- Ecuador enfrenta una grave crisis política y el 20 de agosto elegirá nuevo Presidente y nueva Asamblea Nacional. En esa fecha también se decidirán importantes asuntos ambientales como prohibir o permitir la explotación petrolera en el parque nacional Yasuní y la explotación minera en la reserva de la biosfera del Chocó Andino.
- Entre los principales temas que deberá atender el nuevo gobierno están la deforestación, el tráfico de vida silvestre, la minería ilegal y llegar a acuerdos que rompan la polarización que existe entre buscar el desarrollo del país y garantizar la conservación de la enorme riqueza ambiental ecuatoriana. Mongabay Latam habló de estos temas con Sebastián Valdivieso, director de WCS Ecuador.
La muerte cruzada, figura legal utilizada por el presidente Guillermo Lasso para disolver la Asamblea Nacional de Ecuador y que lo obliga a abandonar en los próximos meses el Palacio de Carondelet, tiene sumido al país en una grave crisis política. A ello se suma la fuerte polarización entre los sectores afines a Lasso y el Correísmo que se ha propuesto volver al poder.
El 20 de agosto será el día en que los ecuatorianos deberán elegir al nuevo presidente y a la nueva Asamblea, que se encargarán de terminar el periodo para el cual había sido elegido Lasso. Ese día también será crucial para dos zonas de gran importancia ambiental en el país: el parque nacional Yasuní y la reserva de biosfera del Chocó Andino. Los votantes deberán decidir si quieren que se deje de explotar petróleo en el área protegida amazónica y si quieren prohibir la minería en una zona de importancia ambiental mundial que se encuentra a menos de dos horas de Quito.
¿Cómo ha afectado la crisis política a la agenda ambiental del país? ¿Cuáles son los pendientes que deja Lasso y los temas ambientales urgentes que deberá atender el nuevo gobierno? Para abordar estos temas, Mongabay Latam entrevistó a Sebastián Valdivieso, director del Programa Ecuador de la organización Wildlife Conservation Society (WCS) e ingeniero ambiental con más de 25 años de experiencia en gestión ambiental, responsabilidad social y sostenibilidad, quien sostiene que en medio de esta crisis política no se está discutiendo “cómo debería ser una gestión sostenible a nivel nacional” y tampoco “cómo armonizar las necesidades de desarrollo y las prioridades de conservación del país”.
—¿La crisis política luego de la muerte cruzada del Ejecutivo y el Legislativo ha tenido algún impacto en lo que ocurre en materia ambiental en el país?
—Se ha puesto en mayor evidencia algo que ya sabíamos y es la fuerte polarización de varios sectores de la sociedad en torno al modelo de desarrollo del país. Particularmente, pienso que los últimos dos años de gestión ambiental han sido muy relevantes y se han hecho cosas muy importantes, pero la falta de atención histórica al tema ambiental del país ha creado dos extremos. Por un lado, el de conseguir recursos naturales no renovables de fácil acceso como el petróleo y los minerales para tratar de resolver los problemas económicos y sociales, principalmente pobreza, acceso a la salud y creación de empleo y, por el otro lado, se ha visto cómo hay un grupo importante de la sociedad que reclama por la atención de los temas ambientales y tiene preocupación por la conservación, al menos de los sitios de gran riqueza ambiental. Pero en la mitad nos queda una discusión de cómo hacerlo, no estamos discutiendo cómo debería ser una gestión sostenible a nivel nacional, cómo armonizar las necesidades de desarrollo y las prioridades de conservación del país.
—¿Qué tan importantes son para el país las consultas populares que buscan prohibir la explotación petrolera en el parque Yasuní y la minería en la reserva de biosfera del Chocó Andino?
—Son instancias muy importantes para que la gente participe en un entorno democrático sobre aspectos muy relevantes para el desarrollo del país y que tienen incidencia en lugares de alta sensibilidad ambiental y social. Estas consultas son una especie de válvula de escape, a través de un mecanismo democrático válido, para que la gente se manifieste. Lo más importante ahora es que esas manifestaciones sean lo más informadas posibles, que la información llegue a los votantes para que puedan razonar y expresarse de acuerdo a lo que desean.
—¿Qué importancia ambiental tienen las dos zonas objeto de consulta?
—Ecuador, como los otros países de la región, está presionado por muchas amenazas, entre ellas la deforestación. Tenemos entre 70 000 y 90 000 hectáreas de deforestación por año y eso es muchísimo. Conservar lugares donde todavía tenemos ecosistemas en muy buen estado de conservación es una prioridad. El Chocó Andino y el Yasuní son lugares donde todavía tenemos una altísima biodiversidad para conservar.
—En el caso del Yasuní, se le pedirá a la gente que decida si el Gobierno debe mantener el petróleo del Bloque 43, conocido como ITT, indefinidamente en el subsuelo. ¿Qué cambiará en caso de que los ecuatorianos digan sí?
—Lamentablemente la consulta viene 10 años más tarde, ya que en el 2013 la Asamblea Nacional autorizó la explotación petrolera dentro del parque nacional a través de la declaratoria de la zona como de interés nacional. Ya se han generado una serie de impactos en el bloque 43 y en el bloque 31. Desde la perspectiva de WCS, el principal impacto está relacionado con los efectos indirectos de la apertura de carreteras.
Nosotros hemos venido estudiando, desde principios de los 2000, la relación entre la presencia de las carreteras y el incremento en la extracción de carne silvestre o de carne de monte, debido al aumento de la cacería. Desde 2013 ya se instalaron carreteras, por lo que estos impactos indirectos continuarán incluso si se va la industria petrolera. Una de las preocupaciones que tenemos es que esas carreteras no van a estar controladas, nadie estará vigilando quién entra y quién sale. Esas carreteras podrían transformarse en las vías de acceso para actividades no sostenibles como la sobre extracción de carne de monte, el incremento de la tala selectiva y el incremento de los asentamientos humanos en las plataformas petroleras que quedarían vacías.
—Un parque nacional suele ser la categoría de conservación más estricta en un país. ¿Cómo es posible que en Ecuador se explore y explote petróleo en el parque Yasuní?
—La Constitución ecuatoriana reconoce los derechos de la naturaleza y establece a la biodiversidad como un recurso estratégico. Pero la biodiversidad no es el único recurso estratégico, sino que también hay otros como los minerales y el petróleo. Allí se da una especie de competencia.
La forma en la que esto se ha dirimido en la Constitución es que se pueden explotar recursos no renovables en áreas protegidas siempre y cuando la Asamblea Nacional se lo autorice al presidente, a través de una declaración de Interés Nacional. Eso fue lo que hizo el presidente Rafael Correa en el 2013 y la Asamblea lo autorizó.
—¿Y esto ocurre en otras áreas protegidas del país?
—El Yasuní es la principal área protegida continental que tiene estas actividades de extracción al interior. No pasa en otros sitios porque ha habido acuerdos entre el Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio del Ambiente para no permitir nuevas explotaciones de recursos naturales no renovables dentro de áreas protegidas. Sin embargo, sigue estando la posibilidad de apelar a la declaratoria de interés nacional que está en la Constitución.
—¿Cuáles son los temas ambientales más urgentes que deberá atender el gobierno de transición que se elegirá el próximo 20 de agosto?
—Insisto en que hay que trabajar en la mejora de los estudios de impacto ambiental. Es una herramienta subvalorada en Ecuador y tiene un potencial muy grande de gestionar esta polarización que hay en el país en torno al desarrollo y a la conservación. Si los estudios mejoran, eso significa que vamos a reducir los impactos, sobre todo de pérdida de biodiversidad y, tal vez, podremos asegurar un manejo sostenible de los recursos naturales. Es una forma de diálogo entre la sociedad, el gobierno y las empresas.
Otro tema importante y al que le hemos apostado desde WCS es el tráfico de vida silvestre. A nivel nacional es un fenómeno que todavía está en proceso de ser entendido, saber cómo se trafica, por dónde se trafica, etcétera. Es un tema en el que debe trabajar no solo el nuevo gobierno, que es solo un gobierno de transición, sino los posteriores. Se tienen que enfocar los recursos en la salida de animales a través de los pasos fronterizos, a través de puertos y aeropuertos. Este es un tema que hay que atender de manera urgente y debería ser una de las prioridades.
Además de esto, el tráfico ilegal de vida silvestre no es solo una actividad ilegal doméstica, sabemos, y hay evidencia, de que está asociada a redes de crimen organizado transnacional. Una de las cosas que se deben hacer es elevar el perfil del tráfico de vida silvestre para que esté al mismo nivel de otros delitos de crimen organizado, de tal manera que lo puedas castigar más fuerte.
—¿Cuáles son los temas ambientales que quedan pendientes en el país ahora que se van el Presidente y la Asamblea?
—Siempre habrá temas ambientales pendientes en un país como el nuestro pero uno de los más relevantes es el de fortalecer la sostenibilidad financiera del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP). Hemos visto cómo el Ministerio del Ambiente ha conseguido recursos para la conservación de las islas Galápagos y eso lo tenemos que reconocer, pero el SNAP, en general, sigue teniendo una estructura financiera muy débil donde no se llegan a satisfacer las necesidades operativas en las áreas protegidas. Otro de los retos es discutir cómo armonizar las necesidades de desarrollo y las prioridades de conservación del país. Y un último aspecto que quisiera comentar, y que no es necesariamente algo pendiente de este gobierno sino que se arrastra a lo largo de todos los gobiernos, especialmente de los últimos tres, es cómo conectarnos con herramientas de mercado para aprovechar de manera responsable y sostenible la biodiversidad que tenemos en Ecuador. Hay muchas oportunidades de financiamiento que se pierden en el camino.
—¿Y en qué sí se ha avanzado?
—Como organización [WCS] venimos conversando con el Ministerio del Ambiente desde hace al menos siete años para tratar de mejorar algunas herramientas de gestión ambiental como los estudios de impacto ambiental (EIA) y en este gobierno hemos recibido una apertura que antes no habíamos conseguido.
La biodiversidad y los servicios ecosistémicos en los estudios de impacto ambiental también es uno de los grandes pendientes que tiene el país. Todavía falta bastante para que Ecuador cuente con un esquema de evaluación de impacto ambiental que ayude a disminuir los impactos ambientales en los proyectos de desarrollo, pero vamos avanzando.
—Cada vez está tomando más fuerza la minería legal, pero también la ilegal, ¿cómo ve el aumento de esta actividad extractiva en el país?
—Es un fenómeno muy complejo que todavía estamos tratando de entender en Ecuador. Mucho de lo que llamamos minería ilegal, en realidad es una versión de la minería de pequeña escala o artesanal porque, en algunos casos, se ejecuta en territorios que son reconocidos como ancestrales o de comunidades locales, con influencia de mineros que vienen a promover la actividad a cambio de generar recursos. En otros casos está muy bien diferenciada porque se trata de una gente externa que llega sin autorización y sin concesión, se establece al filo de un río y empieza a extraer oro.
La preocupación que tenemos es que muchas de estas actividades mineras ilegales se están “limpiando” a través de la minería artesanal o de pequeña escala. La línea que divide lo ilegal de lo informal y artesanal es muy delgada. Lo que sí vemos es que hay una afectación muy grande, hay lugares en los que la deforestación asociada a la minería ilegal es muy alta. A ese problema se suma que algunas autoridades locales están involucradas en la minería ilegal porque facilitan maquinaria pesada, excavadoras y volquetas, de hecho, en algunos casos esa maquinaria pertenece a gobiernos autónomos descentralizados provinciales o municipales.
—¿Qué tan eficiente es el control que hace el Estado de las actividades legales e ilegales?
—Ecuador siempre ha tenido una falencia en su capacidad de controlar y esto no es solo de ahora, cuando vemos que ha explotado la presencia de la minería ilegal. Siempre hemos tenido problemas para controlar, incluso pequeñas concesiones de materiales áridos como arena y piedras que salen de los ríos. Ecuador no ha desarrollado unas capacidades adecuadas para ejercer una aplicación efectiva de la ley y ahora, con el auge de la minería ilegal, eso se ve todavía más expuesto.
La minería ilegal mueve mucho dinero y diversos reportes indican que eso también promueve la corrupción entre los entes de control. Una de las cosas que siempre llama la atención es la altísima rotación que hay a nivel de los coordinadores y técnicos de las agencias de regulación y control del área de minería. Por ejemplo, gente que dura una o dos semanas y luego desaparece. Gran parte de esto tiene que ver con la corrupción.
—Desde hace un tiempo se delegaron algunas funciones ambientales a las provincias y otras siguen en manos del Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica. ¿Qué ventajas y desventajas tiene esa separación de funciones?
—Ahí hay varios problemas. La ley indica que cuando se reciben las competencias para este proceso de descentralización también se deben recibir los recursos para ejercer esas competencias, pero eso no pasa, uno de los grandes problemas de Ecuador es que no cuenta con los recursos suficientes para establecer esa competencia de manera efectiva en los territorios. Se le delegan funciones a entidades locales que no tienen la capacidad técnica y financiera para llevar a cabo el control efectivo. En teoría, la ventaja es que los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) están más cerca del territorio y deberían tener una capacidad de reacción más rápida, pero, ¿qué pasa? Que están cerca de los problemas pero no tienen los recursos ni la cantidad de personal necesarios.
Hay sitios en los que el Ministerio del Ambiente mantiene la competencia, pero se da el mismo problema: hay muy poca gente por unidad de superficie dedicada a la gestión, control y vigilancia. Somos un país muy reactivo, siempre estamos un paso atrás y un ejemplo de esto es lo que pasó en Buenos Aires, en la provincia de Imbabura, donde había un tema de minería ilegal muy fuerte y las autoridades llegaron cuando el deterioro ambiental estaba muy avanzado. Cada vez que las autoridades salen del sitio, los ilegales vuelven o se mueven a otros sitios. Nos falta fortalecer la prevención y no solo el control.
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—En Ecuador se han promulgado leyes que pretenden mejorar las prácticas ambientales de los sectores productivos, por ejemplo, la Ley de Palma que se aprobó en el 2020. Sin embargo, los reglamentos que sirven de ruta para la aplicación de esas leyes siguen sin crearse y por eso muchos aún no cumplen con las leyes…
—En Ecuador tenemos una tendencia a ser exageradamente regulatorios en las cosas, cuando podríamos dedicarnos a trabajar con una perspectiva más técnica. Por ejemplo, si el país hubiera dedicado más tiempo a pensar cómo se podía hacer explotación petrolera en el Yasuní, se hubieran podido escoger alternativas que Petroecuador decidió no utilizar cuando se hizo cargo de los bloques petroleros que estaban en manos de Petrobras. Las operaciones helitransportadas, donde no hay vías de acceso, eran una opción. Ecuador tiene mucha experiencia en este tema en algunos sitios, como es el caso del bloque 10 que operó así hasta 2015-2016.
Hay que analizar opciones técnicas y opciones tecnológicas que tienen que ver con cómo diseñamos los proyectos para asegurar que haya un impacto bajo, entonces, más allá de enfocarse en que tengamos reglamentos para todo, deberíamos enfocarnos en conversaciones más amplias para buscar soluciones técnicas basadas en la ciencia.
—¿Qué tanto está afectando la deforestación a Ecuador?
—Sigue siendo un problema muy grave para nosotros. La pérdida de bosques sigue bordeando las 80 000 hectáreas al año y no tenemos una forma efectiva de pararla. Ahora nos enfrentamos a un reto muy importante porque la Unión Europea estableció unas reglas para las exportaciones de varios productos provenientes de los países en desarrollo, para garantizar que no venga con deforestación asociada posterior al 2020. Eso significa que debemos tener una línea base para hacer un rastreo de esos productos, que haya una trazabilidad. El reto para seguir con nuestro comercio exterior es resolver el tema de la deforestación, para no afectar nuestras posibilidades de generación de divisas con las exportaciones.
Pero el problema no solo es la deforestación sino la degradación de los bosques. La deforestación viene a ser como lo más evidente y la degradación es un efecto de cierta forma invisible. Dentro de los bosques comienza a perderse fauna, comienza a perderse la calidad de las funciones ecológicas y bosques que aún se mantienen en pie puede que ya no tengan nada dentro, y entramos dentro de un fenómeno conocido como bosques vacíos.
—¿Por qué el país aún no cuenta con un monitoreo más frecuente de la deforestación?
—Ese también es un tema pendiente y además se necesita que esa información esté disponible adecuadamente. El monitoreo de los bosques no solo tiene que estar enfocado en registrar la pérdida o ganancia de cobertura vegetal sino que tiene que estar atado a revisar si las políticas, planes, programas y proyectos que se implementan para garantizar la conservación, están siendo efectivos o no.
De nada nos sirve tener una tendencia de aumento de la pérdida de cobertura vegetal si no sabemos a qué causas está asociada y si no sabemos si las acciones de prevención y control están funcionando.
—El año pasado hubo un paro nacional que duró varias semanas y muchas de las demandas venían de los sectores indígenas. ¿Qué ha pasado con esas exigencias?
—Hay una demanda muy grande para solventar los programas sociales de salud, de educación y desarrollo de infraestructura sanitaria básica en las comunidades. Hay que pensar de dónde salen esos recursos pues no todo va a salir de impuestos. Hay que promover actividades productivas que generen ingresos y para esto, insisto, debe haber un gran diálogo nacional para ponernos de acuerdo entre las prioridades de conservación y las necesidades de desarrollo del país, tener unos acuerdos mínimos donde quede claro que estamos dispuestos a ganar y a perder entre todos.
*Imagen principal: Minería en zona de amortiguamiento de la reserva ecológica Cofán Bermejo. Foto: Cortesía.
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