Ecuador: la lucha judicial para proteger de la minería al páramo de Quimsacocha

Quimsacocha significa “tres lagunas” en lengua quichua. Esa palabra también da nombre a un páramo, con más de 3217 hectáreas, en donde nacen cinco de los ríos que proveen de agua a Cuenca, la tercera ciudad más poblada de Ecuador, además de otras once poblaciones. Hoy ese lugar también es protagonista de un litigio judicial con el que se busca proteger a los bienes naturales de la zona de las actividades mineras.

Defensores ambientales ecuatorianos y comunidades de la zona llevan poco más de dos décadas trabajando en la protección del páramo de Quimsacocha. La acción que ahora los tiene más ocupados comenzó en mayo de 2022, cuando exigieron —a través del mecanismo constitucional de la acción de protección— que se realice una consulta previa, libre e informada a las comunidades de la zona, antes de que se realice el proyecto minero Loma Larga, dirigido por la minera canadiense Dundee Precious Metals.

En septiembre pasado, la Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas del Azuay, provincia donde la compañía busca realizar la actividad minera, logró que la Corte de Justicia regional ordenara suspender las actividades mineras en el proyecto extractivo de oro, plata y cobre Loma Larga en el páramo de Quimsacocha.

Además, la sentencia judicial ordena que el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE) haga un estudio de la biodiversidad presente en el páramo y que empiece la consulta previa de las comunidades, para lo que la Defensoría del Pueblo tendrá que comunicar al tribunal de Azuay los avances en este sentido cada 45 días.

El gobierno nacional apeló la decisión, por lo que ahora la última palabra está en manos de la Corte Constitucional de Ecuador.

No obstante, las comunidades celebran la decisión de la corte provincial. “La defensa del páramo de Quimsacocha es un caso emblemático en la lucha ecologista en el país. El fallo es significativo porque, si se realiza el proyecto, sería cuestión de tiempo para que afecte el agua y las comunidades por los materiales tóxicos de la minería. Por la biodiversidad de la zona, el gobierno debe realizar la consulta ambiental que ordena la Corte de Azuay”, dice Nataly Torres, economista, activista y especialista en desarrollo territorial de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO).

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Lo que está en riesgo en Quimsacocha

En el páramo de Quimsacocha nacen los ríos Tomebamba, Tarqui, Yanuncay, Machángara y Norcay. De estos sale el agua que consumen los habitantes de la ciudad de Cuenca, la tercera más grande de Ecuador, y otras once localidades.

“El páramo es un ecosistema estratégico de provisión de agua… De los ríos que nacen allí se abastecen más de 630 000 personas en la ciudad de Cuenca y los cantones de San Fernando”, explica Torres, quien también menciona que “es un territorio estratégico de biodiversidad y agua”, al ser hábitat de más de 410 especies de flora en la zona, 20 de mamíferos, siete anfibios, tres reptiles y 95 de aves.

El páramo, además, es el más extenso del Macizo del Cajas, una reserva de la biósfera declarada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, por sus siglas en inglés) en 2013.

Torres comenta que la eventual contaminación con mercurio, arsénico y otros componentes tóxicos producto de la minería, afectaría a las personas y ecosistemas que dependen de estas aguas. En la zona habitan comunidades campesinas e indígenas kichwa.

Aunque la sentencia es positiva, advierte Torres, hay requisitos previos para su aplicación, como que el legislativo ecuatoriano apruebe una ley que defina las consultas previas y ambientales, normatividad que no existe en Ecuador.

El profesor emérito de jurisprudencia de la Universidad de Cuenca y exalcalde encargado de la ciudad, Carlos Castro, dice que la lucha para proteger el páramo de Quimsacocha lleva más de 20 años y que la sentencia judicial “es un hito”, sobre todo porque los proyectos mineros están en los nacimientos de los cinco ríos.

Castro explica que aún falta que se definan los detalles de la consulta ambiental que deberá realizar el gobierno.

Yaku Pérez, líder indígena y excandidato presidencial que ha trabajado por la protección de Quimsacocha, explica que en el páramo hay especies que deben ser protegidas como el pajonal, que retiene gran cantidad de carbono y que “cumple un papel vital para la retención de agua” en los tiempos de sequía. Además, de ser hábitat de múltiples ranas, del cóndor (Vultur gryphus), del oso de anteojos (Tremarctos ornatus), de pumas (puma concolor) y  otras especies.

Pérez también comenta que las aguas del páramo fluyen hacia el océano Pacífico y en su camino van regando cultivos de banano y otro gran porcentaje se vierte en los ríos de la Amazonía ecuatoriana.

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Los reclamos al gobierno nacional

En septiembre pasado, el gobierno nacional declaró el área protegida Refugio de Vida Silvestre Machángara Tomebamba, una zona por donde pasan los ríos Machángara y Tomebamba que también atraviesan el páramo de Quimsacocha. Ambas zonas tienen ecosistemas similares.

Castro critica que el gobierno proteja una parte de esta biodiversidad y la otra la asigne para actividades mineras. “La táctica del gobierno es mostrar una doble faz. Declara ciertas áreas protegidas, lo que está bien. Pero la otra faceta que tiene es ser aliado de las empresas transnacionales, permitiendo la minería en cabeceras de ríos y bosques protectores”, dice el profesor emérito de jurisprudencia de la Universidad de Cuenca.

Para el líder indígena Yaku Pérez, ante la importancia de los páramos, Ecuador debería prohibir la minería en esas zonas.

Castro no tiene muchas esperanzas de que el nuevo gobierno del presidente Daniel Noboa, quien tomará posesión este 23 de noviembre, cambie la posición del gobierno hacia el impulso del proyecto minero en Quimsacocha, ya que Noboa ha declarado que va a apoyar el modelo extractivista y minero.

Desde el año 2011 inició un proceso de múltiples consultas populares electorales para prohibir la minería en la zona. La primera fue de carácter comunitario y simbólico y se realizó ese año en los cantones, nombre de las localidades o municipios en Ecuador. Luego, en 2019 hubo otra de carácter vinculante en Girón, cantón que está en la zona de influencia del proyecto. Dos años después, en 2021, se realizó una más que también contaba con fuerza legal en Cuenca. Según la empresa y el gobierno ecuatoriano, la Corte Constitucional decidió que la consulta de Cuenca solo tendrá efectos a futuro y no afectará concesiones ya entregadas como la de Loma Larga. En todas, las comunidades rechazaron la minería en Quimsacocha.

Pérez dice que recurrieron al recurso jurídico constitucional al ver que el proyecto minero de Loma Larga avanzaba y estaba cerca la entrega de su licencia ambiental, lo que los acercaba a la etapa de explotación. Por su oposición a la minería en Azuay —específicamente en las zonas de Río Blanco y Quimsacocha—, el líder indígena asegura que él y otros defensores ambientales han sido encarcelados, amenazados, retenidos y han sufrido intentos de homicidio.

Mongabay Latam buscó conocer la posición de la empresa canadiense Dundee Precious Metals, pero no se tuvo respuesta. La compañía ha dicho en otros medios que acatará el fallo. También se solicitó, sin éxito, la versión del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE).