- En 2019 todavía se esperan las amnistías propuestas por el presidente Lenín Moreno para líderes sociales y ambientales.
- Los conflictos entre pueblos indígenas y empresas por cuenta de las consultas previas continúan y la reestructuración de varias entidades del Estado trae consigo grandes retos.
Cada nuevo año trae consigo diferentes desafíos. Mongabay Latam escogió seis temas que estarán en el centro del debate ambiental durante 2019 en Ecuador.
1. ¿Qué pasará con la consulta popular de 2018?
En febrero del año pasado los ecuatorianos fueron convocados a las urnas de votación para decidir, a través de un referendo y una consulta popular, sobre siete temas cruciales para el gobierno del presidente Lenín Moreno. Dos de ellos eran de gran importancia para la gestión ambiental: la limitación de la minería metálica y la protección del Parque Nacional Yasuní.
En la pregunta 5 las personas debían responder si estaban de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que se prohibiera la minería metálica en todas sus etapas, en áreas protegidas, en zonas intangibles, y centros urbanos, de acuerdo al Anexo 5. El 68,62 % de los votantes dijo Sí. Por su parte, en el numeral 7 se preguntaba a los votantes si estaban de acuerdo con incrementar la zona intangible en el Parque Nacional Yasuní al menos en 50 000 hectáreas y reducir el área de explotación petrolera autorizada por la Asamblea Nacional de 1030 hectáreas a 300 hectáreas. El Sí obtuvo un 67,31 %.
Expertos consultados por Mongabay Latam aseguran que estas decisiones eran de inmediato cumplimiento, pero al parecer el Estado no las ha acatado con la rapidez que muchos esperaban y el reto está en que, durante 2019, sí se cumplan. Yaku Pérez, dirigente de la Confederación Kichwa del Ecuador (Ecuarunari), asegura que “la decisión de la consulta es vinculante y se debía acatar pero el gobierno no lo ha cumplido”. Según dice, el pueblo de Ecuador ya dio su veredicto a favor del futuro de las próximas generaciones y en contra de la contaminación ambiental, pero el Estado no está dispuesto a perder el dinero que dejan las actividades extractivas. “Pensar que el gobierno va a proteger los derechos de la naturaleza y los derechos colectivos sería una suprema ingenuidad”, afirma.
A Benito Bonilla, de la Fundación Pachamama y del colectivo Yasunidos, le preocupa la aplicación de la decisión popular este 2019. “En el caso del Yasuní todavía hay una lucha que dar. Está pendiente la posibilidad de que una consulta popular planteada por el colectivo Yasunidos deje bajo tierra el crudo del bloque 43, que es parte del ITT dentro del Parque. Hay una fuerte capacidad de movilización ciudadana y de presión social que espera que el gobierno atienda la voz”.
Pero la preocupación también se extiende más allá del Yasuní. Para Bonilla, el reto es luchar por la protección de zonas que no son áreas protegidas, ni zonas intangibles, ni centros urbanos pero que poseen una importancia ecológica y ancestral para pueblos indígenas. Cita los casos de los Cofán de Sinangoe, en el norte de la Amazonía ecuatoriana, que lograron revertir decenas de concesiones mineras en su territorio y de la comunidad de Río Blanco, en zona de páramo en el macizo de Cajas, en el sur del país. En ambos casos la consulta popular no los amparaba, pero la justicia ecuatoriana falló a favor de las comunidades y prohibió la minería metálica.
Otro desafío es lograr que los fallos sean respetados. María Espinoza, de Amazon Frontlines, resalta que las autoridades que deben hacerle seguimiento a estas decisiones judiciales no las están cumpliendo.
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2. Consultas previas en el ojo de la tormenta
El 2019 será un año en el que habrá que seguir de cerca lo que sucederá con tres grandes proyectos extractivos y los conflictos socioambientales que ya arrastran. Mirador, Loma Larga y Fruta del Norte debían empezar a explotar minerales en 2019, pero solo el último podrá hacerlo. Entre las principales causas de los retrasos figuran denuncias sobre incumplimientos ambientales y cuestionamientos a los procesos de consulta previa.
La consulta previa que se debe realizar a los pueblos indígenas cuando los proyectos extractivos se ubican en sus territorios se convirtió en un tema polémico el 2018 y, es probable, que esa percepción se agudice. Las comunidades se quejan de que los procesos de información de las empresas extractivas son escasos e incompletos. En el peor de los casos, muchas veces, sostienen, no son realizados. Las empresas, por su parte, dicen que las consultas terminan siendo cooptadas por personas que se oponen al progreso y buscan dilatar los proyectos.
Santiago Yépez, presidente de la Cámara de Minería del Ecuador, le dijo al periódico La Hora que “si no se enmiendan, en el corto plazo, los problemas judiciales y de mala aplicación de consultas previas y populares, las proyecciones de crecimiento y generación de ingresos del sector se verían ralentizadas y podría ponerse en gran riesgo. Hay una alta conflictividad interna, donde sectores sociales opositores han tomado partido en instancias de decisión como el Consejo de Participación Ciudadana, Defensoría, y otras”.
Yaku Pérez, líder Kichwa, comenta que en diciembre de 2017 tuvieron la última reunión con el presidente Moreno, donde él se comprometió a archivar las concesiones mineras que no habían cumplido con aplicar la consulta previa. “Pero hasta ahora el Ejecutivo no ha mandado a archivar ni una sola”, agrega. Según cuenta, han sido las comunidades las que tuvieron que presentar sus casos ante la justicia y, gracias a eso, se lograron suspender dos proyectos Mineros, el de Río Blanco y el de Sucumbíos en territorio Cofán.
En el caso de los Cofán, los indígenas desconocían que su territorio estaba concesionado a la minería. Solo lo supieron hasta el 12 de enero de 2018, cuando vieron por primera vez varias máquinas en el cauce del río Aguarico, muy cerca del Parque Nacional Cayambe Coca. Esto los tomó por sorpresa pues, de acuerdo con el líder indígena Alex Lucitante, nunca fueron consultados. Los Cofán descubrieron que había 20 concesiones mineras otorgadas y 32 más en trámite. El 22 de octubre las instancias judiciales les dieron la razón a los indígenas y fallaron a su favor. Algo similar ocurrió con el proyecto minero Río Blanco, donde un juez prohibió la minería a pesar de que la mina de oro ya estaba en explotación. En este caso, existían múltiples reclamos por contaminación y por no haber realizado adecuadamente la consulta previa.
Yaku Pérez le dice a Mongabay Latam que el gobierno se opuso a esas dos demandas, litigó en contra de los indígenas en los tribunales de justicia y, en dos instancias, presentó un recurso extraordinario de protección a favor de las empresas ante la Corte Constitucional. El gran desafío en 2019, para él, es lograr una mayor voluntad política de diálogo por parte del gobierno.
Mientras tanto, en el proyecto minero Cascabel, ubicado en las provincias de Imbabura y Carchi, inició la fase de exploración avanzada para explotar oro y cobre sin cumplir con los requisitos de ley, entre ellos la realización de una consulta previa libre e informada con las comunidades de la zona.
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3. Gestión y presupuesto para áreas protegidas
Este será un año difícil para las áreas protegidas en Ecuador. El presupuesto de apoyo al Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) se redujo en un 33,12 %, al pasar de 6 733 557 dólares en 2018 a 4 502 768 dólares en 2019. Esta considerable disminución en los recursos que destinará el Ministerio del Ambiente a las áreas protegidas, preocupa a los expertos pues el SNAP abarca cuatro regiones del país ─Galápagos, Costa, Andes y Amazonía─ y alberga 56 reservas naturales que se extienden en aproximadamente el 20 % de la superficie del Ecuador.
Este recorte no solo afecta al sector ambiente sino que el gobierno ecuatoriano anunció una reducción en el presupuesto general de todas las entidades del Estado y esa es, además, una de las razones para la reestructuración de ministerios y entidades que ordenó el presidente Lenín Moreno en noviembre pasado. “Incluso se anunció un endeudamiento que se acerca a los 10 000 millones de dólares… En ese sentido es muy difícil pensar que va a haber más dinero para las áreas protegidas. El país estará en un escenario complicado este año”, comenta Benito Bonilla.
La disminución del presupuesto afectará la gestión que se haga de la áreas protegidas, y las marinas son las que más preocupan, ya que su control, vigilancia y conservación suponen unos costos mayores que los de las áreas continentales. Para Felipe Vallejo, biólogo marino de la Fundación Equilibrio Azul, en 2019 será un reto darle mayor prioridad a estas áreas, para que los decretos que las crearon pasen a la realidad. El mar ecuatoriano presenta grandes desafíos, sobre todo en términos de garantizar controles eficaces en la pesca y garantizar la reproducción de especies que se encuentran en peligro. “Es importante detener la matanza de tiburones en Ecuador, ya que están siendo explotados de una manera insostenible y muchos pescadores artesanales encuentran la forma de evadir los límites que se imponen”, afirma Vallejo.
Algunos expertos consideran que se debe revisar y modificar el decreto 486 de 2007 que expide normas para la regulación de la pesca incidental de tiburón, su comercialización y exportación.
Por su parte, Benito Bonilla ve un año retador para Ecuador no solo en cuanto a áreas protegidas sino para todo el sector ambiente, pues de enero a marzo el país se enfrentará a un escenario electoral con cambio de autoridades locales. También le preocupan algunas decisiones recientes. Por ejemplo, que el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables deba coordinar y delegarle acciones al Ministerio del Ambiente, “eso significa que el Ministerio del Ambiente, que es la entidad gubernamental encargada de velar por la naturaleza y sus recursos, está subordinada a las competencias de un ministerio coordinador (el de Energía) que tiene intereses de explotación sobre ellos”.
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4. Indígenas aislados en medio de la transformación del Ministerio de Justicia
A pesar de la incertidumbre que reinó durante varios meses sobre qué entidad adoptaría las competencias del extinto Ministerio de Justicia, entre ellas la de velar por los derechos de los indígenas aislados, a mediados de noviembre el presidente Lenín Moreno firmó un decreto donde le otorgó las funciones a una nueva entidad: la Secretaría de Derechos Humanos. Esta decisión, aparentemente, dejaba resuelto el problema, pero expertos en el tema consideran que aún hay muchas dudas y preocupaciones sobre los pueblos indígenas en aislamiento voluntario (PIA).
El asunto central es que no hay certeza de si la nueva Secretaría también tendrá, como lo era en la época del Ministerio de Justicia, un presupuesto y un personal escaso para atender las necesidades de protección de los PIA. Es muy poco lo que se sabe sobre cómo la nueva entidad entrará a manejar este tema, a pesar de que están próximos a concluir los 60 días que se tienen para organizar esta reestructuración estatal.
Desde el Equipo Técnico de la Dirección de Protección a Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario del Ministerio de Justicia (en reestructuración) aseguraron que todavía “existe una debilidad de recursos humanos, financieros, tecnológicos y logísticos que dificultan el control y la vigilancia y elevan el riesgo para el accionar del equipo de territorio”. También mencionaron que se deben realizar patrullajes de monitoreo para el control de actividades ilícitas o unilaterales que pueden provocar diferentes presiones a los PIA y se debe trabajar de la mano con las comunidades cercanas a ellos. Aún así, se desconoce cómo se ejecutarán estas actividades.
De acuerdo con los expertos consultados por Mongabay Latam, otro desafío será que, las personas que integren la dependencia de la Secretaría que estará a cargo de los PIA, tengan un enfoque en Derechos Humanos. Para el antropólogo Roberto Narváez, investigador que lleva 20 años trabajando en tierras del pueblo Waorani, donde se encuentran los aislados, esto no será fácil mientras el Estado también tenga en mente la explotación de hidrocarburos en el Parque Nacional Yasuní, donde se encuentra la zona intangible en que se mueven los PIA confirmados de Ecuador ─los Tagaeri y los Taromenane─. Según dice, esta actividad extractiva no es compatible con la protección de estas comunidades.
Paola Maldonado es una geógrafa que ha trabajado en temas de PIA y cree que estos pueblos tienen amenazas “por todo lado”. Para ella, en 2019 se enfrentarán principalmente a tres obstáculos: el primero es una sociedad que los ignora y los invisibiliza; el segundo es un Estado que niega evidencias y las oculta para justificar cualquier tipo de intervención; y el tercero es el acoso que viven sus áreas de desplazamiento por cuenta del petróleo, la extracción de madera, la apertura de vías, y el cambio de uso de suelo que viene con la colonización. “Si se observa un mapa, la zona intangible es como un lunar que está cercado por la actividad petrolera, la extracción de madera y los proyectos de conectividad”, concluye.
5. Amnistía para líderes ambientales
Durante el gobierno del presidente Rafael Correa una de las mayores críticas y denuncias que hicieron organizaciones de la sociedad civil e indígenas fue la de persecución y criminalización de líderes sociales y ambientales. A su llegada al poder, Lenín Moreno anunció una amnistía para todas esas personas, pero hasta ahora han sido pocos los liberados. Este será, sin duda, un tema que rondará constantemente durante 2019.
Yaku Pérez, líder Kichwa, conoce bien el tema pues fue testigo de varias detenciones durante las protestas y denuncias que se hicieron contra el proyecto minero Río Blanco en la provincia de Azuay y que finalmente terminó con la prohibición de la minería en el lugar. “No ha habido más de cinco casos de amnistías en el Ecuador desde la llegada de Moreno. Lo más preocupante es que podrían resolverse con amnistía todos los casos, pero de qué sirve. Si se continúa con el extractivismo minero y petrolero seguramente habrá nuevas criminalizaciones”.
Pérez ha sido abogado defensor en algunos de estos casos y según sus cuentas, en 2018, hubo 31 casos, entre detenidos y acusados judicialmente “y no se han parado actividades en aquellas concesiones que la justicia ha ordenado frenar”.
Según el líder indígena y ambiental, en la última reunión que tuvieron en la Asamblea Nacional quedaron más de 150 personas pendientes por amnistías “y a eso hay que agregarle los nuevos casos… Podemos decir que 2019 nos recibe con poco más de 180. Casi la totalidad han sido criminalizados por hacer resistencia a proyectos extractivos”, concluye.
*Foto de portada: Reserva de la Biósfera del Chocó Andino. Sebastián Crespo – CONDESAN.
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