- ¿Cómo es que la tierra cobra valor en cada país de la Panamazonía? Killeen continúa su relato explicando las diferencias entre parcelas y propietarios de Brasil, Bolivia, Perú y Colombia, entre otros.
- El avance incontenible de negocios inmobiliarios amparados tanto por el crimen como por autoridades corruptas es la que, a decir del autor, viene elevando los precios de la tierra.
- De este modo, la deforestación ocurre tanto en la frontera forestal como en zonas consolidadas previamente desde hace mucho tiempo. Así, los propietarios crean progresivamente nuevos pastizales para ampliar o sustituir los pastos degradados por el sobrepastoreo.
- La respuesta más obvia al crimen sigue siendo la violencia, pese a que sus resultados son nulos y el peligro contra los líderes que defienden su territorio crece.
La expresión «la posesión es nueve décimas partes de la ley» no es jurídicamente cierta. Sin embargo, el concepto es de uso común en las áreas fronterizas de la Amazonía, donde los acaparadores de tierras y los campesinos colonizadores comparten un modus operandi: ocupan tierras que no les pertenecen.
Históricamente, este proceso era tolerado por el Estado y sólo se producían conflictos cuando los dos grupos competían por el mismo territorio; o cuando alguno de ellos pretendía invadir tierras de las comunidades. Por un lado, los pequeños propietarios tienen la ventaja del número; mientras que los acaparadores de tierras aprovechan sus conexiones políticas para formalizar sus reclamos y etiquetar a sus competidores de ocupantes ilegales.
A contramano, en Brasil y Bolivia, los propietarios recurren a la fuerza para recuperar las tierras y, usualmente, contratan matones para violentar a los pequeños propietarios y destruir sus pertenencias. Estos se resisten y se organizan en sindicatos campesinos asociados al Movimiento Sim Terra (MST) y a la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB). El resultado: la resistencia conduce a una escalada de violencia.
En Brasil, los delincuentes acaparadores de tierras contratan a pistoleiros para que asesinen a los posseiros que se interpongan en su camino. Los principales afectados han sido no solo activistas asesinados por defender los derechos de las poblaciones de la selva sino también pequeños campesinos. Entre ellos destacan Francisco Alves (Chico) Mendes, emboscado en su casa de Xapuri (Acre) en 1988; y Dorothy Stang, ejecutada en 2005 en una remota carretera cerca de Anapú (Pará). Ambos crímenes dieron lugar a procesos judiciales de gran repercusión mediática y al encarcelamiento de quienes apretaron el gatillo, así como de los ganaderos que contrataron sus servicios. Desafortunadamente, lo más habitual es que estos asesinatos queden sin resolver e, incluso cuando los culpables son identificados, la mayoría escapan de la justicia, generando así la definición exacta de impunidad.
La Comissão Pastoral da Terra (CPT) lleva más de cuatro décadas monitoreando la violencia rural en la Amazonia brasileña, y ha recopilado un espantoso archivo histórico titulado Massacres no Campo, el cual enumera 47 incidentes que concluyeron con el asesinato de 341 personas. Más de la mitad fueron identificados como líderes y más del 70% de los acontecimientos están relacionados con disputas sobre la tenencia de tierra entre grandes terratenientes y campesinos sin tierra. No obstante, dicho total subestima enormemente la violencia rural, ya que solo incluye los enfrentamientos en los que murieron al menos tres personas.
Por ello, desde el 2011, la CPT ha recopilado estadísticas más precisas que revelan lo poco que ha cambiado la situación y cuánto puede estar empeorando. De acuerdo con estas cifras, en el 2017, hubo más de 980 incidentes que afectaron a más de 98.000 familias, en las que murieron 56 personas. La gran mayoría eran posseiros sin tierra que ocupaban ranchos considerados vulnerables a una ocupación organizada.
El actual cierre formal de parte del Estado al acceso de la frontera forestal ha aumentado la presión sobre las zonas consolidadas en el sudeste de Pará y el sur de Rondônia, donde una nueva organización militante –la Liga de Camponeses Pobres (LPT)– ha aprovechado el descontento generado por las desigualdades en la distribución de la tierra. A su vez, los grandes terratenientes recurren cada vez más a fuerzas de seguridad privadas y a la policía para ejecutar los desalojos judiciales. Aún así, la participación de la policía no es garantía de un proceso justo y ordenado. Ejemplo de ello es que, en el 2017, un grupo de 17 agentes policiales fueron acusados de ejecutar a 10 posseiros en un proceso de desalojo ordenado por un tribunal en la Fazenda Santa Lucia, ubicada en el municipio de Pau D’Arco (Pará). Los municipios donde más muertes han ocurrido son Anapú, en Pará (16 muertos); Vilhena, en Rondônia (13 muertos); Colniza, en Mato Grosso (11 muertos); Pau D’Arco, en Pará (10 muertos); y Porto Velho, en Rondônia (10 muertos).
Pese a que los posseiros sufren la mayor parte de la violencia, las comunidades indígenas siguen siendo atacadas en las áreas fronterizas donde el acaparamiento de tierras es más frecuente, especialmente a lo largo de las carreteras BR-163 en Pará y la BR-230 en Amazonas. Las comunidades que sufren los mayores niveles de violencia se encuentran en zonas severamente deforestadas de Maranhão. Allí, 19 hombres y mujeres indígenas murieron mientras protegían sus reservas de los saqueadores de madera. Ni siquiera las reservas indígenas más remotas son inmunes a la violencia, en particular las comunidades Munduruku y Yanomami, que deben enfrentarse a los mineros ilegales de oro, notoriamente violentos.
La complicada situación de las comunidades indígenas de las tierras bajas de Perú y Bolivia es a la vez más grave y muy diferente de la de Brasil. Aunque los gobiernos de ambos países afirman apoyar las reivindicaciones territoriales de sus pueblos indígenas, en varias ocasiones han desplegado fuerzas de seguridad policial para reprimir violentamente a grupos indígenas cuando protestan contra políticas que amenazan sus territorios. En 2009, el Gobierno peruano del ex presidente Alan García promulgó leyes que habría posibilitado privatizar las tierras indígenas. La campaña de desobediencia civil resultante acabó en un enfrentamiento violento y la muerte de 33 personas. Una escaramuza similar se produjo en Bolivia en 2011, cuando el gobierno de Evo Morales intentó obstaculizar una marcha que protestaba por la construcción de una carretera a través del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Securé (TIPNIS). Si bien nadie murió, la policía boliviana golpeó y detuvo a decenas de hombres y mujeres en una flagrante violación de sus derechos humanos y civiles.
Menos conocidos por los medios de comunicación, pero más insidiosas son las invasiones de tierras comunales adyacentes a las zonas de colonización. En particular, la que llevan a cabo emigrantes indígenas de tierras altas que cuentan con el apoyo tácito de sus gobiernos, tanto nacionales como regionales. Así, específicamente en Bolivia, el Gobierno central presenta esta situación como un proceso de reforma agraria que distribuye tierras fiscales a colonos y acaparadores de tierras en las selvas de la Chiquitania y Guarayos. En cambio, en Perú, las comunidades indígenas luchan por proteger sus tierras comunales de los violentos mineros de oro y madereros ilegales que actúan con la complicidad de las autoridades regionales. Allí, al menos 22 líderes indígenas han sido asesinados desde el 2013: más de la mitad fueron amenazados antes de su asesinato, por lo que habían solicitado protección a la policía.
Respecto a las zonas de ocurrencia, la frontera forestal peruana en Ucayali y Huánuco (HML #40) es particularmente peligrosa debido a la presencia de bandas criminales dedicadas a la producción de cocaína que tienen en la mira a líderes de las etnias Cacataibo y Shipibo-Conibo. Hasta marzo de 2021, ninguno de los asesinos había sido detenido por las autoridades policiales, supuestamente debido a la complicidad de las autoridades locales en la producción y comercialización de drogas ilícitas.
En el caso de la Amazonía colombiana, la violencia y los asesinatos son endémicos debido a décadas de la guerra civil y una economía basada en la producción de drogas ilícitas. El proceso de paz no ha puesto fin ni al conflicto armado ni a la lucha por la tierra. Bandas criminales compuestas por ex guerrilleros luchan ahora por el control de las tierras entre Caquetá, Meta y Guaviare. El gobierno central ha sido incapaz de imponer su control, y las bandas rivales reclutan campesinos para depredar el bosque y plantar cultivos de hoja de coca y consolidar ranchos ganaderos. No hay estadísticas específicas sobre la violencia relacionada con la tierra pero, presumiblemente, es una de las principales causas de muerte en una región donde la tasa general de homicidios (el llamado 32 por 100.000) es de las más altas de América.
Mercados inmobiliarios rurales
Samuel Clemens, más conocido como Mark Twain, dijo una vez: «compren tierra, ya no las producirán». Y aunque un genio de la literatura, Twain no era un buen inversor. Pese a ello, su observación sobre el valor intrínseco de la tierra es básicamente correcta y explica, parcialmente, la pugna por la tierra en la Panamazonía. Colonos, inversores y políticos saben que el reparto de tierras fiscales acabará en algún momento. La apropiación de tierras ya no ocurre en las áreas consolidadas, pero sigue asolando los márgenes de las zonas agrícolas y es la característica definitoria de las áreas forestales. La incesante creación de nuevas propiedades en áreas forestales, sean estas legales o no, repercute en el precio de la tierra en zonas ya pobladas. Al mismo tiempo, la demanda de tierras cultivables en municipios consolidados infla el valor de las propiedades en zonas adyacentes. Los mercados inmobiliarios rurales reflejan la dinámica de oferta y demanda en toda la frontera de desarrollo. En rincones remotos del área forestal, las fincas recién creadas con sus correspondientes derechos territoriales asociados, suelen ser difíciles de vender.
Las transacciones están llenas de riesgos debido al carácter dudoso de las escrituras y a la posibilidad de que ocupantes ilegales invadan esas propiedades. El peligro se amplifica debido a la amenaza de violencia, ya que colonos y acaparadores de tierras emplean la fuerza para proteger sus reclamos: ambas partes venden sus tierras a inversores tolerantes al riesgo y a inmigrantes. En el interín, van consolidando el mercado de bienes raíces rurales. Cuando se da el caso de precios bajos que van subiendo lentamente, quienes participan en esta primera etapa confían en que la región acabará convirtiéndose en un área de expansión agrícola. En consecuencia, serán recompensados por su audacia y desprecio a la ley.
Las propiedades ubicadas en las fronteras agrícolas y áreas consolidadas tienen mejor precio debido a la mejora de la infraestructura circundante y un mejor acceso a los mercados. También están situadas en zonas con un estatus legal maduro, donde las operaciones se han transformado en inversiones «seguras». El peligro de la mala documentación no ha desaparecido, pero la diligencia debida y acciones legales preventivas mitigan el riesgo. Y lo que es más importante, los sistemas de producción convencionales generan flujo de caja y un rendimiento decente a la inversión.
Invertir en tierras debe considerarse en el contexto de las economías nacionales, puesto que todos los países amazónicos han sufrido graves brotes de hiperinflación en la memoria viva de cualquier persona mayor de 50 años. El capital invertido en tierras puede ser poco líquido en tiempos de crisis, pero siempre recupera su valor. No puede decirse lo mismo de los ahorros en cuentas bancarias o en mercados de valores sujetos a políticas gubernamentales erráticas y a menudo confiscatorias. La rentabilidad de los bienes inmuebles es la mejor opción para la mayoría de los inversores latinoamericanos.
En las culturas ibéricas, la predilección por la tierra también tiene una fuerte raigambre cultural, que motiva a profesionales urbanos invertir en propiedades rurales. En Brasil y Bolivia, esto se manifiesta en una afición por las estancias o fazendas ganaderas; mientras que en Perú, Ecuador y Colombia los inversores urbanos son atraídos por fincas que cultivan café, cacao o palma aceitera. Los propietarios ausentes, entre ellos médicos, abogados y otros profesionales, sienten atracción por el mantenimiento del capital y la plusvalía, pero también disfrutan del prestigio de ser agricultor o ganadero.
En el caso brasileño, la conexión entre ciudad y campo incluye a familias de clase trabajadora cuyos antepasados establecieron minifundios en Rondônia y Pará, o en alguna de las zonas de asentamientos en las estribaciones de los Andes. Al igual que las familias rurales de todo el mundo, las generaciones más jóvenes han emigrado a las ciudades, manteniendo al mismo tiempo su apego a la granja familiar. En este caso, el dinero fluye en ambas direcciones: tanto hacia los habitantes urbanos que van a la universidad o buscan atención médica como de vuelta a la granja en forma de remesas que pueden utilizarse para invertir en tierras, ganado y plantaciones. Las familias exitosas amplían sus propiedades comprando parcelas adyacentes o apropiándose del bosque. Los mapas de la tenencia de tierra muestran cientos de miles de pequeñas parcelas pero una familia suele poseer más de una parcela. Los minifundios tienden a ser inviables, al menos con los modelos de producción convencionales, y la concentración de tierra en pocas manos es un remedio impuesto por el mercado para resolver políticas de asentamiento inviables.
El ahorro y la inversión de parte de profesionales y familias obreras es factor de apreciación de los inmuebles rurales e, indirectamente, un motor de la deforestación. De igual forma, una fuerza económica más inmediata causante de esta apreciación es el modelo de negocio extraordinariamente lucrativo que persigue la agricultura industrial.
El impacto de este tipo de producción agrícola en el valor de la tierra es más evidente en Mato Grosso. En 2019, el valor medio de la tierra en los municipios dominados por cultivos empresariales masivos era de alrededor de 12 mil Reales por hectárea (Parecis). En cambio, las propiedades en el extremo noroeste, donde predominan la extracción de madera y la ganadería, tenían un valor medio de 3.100 Reales por hectárea. Aún así, en ambas regiones el precio de la tierra se ha disparado en los últimos 20 años, cuyo valor de mercado aumentó entre el 2.500% (Noroeste) y el 3.500% (Parecis).
Este nivel de apreciación de activos equivale al aumento del valor medio de las tierras agrícolas en el Medio Oeste de Estados Unidos entre los años 1900 y 2000, generando algo inaudito: un aparente siglo de crecimiento en tan sólo veinte años. Ahora bien, quizás el aumento de precios a este ritmo indique una burbuja en el mercado. Los aumentos registrados recientemente en tres de las regiones de la muestra (Sudeste, Oeste y Norte Araguaia) se producen en lugares considerados zonas de expansión y están sobrevalorados, al menos en comparación con las tierras de cultivo del cinturón soyero original (Parecis y Centro). Las correcciones del mercado son evidentes en la disminución de las cifras entre 2015 y 2019 en la zona de expansión norte (Norte), que experimentó un aumento de precios simultáneo con la pavimentación de la carretera BR-163. A pesar de ello, la tierra en el centro de Mato Grosso (3.000 dólares por hectárea) sigue siendo asequible en comparación con otras regiones productoras de soya y maíz, como Paraná (8.000 dólares por hectárea) e Iowa (18.000 dólares por hectárea).
El precio de la tierra es un componente básico del modelo de negocio de los ganaderos del sur de la Amazonía. Muchos operan con márgenes relativamente estrechos lo que los lleva a pastorear en exceso sus pasturas y degradar los suelos, provocando que muchos amplíen sus operaciones talando pequeñas parcelas de bosque anualmente durante mucho tiempo. En estos casos, la oportunidad de vender puede ser una ganancia inesperada. Por ejemplo, un ganadero de clase media de Alta Floresta con una propiedad de 1.000 hectáreas valorada en el año 2000 en aproximadamente 300 mil Reales (190.000 dólares) podría venderla en 2020 por 5,7 millones de reales (1,1 millones de dólares). La plusvalía sería aproximadamente equivalente a sus ganancias netas durante veinte años. Después de pagar el impuesto sobre la ganancia de capital, el ganadero dispondría de amplios recursos para una jubilación cómoda, o evitar el pago del impuesto de plusvalía comprando otra propiedad. Una opción podría ser comprar un rancho en un área de expansión forestal donde el valor de la tierra siga siendo asequible.
La apreciación de la tierra crea circuitos de retroalimentación positiva que benefician a la agricultura a gran escala. Consideremos una empresa agroindustrial con 100.000 hectáreas en el centro de Mato Grosso. La apreciación del capital entre 2000 y 2019 superaría los 250 millones de dólares. Aunque el aumento de valor podría no monetizarse mediante una venta, su valor contable se incorporaría al balance corporativo. Los balances sólidos son el núcleo de las finanzas corporativas porque reducen el costo del crédito y atraen a nuevos inversores de capital. Aproximadamente el 10% de las propiedades privadas en Mato Grosso (15.000 propiedades) abarcan el 70% (46 millones de hectáreas) del área total asignada a propiedades privadas (67 millones de hectáreas). La apreciación del valor de esas propiedades asciende entre 83 y 100 mil millones de dólares. Sin embargo, ese valor queda chico en comparación a las ganancias de capital de la que disfrutaron los plutócratas que adquirieron sus propiedades prácticamente sin costo alguno en la década del 70.
El aumento del costo de la tierra ha motivado a la agroindustria desarrollar modelos financieros alternativos para acceder a ella. Ahora son comunes las asociaciones empresariales conjuntas entre agricultores, empresarios y ganaderos terratenientes. El tipo más común de empresa conjunta es un arrendamiento negociado en términos de sacos de soya. Este artificio mitiga el riesgo de la volatilidad de los mercados de materias primas y las fluctuaciones de los tipos de cambio, que pueden causar estragos en una empresa con costos fijos medidos en moneda local. Si el precio de la soya baja o la moneda brasileña se debilita, el agricultor no se ve atrapado en un contrato basado en una cantidad monetaria fija, sino que comparte la reducción de ingresos con el propietario de la tierra. Los ganaderos pueden permitirse ser flexibles porque incluso unos ingresos reducidos son mejores que los de las operaciones ganaderas.
Los pastos para ganadería son muy valiosos ya que los protocolos de sostenibilidad adoptados a raíz de la Moratoria de la Soya limitan la capacidad de los propietarios de convertir los bosques nativos. Esto ha inflado el valor de las pasturas, incluidos los lugares adyacentes a áreas de producción existentes, así como los situados en zonas más remotas o a lo largo de corredores de transporte. Incluso los suelos altamente degradados, producto de décadas de sobrepastoreo, pueden resultar atractivos para un agricultor de soya puesto que la aplicación de piedra caliza (CaCo3) o yeso (CaSO4), utilizados para mejorar la acidez del suelo, resuelve la pérdida de fertilidad que limita la carga ganadera de los pastos degradados.
Los agricultores más sofisticados implementan microtecnología para gestionar los niveles de nutrientes de las plantas y utilizan un conjunto de técnicas de labranza mínima para reconstruir la materia orgánica del suelo. Por tanto, la topografía, la textura del suelo y el uso anterior de la tierra son más importantes que el estado nutricional de las posibles tierras de cultivo. Básicamente, se paga a los ganaderos para que restauren sus suelos degradados. Las interacciones entre ganaderos y agricultores están incorporando más tierras de uso ganadero hacia el sistema de producción de soya-maíz, ya sea de forma permanente o periódica.
Al mismo tiempo, la agricultura industrial se está expandiendo por municipios de Rondônia, Pará y Tocantins. Incluso las áreas más remotas se están viendo afectadas, como en el sudeste de Amazonas, Roraima y Amapá, donde se cultiva soya en las sabanas y en tierras previamente deforestadas. El auge económico de la agroindustria está afectando al valor de la tierra en toda la región.
Imagen destacada: La deforestación no sólo se produce en la frontera forestal, sino también en lugares consolidados previamente desde hace mucho tiempo, cuyos propietarios crean progresivamente nuevos pastizales para ampliar sus rebaños o para sustituir los pastos degradados por el sobrepastoreo. Crédito: PARALAXIS / Shutterstock.com
«Una tormenta perfecta en la Amazonía» es un libro de Timothy Killeen que contiene los puntos de vista y análisis del autor. La segunda edición estuvo a cargo de la editorial británica The White Horse en el año 2021, bajo los términos de una licencia Creative Commons -licencia CC BY 4.0).
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