- La delimitación del páramo de Santurbán era necesaria para garantizar el abastecimiento de agua a más de 2 millones de personas. Líderes ambientales critican que el gobierno colombiano le haya quitado cerca de 30 000 hectáreas al páramo.
- Las comunidades de varios pueblos mineros en Santander aseguran que el gobierno no los tuvo en cuenta en la delimitación del páramo y que esta decisión dejó sin empleo a miles de personas.
Si hay un tema complejo en Colombia, por la división que causa entre sectores ambientales, productivos y comunidades, es la delimitación del páramo de Santurbán. Este páramo fue el primero que se delimitó en el país y sirvió de referencia para hacer lo mismo con los otros 35 páramos nacionales, —aún faltan seis— . De hecho, cumplir con esta tarea técnica ha sido una de las metas que se trazó el gobierno del presidente Juan Manuel Santos.
El asunto ha estado muy presente en el discurso presidencial. La mención más reciente ocurrió el 21 de abril de este año en el departamento de Cesar cuando el primer mandatario colombiano anunció la declaración del Complejo Cenagoso de Zapatosa como sitio Ramsar. Ese día Santos dijo que “queremos proteger las regiones donde están concentradas la mayor cantidad de nuestras especies. Empezamos con los páramos, que son ecosistemas riquísimos y no nos habíamos dado cuenta. El 50% de ellos están en Colombia, los estábamos acabando y teníamos un ritmo de destrucción que crecía año a año. Nos propusimos delimitarlos todos y ya llevamos 30. Estamos trabajando duro, es una labor dispendiosa y técnica pero esperamos cumplir” dijo. Y añadió una frase contundente: “el 70% de nuestros ríos nacen ahí, son verdaderas fábricas de agua y si nos quedamos sin agua nos quedamos sin vida. Así de sencillo, pero así de importante”.
En el país todavía falta conciencia sobre la importancia del páramo y aún son muchos los colombianos que desconocen datos como que “es el ecosistema natural de mayor altitud en el mundo, el de mayor irradiación solar del planeta, tiene una flora más rica que toda la flora de los ecosistemas de montaña en el mundo. Tiene una diferencia entre día y noche de a veces más de 20 grados, pero a la vez la diferencia entre “invierno” y “verano» prácticamente no existe. Seis de cada diez especies de plantas no crecen en ningún otro bioma, lo que es un valor muy alto para ecosistemas continentales”, indica el Proyecto Atlas Mundial de los Páramos 2003 de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), Global Peatland Initiative y Ecociencia.
Sin embargo, uno de los principales problemas de estos ecosistemas en Colombia es que existen un gran número de asentamientos humanos que llevan siglos viviendo allí y basan todo su sustento económico en el desarrollo de actividades agrícolas, pecuarias y de minería. 30 municipios de los departamentos de Santander y Norte de Santander tienen por lo menos una parte de su territorio dentro del páramo (Ábrego , Arboledas, Bochalema, Bucarasica, Cáchira, Cácota, Chinacota, Chitagá, Cucutilla, Gramalote, La Esperanza, Labateca, Lourdes, Mutiscua, Pamplona, Pamplonita, Salazar, Silos, Toledo,Villa Caro en el departamento de Norte de Santander y California, Charta, El Playón, Guaca, Matanza, Piedecuesta,Santa Bárbara, Suratá, Tona y Vetas en el departamento de Santander). Y aquí es donde se ha creado el gran nudo para el gobierno, pues en la justificada necesidad de delimitar los páramos para protegerlos y darles la importancia ambiental que merecen, no ha podido ni ha sabido responderle a estas comunidades que, entienden la importancia de la conservación, pero necesitan alternativas para sobrevivir; más cuando una orden estatal de repente les prohibió dedicarse a lo que han hecho toda su vida.
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La línea de la discordia
La delimitación de Santurbán, oficializada el 19 de diciembre de 2014 fue un logro que el gobierno nacional celebró por todo lo alto, pero dejó en una incertidumbre total a miles de personas. “Una población que tenía unos derechos adquiridos, unos títulos mineros legales, aparece de la noche a la mañana, con el trazo de la línea de delimitación, siendo ilegal. Más de 3000 personas quedaron sin derecho a desarrollar la actividad en un territorio donde se encontraban hace mucho tiempo. Sin posibilidad de nada, el gobierno no les otorgó ni siquiera etapas de transición. Simplemente les dijeron: ‘desde ahora la minería queda prohibida en el páramo’”, le dijo Fabio Maldonado, ingeniero agrónomo y líder comunitario de la región de Soto Norte en el departamento de Santander a Mongabay Latam. Maldonado también es miembro del Gran Pacto Social (GPS) una iniciativa de las comunidades de algunos municipios mineros para dialogar con las empresas que están interesadas en operar en la zona.
Sin embargo, la resolución con la cual se delimitó el páramo fue demandada y el 30 de mayo de 2017 la Corte Constitucional le ordenó al Ministerio de Ambiente que en el término de un año, siguiente a la notificación del fallo, se emitiera una nueva resolución pues la vigente se expidió sin la participación de las comunidades afectadas.
Erwing Rodríguez-Salah fue uno de los demandantes de la delimitación y lo hizo porque considera que el gobierno nacional quitó más de 30 000 hectáreas del páramo según los trazados iniciales efectuados por el Instituto Alexander von Humboldt de Colombia. Rodríguez ha sido uno de los líderes de la defensa del agua promovida desde el Movimiento Cívico Conciencia Ciudadana y asegura que “la nueva delimitación fue sustentada en unos nuevos estudios económicos y sociales que aunque se los pedimos al gobierno, nunca nos los quisieron dar a conocer”, le dijo a este portal y añadió que le sorprendió que el área retirada del páramo fuera una cifra bastante similar a lo que se había concesionado en títulos mineros.
La decisión de la Corte de revisar la delimitación causó revuelo nacional y en su momento, en un comunicado oficial, el Ministerio de Ambiente dijo que “la sentencia no descalifica el proceso técnico, sino que exige un ejercicio de participación con las comunidades. El ministerio fue notificado el 17 de noviembre de 2017 de esta decisión, fecha a partir de la cual inició las acciones tendientes a dar cumplimiento a lo señalado en la sentencia”.
Lo complejo de esta decisión es que en el páramo de Santurbán se ubican 30 municipios y realizar las jornadas de información y concertación es un proceso largo y desgastante. Este año el Ministerio ya avanzó en la primera etapa, la de información, y dio a conocer los estudios técnicos, económicos, sociales y ambientales elaborados por la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB) y la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental (CORPONOR). Además del sustento técnico entregado por el Instituto de Investigaciones Científicas Alexander von Humboldt, es decir, todos los insumos con los cuales se delimitó el páramo.
Dichas reuniones informativas se hicieron en nueve municipios: Bucaramanga, California, Guaca, Ábrego, Cáchira, Cúcuta, Mutíscua, Salazar y Pamplona. En la mayoría de las ciudades transcurrieron en calma, pero en Bucaramanga —una de las principales ciudades de Colombia— el proceso fue suspendido ya que los asistentes gritaban en contra del ministro de Ambiente Luis Gilberto Murillo, le impidieron hablar e incluso le arrojaron agua.
Lo difícil en todo este proceso será llegar a un consenso con las comunidades que insisten en que se puede hacer minería responsable dentro del páramo y otros sectores, como el liderado por Rodríguez-Salah, que consideran que en las zonas circundantes al páramo también deben prohibirse las actividades extractivas pues ponen en peligro la cantidad y calidad del agua que toman varios millones de personas. Uno de los lemas más fuertes de quienes buscan proteger el recurso hídrico es: “el oro es nuestra agua”, una campaña con la que han hecho videos y protestas en contra de la minería.
¿Cuál es el problema?
El páramo de Santurbán es un ecosistema extremadamente rico tanto en agua como en oro y ese es el principal lío. Se ha generado un enfrentamiento entre quienes defienden el agua y advierten de los riesgos de la minería para la salud y el medio ambiente y quienes se han dedicado a la minería, obtienen sus ingresos de esta actividad y creen que la protección y la conservación pueden coexistir con su forma de vida.
Ivonne González, directora de la Asociación de Municipios del Páramo de Santurbán (Asomusanturban), que incluye a los municipios de Vetas, California, Suratá, Matanza, Charta y Tona, es crítica de los movimientos defensores del agua que se han creado en Bucaramanaga. “No son movimientos ambientales que defiendan el páramo, son organizaciones antimineras pues su objetivo es oponerse a cualquier empresa que desee explotar la zona, sea cual sea”.
Por su parte, Jairo Puentes, profesor de la maestría de Ciencias y Tecnologías Ambientales de la Universidad Santo Tomás y miembro del Movimiento Cívico Conciencia Ciudadana, cree que los proyectos de minería, así no estén dentro del páramo sino en sus alrededores, son igualmente nocivos para el ambiente y que un futuro proyecto de megaminería que removería miles de toneladas diarias de rocas usando 35.000 toneladas de explosivos durante su operación, no parece ajustarse a lo que se espera de una zona de amortiguación.
A pesar de estas diferencias, hay algo de lo que todos son conscientes: la riqueza natural de Santurbán. Según la CDMB se trata de un ecosistema ubicado entre los 3000 y 4290 metros sobre el nivel del mar que en su conjunto abarcan una superficie aproximada de 80.000 hectáreas y donde los estudios realizados en la zona evidencian su importancia, no sólo en términos de la diversidad biológica, hasta ahora registrada y representada en 457 especies de plantas vasculares y helechos y 293 especies de fauna vertebrada, sino también por su papel en el mantenimiento y regulación de la oferta de agua de la que dependen las actividades productivas que se realizan en la región y el abastecimiento de más de 2 200 000 personas de 24 municipios ( El Zulia, Ábrego, Ocaña, Arboledas, Cáchira, Cácota, Chitagá, Cucutilla, La Esperanza, Labateca, Mutiscua, Pamplona, Pamplonita, Salazar, Silos, Villa Caro, California, Charta, Suratá, Tona, Vetas, Girón, Piedecuesta y Floridablanca) además de Cúcuta y Bucaramanga —dos de las principales ciudades colombianas—.
Es precisamente en Bucaramanga donde se ubican los movimientos cívicos más fuertes que se manifiestan en contra de la minería en el páramo y sus alrededores, pues su acueducto se abastece principalmente de ríos que nacen en Santurbán. “Es importante hablar de Santurbán y los ecosistemas circunvecinos complementarios porque son importantes para el buen funcionamiento del ciclo hídrico. No puede haber proyecto de megaminería ubicado por encima de las bocatomas del acueducto metropolitano de Bucaramanga porque de ser aprobado afectaría nuestra agua en cantidad y calidad”, dice Erwing Rodríguez-Salah.
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Una tradición cuestionada
Municipios como Suratá, California y en especial Vetas en el departamento de Santander tienen una tradición minera de más de 400 años. Conocen la gran riqueza de oro que hay en las montañas de Santurbán. La mayoría de sus habitantes, por no decir todos, se han dedicado a la minería tradicional y, según varios pobladores de la región, contaban con títulos mineros legales los cuales explotaron hasta que se empezaron a dar con fuerza los movimientos que protestaban por la contaminación de fuentes hídricas con cianuro y mercurio, elementos que ellos aseguran están eliminados de sus prácticas hace más de 5 años.
Con la dificultad que tenían para explotar oro de manera responsable con el medio ambiente, muchos comenzaron a vender sus títulos a compañías que tuvieran un mayor músculo financiero como fue el caso de Greystar (luego Eco Oro) que luego desistió del polémico proyecto Angostura que tenía en la región y ahora con Minesa, una compañía del grupo Mubadala, fondo de inversiones del gobierno de los Emiratos Árabes Unidos. Su esperanza era poder trabajar en los proyectos de exploración de estas empresas.
Aunque el proyecto de Minesa no está dentro de la delimitación del páramo de Santurbán, su posible entrada en operación ha sido duramente criticada por el Movimiento Cívico Conciencia Ciudadana, pues insisten en que al estar en la zona de influencia del páramo, muy cerca del límite trazado por el gobierno, se sigue poniendo en riesgo el agua con el que se abastece Bucaramanga. “El fallo de la Corte dice que la nueva delimitación debe incluir la zona de transición y que las áreas protegidas no son solamente las del páramo sino que debe protegerse toda la cuenca hidrográfica si queremos garantizarle el agua a las poblaciones”, asegura Jairo Puentes. Si esto llegara a darse, es probable que el proyecto de Minesa quede dentro del nuevo límite y ya no pueda entrar en operación.
Ivonne González de Asomusanturban, le dijo a Mongabay Latam que la situación de las personas de los municipios que ella representa es muy preocupante, pues ya no tienen ninguna opción de empleo y eso ha favorecido el incremento de la minería ilegal en la región. “Los mineros se meten a escondidas a la mina para sacar oro porque no tienen ninguna otra posibilidad. Lo hacen arriesgando sus vidas. Están siendo obligados a formar parte de la ilegalidad”. Y agrega que “todo el mundo ya sabe que esta región es rica en oro. Imagínese cuántas personas vendrán aquí a intentar saquear las minas. ¿Está el gobierno preparado para responder a este escenario? Yo no creo”, dice de forma contundente.
“En Bucaramanga y sus alrededores hay más de un millón de personas en contra de cualquier actividad en el páramo. Pero jamás dicen qué van a hacer con las más de 20 000 personas que se quedarán sin empleo. Para eso no plantean ninguna solución”, comenta Fabio Maldonado de GPS.
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El punto crítico
Desde 2014 las actividades de estos municipios permanecen muertas o por lo menos en la ilegalidad. Quizás uno de los casos que más preocupa es el del municipio de Vetas en Santander, pues más del 75% de su territorio quedó dentro de la delimitación del páramo por lo que, según la ley 1450 de 2011, se prohíben actividades agropecuarias, de exploración o explotación de hidrocarburos y de minerales.
“Yo me pregunto por soluciones. ¿Será que la gente de Bucaramanga estaría dispuesta a pagarle a los municipios del páramo por los servicios de agua que les brinda? ¿Qué están haciendo para devolverle algo a Santurbán? El acueducto de Bucaramanga no reinvierte dinero en esta zona”, dice Ivonne González.
Lo que suceda con la delimitación del páramo de Santurbán es de suma importancia para Colombia y mientras avanza el proceso de revisión ya se habla de la posibilidad de hacer consultas populares en municipios como Vetas y California. Esas mismas consultas que en otras zonas del país le dijeron no a la minería el año pasado, aquí, por el contrario, podrían decirle sí. Durante siglos sus habitantes se han dedicado a esta actividad. Por otro lado, estaría el panorama catastrófico que se imagina Erwing Rodríguez-Salah: “Si Santurbán fue el ejemplo para delimitar los otros páramos del país, es probable que en ellos también ocurra algo parecido a lo que está pasando aquí”.
Lo cierto es que en cualquiera de los dos escenarios, el gobierno que llegue a Casa de Nariño el próximo 7 de agosto no la tendrá para nada fácil y podría darse un gran reversazo en los avances que ha dado Colombia en materia de protección y conservación de sus ecosistemas.
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