- En esta sección, Killeen detalla las implicancias de utilizar el Producto Bruto Interno (PBI) como unidad de medida del crecimiento de riqueza en la Panamazonía.
- Entre ellas destaca que no contabiliza las economías informales que suelen ser frecuentes donde hay delitos ambientales, como es el caso de la Panamazonía.
- Igualmente, se comparan las inversiones de los Estados de aquellas rentas percibidas por actividades productivas y extractivas, así como su real impacto en la ciudadanía.
Las economías de los estados se evalúan tradicionalmente por su Producto Bruto Interno (PBI), cifras que miden la producción económica total de una nación. El PBI de la Panamazonía fue de aproximadamente 270 mil millones de dólares en 2017, siendo esta una cifra modesta en una economía global valorada en 80 billones de dólares en el mismo año. A modo de comparación, esto equivale aproximadamente a los ingresos totales de Amazon.com, empresa minorista en línea que se ha apropiado del nombre del bosque tropical más grande del mundo.
Aquí | lee el texto en inglés y en portugués
La contribución al PBI nacional de las jurisdicciones ubicadas dentro de la Panamazonía varía desde un máximo del 100% (Guyana y Surinam) a un mínimo del 0,2% (Guyana Francesa). La contribución de las regiones amazónicas al PBI nacional es pequeña pero significativa en Brasil (8%), Perú (13%) y Ecuador (10%), menos en Colombia (2%) y considerablemente más en Bolivia (59%), donde tres grandes centros urbanos se encuentran dentro de la cuenca del Amazonas.
Existen numerosos problemas con el uso del PBI como estadística analítica. No obstante, es el parámetro más utilizado para evaluar la economía de un país. La primera prioridad de la mayoría de los gobiernos es promover el crecimiento económico, y su motivación es tan simple como obvia: el aumento del PBI refleja un aumento de la riqueza, que puede utilizarse para reducir la pobreza; la disminución connota una recesión, que generalmente significa un aumento de la pobreza. Los gobiernos y sus asesores en instituciones multilaterales de desarrollo, utilizan el PBI y sus estadísticas subyacentes para identificar de qué manera las políticas fiscales, los impuestos, los subsidios y la inversión pública, impactan en la economía convencional. El PBI es particularmente informativo cuando se desagrega en estadísticas de componentes que miden la producción económica para (sub) sectores económicos y se organiza por jurisdicción subnacional.
La cifra del PBI tiene una utilidad limitada al evaluar la salud económica de una sociedad. Sus detractores señalan cinco limitaciones principales, todas ellas relacionadas con la Amazonía: (1) no proporciona información sobre la desigualdad; (2) subestima la contribución del sector informal; (3) no intenta medir el valor económico de las actividades de subsistencia; (4) no distingue entre actividades sostenibles, como la recolección de recursos renovables, y modelos de negocios no sostenibles, como la explotación de recursos no renovables; (5) no tiene en cuenta los resultados negativos que crean un pasivo económico a largo plazo, como el derrame de petróleo o la pérdida de un servicio ecosistémico clave. A pesar de estas limitaciones, o porque son tan obvias, una revisión de la economía convencional utilizando cifras del PBI destaca los desafíos y oportunidades que enfrenta la búsqueda de una economía sostenible.
Quizás el número más revelador en las estadísticas del PBI sectorial es la minúscula contribución del sector forestal, menor al 2%, una suma insignificante si se considera el valor intrínseco de los vastos recursos naturales renovables de la Amazonía. La explicación más obvia de este bajo número es la imposibilidad de asignar valor a las actividades de subsistencia. Los pueblos indígenas y las comunidades tradicionales cosechan alimentos y fibra de los ecosistemas naturales, donde la mayoría de las demás familias cultivan alimentos para su propio consumo. Estas actividades tienen un valor económico tangible y son fundamentales para el sustento de las familias, pero las mediciones del PBI las ignoran. Además, la mayoría de los hogares complementan las actividades de subsistencia mediante la extracción de madera, productos forestales no maderables y vida silvestre. Parte de esta producción es captada por las estadísticas, particularmente para la comercialización de bienes forestales con fuertes mercados de exportación, como castañas o nueces de Brasil y frutos de açaí, sin embargo, otros productos valiosos, como la madera y el pescado, se venden a intermediarios que operan en el sector informal de la economía.
No obstante, si la contribución real de la economía forestal fuera el doble del valor de las estadísticas oficiales, aún quedaría rezagada con respecto a los sectores de la economía que impulsan la deforestación y otras formas de degradación ambiental. La baja valoración de los productos forestales pone en evidencia el desafío de utilizar la economía forestal como una estrategia de desarrollo alternativa para desplazar a la agricultura y la ganadería.
La economía informal en los estados latinoamericanos representa aproximadamente 30% de la actividad económica total. Esa proporción es mayor en las comunidades fronterizas, donde “el dinero en efectivo es el rey” y las instituciones del Estado son débiles o ausentes. Esto es aún más cierto para las zonas de pequeños agricultores donde la agricultura de subsistencia se combina con el cultivo de alimentos comercializados en los mercados nacionales. Aproximadamente el 10% de las tierras previamente deforestadas en Brasil y Bolivia han sido colonizadas por pequeños agricultores, aunque sus rastros no son muy notorios, constituyen alrededor del 70% de las familias rurales y son una fuente importante de alimentos básicos, como mandioca, arroz, frijoles y una variedad de frutas tropicales.
En Perú y Ecuador, el predominio de los pequeños propietarios es mucho mayor, ya que representan alrededor del 98% de todas las propiedades y ocupan más del 90% de las zonas agrícolas. El modelo de producción que persigue la mayoría de los pequeños agricultores en la zona fronteriza se basa en la modalidad de talar y quemar (conocido como agricultura migratoria), que se utiliza para establecer y mantener un sistema de producción de barbecho forestal. La mayoría de los agricultores invierten en sistemas de producción perennes a lo largo del tiempo a medida que diversifican sus cultivos y plantaciones, pero expanden el cultivo a expensas de los bosques remanentes dentro de sus propiedades (o en áreas colindantes). El valor total de su producción no se incorpora al PBI, lo que provoca que las estadísticas oficiales subestimen su contribución a la economía regional, así como las fuerzas económicas que impulsan la deforestación por parte de los pequeños agricultores.
Un factor más significativo en la subvaloración de la producción agrícola y ganadera es el marco metodológico diseñado para evitar la doble contabilidad al momento de compilar las cifras del PBI. A diferencia del subregistro causado por la economía informal o los agricultores de subsistencia, esto no es un error o defecto, sino una característica de la metodología de contabilidad del PBI. El valor de la producción para cualquier sector se mide solo una vez, y en el caso de la agricultura, esos datos se capturan en la “puerta de la granja”, un término que se usa para describir el precio pagado al productor. Todas las transacciones posteriores “agregan valor” al producto básico y se acumulan al añadir un participante en la cadena de suministro. Por ejemplo, el mayor valor de la carne de res y el aceite de soya se acumula para el sector manufacturero, mientras que el costo de transportar los granos a las terminales de exportación se asigna al sector transporte. De manera similar, los gastos por insumos hechos por los agricultores y ganaderos antes de la cosecha o la venta de ganado se restan de los ingresos de la finca y se asignan a sus respectivos sectores de servicios, que incluyen veterinarios, empresas de semillas, distribuidores de maquinaria agrícola, empresas de combustibles y vendedores de agroquímicos.
Una comparación del valor bruto total de la producción agrícola en Mato Grosso con la estadística de valor agregado utilizada para compilar el PBI sectorial revela que el 45% de los ingresos totales, se asignan a proveedores de servicios o fabricantes en la cadena de suministro de productos básicos. El sector de servicios es el componente más grande del PBI en siete jurisdicciones y el segundo sector más importante en las diez restantes. El predominio del sector de servicios no es infrecuente entre los estados porque es una canasta de muchas actividades económicas diferentes.
El crecimiento del sector de servicios también es consecuencia de la urbanización en curso de la sociedad amazónica. Más del 50% de los habitantes de la región residen en ciudades con poblaciones superiores a 100,000 habitantes y la inmensa mayoría trabaja en el sector de servicios. Muchos de los servicios en las grandes ciudades son benignos (o inocuos) para el ambiente y podrían adaptarse fácilmente a una economía “verde”, incluidas las telecomunicaciones, la gestión de la información, la atención médica, la hotelería y las finanzas. Solo Manaos tiene un sector manufacturero fuerte, situación anómala mantenida por subsidios y barreras arancelarias. Las otras grandes ciudades (Belem, Santa Cruz, Cuiabá, Santarem, Porto Velho) son económicamente diversas, pero sus empresas manufactureras y de servicios dependen directa o indirectamente de los ingresos de la industria extractiva o de los sectores agrícola y ganadero. La dependencia de las ciudades medianas (de 10,000 a 100,000 habitantes) de la economía rural es aún más pronunciada porque son la puerta de entrada económica para los servicios del sector privado a las granjas, ranchos y comunidades rurales.
Las ciudades y pueblos de mediano tamaño también son lugares donde los habitantes de las zonas rurales acceden a los servicios públicos, principalmente a la atención de la salud y educación secundaria, pero también a la asistencia técnica y al crédito financiero. La mala calidad de las escuelas rurales motiva a muchas familias a mantener una residencia en pueblos pequeños cercanos, uno de los varios factores que contribuyen a la migración del campo a la ciudad. Los habitantes urbanos también disfrutan del acceso a los servicios básicos que se dan por sentado en las economías avanzadas, como el saneamiento, la electricidad, el acceso a Internet y la educación superior. Todos estos están ausentes en la Amazonía rural.
Los gastos del gobierno son relativamente grandes en Brasil, sobre todo en Acre, Amapá, Rondônia y Roraima, lo que refleja la voluntad de ese país de subsidiar sus jurisdicciones fronterizas a través de transferencias de ingresos del presupuesto federal a los estatales y locales. Esto incluye presupuestos operativos para la aplicación de la ley y la investigación y extensión agrícolas, así como el apoyo a un gran sistema universitario público, supervisión ambiental y gestión de áreas protegidas.
La generosidad de Brasil contrasta con los estados andinos, donde los pequeños presupuestos públicos de las jurisdicciones amazónicas son un legado de sus sistemas de gestión centralizados. La contribución algo mayor de Bolivia se debe a la inclusión de su ciudad capital, La Paz, dentro de la Panamazonía; mientras que la de Colombia es consecuencia del presupuesto asignado a sus fuerzas de seguridad. Guyana y Surinam tienen presupuestos que históricamente fueron similares a los de las repúblicas andinas, pero el gasto público aumentará después de 2021, cuando los campos petroleros en alta mar comiencen a producir petróleo y gas natural.
Los presupuestos públicos brindan una de las vías más fáciles para canalizar recursos financieros y así alejar la economía amazónica de los paradigmas de producción no sustentable, razón por la cual el enfoque jurisdiccional está ganando popularidad como una forma de organizar los servicios de pago por ecosistemas. El desafío será traducir un aumento del gasto estatal en una modificación del comportamiento de los actores del sector privado. Brasil siguió una versión de esta estrategia de 2004 a 2018 cuando logró reducir la deforestación en sus estados amazónicos en un 80%. Sin embargo, este esfuerzo ha provocado una reacción política por parte de los terratenientes que se oponen a las medidas regulatorias impuestas por el Estado.
Todas las naciones panamazónicas sufren un déficit en infraestructura básica, consecuencia de décadas de baja inversión provocada por la inestabilidad política, la mala gestión y la austeridad financiera impuesta por las instituciones financieras multilaterales. Un aumento en la actividad de la construcción se produjo entre 2005 y 2015, cuando el auge mundial de las materias primas proporcionó a los gobiernos nacionales ingresos que les permitieron incrementar radicalmente las inversiones en infraestructura básica. Las áreas urbanas se beneficiaron más, porque allí era donde la necesidad era mayor. Sin embargo, las inversiones en redes de transporte y sistemas de energía fueron una prioridad, ya que los gobiernos buscaron elevar el crecimiento económico integrando zonas fronterizas en la economía nacional y aprovechando los recursos naturales de la Amazonía.
La contribución del sector de la construcción al PBI regional es grande en todas las jurisdicciones, colocándose justo detrás de la agricultura como un componente de la economía convencional. El financiamiento para infraestructura proviene de una combinación de presupuestos anuales, deuda emitida por bancos nacionales de desarrollo, bonos respaldados por el gobierno y agencias multilaterales de desarrollo. Las entidades respaldadas por el Estado de China se han convertido en un participante destacado en proyectos hidroeléctricos a gran escala, mientras que los inversores privados han asumido un papel de liderazgo en el desarrollo de los ferrocarriles. Los proyectos de construcción a gran escala en la Amazonía han sido duramente criticados por sus impactos ambientales y sociales, sin embargo, cuentan con el apoyo de funcionarios electos de los sucesivos gobiernos. El sector de la construcción es un defensor descarado de la inversión en infraestructura de transporte y energía, y ve la deforestación y la degradación hidrológica como impactos ambientales aceptables.
Existe una sinergia inherente entre los gastos de construcción y el valor de los inmuebles. Las inversiones agregan valor a un activo, mientras que el valor de las propiedades aumenta tras las mejoras en la infraestructura pública. La contribución reportada de las transacciones inmobiliarias al PBI es aproximadamente la misma que la de la construcción y, asimismo, es en gran parte consecuencia de las inversiones en los centros urbanos. Sin embargo, los compradores y vendedores a menudo rebajan el valor declarado de las transacciones inmobiliarias para evadir impuestos, una práctica más frecuente en las zonas fronterizas donde los contratos se ejecutan sin la intermediación de los bancos. Esta práctica común es otro ejemplo de cómo la economía informal da lugar a prácticas corruptas y, por añadidura, a una baja contribución al PBI. Los mercados inmobiliarios están aún más distorsionados por la actividad altamente lucrativa del acaparamiento de tierras y, en las repúblicas andinas, el lavado de dinero vinculado a las drogas ilícitas. El control del acaparamiento de tierras se ve obstaculizado por las reparticiones públicas que administran la titulación, pues están plagadas de ineficiencias administrativas, un trabajo atrasado que abarca décadas y funcionarios cómplices de la actividad delictiva.
Las industrias extractivas en las jurisdicciones panamazónicas son enormemente importantes para las economías nacionales de Colombia, Ecuador, Perú, Guyana, Surinam y, en menor medida, Bolivia y el Estado de Pará. Todos los recursos minerales en la Panamazonía son propiedad de los estados, que los explotan a través de empresas estatales o algún tipo de empresa mixta con corporaciones que se especializan en la minería o la producción de hidrocarburos. Los ingresos se acumulan en el PBI de una región, aunque no fluyan a través de la economía local, en cambio, se depositan directamente en el tesoro nacional. Este procedimiento de contabilidad distorsiona el valor del PBI per cápita, que a menudo mal informan los medios de comunicación como una medida del bienestar humano. El 45% del PBI de la Amazonía ecuatoriana es aportado por las exportaciones de petróleo y, si se excluye ese ingreso del PBI regional, el valor per cápita en 2017 bajaría de US $ 11,500 a US $ 6400.
Los distintos gobiernos devuelven las rentas por la minería a las regiones productoras a través de regalías que se incluyen dentro de los valores del PBI. Las regalías varían según el país y los productos básicos: Perú tiene el mecanismo de distribución de ingresos más generoso, que combina las regalías con el impuesto sobre la renta de las empresas en un sistema denominado “canon”. Brasil tiene el sistema de regalías más frugal, pero transfiere una mayor cantidad de dinero a través del sistema presupuestario general. Al igual que la agricultura, las industrias extractivas generan beneficios para las regiones a través del sector de servicios, que varían según el producto extraído: los hidrocarburos pagan regalías más altas pero consumen menos servicios, mientras que los mineros pagan regalías más bajas pero consumen más servicios. En Ecuador y Colombia, la explotación de petróleo fue uno de los principales impulsores del asentamiento amazónico y la deforestación, mientras que el desarrollo de los yacimientos de mineral de hierro en el altiplano de Carajás fue parte de una estrategia de desarrollo multisectorial.
El sector minero tiene un componente ilegal que se ha convertido en una de las actividades más lucrativas de la Panamazonía. La minería de oro artesanal y en pequeña escala, generó un estimado de 7 mil millones de dólares en 2017, de los cuales aproximadamente la mitad se exportó a través de canales invisibles para las autoridades. La mayoría de los mineros en pequeña escala utilizan tecnologías de extracción que destruyen las llanuras aluviales mientras contaminan las cuencas hidrográficas con mercurio. Las cuencas más gravemente afectadas son los afluentes del río Madeira (ríos Madre de Dios y Beni) y río Tapajós (río Crepori), el río Caroni en Venezuela, el Esequibo en Guyana y el Courantyne en la frontera entre Surinam y Guayana Francesa.
Otra actividad ilegal no tomada en cuenta por el PBI es la cadena de suministro de coca-cocaína que se origina en Bolivia, Colombia y Perú. El cultivo cuasi legal (o tolerado) de coca está asociado con laboratorios descaradamente ilegales que procesan la hoja de coca para producir pasta básica de cocaína. La cadena de suministro de coca-cocaína genera alrededor de 1,500 millones de dólares anuales dentro de los distintos países amazónicos, cantidad que se multiplica varias veces a medida que se blanquea dinero en los sectores de comercio, construcción e inmobiliario. El cultivo de coca es una fuente importante de deforestación en el piedemonte andino, donde ocurre en zonas que rodean áreas protegidas y territorios indígenas.
El Corredor de desarrollo Carajás – São Luis
El Estado de Pará ha desarrollado una industria metalúrgica resultado de una estrategia nacional deliberada para agregar valor a las exportaciones de minerales, lo que implicó la inversión en molinos industriales que transforman la bauxita en aluminio y el mineral de hierro en acero. La fundición de aluminio es un proceso que consume mucha energía y que ha motivado la construcción de instalaciones hidroeléctricas a gran escala en los ríos Tocantins y Xingu. Las acerías y las fundiciones de arrabio consumen grandes cantidades de carbón vegetal proporcionado por los terratenientes que establecieron haciendas ganaderas a lo largo de la línea férrea entre las minas de la Serra de Carajás y las instalaciones portuarias cerca de São Luis do Maranhão.
Los distintos gobiernos estatales de Pará han tenido una tradición “pro minera”, lo que refleja los beneficios económicos derivados de las minas, incluidas las regalías y los ingresos fiscales. Pero lo que es más importante: el crecimiento económico generado por los bienes y servicios vendidos a las empresas mineras. El corredor de desarrollo entre la Serra de Carajás y São Luis do Maranhão ha perdido más del ochenta por ciento de su cubierta forestal original.
«Una tormenta perfecta en la Amazonía» es un libro de Timothy Killeen que contiene los puntos de vista y análisis del autor. La segunda edición estuvo a cargo de la editorial británica The White Horse en el año 2021, bajo los términos de una licencia Creative Commons (licencia CC BY 4.0).
Imagen principal: El “Oleoducto Transandino” en Ecuador ha provocado numerosos derrames de petróleo durante sus 40 años de vida. Los lugareños utilizan el derecho de paso para acceder a pequeñas granjas taladas del bosque. La producción de petróleo es una fuente importante de ingresos públicos. (Foto: Dr. Morley / Shutterstock)
———
Videos | Escarabajos: pequeños guardianes de la conservación
Si quieres conocer más sobre la situación ambiental en Latinoamérica, puedes revisar nuestra colección de artículos aquí.
Si quieres estar al tanto de las mejores historias de Mongabay Latam, puedes suscribirte al boletín aquí o seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn, WhatsApp, Telegram, Spotify, TikTok y Flipboard
Facebook |Ecuador: Sani Isla, comunidad kichwa que halló en la conservación y el turismo alternativas al petróleo
Créditos
