- En 2019, el abogado Ricardo Lagunes y el líder nahua Antonio Díaz unieron fuerzas para lograr que la comunidad indígena San Miguel Alquila tuviera una legítima representación. De esta manera, protegerían a su territorio de la actividad minera que se realiza en la sierra de Michoacán.
- En enero de 2023 los desaparecieron. No hay ningún indicio de su paradero a pesar de los mecanismos que han utilizado sus familiares, amigos, comunidades y organismos internacionales para saber qué sucedió con ellos.
Desde el domingo 15 de enero de 2023, se desconoce el paradero del defensor de derechos humanos Ricardo Lagunes Gasca y del líder comunitario Antonio Díaz Valencia. Ese día el vehículo en el que viajaban fue atacado en la zona limítrofe de los estados de Michoacán y Colima. Horas antes, ambos habían encabezado una asamblea en San Miguel Aquila, comunidad indígena nahua, en la que informaron sobre los avances legales de una denuncia que tenían en los tribunales agrarios.
San Miguel Aquila se ubica en la sierra michoacana, cerca de los puertos de Lázaro Cárdenas, Michoacán, y Manzanillo, Colima. En el territorio de la comunidad indígena se encuentra uno de los principales yacimientos de hierro en México. Ahí funciona el complejo minero operado por la empresa Ternium, una de las principales productoras de acero en Latinoamérica.
Sin embargo, las diferencias entre los habitantes y la empresa siempre han estado latentes. En diciembre de 2011, bloquearon las instalaciones de la mina para exigir que la empresa pagara una cantidad justa por la explotación del metal. Tres meses después, Ternium se comprometió a pagar 3.8 dólares por cada tonelada de hierro extraída. En ese entonces, se decidió que 465 comuneros, que integraban el padrón de la comunidad agraría, recibieran el pago mensual de la mina.
Pero en 2019, un grupo minoritario de comuneros reeligió de forma fraudulenta a los integrantes del comisariado, órgano de representación que por ley deben tener las comunidades agrarias. Este era el caso que Lagunes y Díaz habían llevado hasta los tribunales. Luego de cuatro años, por fin se iba a realizar una elección limpia del comisariado y este estaría al servicio de la comunidad y no de la minera como venía sucediendo. La desaparición de sus defensores cambió el panorama.
Te contamos en tres claves los detalles del caso Ricardo Lagunes y Antonio Díaz.
¿Quiénes son?
Antonio Díaz es uno de los líderes del grupo mayoritario de comuneros de San Miguel Aquila. Nació en una familia de diez hermanos y se formó en la Escuela Normal de Durango. Esto lo convirtió en uno de los primeros profesionistas de su territorio. Desde su rol como maestro y supervisor de escuelas pudo becar a algunas personas de su región, y en especial incentivó mejoras en las comunidades. Logró que los niños tuvieran desayunos escolares y uniformes, a su vez que impulsó la construcción de escuelas.
Desde muy joven, Antonio Díaz afianzó su liderazgo en la región. Fue presidente municipal de San Miguel Aquila a los 21 años; a los 71, ya lo conocían como “Tata Toñito”. En tierras michoacanas la palabra Tata se usa para referirse a los hombres sabios.
Ricardo Lagunes creció en Orizaba, Veracruz, y se mudó a la Ciudad de México para estudiar Leyes en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Después de graduarse, trabajó en un juzgado y luego salió del país para estudiar la Maestría en Protección de Derechos Humanos en la Universidad de Alcalá, en España.
En la década de los noventa, comenzó a forjar su trabajo como defensor de derechos humanos. Lagunes asesoraba a varias comunidades indígenas en la defensa de su territorio. También es el fundador de la organización Acceso y Defensa en Derechos Humanos. Desde allí acompañaba legalmente al grupo comunitario de San Miguel Alquila.
Ambos se habían conocido en 2013, luego de que la minera publicara en periódicos locales el pago mensual que iban a recibir cada comunero. Esto abrió las puertas para la extorsión y secuestro por parte de los Caballeros Templarios, cartel que en ese entonces tenía presencia en el estado. Para protegerse crearon una Guardia Comunitaria, pero varios de sus integrantes fueron arrestados porque se les acusó de portación de armas exclusivas del ejército.
Lagunes representó a las personas encarceladas. En 2019, Díaz buscó al abogado para que llevara el caso del comisariado. El abogado y el líder recurrieron a la vía legal para defender los intereses de la comunidad.
¿Qué sucede en San Miguel Aquila?
La división entre los comuneros de San Miguel Aquila se venía presentando desde hace años. La reelección del comisariado terminó de agrietar las relaciones. La defensa se llevó a los tribunales, oficinas gubernamentales e incluso manifestaciones frente al Tribunal Unitario Agrario 38, en Colima. En ellas, exponían la infiltración del crimen organizado.
“(Los del tribunal) le están haciendo caso a un grupo de comuneros que han falsificado firmas, que están coordinados con el crimen organizado”, aseguraba un comunero. Este tipo de denuncias se habían realizado desde el 2019, pero nunca fueron escuchadas.
A mediados del 2022, Díaz estuvo en una reunión con representantes de Ternium y presidentes municipales. Nadie sabe lo qué sucedió o se dijo allí, pero el profesor se incomunicó con los comuneros hasta final de año. Al regresar les contó que había sido amenazado.
Díaz también denunció como la minería estaba deforestando, dañando los mantos acuíferos y provocando la erosión en el territorio michoacano. “Justifican que se debe quitar cierta tierra, ciertos arroyos para seguir explotando… Antes el arroyo que pasa a un lado de ellos, donde está la mina, iba usted y en media hora sacaba sus langostinos para comer toda una familia de diez gentes. Ahorita, ya no hay ni agua”.
Ocho meses después de la desaparición de los dos defensores, la asamblea para elegir el comisariado de San Miguel Aquila se realizó, aunque solo participó el 40 % de los comuneros. La comunidad tiene miedo. Una muestra de cómo la desaparición de los líderes es una forma de callar la lucha ambiental y territorial.
¿Quién responde?
Los familiares y amigos de Ricardo Lagunes y Antonio Díaz han tocado todas las puertas posibles y se han reunido con funcionarios de todos los niveles. “Solamente no nos hemos reunido con el presidente, porque no nos ha recibido”, dice Antoine Lagunes, hermano del defensor de derechos humanos.
La movilización que provocó la desaparición fue inmediata. Organismos internacionales como el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) invitaron a las autoridades mexicanas a realizar la búsqueda. Asimismo, los comuneros y habitantes de San Miguel Aquila se tomaron las instalaciones de la mina para exigir que participaran en la búsqueda con vida de los defensores.
Ternium, por su parte, ha rechazado en comunicados la especulación alrededor de cualquier involucramiento con la desaparición de Lagunes y Díaz. Incluso se instauró una demanda a la Fiscalía General de la República (FGR) para investigar la participación de funcionarios de la empresa minera. La respuesta ha sido la misma.
En abril de 2023, la FGR informó la detención de dos personas, a las que se les acusa del delito de desaparición cometida por particulares. Entre ellos está José Cortés Ramos, uno de los líderes del grupo minoritario de comuneros y quien fue presidente municipal de Aquila entre 2008 y 2011, pero aún así no hay indicios de lo que pudo suceder con Ricardo Lagunes y Antonio Díaz.
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