San Carlos de Guaroa es el municipio colombiano con mayor superficie sembrada en palma y se ubica en la Orinoquía. Allí, estos cultivos aumentaron mientras que disminuyeron las hectáreas de bosques de galería y ripario, herbazal abierto y pastos.Esta investigación periodística identificó que dos de las empresas con las multas más altas operan en la Orinoquía colombiana. A los expertos les preocupa que en la Amazonía, la palma está entrando con fuerza y de manera ilegal. Oleaginosas del Ocoa, también llamada Oleocoa, y Aceites Manuelita son dos palmicultoras colombianas certificadas por la Mesa Redonda sobre Aceite de Palma Sostenible (RSPO) que fueron sancionadas años antes de obtener el máximo estándar de producción sostenible que existe en el mundo para esta industria. Así lo revela la base de datos elaborada por la alianza periodística Tras las huellas de la palma luego de sistematizar los casos (2010-2021) aportados de manera oficial, a través de pedidos de información, por las autoridades ambientales que hacen seguimiento a la industria palmicultora. La primera tuvo dos sanciones diferentes por parte de la corporación autónoma regional Cormacarena, autoridad en temas ambientales en el departamento colombiano del Meta, donde opera Oleocoa. Aceites Manuelita, también en el departamento del Meta, inicialmente fue multada por más de 1125 millones de pesos (aproximadamente 250.000 dólares) y aunque la sanción fue reducida en dos tercios, Cormacarena reiteró que sí era responsable por daños ambientales. Ambos procesos hacen parte de la gran base de datos de 298 casos sobre investigaciones ambientales a productores y procesadores de aceite de palma en seis países de la región (Colombia, Ecuador, Brasil, Costa Rica, Honduras y Guatemala) entre el 2010 y el 2021 que realizó la alianza periodística Tras las huellas de la palma. Los dos procesos recibieron las sanciones económicas más altas presentes en los 176 casos que aportó Colombia. Durante esta investigación se evidenció la falta de acceso a información pública, pues ninguna de las resoluciones son de acceso público. Esta alianza periodística tuvo que recurrir al derecho de petición —mecanismo legal en Colombia para solicitar información— y aún así Cormacarena solo respondió con un documento en el que resumía ambos procesos sin profundizar en los detalles. Tampoco se conoce a profundidad qué ocurrió luego de la sanción. Además, la última de las empresas mencionadas opera en la Orinoquía, región en donde diversos estudios apuntan a que el aumento de cultivos de palma —no es claro si legales o ilegales— podría estar relacionado con la disminución de ecosistemas como los bosques de galería. Fruto de la palma después de cosecha. Foto: Fedepalma. Lee más | Un proyecto de ley busca saldar la deuda que tiene Colombia con los pasivos ambientales Oleocoa y la falta de precisión en las sanciones Oleaginosas del Ocoa estuvo dentro de las 10 empresas palmicultoras de Colombia con más sanciones entre 2010 y 2020, según datos que recopiló la alianza periodística Tras las huellas de la palma el año pasado. A excepción de Indupalma y Oro Rojo, las demás compañías dedicadas a la palma no tenían más de una o dos sanciones por parte de las autoridades ambientales competentes. En gran medida, esto se debe a que en algunos casos los inspectores tardan tanto en acudir al lugar que ya no hay prueba del daño ambiental, como lo demostró la investigación que esta alianza periodística publicó en 2021 sobre el caso Oro Rojo. Otra prueba de las pocas investigaciones que se hacen contra empresas y personas dedicadas a la palmicultura en Colombia es que, para actualizar hasta el 2021 la base de datos, esta alianza envió 33 derechos de petición a las corporaciones autónomas regionales de todo el país y a Asocars, la asociación que las reúne. Todas respondieron que, durante el año pasado, no tuvieron procesos abiertos contra empresas de palma. Los datos entregados en la primera fase de esta investigación muestran que Cormacarena abrió dos investigaciones contra Oleocoa. La primera fue en 2011 y, sobre la segunda, la entidad ambiental omitió muchos detalles, incluso la fecha. El primer proceso, que comenzó el 22 de marzo de 2011, le imputó tres cargos por disposición inadecuada de residuos a Oleocoa por arrojar cenizas, envases con aceite de palma y otros desechos a fuentes de agua y a alcantarillados. Además, según la información de la autoridad ambiental, la compañía no contrató a ninguna empresa externa para recoger las basuras que se producen en su planta de procesamiento, ubicada en Villavicencio, la capital del departamento del Meta, en la Orinoquía colombiana. Cuatro años después de que iniciara el proceso, Cormacarena multó a Oleocoa con 94.522.688 pesos colombianos (poco más de 20.000 dólares). Una sanción de alto valor si se tiene en cuenta que, para 2020, los activos de la compañía no superaban los 3.700 dólares.
