- Hay un dato que muestra la desigualdad que existe en Colombia sobre el acceso a la tierra: sólo el 36% de la propiedad de la tierra se encuentra en manos de las mujeres.
- Si se compara con la propiedad de la tierra que está en manos de los hombres, las mujeres tienen menos hectáreas y terrenos en donde es más difícil producir.
Mujeres que han trabajado el campo, que han huido de él tras amenazas, asesinatos y desplazamientos. Mujeres que volvieron. Mujeres que protegen el territorio, pero que no cuentan con documentos que las acrediten como propietarias de las parcelas que trabajan, del solar que habitan. Siempre ha sido la tierra.
Magaly Belalcazar, una lideresa campesina que habita la región amazónica, en el departamento de Caquetá, al sur de Colombia, enfatiza que ellas, las mujeres, son las que menos tienen derechos y acceso a la tierra. Los datos oficiales confirman su afirmación.
En Colombia, donde el 52.1 % de toda la población son mujeres que viven en la ruralidad, el 64 % de la propiedad de la tierra se encuentra en manos de los hombres, según el Departamento Nacional de Estadística (DANE). Y solo el 1 % de los predios mayores a 200 hectáreas están en manos de las mujeres. Además de tener un limitado acceso a la tierra, los terrenos que ellas poseen son menos fértiles y están lejos de centros poblados.
En el informe Reflexiones sobre el acceso a la tierra en América Latina, publicado en 2011 por la Fundación Tierra, organización no gubernamental dedicada a temas de mujer y tierra, se señala que las mujeres tienen un papel determinante en la agricultura y en el cuidado de sus familias a través de la alimentación. Sin embargo, en el acceso y control productivo encuentran una importante brecha: “Las mujeres tienen menos tierra, de peor calidad y su tenencia muchas veces es insegura. Esta inequidad es un obstáculo para el manejo sostenible de recursos naturales y para el desarrollo rural”.
En esta misma línea, Grupo Género en la Paz, organización no gubernamental que ha velado porque se incluya y se dé cumplimiento al enfoque de género en el Acuerdo de Paz en Colombia, afirmó que existe un sesgo anticampesino reforzado en razón al género, lo que ha traído consecuencias palpables, que se traducen en el acceso de menos tierra y de menor calidad para las campesinas.
Tener acceso a la tierra juega un papel determinante para la agricultura, el cuidado de los ecosistemas, la seguridad alimentaria, acceso a otros recursos naturales como el agua y una independencia económica. Sin embargo, como lo explica la lideresa Magaly Belalcazar, las mujeres tienen aún más obstáculos para acceder a la propiedad en la región Amazónica, pues “las vacas tienen más derechos que las mujeres” y “cada vez más, la manigua-selva se ha talado para negocios”.
El tener acceso a la tierra garantiza otros derechos, sobre todo para las mujeres, como lo advierten varios expertos en el tema.
Como lo resalta el informe de la Fundación Tierra, tener tierra propia en manos de las mujeres garantiza un mejor nivel de vida para la familia. Y, tener tierra puede garantizar a las mujeres una independencia económica que les permita salir de entornos violentos. “Cuando una mujer tiene un ingreso permite mantener a sus hijos, empezar un proyecto de vida nuevo, mejorar su nivel de vida. Es necesario que las mujeres tengan ingresos para tener opciones de vida que les permita tomar decisiones”, afirma Mariela Álvarez, lideresa de Florencia, en el departamento de Caquetá.
Rutas del Conflicto y Mongabay Latam hablaron con representantes de tres organizaciones que buscan la defensa de los derechos de otras mujeres, que impulsan acciones para propiciar la independencia económica, el empoderamiento, el restablecimiento de derechos y la defensa del territorio.
Las tres organizaciones reúnen a mujeres que le apostaron a acceder a la tierra y a lograr una integralidad que les permita un proyecto de vida tras el conflicto armado y las nuevas oleadas de violencia que han deteriorado la región que habitan.
Mariela Álvarez, Magaly Belalcázar, en el Caquetá; y Paola Chindoy, en Putumayo, decidieron, desde las organizaciones que representan —Asociación Mujeres Sueños del Mañana (Asuldema), Asociación Mujeres Amazonia y Paz (Funmapaz) y Asociación de Mujeres Indígenas Chagra de la Vida (Asomi), respectivamente—, alzar la voz y defender a las mujeres del Amazonas.
Un territorio que pierde selva
El rol del cuidado, que históricamente se les ha otorgado a las mujeres, fue también el impulso que varias líderes han tenido para salir del espacio familiar y dedicar fuerzas a cuidar el territorio y a las mujeres que viven en él. Como lo señala Magaly Belalcázar, lideresa del Caquetá: “La región amazónica tiene nombre de mujer, la Amazonía es vida y vida son las mujeres”.
La región amazónica ha estado en la lupa de la opinión pública por las cifras de deforestación, especialmente, desde 2016 tras el proceso de paz. Datos de Global Forest Watch muestran que desde el año 2002 y hasta 2022, tan sólo el departamento de Caquetá perdió 773 mil hectáreas de cobertura arbórea.
La principal causa de la deforestación en territorio colombiano es la expansión de la frontera agropecuaria. “Uno ve que llegan con motosierras a tumbar árboles, abren selva, ponen unas vacas y la tierra ya es de ellos”, afirma Magaly Belalcázar, lideresa del Caquetá.
La Fundación para la Conservación y Desarrollo Sostenible (FCDS) advierte que la ganadería y el acaparamiento de tierras se han convertido en unos de los principales problemas para las comunidades campesinas e indígenas en la región amazónica, especialmente en el departamento del Caquetá. Mientras que en Putumayo, los cultivos de coca han sido una de las principales causas de deforestación.
Según el último informe sobre drogas de la ONU, el aumento y persistencia del cultivo de hoja de coca se concentra en los departamentos de Putumayo, Norte de Santander y Nariño. El 88 % de las hectáreas están en “enclaves productivos”, lugares donde han persistido los cultivos y las demás etapas de producción de cocaína por más de 10 años. Además, advierte que aproximadamente la mitad de los cultivos de coca (49 %) se concentran en zonas protegidas: el 21 % en Parques Nacionales Naturales (PNN), especialmente en La Paya, en Putumayo.
La tala y la quema de bosques se realiza, sobre todo, para tener mayor espacio para la ganadería, especialmente en el Caquetá. Según el Instituto Colombiano Agropecuario existen, aproximadamente, 2 millones de cabezas de bovinos y más de 225 búfalos, lo que hace que el departamento tenga la mayor producción de leche y carne del país. Sin embargo, la ganadería de el Caquetá se da en un lugar único en el mundo: las Sabanas del Yarí. Un ecosistema llanero típico del Orinoco enclavado en plena selva amazónica colombiana, una puerta de entrada al Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete.
De acuerdo con datos de la FCDS, el Caquetá presenta zonas que se están deforestando muy rápido. Por ejemplo, han detectado 300 hectáreas de lote continuo en la zona de borde del Chiribiquete, zona clave de conectividad con el parque nacional La Paya en el Putumayo. Selva que se ha talado para la ganadería extensiva.
“¿La Amazonía es para la vida o para las vacas?”, repite una y otras vez Magaly Belalcazar, representante de la Fundación Mujeres, Territorio y Paz.
Recuperar la vida en el territorio
Ante esta situación, las mujeres en la región se organizaron para crear la Plataforma de Mujeres del Caquetá, iniciativa que nació en 2012 y que reúne a más de 25 organizaciones que tienen como base la agroecología, una manera de conectar los conocimientos tradicionales y científicos con el fin de producir alimentos de una manera más sostenible.
Para las lideresas es importante “volver a la tierra con la vida y la vida a la tierra. Poder sembrar, comentar y cosechas una política de agroecología que transforme la vida”. Así lo afirmó Belalcázar, durante la séptima marcha de Las Margalidas, que se realizó en Brasil en agosto pasado, en conmemoración a la mujer rural.
Para la lideresa existen múltiples problemas en el Caquetá, desde la presencia de actores armados, economías ilegales, la situación de desplazamiento de miles de familias campesinas, pero sobre todo los conflictos ambientales como base de todas las situaciones que vulneran aún más a las mujeres caqueteñas. “Lo que sufre la Amazonía, lo sufren las mujeres”, enfatiza al hablar que, sin tierra y abriendo selva, se ponen en riesgo los ecosistemas y, por lo tanto, el futuro de sus familias.
“Somos las mujeres las que hacemos la mayoría de las labores del campo, las que estamos a cargo de la familia y las que tenemos casi todas las responsabilidades. Y aun así, somos las que menos derecho tenemos a la tierra”, explica Belalcazar .
Las mujeres históricamente no han accedido a los títulos de propiedad. Como lo explica María Fernanda Sañudo en Tierra y Género, investigación publicada por la Universidad Javeriana, las mujeres siempre han estado aisladas de las negociaciones y de los beneficios que estas traen. Es decir, las transacciones que hacen por la tierra enfrentan “discriminación y una serie de factores que les impiden ejercer efectivamente sus derechos”.
Para Magaly Belalcazar es indispensable pensar en una política pública que relacione la mujer con el territorio y su cuidado. “No vemos a una mujer abriendo la selva, la mujer cuida y cultiva”. La lideresa reitera que es necesario que se cumpla la implementación del Acuerdo de Paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que en el punto uno prometía una reforma agraria rural integral, en la cual, el campo tenía un rol determinante para saldar una deuda histórica, no solo con el campesinado sino con las mujeres rurales. Tras seis años de la firma entre la extinta guerrilla y el gobierno nacional poco se ha cumplido en materia agraria.
¿Dónde está la tierra?
En el último informe del Grupo de Género y Paz (GPAZ), que comprende el análisis de la implementación del Acuerdo de Paz desde el año 2021 hasta el primer semestre de 2022, se advierte que en materia agraria el 48 % de los indicadores con enfoque de género no existen o no hay información.
Sin embargo, el último informe de la dirección de Mujer Rural, del Ministerio de Agricultura, señala que hubo un avance en el acceso a tierras. Entre 2016 y 2018, el número de mujeres beneficiarias de los diferentes procesos de acceso y formalización se incrementó de 3.722 a 8.486, un aumento del poco más del 127 %.
La región amazónica cuenta con una particularidad en la tenencia de la tierra y es el ordenamiento ambiental conformado por parques naturales nacionales, resguardos indígenas y reservas forestales. Las comunidades que habitan en las zonas de amortiguamiento o tienen contratos de uso del suelo para actividades agrícolas se han convertido también en guardianes de los ecosistemas. Sin embargo, la región no cuenta con información catastral, lo que dificulta saber dónde y en manos de quién está la propiedad. Lo que complejiza al Estado poder entregar tierra, vigilar la ampliación de la frontera agrícola y evitar la acumulación irregular de tierra.
La FCDS advierte que aunque la titulación de la tierra no blinda el territorio de actores armados y de delitos ambientales, si es una herramienta para generar programas de conservación, reforestación y cuidado.
Como lo explica la organización Semillas en su informe Mujeres campesinas sin tierra, la tierra es el activo productivo más importante para la población campesina y negar a la mujer rural el derecho de propiedad representa continuar en una dependencia económica de los hombres y esto es aún más complejo en un contexto de conflicto armado. A pesar de que la legislación ha avanzado desde la reforma agraria de 1994 y de la expedición en 2002 de la Ley de Mujer Rural, la cual dispuso garantizar la titularidad de tierra a mujeres, no es muy claro cuánto se ha avanzado, lo que dificulta a las organizaciones de la sociedad civil vigilar el cumplimiento de esta ley.
Para las mujeres sigue siendo una forma de violencia no poder acceder a la tierra y por ende depender económicamente del hombre. Por ello, las organizaciones lideradas por Magaly Belalcázar y Mariela Álvarez apuntan a ver cómo el territorio se relaciona con la mujer, buscar el restablecimiento de derechos de las mujeres y así poder ser guardianes de la selva.
Mariela Álvarez, con su organización Asudelma —que confecciona sabanas y utiliza tintes de las plantas amazónicas— quiere generar empleo a mujeres que tuvieron que huir del campo a la ciudad tras las violencias. Mientras que Magaly Belalcázar, creó una escuela audiovisual con el objetivo de generar piezas comunicativas que permitan reflexionar y ver la Amazonía con un enfoque de género.
De igual forma, Paola Chindoy y las mujeres indígenas de los pueblos indígenas Sionas, Kofanes, Koreguajes, Ingas y Kamëntsá, lideran y comparten saberes ancestrales en la organización, trabajan en el fortalecimiento de capacidades con el fin de proteger el territorio de las personas que llegan a la región en busca de sus tierras para proyectos extractivos o de cultivos ilícitos.
Para mamita Francisca Jacanamijoy, la máxima prioridad de las mujeres es la preservación de su territorio. Según ella, en él reside la vitalidad, la esencia misma de su cultura, las plantas medicinales y el agua, que es fundamental para la existencia humana, de las plantas y del territorio.
“La Amazonía tiene rostro de mujer. Debemos protegernos y protegerla”, afirma Balalcázar.
*Este reportaje se publica como parte de una alianza entre Rutas del Conflicto y Mongabay Latam.
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