- ¿La prohibición del mercurio en la minería será suficiente para salvar los ríos? ¿Se le cerrará la puerta al fracking? ¿Qué sucederá con las consultas populares y los proyectos extractivos?
Cada nuevo año trae consigo diferentes desafíos. Mongabay Latam escogió seis temas que estarán en el centro del debate ambiental durante 2019 en Colombia.
1. Incesante lucha contra la deforestación en la Amazonía
Después del preocupante incremento de la deforestación en el 2018, encontrar formas efectivas para detenerla será un enorme desafío para las autoridades en 2019. Según el reporte del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) para el último trimestre del 2018, la Amazonía concentró el 43 % de las alertas tempranas de deforestación de todo el país y los departamentos de Guaviare y Meta son los que concentran la mayor parte de estas.
“La magnitud del reto es infinitamente mayor a las acciones, medios y capacidades que hasta hoy se han dispuesto”, asegura Rodrigo Botero, director de la Fundación para la Conservación y Desarrollo Sostenible (FCDS).
Para Botero, combatir la deforestación es un desafío que contiene retos adicionales. El primero tiene que ver con la lucha contra el acaparamiento de tierras, que se asienta sobre la ilegalidad y la informalidad, “es decir, sobre la incapacidad de un Estado para definir a cuánto territorio puede acceder cada colombiano. La inexistencia de un proceso de formalización lleva a que la gente agarre sin control la tierra que quiera. Es necesario crear un catastro multipropósito en las zonas de mayor deforestación”.
Según el director de la FCDS, el Ideam produce una información técnica extraordinaria que no ha sido usada adecuadamente por quienes aplican la ley. “Se sabe quién tumba 800 o 1000 hectáreas en un solo predio y a ese no le sucede nada, mientras que en predios donde se tumban 50 hectáreas sí se hace el operativo policial”, afirma. “El gran reto en 2019 es pasar de atrapar ‘motosierristas’ a capturar inversionistas. Y empezar por los que causan las mayores deforestaciones”.
Otro de los desafíos que plantea Botero es fortalecer las penas contra los delitos ambientales y que el Estado, en especial las autoridades locales como las gobernaciones y las alcaldías logren conducir un proceso de inversión pública consistente con el ordenamiento ambiental. “Hemos encontrado que esas inconsistencias generan estímulo para la deforestación y un ejemplo concreto es el tema de los planes viales que hoy no tienen en cuenta el ordenamiento ambiental vigente”.
Para Rodrigo Negrete, abogado ambiental y exasesor jurídico del Ministerio de Ambiente, también es importante analizar la efectividad de los programas y recursos nacionales y de cooperación internacional que se están invirtiendo para frenar la pérdida de bosques. “En 2019 hay que prestarle especial atención a todos los proyectos que se están ejecutando en la Amazonía, cuál es el control sobre los dineros, recursos y en general sobre la gestión que se está haciendo allí; qué tanto están incidiendo esos proyectos sobre la deforestación”, se pregunta Negrete.
Este análisis será clave, teniendo en cuenta que a finales de noviembre el director general de Cooperación Internacional y Desarrollo de la Unión Europea, Stefano Manservisi, anunció el aumento de recursos de cooperación para Colombia, destinando 9,5 millones de euros al sector Ambiente (8 583 690 dólares). Además, el 17 de diciembre, el Fondo Colombia Sostenible ─a través de tres líneas de inversión con recursos provenientes de Noruega, Suecia y Suiza─ desembolsó los primeros 7 millones de dólares para impulsar el desarrollo rural en el campo colombiano, asegurar la sostenibilidad ambiental y afrontar los desafíos de la deforestación y el cambio climático.
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2. El fracking a debate en marzo
El proyecto de ley que pretende prohibir el fracking en Colombia es otro de los pendientes para el 2019. El proyecto fue presentado el 1 de agosto de 2018 en el Congreso y el legislativo pospuso su debate para diciembre. Una vez llegó ese mes, los congresistas decidieron aplazarlo para marzo, cuando retornan de vacaciones.
Carlos Andrés Santiago, líder de la Alianza Colombia libre de fracking, afirma que el objetivo del Congreso es que el proyecto se hunda. Este tiene que dar cuatro debates en un año, es decir, hay plazo hasta el 20 de julio de 2019. Si en el 2018 no alcanzaba a hacerse el segundo debate es poco probable que el tiempo alcance. “Como les quedaba mal hundirlo de frente, lo que han hecho es aplazar las discusiones y acabarlo de esa manera”.
Para Santiago, en 2019, el debate sobre el fracking no se limitará solo al Congreso. El gobierno anunció en el 2018 su decisión de iniciar proyectos piloto de fracking. “Hay una decisión temporal de suspensión tomada por el Consejo de Estado gracias a una demanda que interpusimos contra los decretos del marco normativo del fracking, esto quiere decir que no se pueden firmar contratos, ni otorgar licencias, ni desarrollar proyectos. Si lo hacen sería completamente ilegal”.
El 2019 estará marcado por una fuerte disputa entre quienes se oponen al fracking y quienes están a favor de la explotación de yacimientos no convencionales. Los opositores han recurrido al Congreso pero también a la rama judicial para intentar frenar el fracking y este año tratarán de presentarle los mejores argumentos al Consejo de Estado para que falle definitivamente a su favor. El Plan Nacional de Desarrollo también impondrá desafíos para quienes se oponen a esta propuesta del sector hidrocarburos, “si bien aún no se conoce el texto de la ley, en el documento de debates se menciona el desarrollo de los yacimientos no convencionales en dos párrafos… Lo más probable es que en el Plan Nacional se mencionen varios artículos para legitimar el fracking por esta vía”, asegura Carlos Andrés Santiago.
Sin duda, este debate ocasionará en Colombia múltiples movilizaciones sociales. Para Santiago, las comunidades, en especial las del Magdalena medio ─donde se han anunciado los pilotos de fracking─, recurrirán a fuertes manifestaciones de resistencia, “lo cual agravará los conflictos socioambientales y la situación de líderes sociales”.
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3. Un año crucial para las consultas populares
En octubre de 2018 la Corte Constitucional tomó la decisión de prohibir las consultas populares que se realizaban para que la población pudiera decidir si estaba a favor o en contra de permitir proyectos extractivos en sus territorios. Esta decisión abre dos enormes interrogantes para el 2019: qué pasará con las decisiones tomadas en las consultas realizadas con anterioridad a la sentencia ─mecanismo de participación ciudadana─ para frenar proyectos extractivos. Esto además dejó en duda las decisiones de las nueve consultas populares que se habían realizado con anterioridad a la sentencia y si este mecanismo de participación ciudadana quedará finalmente revocado.
El abogado Rodrigo Negrete asegura que varias organizaciones como Dejusticia y universidades como la de Antioquia y Los Andes han interpuesto recursos de nulidad contra el fallo de la Corte y se espera que dichas demandas tengan una respuesta en 2019. “Es muy probable que eso se decida rápido porque el gobierno quiere que las puertas queden totalmente cerradas. Además, la que debe decidir es la misma Corte Constitucional y sería muy extraño que fallara en contravía a su decisión inicial”.
Al tiempo que esto ocurre, las organizaciones también acudieron al Sistema Interamericano de Derechos Humanos y solicitaron una audiencia. Sin embargo, para que el organismo internacional tome cartas en el asunto se debe esperar a que la Corte Constitucional decida sobre las demandas, pues solo así se habrán agotado todas las instancias judiciales en el país.
Algunos municipios todavía intentan convocar a consultas populares pero durante 2019 les negarán las solicitudes, por lo menos mientras la sentencia siga vigente. Sin embargo, Negrete asegura que se seguirán promoviendo los acuerdos municipales en defensa del patrimonio ecológico y cultural, pues son otra forma de prohibir las actividades extractivas desde los gobiernos locales y, según dice, la Corte no se pronunció sobre ese tema. “Ya van 39 acuerdos. Solo entre noviembre y diciembre de 2018 se aprobaron 10. Los mineros y los petroleros afirman que con la sentencia también se prohibieron los acuerdos, pero eso no es cierto”.
Para el abogado ambiental el apoyo del gobierno de Iván Duque a la industria extractiva es evidente y se refleja en hechos como que Colombia no ratificara el Acuerdo de Escazú ni la declaración de la ONU sobre derechos de los campesinos. “La tendencia del gobierno es ir cerrando posibilidades a cualquier espacio que tenga que ver con temas de líderes sociales y derechos de la naturaleza”, asevera. Esto a pesar de que el presidente Iván Duque ha dicho que los proyectos extractivos se realizarán con las más altas exigencias ambientales y de sostenibilidad.
El pronóstico de Negrete no es alentador. “En términos generales los conflictos se van a agudizar en 2019 y creo que van a seguir los asesinatos de líderes sociales y ahí están los ambientalistas”.
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4. Más áreas protegidas pero recursos limitados
Colombia cerró el 2018 con 30 923 668 hectáreas protegidas, una cantidad de territorio que equivale casi al tamaño de Italia. Sin embargo, a pesar del incremento de hectáreas protegidas, el presupuesto del sector Ambiente y en especial el que va para Parques Nacionales sigue siendo muy pequeño para gestionar eficientemente esas áreas. Esto a pesar de que en septiembre el ministro de Ambiente, Ricardo Lozano, logró que el presupuesto de la entidad pasara de 60 000 millones de pesos (18 320 000 dólares) a 77 000 millones de pesos (23 511 000 dólares).
Carlos Castaño, exdirector de Parques Nacionales comenta que las estadísticas de gestión de la entidad han mejorado pero que no hay recursos suficientes para alcanzar los estándares internacionales. Según dice, hay un guardaparques por cada 50 000 hectáreas cuando el estándar es de 1 para cada 100 hectáreas.
En términos generales 2019 es un año de desafíos para las áreas protegidas, pero aún más para las marinas. “El principal reto está en generar mayor información. Tenemos más datos del tema terrestre, pero en el marino hasta ahora se está empezando. El trabajo en mar es mucho más costoso, la logística más fuerte y se necesita gente mucho más especializada”, argumenta Carolina Jarro, subdirectora de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas de Parques Nacionales Naturales de Colombia.
Aunque es un tema recurrente desde hace ya varios años, otro de los desafíos que enfrentarán las áreas protegidas en 2019 es el de garantizar la conservación ambiental al tiempo que se plantean opciones productivas sostenibles para las personas, principalmente campesinos, que viven dentro de ellas.
De acuerdo con las cifras que maneja Parques Nacionales, en 37 de las 59 áreas que cuentan con la categoría de Parque Nacional hay asentamientos humanos. “Pero no todos son campesinos vulnerables”, advierte Jarro, “también hay acaparadores de tierras y gente que invade para construir sus viviendas al interior de esas áreas naturales”. Según la funcionaria, tienen caracterizadas el 30 % de las áreas y han registrado cerca de 6000 personas. Con esas proyecciones estiman que dentro de los Parques Nacionales hay unas 18 000 o 20 000 personas, la gran mayoría en condición de vulnerabilidad, que están causando un enorme impacto ambiental en zonas muy frágiles y a las que se les debe dar una respuesta como Estado, no solo desde la autoridad ambiental.
5. Tres decretos vitales para los pueblos indígenas
Durante 2018 los pueblos indígenas se enfrentaron a la deforestación, los cultivos ilícitos, el tráfico de madera y el acaparamiento de tierras dentro de sus territorios. La defensa de sus bosques los convirtió, además, en blanco de amenazas y asesinatos.
A pesar de todos estos ataques, el año pasado también se materializaron tres importantes decretos a los que habrá que hacerle seguimiento en 2019: el de la Línea Negra, que busca proteger los lugares sagrados de cuatro pueblos que habitan en la Sierra Nevada de Santa Marta; el de áreas no municipalizadas para los departamentos de Vaupés, Guainía y Amazonas, que busca fortalecer su autonomía; y finalmente el decreto para proteger a los pueblos indígenas en aislamiento, el cual crea y organiza el Sistema Nacional de Prevención y Protección para estas poblaciones.
El decreto de la Línea Negra ─que fija límites de acuerdo a los conceptos espirituales de los pueblos de la Sierra─ ha sido uno de los que mayor polémica ha generado desde que el expresidente Juan Manuel Santos lo firmó el 6 de agosto de 2018, un día antes de dejar la Casa de Nariño. Gremios como el hotelero, y las autoridades de los departamentos de Magdalena, Guajira, Cesar, Atlántico y Bolívar insisten en que la ampliación de 54 a 348 puntos geográficos del polígono del territorio ancestral de los pueblos afectará la propiedad privada y se constituirá en un obstáculo para la ejecución de nuevos proyectos. El inconformismo ha sido fuerte pues las zonas sagradas incluyen áreas urbanas de capitales como Riohacha, Valledupar y Santa Marta ─incluida la turística zona costera de Taganga en esta última ciudad─.
Para Carolina Gil, directora de Amazon Conservation Team (ACT) en Colombia, el decreto de la línea negra generó mucha polémica por falta de comprensión de la comunidad en general. “Creemos que este decreto puede ser un puente para ordenar los procesos que hay en la Sierra Nevada de Santa Marta, que además es una estrella fluvial súper importante para toda la población”. Para Gil, la protección de los sitios sagrados no es solo un tema cultural sino ambiental pues se relaciona con la protección de las cuencas hidrográficas más importantes que abastecen no solo a los indígenas sino a toda esta región del Caribe colombiano.
Por su parte, el decreto de áreas no municipalizadas es un paso importante para la formación de las entidades territoriales indígenas en aquellos departamentos ─Guainía, Amazonas, Vaupés─ donde no existen municipios. Carolina Gil asegura que no solo va a ser un reto para la institucionalidad pública, en términos de cómo acompañar a las comunidades en la implementación, sino también para los mismos pueblos indígenas de esos departamentos “para garantizar que esta se convierta en una herramienta de gestión que sume a la autonomía de los pueblos, pero entendiendo que ellos están insertos en un país llamado Colombia y que deben fortalecer su relación con otros actores en el territorio”.
El decreto para pueblos en aislamiento es también vital, según la directora de ACT, porque estas comunidades son tal vez las más vulnerables, “porque no tienen voz”. Robinson López, coordinador de Derechos Humanos de la Organización de Pueblos Indígenas Amazónicos de Colombia (OPIAC), está convencido de la necesidad de proteger a los pueblos aislados ya que hay denuncias sobre el impacto del mercurio en la salud de algunas comunidades que viven cerca del río Putumayo y en la parte baja del río Caquetá, donde también estarían los indígenas aislados que viven cerca de esto ríos.
López dice que también le preocupa lo que vaya a pasar con la consulta previa en el Plan Nacional de Desarrollo que se le apruebe al gobierno de Iván Duque en 2019. “El Departamento Nacional de Planeación (DNP) ─entidad que formula el Plan Nacional de Desarrollo─ no tiene voluntad política para garantizar que este proceso sea amplio, participativo y que incluya las iniciativas de los pueblos amazónicos. Hay amenazas como megaproyectos petroleros y mineros y la deforestación de grupos al margen de la ley en seis departamentos de la Amazonía. Nos sentimos discriminados y nos podrían estar condenando al exterminio inminente”.
6. ¿Es suficiente con prohibir el mercurio?
El 15 de julio de 2018 Colombia prohibió legalmente el uso del mercurio en la minería. Para 2023, la industria y todos los procesos productivos en el país deberán eliminarlo de sus actividades.
El ministro de Ambiente, Ricardo Lozano, anunció un plan de acción sectorial ambiental de aquí a cinco años. Uno de los objetivos es investigar la contaminación presente en agua, sedimentos y aire, evaluar su impacto en especies de fauna y flora, y promover la recuperación de ecosistemas afectados. “Con este plan se contribuye a la prevención de la contaminación por mercurio al controlar el uso, consumo y producción de la sustancia en el país. Adicionalmente, con los límites a la minería formal y a los diversos sectores, se busca frenar la producción, importación y exportación de productos que contengan mercurio como bombillos, termómetros o baterías”, dijo el ministro.
A pesar de esto, expertos consultados por Mongabay Latam aseguran que la ley no resuelve necesariamente el problema si en 2019 no se ataca con contundencia a las industrias ilegales que son las que más uso irresponsable hacen del mercurio. “Aquí todavía pensamos que con una ley podemos resolver todos los problemas”, afirma Rodrigo Negrete. Para él, el problema es que mientras no haya un control efectivo y no se promuevan alternativas reales para las personas que trabajan en esta actividad, seguirán usando este elemento químico.
Negrete cree incluso que la prohibición puede ahondar el problema al generarse un incentivo perverso a favor del mercurio. “Se incrementa su precio y la gente lo sigue comercializando porque es más rentable. Es similar a los cultivos de uso ilícito: están prohibidos, pero, ¿hemos controlado el narcotráfico? No, sigue creciendo”, agrega.
Imagen principal: Parque Nacional Natural Chiribiquete. ©LG Naranjo/WWF Colombia.
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