killeen en esta sección explica que todo proyecto de hidrocarburos (sea gas o petróleo) entraña el enorme riesgo de conflictividad social con las comunidades aledañas a la zona de exploración y explotación.
- Los gobiernos de países como Ecuador, Perú, Colombia y Brasil deben garantizar que haya una verdadera responsabilidad medioambiental frente a los derrames de petróleo que tanto dañan los ecosistemas y las formas de vida de los ciudadanos.
La industria petrolera tiene una larga historia de calamidades operativas, grandes y pequeñas, que igualmente ha creado una larga historia de esfuerzos para gestionar las responsabilidades medioambientales y sociales que son resultado inherente de su modelo de negocios. Esto incluye tanto acciones corporativas como gubernamentales que buscan mitigar el impacto de sus operaciones diarias, así como reparar los daños causados por negligencia, infraestructura obsoleta o casos fortuitos.
Las políticas medioambientales de las compañías petroleras fueron tremendamente inadecuadas hasta hace unos 50 años, cuando el incipiente movimiento ambientalista de entonces exigía medidas después de varios desastres de gran repercusión que causaron estragos en los ecosistemas naturales y las comunidades humanas. Tanto la magnitud de estos desastres medioambientales como la toxicidad inherente del crudo obligaron a una reforma fundamental en la industria. La reforma se impuso primero a las gigantes empresas petroleras y pronto se extendió a través de sus cadenas de suministro para cambiar las prácticas de sus proveedores de servicios internacionales y socios estatales en los países en desarrollo.
En 1990, la industria petrolera en la Amazonía estaba dominada por empresas estatales que habían heredado los yacimientos petrolíferos y sistemas de oleoductos de empresas multinacionales pioneras en la industria en los años 60 y 70. Desafortunadamente, la mayoría de las estatales mantuvo las prácticas anteriores a la reforma de sus progenitores del sector privado. Posteriormente, el cambio se produjo a través del Consenso de Washington, un controvertido paquete de políticas impuestas por agencias multilaterales para fomentar el crecimiento económico a través del sector privado, que incluía la promoción de la inversión extranjera directa en el sector de los hidrocarburos. El regreso de las compañías petroleras extranjeras (occidentales) en la década del 90 cambió la forma de gestionar los yacimientos y oleoductos, porque también introdujeron los conceptos emergentes de sostenibilidad en el sector de los hidrocarburos.
Los criterios de los conceptos de sostenibilidad han evolucionado con el tiempo y abarcan seis temas principales que reflejan el énfasis actual en la inversión ESG. A finales de la década del 90 y principios del 2000, cuando el auge del petróleo y el gas se encontraba en marcha en la región panamazónica, las empresas hicieron hincapié en mitigar los impactos de las operaciones sobre la biodiversidad y los sistemas hídricos mediante la prevención y la reparación (limpieza). Los programas sociales se centraron en el compromiso con las comunidades locales con el objetivo de evitar cualquier rechazo a sus actividades, y para ello buscaron generar buena voluntad gracias a la construcción de escuelas, clínicas e infraestructura básica. De igual forma, las empresas estaban motivadas por los imperativos de la gestión de riesgos, por lo tanto, los proyectos en la Amazonía siempre incorporan un elemento de conflicto relativamente alto debido a la notoriedad e importancia de la región como punto sensible cultural y de biodiversidad. Los conflictos sociales, aún involucrando a un solo grupo indígena, pueden paralizar un proyecto y hacer inviable una inversión de varias décadas.
Las compañías petroleras occidentales obligaron a los proveedores de servicios locales adoptar filosofías de sostenibilidad como requisito previo para poder obtener un contrato. Las empresas petroleras de segundo nivel exigieron el mismo nivel de cumplimiento de los protocolos medioambientales y sociales que, en teoría, exigían las empresas estatales de Rusia y China.
Petrobras se anticipó a estas reformas puesto que sus ejecutivos han pretendido, durante mucho tiempo, construir una empresa global capaz de competir con las grandes corporaciones. Para el año 2000, las empresas estatales de los países andinos de igual forma implementaron criterios medioambientales y sociales en sus prácticas comerciales. No obstante, con frecuencia se han visto envueltas en controversias ya que sus ejecutivos están obligados a ejecutar políticas impuestas por funcionarios electos que por lo general van en sentido contrario de los principios de sostenibilidad.
Además de las corporaciones estatales que operan campos petroleros y oleoductos, los gobiernos asimismo tienen instituciones públicas, como sus ministerios, que promueven el desarrollo del sector extractivo, así como entidades reguladoras que imponen reglas que reflejan los principios de sostenibilidad y buena gobernanza. La mayoría de estas agencias fueron creadas (o reformadas) a finales de los años 90 por las mismas agencias multilaterales encargadas de implementar y financiar el Consenso de Washington. El objetivo era separar a los ministerios responsables de formular políticas que ponen en práctica iniciativas patrocinadas por gobiernos electos del proceso regulatorio que, en teoría, debería proteger a la sociedad de las malas prácticas y negligencia, al mismo tiempo que brinde seguridad jurídica a los inversionistas.
Drill Baby Drill – Exploración y Producción
La industria de los hidrocarburos se basa en la necesidad permanente de descubrir y desarrollar nuevos yacimientos de petróleo y gas. La exploración comienza con un estudio sísmico, que en la amazonía emplea a cientos de trabajadores no calificados para abrir miles de kilómetros de transectos y deforestar cientos de hectáreas de bosque para crear campamentos y helipuertos ubicados en el medio de decenas de miles de kilómetros cuadrados de naturaleza salvaje. Afortunadamente, en este caso los impactos son de corta duración ya que el ecosistema forestal natural permanece intacto y, al cabo de un par de años, queda poca evidencia de la presencia del equipo sísmico. El riesgo es mayor para las comunidades indígenas, particularmente aquellas que viven en aislamiento voluntario. En la mayoría de los casos, estas comunidades evitan el contacto ya que un breve encuentro sería catastrófico para aquellos individuos que carecen de inmunidad a muchas enfermedades comunes. Y lo que es más inquietante, que el posible descubrimiento de petróleo o gas es un poderoso desincentivo para establecer una reserva indígena, lugar esencial para dar seguridad a largo plazo a estos grupos.
El número y la extensión de los estudios sísmicos alcanzaron su punto máximo entre 1990 y 2010 y han disminuido en la última década. Sin embargo, los gobiernos de Ecuador y Brasil continúan programando estudios geofísicos, una clara señal de que pretenden ampliar sus operaciones en el mediano plazo, puesto que se utilizan datos sísmicos para ubicar los pozos de exploración. Normalmente, esto implica perforar entre 5 y 10 pozos dentro de una concesión que abarca entre 100.000 y 300.000 hectáreas, y a menos que estén ubicados muy cerca de algún sistema de carreteras existente, se utiliza el transporte fluvial para maquinaria pesada además de helicópteros y aviones medianos para el personal. Eventualmente pueden construirse carreteras para conectar las plataformas de perforación, pero rara vez se conectan a los sistemas de transporte regionales, al menos hasta que se produzca un descubrimiento.
Cada plataforma de perforación requiere un claro de bosque de entre 2 y 10 hectáreas, donde la mayoría están rodeadas por una berma, construida para contener el crudo que pudiera liberarse accidentalmente durante las operaciones de perforación. Cada pozo debe tener un estanque para contener los “lodos de perforación”, que son químicos industriales altamente tóxicos reciclados durante las operaciones pero que deben eliminarse cuando el pozo sea clausurado. Almacenar o eliminar inadecuadamente este lodo puede contaminar tanto las aguas superficiales como las subterráneas.
Los pozos fallidos (pozos secos) son desmantelados y abandonados, y si el proceso se lleva adecuadamente, el bosque se recuperará siempre y cuando el suelo compactado sea escarificado para promover la regeneración natural. Un pozo de exploración exitoso se convertirá en un pozo de producción, pero probablemente se tape hasta que se desarrolle un sistema de transporte, y en zonas remotas, esto generalmente consiste en alguna combinación de carretera, barcaza o ducto. La industria petrolera prefiere oleoductos ya que son menos costosos de operar y causan menos derrames de petróleo. En el caso de los pozos de gas, sólo pueden entrar en funcionamiento cuando están conectados a un gasoducto.
Una vez que se haya verificado la presencia de volúmenes comerciales de petróleo o gas, los operadores perforarán múltiples pozos de producción. Antes de la década de 1990, esto consistía en múltiples plataformas individuales con uno o dos pozos ubicados en estrecha yuxtaposición. Sin embargo, después del año 2000 la adopción de la perforación direccional ha permitido a las empresas colocar docenas de pozos en una sola plataforma. La capacidad de concentrar docenas de pozos en un número limitado de plataformas es clave para la estrategia del gobierno ecuatoriano de explotar las reservas en el Parque Nacional Yasuní, donde existen más de 300 pozos distribuidos en una veintena de plataformas.
Las plataformas de perforación modernas representan una gran mejora con respecto a los pozos previos de la introducción de nueva tecnología y la adopción de criterios medioambientales y sociales integrales. Las empresas pioneras, como ser Texaco en Colombia y Ecuador, y Occidental Petroleum en Perú, sólo llevaron adelante esfuerzos limitados para contener o remediar sus operaciones. Los lodos de perforación se vertían en estanques sin revestir y el crudo se manipulaba de manera inadecuada, prácticas que contaminaron las vías fluviales y afectaron gravemente la salud y el bienestar de las comunidades indígenas. Estos pasivos medioambientales aún no se han remediado por completo, y se ha negado la compensación debida a las comunidades indígenas gracias a las maniobras legales de las empresas operadoras y al hecho de que las empresas petroleras estatales no asumieron su parte de responsabilidad legal
Los pozos de gas natural son, a la vez similares y diferentes a los pozos de petróleo. La tecnología de perforación es esencialmente la misma, pero el petróleo debe bombearse del suelo mientras que el gas simplemente se extrae bajo presión. Esto es particularmente así en las estribaciones andinas, donde el gas se encuentra atrapado dentro de formaciones extremadamente presurizadas. Por ejemplo, en el altamente productivo “megacampo” de gas de Camisea, existen sólo cinco plataformas con 32 pozos en explotación. Sin embargo, en un yacimiento de gas convencional, como el de Urucú, se necesita una constelación típica de más de ochenta plataformas con 130 pozos para generar flujos comerciales.
La mayoría de los pozos petroleros también producen gas, que se quema en el caso de que no existan volúmenes suficientes para justificar un gasoducto. En Ecuador, se ha informado de al menos 447 lugares de quema de gas distintas y, presumiblemente, cantidades menores en Colombia y Perú. Este derroche de energía es una de las principales fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero de la industria. Sin embargo, la quema es mejor que liberar metano a la atmósfera, aunque el gas también puede reinyectarse en los pozos o usarse localmente para producir electricidad. Dichos pozos también producen gas licuado, que comparte muchos de los atributos tóxicos de las formas más pesadas de petróleo. En Urucú y Camisea, la planta que separa el gas de los líquidos se sitúa en los mismos yacimientos con ductos paralelos de gas y líquidos.
El promedio de vida de un pozo de petróleo o gas es de aproximadamente 30 años. Dado que los campos más antiguos de Colombia, Ecuador y Perú llevan funcionando más de 50 años, existen decenas de pozos no productivos. La mayoría de estos simplemente se extinguen sin ser clausurados por completo, lo que crea un tipo diferente de responsabilidad medioambiental, ya que muchos pueden llegar a derramar pequeñas cantidades de petróleo durante años, si no décadas, a menos que se tapen y desmantelen adecuadamente.
Imagen principal: Una única plataforma de producción en la Amazonía ecuatoriana ahora admite hasta 35 pozos mediante una tecnología de perforación horizontal que reduce el costo de desarrollo y operaciones, al tiempo que minimiza el impacto espacial de la producción de petróleo. Fuente de datos: Acción Ecológica (2006). Crédito: © Dr. Morley Read, Shutterstock.
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