- El Covid-19 no detuvo el trabajo de las topadoras ni el acoso y las amenazas de desalojo que sufren los habitantes del bosque en la zona más árida y menos desarrollada del Impenetrable chaqueño.
- En el transcurso de 2020 se perdieron 84 645 hectáreas de bosque. La cifra de 2021 podría superarse, mientras se vive un debate cada vez más caliente entre los defensores ambientales y el sector productivo. Durmientes de ferrocarril, madera para la industria forestal o la generación de energía y tierras para la producción agroganadera ponen en riesgo al quebracho colorado y otras especies de flora nativa.
“Mi familia tiene una orden de desalojo. Es por un juicio de restitución de unas 20 hectáreas que nos inició en 2009 Gianfranco Macri, hermano de Mauricio, el expresidente de la Nación, y quien registra como dueño de esa finca. El lugar se llama Puesto El Blanco y es una zona de monte virgen, nativo, donde mi familia está instalada desde hace un siglo. Mi bisabuelo Claudio ya vivía allí”. Este es el relato de Viviana Segovia. El sitio al que se refiere está ubicado a 10 kilómetros de distancia de una de las carreteras asfaltadas que atraviesan el corazón de la región chaqueña, en la franja oriental de la provincia de Salta. No hay electricidad ni paneles solares, pero Segovia comenta que los expertos dicen que debajo del suelo habría un inmenso mar de agua dulce y también de petróleo.
“El paraje se llama La Fidelidad, pero a nuestro puesto —como se denomina en la zona a los pequeños caseríos— le pusimos El Escondido porque está unos cinco kilómetros monte adentro. Somos seis familias. Ahí murieron mis bisabuelos y mis abuelos. De pronto, un día de agosto de 2021 apareció un señor de apellido Polentarutti diciendo que era el dueño. Metió una topadora y empezó a abrir franjas de 15 metros. Rompió nuestro alambrado, los postes, los candados, las plantas que la gente usaba para tener sombra y comenzó a desmontar”, comenta Ezequiel Orquera, de 29 años de edad, y quien lleva varios meses al borde de la desesperación. Su problema, como el de los Segovia, es el mismo: no tiene títulos de propiedad, sus familiares nunca los tuvieron porque las sucesivas autoridades jamás se los dieron. En algún momento sus tierras fueron vendidas sin que ellos lo supieran y, ahora, los dueños legales, según los papeles, han decidido echarlos.
Los casos de los Segovia, en la provincia de Salta, y de los Orquera, en la provincia del Chaco, son apenas un par de ejemplos vigentes de un viejo conflicto en la amplia región conocida como el Impenetrable, el área más inhóspita del Gran Chaco argentino, donde habitan comunidades de pueblos originarios de diferentes etnias —wichíes, qom, tobas, mocovíes— y donde campesinos criollos fueron asentándose y adaptándose durante décadas al monte árido y caluroso, domesticando la dureza de un lugar donde las temperaturas pueden alcanzar los 50 grados Celsius en verano —de hecho, en este mes de enero se ha batido el récord histórico: 13 días consecutivos con temperaturas por encima de los 40 grados— y donde no llueve durante más de siete meses al año. En 2020 y 2021 la falta de lluvias fue todavía más prolongada, aumentando la intensidad de la sequía.
Daniel Liberatti, directivo del Frente Nacional Campesino, también menciona el caso del empresario José Curti, dedicado a la exportación de carbón y muy ligado a Jorge Capitanich, actual gobernador de Chaco, quien en julio de este año ingresó con peones, un rolo y una topadora a un campo donde viven 50 familias. “Solo dejó de desmontar el día que logramos que Marta Soneira, la secretaria provincial de Desarrollo Territorial y Ambiente, fuera al lugar. Pero después siguió”, relata Liberatti y agrega que “hay que tener las espaldas muy bien cubiertas para actuar de esa manera”. Hasta el momento, Curti se ha negado a dar declaraciones públicas sobre estos hechos.
Ordenamiento de bosques nativos: una discusión interminable
“En 2020 la provincia aprobó los permisos de uso de suelo para actividades productivas en 1337 hectáreas y 1510 en 2021. La aprobación del resto de los expedientes quedó en suspenso hasta que terminemos el proceso de ordenamiento”, indica Alejandro Aldazábal, secretario de Ambiente de Salta.
El Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos (OTBN) es una medida contemplada en la Ley de Bosques que regula todo lo relativo al manejo de las superficies boscosas en el país. Divide los mapas de cada provincia en zonas rojas en las que está prohibida cualquier alteración del paisaje; amarillas, donde solo pueden realizarse actividades productivas debidamente autorizadas y bajo condiciones especiales; y verdes, donde pueden otorgarse permisos de transformación del suelo. Estos mapas deberían actualizarse cada cinco años, pero tanto en Salta como en Chaco aún se mantienen vigentes los originales, realizados en 2009. En 2021, ambos procesos se pusieron en marcha pero avanzan envueltos en sus propias polémicas y obstáculos.
“En la reunión del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA), todas las provincias nos hemos comprometido a actualizar los OTBN para recibir los fondos que reparte la Ley de Bosques en 2022”, señala Aldazábal y aclara que “en Salta, en 12 años no se había hecho ninguna reunión participativa con las comunidades de campesinos y pueblos originarios. Eso no puede repetirse, es lo peor que puede pasarles a los bosques. Nuestro cálculo era tener listo el OTBN en diciembre. No se pudo, pero en cuanto se apruebe habría que iniciar el siguiente OTBN para que no vuelva a ocurrir lo mismo”.
Ana Álvarez, presidenta de la Red Agroforestal Chaco Argentina (REDAF), nunca compartió ese optimismo: “Existen varias objeciones al nuevo ordenamiento; no hay propuesta de mapa; Carlos Trucco, coordinador de la Unidad Ejecutora de Revisión del OTBN, ha renunciado a su cargo… Era imposible resolverlo tan rápido”.
A finales de septiembre, varias organizaciones indígenas y campesinas solicitaron formalmente que se les brinde “la información completa, bilingüe y con la debida antelación” para asistir a las reuniones convocadas, así como la incorporación al debate de los citados conflictos de desalojo.
“Para que los mapas sean correctos hay que regularizar la titularidad de las tierras. No se pueden apurar los tiempos”, sostiene Lucía Ruiz, de la asociación civil Unión y Progreso. Mientras que Hernán Giardini asegura que la Ley de Bosques está atada a la que obliga a efectuar análisis del territorio de uso de las comunidades indígenas, pero la actualización de esos estudios está atrasada en más del 50 % del país.
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Un mapa que disgustó a casi todos en la provincia del Chaco
En la provincia del Chaco, el gobierno local convocó talleres informativos durante el mes de junio de 2021, en pleno recrudecimiento de la pandemia en el país, y aunque invitó a numerosas organizaciones civiles a participar de una Mesa de Diálogo en la búsqueda de consensos, esta fue un fracaso. “Ninguna mesa puede trabajar si no se brindan los datos necesarios para hacer una evaluación seria”, comenta Ricardo Tiddi. Finalmente, y tras presentarse un posible mapa de ordenamiento de bosques que no se había consensuado, varias organizaciones de la sociedad civil como Greenpeace, Fundación Vida Silvestre y Somos Monte, decidieron abandonar el espacio.
“Es un proceso complejo. Hay que discutir cuestiones vinculadas a los bosques y a la industria forestal, pero también a la cuestión hidrológica y los suelos, a lo social por las comunidades aborígenes y campesinas, a la fauna…”, acepta Luciano Olivares, subsecretario de Desarrollo Forestal de la provincia.
Tiempo después, en los primeros días de septiembre, un nuevo mapa agradó al universo ambientalista, pero entonces chocó con la postura de los productores agroforestales. A través de una nota firmada por muchos empresarios locales, el sector productivo dijo que la nueva cartografía respondía “al capricho de un puñado de personas de la Secretaría de Ambiente”, y concluía que, de confirmarse el mapa, “muchas zonas con potencial productivo se verán en un eterno conflicto que no podrá revertirse, por la imposibilidad de retroceder en regulaciones ambientales”.
A pesar de esto, en noviembre de 2020 una medida cautelar dictada por la Justicia provincial prohibió expresamente la ejecución de permisos de desmonte otorgados con anterioridad a esa fecha y la entrega de nuevas autorizaciones hasta no completar la actualización del OTBN. Pero, en la práctica, estas restricciones no se cumplen. “Según los informes de Greenpeace, en 2021 llevamos alrededor de 3000 hectáreas deforestadas de manera ilegal en la provincia del Chaco”, enfatiza Ricardo Tiddi, “y en la página web del gobierno provincial nunca hubo un aviso oficial de que estuviera prohibido talar. A veces me pregunto cuál es el grado de complicidad con estas conductas”, añade. Por su parte, Liberatti afirma que “no es que se otorguen permisos para deforestar pero sí para desarrollos silvopastoriles de ganadería que nadie controla y que terminan con un desmonte casi absoluto en el interior de los predios”.
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Niveles de protección demasiado bajos
Santiago del Estero y Formosa, las otras dos provincias comprendidas en el territorio del Gran Chaco, cumplieron con anterioridad el trámite de renovar su OTBN. La primera lo hizo en 2015 y, la segunda, en 2018. Sin embargo, ambas tienen sus propios problemas. Un estudio realizado por la doctora Claudia R. Zeman, profesora e investigadora de Derecho de los Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Universidad Católica de Santiago del Estero, hacía notar que ya en el ordenamiento original de la provincia en 2009 “se permite deforestar en zonas de categoría II (amarillo) que la legislación nacional no admite”. Tanto en aquel momento, como en la actualización, la mayor parte de las áreas boscosas (73,8 %) se encuadraron en esa categoría.
A su vez, Formosa redefinió las categorías con un criterio distinto y mucho menos conservador de las superficies boscosas, si se compara con el resto de las provincias del país: solo el 25 % del territorio se encuentra excluido del uso productivo.
“Para equilibrar la agricultura con la protección de la valiosa biodiversidad del Gran Chaco y sus reservas de carbono relevantes a nivel mundial, el 40 – 50 % de los bosques deberían estar protegidos”, sostiene un estudio colaborativo recientemente publicado por investigadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el Departamento de Geografía de la Universidad Humboldt de Berlín.
Matías Mastrángelo, doctor en Biología de la Universidad de Mar del Plata, señala a su vez: “solo en la provincia del Chaco se extraen dos millones de toneladas de madera por año para obtener tanino [sustancia que se extrae del quebracho y es usada, principalmente, en el curtido de cueros] durmientes o carbón. Este ritmo de extracción supera la capacidad de recuperación del bosque y la tala se expande, dejando bosques agotados tras de sí”.
Los durmientes —que tapizan la amplia red ferroviaria en un país con una gran extensión como Argentina— fueron durante buena parte del 2021 otro punto de discordia. En agosto, el gobierno nacional licitó la compra de 36 000 piezas de quebracho colorado (Schinopsis balansae) para destinarlas a ese uso. Dos meses más tarde se añadió una nueva oferta por otras 66 000 piezas. “En ocho años se talaron 2,4 millones de árboles de una especie cuyo crecimiento necesita 50 o 60 años para ser útil en términos forestales. Cada vez quedan menos ejemplares grandes y se está empleando casi un árbol por durmiente”, explica Hernán Giardini.
“El aprovechamiento forestal nunca se detuvo, ni siquiera en los días más duros de la pandemia”, indica Daniel Liberatti, directivo del Frente Nacional Campesino. “Hubo un caso llamativo en Sauzalito, más allá de Nueva Pompeya, provincia del Chaco. Unos trabajadores entraron a la fuerza a cortar madera en las tierras de una familia, y a los afectados no les dejaron ir a la comisaría a hacer la denuncia porque la cuarentena estricta prohibía la circulación. Esto demuestra la complicidad que existe entre productores e instituciones del Estado”, añade.
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Descontrol y vigilancia escasa
El problema de la deforestación en la zona surge a partir de la escasez o ausencia de vigilancia. “Yo veo que los aprovechamientos se hacen sin respetar ninguna disposición. Entra un ‘pirata’ y se lleva lo mejor, sin control de medidas ni peso de la madera”, asegura Pizzi, quien vive en la Misión Nueva Pompeya, cabecera municipal de una región enclavada en la profundidad del Impenetrable en la provincia del Chaco. Las autorizaciones de tala otorgadas por las autoridades provinciales, denominadas guías, establecen la cantidad y tamaño de árboles a derribar y la zona concreta dónde debe hacerse. Sin embargo, es ‘vox populi’ que la cifra de troncos que los camiones acaban trasladando es muy superior a la indicada.
“En nuestra zona todavía hay bosque nativo, pero en los últimos 10 años se ha reducido de una manera muy significativa, se puede corroborar con imágenes satelitales. Ahora mismo hay mucho desmonte”, comenta Viviana Segovia, habitante del Gran Chaco argentino en la provincia de Salta.
El pasado 13 de octubre, durante la audiencia judicial de una medida cautelar contra los desmontes en el Chaco, Antonio Gil, gerente de la empresa Unitán, manifestó: “hemos realizado una inversión de 18 millones de dólares en una planta de generación de energía por biomasa. Sería un contrasentido que se tuviera que parar por falta de materia prima, por la disminución del ingreso de madera”.
Unitán es una de las dos fábricas que controlan el mercado del tanino. Según la organización Somos Monte, el problema sería que con los residuos que genera habitualmente la empresa, la planta de biomasa solo puede abastecer el 0,1 % de la energía prevista en su proyecto, y para obtener el 99,9 % restante debería quemar cada año 80.000 toneladas de madera provenientes de los bosques de la provincia.
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La resistencia de los campesinos
La familia Segovia planteó en 2014 una demanda para hacer valer la ley de posesión veinteañal sobre su paraje del Chaco salteño —un modo de adquisición de una propiedad luego de ocuparla durante más de 20 años—. “Estaba radicada en el mismo juzgado que la denuncia de los Macri contra nosotros, pero mientras una avanzó y nos amenazan con el desalojo, la nuestra nunca se movió, hasta que quedó en nada. No somos los únicos, no conocemos ninguna familia que haya logrado una sentencia favorable sobre estas cuestiones [derecho de posesión]”, expresa Viviana Segovia, la vocera de la familia.
Agustín Ocampo, director de la finca de Jeanfranco Macri, tiene otra versión del conflicto. “Nosotros nunca hemos desalojado ni pretendido desalojar a nadie, de hecho hemos llegado a acuerdos con muchas familias que viven en esas tierras, pero dentro de condiciones razonables”, asegura en diálogo con Mongabay Latam. Ocampo fundamenta su postura en lo que considera pretensiones excesivas de los Segovia: “cuando empezaron las negociaciones, ellos no tenían explotación ganadera ni había mejoras en sus tierras. A los demás se les homologó las extensiones correspondientes en relación a lo que tenían. Sería una falta de respeto a ellos otorgarles a esta familia una cantidad de tierra mayor. Pero nosotros seguimos abiertos a un acuerdo”. Viviana Segovia afirma que su familia ocupa unas 1500 hectáreas y que las 80 cabezas de ganado de su padre no se pueden criar en las 150 hectáreas que ofrecen los Macri. El conflicto continúa abierto.
Su caso motivó a que salieran a la luz los de otras muchas familias con problemas similares en la zona, y su movilización —que incluyó cortes de ruta y una marcha hacia la capital provincial— logró que el gobierno de Salta creara una Mesa de Trabajo que comenzó su tarea en los primeros días de diciembre y en la cual las organizaciones campesinas tienen voz y voto. También se logró que la Legislatura provincial dictase una ley que prorroga los desalojos por dos años, lo cual no soluciona el problema, pero al menos calma momentáneamente los miedos.
Sin embargo, la lucha de Ezequiel Orquera en La Fidelidad, provincia de Chaco, permanece sin ninguna novedad y asegura que si pierden sus tierras, su vida cambia. “Esto es lo único que tenemos. No nos beneficiamos del Estado, vivimos de lo que hay en el monte, de nuestros chivos y vacas. ¿Cómo podríamos vivir en un pueblo donde tengamos que pagar la luz, el agua y los alimentos?”, se pregunta.
Sus rostros y su angustia son una expresión de la realidad que se esconde en el interior del Impenetrable y que afecta tanto a pobladores rurales como a la flora y fauna que ven cómo siguen reduciéndose sus hábitats en el Gran Chaco argentino.
*Imagen principal: Tareas de deforestación en el predio de José Curti. Foto: Autor desconocido.
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