- El informe Explotación de oro de aluvión: evidencias a partir de percepción remota 2022 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés) reveló que de todas las explotaciones mineras en el país que se pueden detectar con imágenes satelitales —es decir, sin incluir las subterráneas y de subsistencia—, el 73 % son ilegales.
- De 2021 a 2022, la superficie destinada a la minería ilegal se incrementó en 5139 hectáreas, lo que representa un aumento del 8 %, de acuerdo con el informe. En los departamentos con más explotaciones mineras detectadas, Chocó y Antioquia, 89 % y 51 % de las operaciones son ilegales, respectivamente.
La superficie ocupada por la minería ilegal en Colombia aumentó en 5139 hectáreas entre 2021 y 2022, así lo revela el estudio “Explotación de oro de aluvión: Evidencias a partir de percepción remota”, publicado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés).
El informe expone que la minería ilegal —aquella sin permisos ambientales o ejecutada en zonas prohibidas— ocupaba 69 123 hectáreas en el país durante el año 2022. Esta cifra representa un aumento del 8 % de la superficie ocupada por esta actividad, si se compara con las 63 984 hectáreas que se documentaron en 2021.
Según las cifras del documento, de las 94 733 hectáreas dedicadas a la minería y que fueron detectadas con imágenes satelitales, 69 123 son explotadas en forma ilegal. Eso representa que el 73 % de las áreas dedicadas a la explotación de oro durante 2022 —sin tener en cuenta las extracciones subterráneas, artesanales y de subsistencia que no son detectadas a nivel satelital— es de origen ilícito.
Adicionalmente, casi la mitad de actividad minera (49 %) se realizó en áreas protegidas, principalmente en las zonas de reserva forestal (45 780 hectáreas), sobre todo en la región del Pacífico, donde se dio el 76 % de la extracción ejecutada en lugares con restricciones ambientales.
La minería legal e ilegal detectada se realiza en 101 municipios ubicados en 13 departamentos del país, principalmente en Chocó, Antioquia y Córdoba.
El daño ambiental es evidente: “Entre 2018 y 2022 se perdieron alrededor de 24 000 hectáreas de coberturas vegetales de alto valor ambiental en los territorios con presencia de explotación no autorizada”, dice Candice Welsch, representante de UNODC para la Región Andina y el Cono Sur.
Zonas ambientales y comunitarias afectadas por minería
Al menos el 49 % (46 550 hectáreas) de la minería analizada se practicó en zonas que, en teoría, están excluidas de la minería —debido a restricciones ambientales— como reservas forestales, parques nacionales naturales y sitios protegidos por la convención internacional RAMSAR, enfocada a la protección de humedales. No obstante, en algunos casos la minería en las reservas forestales puede ser permitida por entidades regionales. En total, de la minería practicada en zonas con restricciones ambientales, la UNODC determinó que 88 % (41.081 hectáreas) fue ilegal al no tener permisos o estar en áreas con prohibición total. “Con el potencial ambiental de Colombia, es importante hacer todo lo posible para protegerlo”, dice Welsch.
Las zonas más afectadas con este tipo de actividad son las reservas forestales con 45 780 hectáreas.
El 76 % de la actividad extractiva en zonas excluidas de minería se practicó en la Reserva Forestal del Pacífico; el 24 %, en la Reserva Forestal del Magdalena y el 0.5 %, en la Reserva Forestal de la Amazonía.
También hay minería ilegal en zonas que forman parte del Registro Único Nacional de Áreas Protegidas (RUNAP), donde la minería está prohibida sin excepciones. Al menos, 5 896 hectáreas (6 % del total) están en distritos de manejo integrado, áreas protegidas adscritas al RUNAP.
La minería ilegal ha irrumpido en 4194 hectáreas del Distrito de Manejo de Humedales de Ayapel. También en 1286 hectáreas del Distrito de Manejo Ciénagas El Sapo y Hoyo Grande en Antioquia, así como en 399 hectáreas de Ciénagas Corrales y El Ocho, otra área de este tipo ubicada en el mismo departamento.
La Reserva Nacional Natural Puinawai, parte del Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia (SPNNC), es decir que tiene un alto grado de restricción de actividades, tuvo una presencia de 88 hectáreas de minería ilegal terrestre, un aumento de 4 hectáreas si se compara con la superficie que ocupaba en el año 2021. “No solamente hay minería dentro de Puinawai, sino varios parques nacionales tienen presión minera a 10 y 20 kilómetros a su alrededor”, dice Sandra Rodríguez, coordinadora temática del área de procesamiento digital de imágenes satelitales de la UNODC para la Región Andina y el Cono Sur.
Además, al incluir las zonas alrededor de los parques nacionales y no solo su interior, se observa la presión minera que se da cerca de las áreas protegidas. Es el caso del Parque Paramillo donde hay 736 hectáreas con minería 20 kilómetros a la redonda de su perímetro, Munchique con 658, Serranía de los Churumbelos con 497 hectáreas, Farallones con 348 y Alto Fragua Indi Wasi con 164 hectáreas, entre otros, según los datos de la UNODC.
El monitoreo de la UNODC halló que la minería ilegal afecta 4 000 kilómetros de tramos de, al menos, diez ríos de la Amazonía y la Orinoquía. Los ríos Caquetá y el Putumayo tienen la mayor cantidad de alertas de este tipo de explotación. Algunos tramos del río Puré —en donde está el Parque Nacional Puré— y Atabapo tienen una alta presencia de minería ilegal, según el informe. El río Cotuhé, límite septentrional del Parque Nacional Amacayacu, también está siendo degradado por la actividad extractiva, así como el río Inírida, al norte de la Reserva Nacional Puinawai.
“La corriente hídrica presenta alteraciones en estos ríos. En estos territorios (Amazonía y Orinoquía) predomina esta modalidad de explotación en agua”, dice Rodríguez.
Rodríguez agrega que esta minería normalmente usa mercurio que termina afectando a los peces y a las comunidades que los consumen. También menciona que el daño en los cauces de los ríos disminuye la navegabilidad y puede afectar a las comunidades con inundaciones al darse “el rompimiento de diques naturales”, tras las alteraciones al suelo y las aguas. Asimismo, señala que una modificación en la disponibilidad y flujo del agua puede generar pérdidas en los cultivos.
Como en las zonas ambientales, la minería también ha permeado los territorios comunitarios. El 46 % (43 145 hectáreas) del total de la minería, legal e ilegal, detectada en el año 2022 está en tierras de las comunidades negras, principalmente en el departamento del Chocó, y 557 hectáreas en resguardos indígenas.
Otra tendencia preocupante que hallaron los investigadores fue la confluencia de economías ilegales. Al menos en el 44 % de territorios detectados con minería en tierra también hay presencia de cultivos ilícitos de coca. Esta situación se presentó en los departamentos de Antioquia, Nariño y Cauca. “No son actividades aisladas, hay una relación entre ellas. Invierten y lavan el dinero del narcotráfico en la minería”, dice Welsch, quien señala que “en este tipo de minería encontramos que confluyen varios delitos asociados, que incluyen el lavado de activos, la corrupción y la trata de personas”.
Welsch comenta que, aunque las explotaciones mineras en el país están mayoritariamente en Chocó, la producción se registra de manera contundente en Antioquia y departamentos contiguos. “En Colombia, es fácil mover el oro de un lado a otro”, dice.
Rodríguez explica que es difícil saber cuánto del oro extraído en Colombia es ilegal, debido al contrabando y a las modalidades de legalización del mineral extraído ilícitamente. Es decir, que aunque se sepa el área ocupada por explotaciones minerales ilegales no es posible inferir la cantidad del mineral extraído en estas, porque además cada “yacimiento es distinto”.
La UNODC señala que la mitad de la producción de oro colombiano proviene de la minería de subsistencia, lo que podría indicar que, en alguna medida, las organizaciones criminales estarían usando esa categoría para legalizar el oro obtenido ilegalmente. La explotación ilícita de oro —señala— es una fuente económica rentable para los grupos armados ilegales, susceptible de ser usada en el lavado de activos.
Un funcionario conocedor del tema y que pidió protección de su identidad señala que la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) o Clan del Golfo dominan la actividad en el departamento del Chocó. Agrega que las AGC la practican en Antioquia, mientras que las disidencias de las FARC lo hacen en Córdoba.
Respecto a los retos para controlar la minería ilegal, Rodríguez se pregunta: “¿Por qué a pesar de los operativos que se hacen y de las estrategias para controlar el flagelo de la ilegalidad, aún permanece con estabilidad?”.
El coronel William Castaño, director de la División de Carabineros de la Policía Nacional —encargada de la prevención y control de delitos ambientales—, explica que con la minería ilegal “se lucran múltiples grupos armados en el Chocó, Antioquia y otros departamentos”. Asegura que con la Fiscalía están trabajando en perseguir a las cabezas de las organizaciones criminales y agrega que se están articulando con Interpol y con la Policía Federal de Brasil para realizar operativos en conjunto y evitar que los mineros ilegales pasen la frontera de un país a otro en su fuga durante las acciones policiales y militares.
Los pasivos ambientales de la minería ilegal
A la par de los daños recientes generados por la minería en los ecosistemas, la actividad extractiva también deja impactos ambientales a largo plazo. La UNODC dio a conocer en el informe que, como resultado de la actividad minera en 2022, 18 249 hectáreas de pastos y herbazales demuestran una situación de abandono tras la extracción aurífera. Al menos 168 975 hectáreas han quedado en esta condición de 2016 a 2022, de las cuales 66 % fueron abandonadas tras el paso de la minería ilegal.
Rodríguez apunta que el país debe pensar en soluciones y menciona que entre las opciones están la remediación para los suelos, ríos, el pago de servicios ambientales o la formalización minera. “Hay zonas donde es muy difícil recuperar el bosque”, dice Rodríguez.
La UNODC advierte que la minería ilegal y sus pasivos ambientales generan pérdida del suministro hídrico, afectan la navegabilidad en los ríos y perjudican a las comunidades, debido a la contaminación de mercurio, factores que en conjunto deterioran sus condiciones de vida.
*Imagen principal: Múltiples dragas extraen oro de manera ilegal en el río Purité, ubicado entre Colombia y Brasil, según fotografías de un sobrevuelo de julio de 2023. Crédito: Alianza Regional Amazónica para la Reducción de los Impactos de la Minería de Oro.
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