- La Cámara de Diputados de Brasil tiene 513 miembros. De ese total, 249 recibieron 58,9 millones de reales (USD 18,3 millones) en concepto de donaciones oficiales para las elecciones de 2014 de parte de empresas e individuos involucrados en delitos ambientales como la tala ilegal de bosques, según un informe de Repórter Brasil.
Una investigación de Repórter Brasil informa que casi la mitad de los políticos de alto rango que se desempeñan en la Cámara Baja del Congreso brasileño recibieron en las últimas elecciones generales donaciones para sus campañas electorales de parte de empresas e individuos involucrados en delitos ambientales. De los 513 miembros electos de la Cámara de Diputados, 249 recibieron un total de 58,9 millones de reales (USD 18,3 millones) en concepto de donaciones oficiales para las elecciones de 2014 de parte de empresas e individuos que talaron o incendiaron bosques ilegalmente o que cometieron otro tipo de delitos ambientales. Esas donaciones fueron directas e indirectas (es decir, canalizadas a través de comités) y provinieron de 92 empresas y 40 individuos que figuran como delincuentes ambientales en una lista compilada por IBAMA, la agencia ambiental nacional.
A pesar de que recibir ese tipo de donaciones no es un delito ni está prohibido por la Corte Electoral de Brasil, esclarece de qué manera los delincuentes ambientales se relacionan con los legisladores y, posiblemente, influencian las decisiones que toman. Algunos analistas sostienen que la serie de leyes anti-ambientales que el Congreso Nacional, que incluye a la Cámara de Diputados y al Senado Federal, fue aprobando desde 2014 —sobre todo, durante la administración de Michel Temer—pueden estar vinculadas con las recientes contribuciones a las campañas electorales de los candidatos.
134 de los 249 diputados que recibieron donaciones de dinero de origen dudoso pertenecen a Bancada Ruralista, el grupo pro-agroindustria que domina la Cámara.
“Existen partidos, congresistas y gobernantes que aprovechan sus puestos para elaborar leyes en favor de quienes los financian o a cambio de favores e intereses, aun cuando sea en perjuicio de su propio país”, explicó Marcio Astrini, coordinador de políticas públicas de Greenpeace Brasil.
Repórter Brasil comparó las declaraciones de donaciones que los candidatos presentaron a la Cámara Electoral con la lista de delincuentes ambientales que elabora IBAMA, actualizada a noviembre de 2017, y de esa manera obtuvo los datos para su investigación. Es particularmente notable la cantidad de coincidencias que hay entre la aceptación de donaciones de delincuentes ambientales y las decisiones tomadas por los políticos que las recibieron.
El caso de Adilton Sachetti
Un ejemplo es Adilton Sachetti, diputado por el estado de Mato Grosso y miembro activo de Bancada Ruralista. Sachetti recibió USD 300 000 de parte de cinco organizaciones que habían cometido delitos ambientales, pero eso representa solo un cuarto del total de donaciones que acumuló en su carrera a la elección de 2014.
En 2015, seis meses después de asumir su cargo, Sachetti elaboró tres leyes que benefician directamente los intereses económicos de esas cinco organizaciones. Las tres leyes están relacionados con la apertura y utilización de vías navegables industriales. Las primeras dos otorgan permiso a las empresas para usar en forma más libre los ríos Paraguay, Tapajós, Teles Pires y Juruena. La tercera ley es para permitir la apertura de vías navegables industriales para transportar soja y otros bienes de consumo por ríos que atraviesan los estados de Mato Grosso, Mato Grosso del Sur, Pará y Goiás. De ser aprobadas, abrirían camino para que grandes buques de carga partan desde dos municipios de Mato Grosso —donde se ubican los negocios de los donantes acusados de delitos ambientales— hacia el noreste, hasta la boca del río Tapajós, luego hacia el océano Atlántico por el río Amazonas y de ahí al mundo. Esas vías navegables fueron muy promovidas debido al ahorro económico y de tiempo que permitirían y por las potenciales ganancias que traerían para la agroindustria. Las tres leyes esperan ser votadas en el congreso.
La conexión Maggi
Quizás una de las personas más conocidas que donaron dinero a Sachetti es Eraí Maggi, productor agropecuario que heredó la corona de “el rey de la soja” de su primo, el controvertido Blairo Maggi, actual ministro de Agricultura. Eraí, que donó USD 15 000 para llevar a Sachetti al poder, es miembro del grupo Bom Futuro, una asociación agroindustrial ubicada a 200 kilómetros (124 millas) de donde los buques de carga saldrían desde Mato Grosso en dirección a la costa.
IBAMA multó a Eraí por USD 136 000 y confiscó su propiedad cuando se enteró de que había deforestado 1463 hectáreas (3615 acres) de terreno en 2016.
Sachetti declaró lo siguiente, en respuesta a los hallazgos de Repórter Brasil: “Con la legislación actual, será imposible para quien trabaje en la frontera agrícola evitar meterse en problemas con IBAMA. En el estado de Mato Grosso, ubicado en la frontera agrícola, hay muchos productores rurales y es difícil encontrar a alguien que no haya sido multado. Es cierto que recibí donaciones [de personas y empresas multadas por IBAMA] y no tengo nada que ocultar”. Sostiene que las donaciones que recibió no influyeron de ninguna manera en las decisiones políticas que tomó ni en las leyes que votó.
Sobre los donantes-delincuentes, dijo: “Son amigos míos, somos todos líderes del sector. Llegamos a Mato Grosso en el mismo momento y tenemos una historia juntos. Eraí Maggi es de la misma ciudad donde yo crecí, al interior de Paraná”.
Eraí Maggi no respondió al pedido de comentario de parte de Mongabay.
Más coincidencias
Los expertos coinciden en que es difícil probar que las contribuciones a las campañas electorales provocan determinadas posiciones políticas o votos de los candidatos. “El problema es que no se puede saber si los donantes dan dinero para que un político se comporte de cierta forma o para agradecer por el comportamiento que habrían tenido de todos modos”, explicó Taylor Boas, profesor de Ciencia Política de la Universidad de Boston, quien ha investigado en profundidad la relación entre las donaciones a campañas electorales y la política de Brasil. “Sin embargo, la ausencia de evidencia no es evidencia de una ausencia”, declaró.
Entre quienes recibieron donaciones de delincuentes ambientales, se encuentra el diputado por el estado de Río de Janeiro Marco Antônio Cabral, quien recibió un total de USD 400 000 en concepto de donaciones indirectas de parte de empresas de la construcción y la energía que integran la lista de IBAMA. Él ha votado siempre en contra de aumentar el tamaño de los parques nacionales y de otorgar derechos a los trabajadores tradicionales.
“Todas las donaciones se hicieron de forma transparente y en cumplimiento de las leyes electorales”, declaró.
Nilson Leitão, uno de los diputados más acérrimos que tiene Bancada Ruralista en el Congreso, recibió un total de USD 203 000 de parte de empresas de la construcción, energía y agroindustria que se encuentran en la lista de delincuentes ambientales de IBAMA. Una vez elegido, fue presentando una serie de leyes en beneficio de los negocios de muchos de sus donantes. En 2014 intentó impedir que se aprobara una ley que prohibía la recolección y comercialización de especies de plantas que estuvieran en riesgo de extinción. También pidió la anulación de la demarcación de dos territorios indígenas en los estados de Mato Grosso y Pará, donde operan importantes empresas azucareras (aunque no tuvo éxito). Y en 2016, elaboró una ley para que a los trabajadores rurales se les pague con comida y vivienda. Ninguna de esas leyes fue votada todavía.
El diputado del estado de Ceará Antonio Balhmann recibió una donación directa de USD 6000 de parte de la empresa frutícola (de melones) Agricola Famosa Ltda., que fue multada en 2011 por IBAMA por operar sin los permisos requeridos. Al año siguiente, Balhmann presentó una ley para permitir que se usen pesticidas en la agricultura no tradicional, ley que todavía espera ser votada.
Luiz Carlos Heinze, diputado del estado de Río Grande del Sur, recibió para su campaña de 2014 alrededor de USD 170 000 en concepto de donaciones de parte de numerosas corporaciones brasileñas incluidas en la lista de IBAMA, como empresas productoras de azúcar de caña y de productos de limpieza, todas ubicadas en su estado. Ese mismo año, pidió la suspensión del reconocimiento legal de una Quilombola, una comunidad de descendientes de esclavos fugitivos en ese estado, esfuerzo que tuvo éxito. En 2015, presentó una ley —que espera ser considerada y votada— para eliminar la letra “T” de los paquetes de productos transgénicos, una iniciativa que parece destinada a los agricultores convencionales.
Los diputados Leitão, Balhmann y Heinze no respondieron al pedido de Mongabay de comentar la influencia que las donaciones a sus campañas tienen sobre las leyes que presentaron y votaron.
Es notable la gran cantidad de delincuentes que hacen donaciones a políticos ruralistas en el contexto de acciones legislativas recientes que han hecho retroceder las regulaciones ambientales y han ampliado los límites dentro de los cuales las empresas pueden operar legalmente. Entre esas decisiones, hay una medida provisional que legaliza y facilita que las empresas invadan, adquieran y deforesten tierras públicas. Astrini, de Greenpeace, comenta que “lo que hizo esa ley fue permitir la apropiación de tierras públicas por parte de mafias y delincuentes, y hacer legal lo que antes era un delito”. Heinze votó a favor de esa medida provisional que ya se convirtió en ley; tres de sus donantes habían sido multados por IBAMA por deforestación.
“Como regla general, se puede decir que, en Brasil, detrás de cualquier iniciativa legislativa que perjudique el ambiente están los intereses privados concretos de empresas u organizaciones que quieren que toda legislación relacionada con el ambiente sea debilitada o anulada”, dijo Carlos Rittl, secretario ejecutivo de la ONG Observatorio da Clima.
Leyes más duras para el financiamiento de campañas electorales
Desde las elecciones generales de 2014, las leyes electorales de Brasil se endurecieron. En 2015, el Supremo Tribunal Federal aprobó un decreto que determina que es ilegal que las empresas hagan donaciones a candidatos y partidos políticos.
“Dado que las donaciones corporativas a las elecciones todavía eran legales cuando se llevó a cabo la última elección parlamentaria, muchos diputados ni se molestaron en disimular sus vínculos con los intereses de los donantes”, dijo Wagner Pralon Mancuso, académico de la Universidad de San Pablo. “Por el contrario, hay diputados que mencionan explícitamente esos vínculos, como si quisieran demostrárselo a quienes los apoyan y con la esperanza de que los donantes repitan su gesto en la próxima campaña”.
Cinco fueron los argumentos que se usaron en 2015 para prohibir las donaciones corporativas a las elecciones: combatir la influencia del poder económico en las elecciones, promover la igualdad política, catalizar la competencia política, defender el interés público y reducir la influencia de las donaciones en el comportamiento de los representantes electos. La nueva regulación electoral entrará en efecto para la elección presidencial de este año.
Aunque algunos analistas sostienen que se trata de un avance democrático significativo, otros temen que aquellos con riqueza y conexiones sigan ejerciendo influencia en las elecciones generales brasileñas de octubre. El presidente Michel Temer contribuyó a que el vínculo entre donantes y políticos se mantenga, al defender que los empresarios sigan teniendo la posibilidad de donar hasta el 10 % de su ingreso bruto anual a los candidatos. De hecho, en las elecciones municipales que se realizaron desde 2015, se observó la gran influencia que tienen los millonarios.
“Lo que todavía está por verse, ahora que las donaciones corporativas son ilegales, es si se resentirá la relación orgánica entre los parlamentarios y el sector de negocios o si encontrará nuevas maneras de manifestarse”, expresó Mancuso.
Boas advierte que las corporaciones simplemente podrían dejar de hacer donaciones legales y comenzar a hacerlas de forma ilegal, es decir, por debajo de la mesa. “En el pasado siempre lo hicieron así, y no hay nada que indique que será distinto en el futuro”. En el último tiempo, los investigadores revelaron prácticas extendidas de corrupción en la política brasileña, y el escándalo que se destapó con el Lava Jato sacudió al país.
Comparación internacional
El vínculo entre las contribuciones a las campañas electorales y los políticos no es una particularidad brasileña. Es útil comparar el marco regulatorio para el financiamiento de campañas electorales de Brasil con el de otros países porque se observa que son más débiles pero también más fuertes que en otros lugares.
Según el Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral, debido a que Brasil ha endurecido las regulaciones en 2015, tiene regulaciones mucho más estrictas que el Reino Unido. Actualmente, Brasil prohíbe las donaciones de empresas a candidatos y partidos políticos y, en cambio, el Reino Unido las permite. Asimismo, prohíbe que los sindicatos hagan contribuciones a los partidos políticos, algo que Estados Unidos también prohíbe pero el Reino Unido permite.
Sin embargo, ni en Brasil ni en el Reino Unido existen regulaciones que limiten las donaciones de parte de personas que hayan cometido delitos de índole ambiental. Como expresó un representante de la Comisión Electoral del Reino Unido: “Siempre que esa persona esté registrada, su dinero es válido”.
Claramente, cuando las leyes sobre el financiamiento de campañas electorales son laxas, abren la posibilidad de que personas con intenciones oscuras influyan en la política. Lo mismo sucede con los Comités de Acción Política (PAC, por su sigla en inglés) y otros grupos de financiación electoral: como están cubiertos por un manto de secreto, no son transparentes y, en el peor de los casos, posibilitan el tráfico de influencias.
Muchos académicos y activistas ambientales concuerdan en que el gobierno de Brasil debe ponerse aún más firme para prevenir que el dinero “sucio” influya en la política. “Creo que los sistemas de control de donantes deben ser mucho más estrictos, sobre todo con quienes han cometido delitos”, dijo Astrini, de Greenpeace.
Si a los políticos se les puede prohibir presentarse debido a una sentencia por corrupción, como podría suceder con el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, “es lógico y justo que las personas que hayan sido condenadas no puedan hacer donaciones a campañas electorales”, declaró Boas.
Hoy en día, no existen leyes en Brasil que impidan que quien haya recibido una condena done dinero a la campaña del candidato que desee.
