- La falta de sintonía entre las intenciones declaradas y los hechos concretos fueron la marca registrada del país en el transcurso del año.
- Argentina no trazó su estrategia de descarbonización para 2050, los humedales y bosques continúan sin estar debidamente protegidos y existen proyectos para estimular el fracking y la producción agroganadera.
- A cambio, la educación ambiental se convirtió en ley, aumentaron las áreas protegidas y la presión popular instala cada vez con más fuerza los temas ambientales en la agenda pública diaria.
Contradicciones, dobles discursos y profundas distancias entre las intenciones y los hechos conforman el nudo central de un año en el cual, al mismo tiempo y paradójicamente, las cuestiones ambientales han logrado ganar terreno en las agendas de interés público y político de la Argentina.
El país debió atravesar en 2021 los meses más duros de la pandemia de COVID-19, y pese a que en el segundo semestre las cifras de producción industrial han mostrado un fuerte grado de recuperación, la atención del país hacia el cambio climático y la biodiversidad se vio condicionada por otras variables económicas. El resultado ha sido la adopción de varias medidas contrarias a los compromisos adquiridos por el gobierno en los foros internacionales.
Los índices de pobreza y marginalidad, y una inflación incontenible cercana al 50 por ciento anual, sumados a la falta de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para refinanciar una impagable deuda de 44 mil millones de dólares inciden de manera fundamental en los presupuestos del Estado y, como sostiene María Elina Serrano, ingeniera hidráulica y ex Ministra de Ambiente de la provincia del Chaco: “Sin presupuesto no hay política ambiental ni de actuación contra el cambio climático posibles. No alcanza solo con saber lo que hay que hacer”.
Dentro de este contexto, el año conoció los vaivenes habituales, con noticias positivas o esperanzadoras, algunas preocupantes y otras decididamente malas hasta dibujar un mapa de situación que no deja conforme a casi nadie.
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Lo peor: cada sector mira solo su propia realidad
“Lo que ocurrió en la COP26 fue vergonzoso”, sentencia Gastón Tenenbaum, activista y uno de los fundadores de la organización Jóvenes por el Clima, quien estuvo presente en la cumbre climática celebrada en Glasgow, Escocia. “El ministerio de Producción decía cosas diferentes al de Agricultura y Ganadería o a la Secretaría de Energía, y todos a su vez, distintas a lo que opinaba el ministerio de Ambiente”, relata antes de preguntarse: “¿Qué Plan Nacional de Adaptación y Mitigación del Cambio Climático (PNAMCC) se puede tener a largo plazo si no logran ponerse de acuerdo ni dentro del gobierno?”.
Debido a estas desavenencias, según los especialistas y científicos que han seguido las negociaciones, Argentina no logró presentar en la cita de Escocia una estrategia concreta de descarbonización hacia el año 2050, y tampoco un plan realista de las medidas que el país piensa implementar para cumplir los compromisos de NDCs (contribución de limitación de gases de efecto invernadero) asumidos y anunciados por el presidente Alberto Fernández en noviembre de 2020. “La participación de nuestro país ha demostrado falta de consistencia entre lo discursivo y lo ejecutivo, y evidencia fuertes contradicciones y falta de definiciones políticas de alto nivel”, opina al respecto Manuel Jaramillo, presidente de la Fundación Vida Silvestre Argentina.
Esta ausencia de una mirada que represente una posición clara y unificada desde el Estado estuvo presente en los distintos problemas ambientales que debieron resolverse durante 2021.
El tratamiento a los humedales, que ocupan el 21 por ciento de la superficie del país, es uno de los mejores ejemplos. En la campaña electoral previa a las elecciones legislativas de noviembre, varias agrupaciones políticas mencionaron de manera expresa la necesidad de promulgar una ley que lleva cuatro intentos de aprobación sin éxito alguno, pero sin embargo el período de sesiones ordinarias amenaza con cerrarse sin que los proyectos lleguen siquiera a tratarse. “Sería consecuente que los actuales legisladores de las diferentes bancadas movilizaran el tratamiento de la ley, pero eso no ocurre”, dice Jaramillo.
La extrema sequía padecida en buena parte del país, y que afectó de manera particular a la extensa cuenca del río Paraná, y los incendios que se repitieron otra temporada más en el delta, próximo a su desembocadura en el Río de la Plata, parecieron agilizar el trámite en un momento del año. La Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano de la Cámara de Diputados dio su visto bueno, pero el proyecto quedó trabado en la Comisión de Agricultura y Ganadería, uno de los tres sectores contrarios a una norma que podría limitar sus actividades, junto al minero y el inmobiliario.
“Más de 30 ONG montamos una plataforma desde donde enviar mensajes a través de correos electrónicos o redes sociales a los diputados”, comenta Nadia Boscarol, coordinadora de Política del programa Corredor Azul en la Fundación Humedales/Wetlands International, y agrega: “Mandamos alrededor de 20 000 para que presten atención al tema, pero lo máximo que conseguimos fue que la senadora Gladys González nos prometa que en caso de que este proyecto pierda carácter parlamentario, su grupo volverá a presentarlo de inmediato”. Mientras tanto, los humedales continúan un año más sin contar con una norma que los proteja.
La disociación entre lo que se dice y lo que se hace vuelve a aparecer en el sector energético. El proyecto de ley de hidrocarburos enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso, el elevado volumen de subvenciones públicas destinadas a las empresas que extraen petróleo y gas a través del fracking, y la autorización de nuevas prospecciones petrolíferas en el mar Argentino son ejemplos concretos de estas diferencias. “Por un lado existe un compromiso de reducir un 19 por ciento las emisiones en 2030 y por el otro, se generan incentivos fiscales para nuevas exploraciones en tierra y offshore hasta 2040. Las decisiones del Gobierno nacional en materia energética y climática parecen discurrir por canales paralelos”, sentencia María Marta Di Paola, directora de Investigación de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).
La secuencia se repite en casi todos los ámbitos, de tal modo que llega a poner en duda y oscurecer las acciones positivas.
Lo malo: bosques olvidados
En abril, el gobierno modificó el presupuesto anual para adjudicarle una partida extra como “Compensación y Estímulo” a los productores de soya. De ese modo, la cantidad prevista en el año superó la destinada al Fondo de Bosques Nativos, tal vez como evidencia de hacia dónde el Estado inclina la balanza en el reparto del escaso dinero disponible. “El desfinanciamiento de la Ley de Bosques ya es un clásico, y en caso de aprobarse el presupuesto 2022 enviado al Congreso, ese capítulo solo representará el 3 por ciento de lo que correspondería, el menor porcentaje desde que se sancionó la ley en 2008”, sostiene Manuel Jaramillo.
Gastón Tenenbaum aporta otro enfoque dentro de la misma cuestión. “En un encuentro con el presidente Alberto Fernández en Glasgow le pregunté sobre la falta de financiamiento de esa ley y me respondió que sin fondos externos no vamos a poder cuidar nuestros bosques. ¿Eso significa que solo vamos a protegerlos si llega dinero del exterior?”, se pregunta el integrante de Jóvenes por el Clima, y subraya: “Me parece un desastre”.
La falta de fondos para incentivar el cuidado de las áreas es solo uno de los problemas. Durante 2021 se asistió a los intentos fallidos de actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos en provincias que, como Chaco o Salta, llevan hasta siete años de retraso en realizar esa tarea. Esto significa que la clasificación de las áreas boscosas en rojas (prohibición absoluta de transformación en zona productiva), amarillas (autorización bajo determinadas condiciones de conservación) y verdes, en las que se permite el cambio de uso de suelo sigue siendo la misma que se realizó en 2009, sin tomar en cuenta las miles de hectáreas deforestadas en estos doce años ni los cambios en el clima o las cuencas hídricas ocurridos en ese tiempo.
Mientras tanto, incendios de grandes proporciones afectaron la zona patagónica de El Bolsón en febrero y en Córdoba en octubre. A su vez, en el Chaco, pese a que la Justicia confirmó la prohibición absoluta de deforestación del bosque, las imágenes satelitales confirman que dicha actividad no cesó a lo largo del año.
“Actualmente, la mitad de la deforestación es ilegal, por lo que resulta fundamental que se penalicen los desmontes [la deforestación] y los incendios forestales; y que Argentina establezca una meta de Deforestación Cero para el corto plazo”, enfatiza Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace Argentina.
Una licitación para comprar madera de quebracho colorado (Schinopsis balansae), una especie vulnerable, efectuada por el ministerio de Transporte y destinada a reemplazar miles de durmientes de los ferrocarriles amplía el abanico de preocupaciones respecto al futuro de los bosques argentinos. “Que en pleno siglo XXI, y en medio de una grave crisis climática, sanitaria y de biodiversidad se sigan talando quebrachos para el reemplazo de vías de tren es completamente ridículo y un verdadero crimen”, indica Giardini.
Lo preocupante: desarrollo agrícola y negacionismo
Un proyecto de ley de Fomento al Desarrollo Agroindustrial que fue presentado a finales de septiembre por el Poder Ejecutivo Nacional encendió las alarmas debido a su posible incidencia en la extensión de la frontera agrícola, la utilización de agroquímicos y la emisión de gases de efecto invernadero, de la cual este sector es responsable en un 16,1 por ciento, si se suman la producción primaria, la industria y el comercio. La propuesta hace especial hincapié en el incremento de la capacidad productiva del campo —la pretensión es alcanzar los 200 millones de toneladas de cereales, oleaginosas y legumbres en 2030— y en consecuencia, del volumen exportador del país a través de incentivos fiscales para la inversión en esos sectores.
Un estudio de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) llevado a cabo por Consuelo Bilbao, magíster en Derecho y Economía del Cambio Climático, y directora política del Círculo de Políticas Ambientales, es contundente respecto a la visión que el mundo agropecuario posee al respecto: “En las medidas del plan de acción del agro contra el cambio climático no existen referencias sobre los impactos de la actividad en los bosques nativos […] a pesar de la centralidad que tiene el agro en la deforestación”.
La posible ley constituiría sin duda un impulso para la agroganadería intensiva y la desesperada búsqueda de divisas para el país, y el politólogo Pablo Lumerman, consultor independiente en el Departamento de Asuntos Políticos de Naciones Unidas y experto en conflictos sociales vinculados al ambiente, comprende esa necesidad urgente: “No se puede hablar de transiciones sin pensar en su financiamiento, y este requiere de espalda fiscal. Sin ella no hay coherencia en los objetivos que puedan plantearse”.
La declaración de sostenibilidad, desde ya, forma parte de la propuesta de ley agroindustrial. Se habla de cuidados ambientales y del suelo mediante el uso de semillas fiscalizadas, pero los antecedentes no ayudan a darle credibilidad a tales medidas. A finales de octubre, la fumigación aérea de campos —prohibida a menos 1500 metros de zonas urbanas— provocó diferentes grados de intoxicación a 700 personas en Presidencia Roca, una localidad de 5000 habitantes al este de Chaco, al margen de dañar huertos y pequeños emprendimientos agrícolas.
La notoriedad que han ganado este año las opciones de ultraderecha, negacionistas de los fenómenos ambientales y contrarias a cualquier acción que pueda limitar las actividades productivas a gran escala empeoran el panorama. “El crecimiento de referentes políticos que atentan contra militantes ambientales, no creen en el cambio climático y se esfuerzan para que otras personas tampoco crean es sin duda un motivo para preocuparse”, dice Gastón Tenenbaum. En las recientes elecciones dichas agrupaciones han logrado sumar cuatro diputados nacionales por primera vez desde el regreso de la democracia en 1983.
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Lo positivo: más educación, más áreas protegidas
Por fortuna, 2021 también deja puntos a favor que merecen ser destacados. La promulgación de la Ley de Educación Ambiental, en el mes de mayo, es señalada como la mejor noticia del año en la materia. “Se trata de un avance sustancial para instalar estos temas en la agenda. Lo ambiental no puede ser considerado como una cuestión de modas, debería estar en la mesa diaria de todos los sectores sociales y en todo el país”, considera la ingeniera María Elina Serrano. “Es un muy buen paso adelante, una bocanada de aire fresco para el ambientalismo, una victoria”, refrenda Tenenbaum, “porque todo lo que pueda hacerse ahora repercutirá en 2040 o 2050”.
La nueva norma plantea “asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible”, según lo indica el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que agrega que se trata de “una política pública nacional permanente y concertada, dirigida a todas las edades, grupos y sectores sociales”.
La declaración definitiva del Islote Lobos como Parque Nacional encabeza por otra parte las buenas nuevas en torno a las áreas protegidas. Ubicado sobre la costa de la Patagonia norte, es el 40º espacio natural que alcanza la máxima categoría y el primero en el que la Administración de Parques Nacionales tendrá jurisdicción y dominio pleno sobre la superficie oceánica. La riqueza del lugar se basa sobre todo en la presencia de un centenar de especies de aves y de abundantes colonias de mamíferos marinos.
“El país está trabajando bien desde hace tiempo en todo lo relacionado con ecosistemas acuáticos, no solo las costas. La protección de los deltas, estuarios, marismas o turberas están recibiendo apoyos financieros y recursos para estudiarlos”, afirma Serrano. “Este año hubo avances interesantes en la consolidación del parque costero”, asegura Pablo Lumerman, quien también destaca que haya visto la luz el plan de acción en defensa de los tiburones del Atlántico Sur.
La confirmación de que Mar Chiquita, en Córdoba, la mayor laguna salina del continente, será en el futuro próximo el epicentro del nuevo Parque Nacional Ansenuza enfatiza esta apuesta por la conservación de los espejos de agua. El humedal, que puede alcanzar el millón de hectáreas en épocas de lluvias, concentra el 36 por ciento de la avifauna argentina, incluyendo aves playeras, migratorias y hasta flamencos altoandinos.
Sin abandonar el agua, la reactivación del Plan Integral Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible en el Delta del Paraná (PIECAS) ha sido otro punto a tener en cuenta. Por otro lado, la lenta pero progresiva salida de la situación de pandemia ha promovido la reanudación de las tareas de investigación y protección de muchas de las especies declaradas en diferentes grados de peligro de extinción, como el cóndor, el aguará-guazú, el yaguareté, el cardenal amarillo, la loica pampeana y muchas otras que habían visto interrumpida su actividad por el COVID-19.
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Lo esperanzador: ver los vasos medio llenos
Pese a todo, y aunque se hallen inmersas en la tónica general de contradicción, algunas acciones llevadas a cabo en 2021 permiten mirar con cierta ilusión hacia el horizonte cercano.
La ingeniera Serrano rescata que el país “cumplió con la evaluación de emisiones establecida en el Acuerdo de París y aumentó su ambición en el recorte hasta 2030”. Al mismo tiempo resalta el “innovador planteo de canjear deuda externa por los servicios ecosistémicos que nuestros bosques o humedales le prestan al planeta, porque conservar tiene un precio”, una idea que refrenda el politólogo Pablo Lumerman: “Argentina, o cualquier otro país endeudado debería introducir objetivos climáticos dentro de las negociaciones con los organismos de crédito como el Fondo Monetario Internacional”. Y, sin apartarse de ese tema, el gobierno nacional, el Fondo Verde del Clima y el Organismo de Naciones Unidas para la Alimentación (FAO) suscribieron un acuerdo por 82 millones de dólares para ejecutar proyectos de pagos basados en resultados de la Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de bosques (REDD+).
Los reclamos de tierras ancestrales por parte de los descendientes de los pueblos originarios conocieron varios picos de conflictividad, sobre todo con los mapuches en la Patagonia. De fondo aparece la lucha por prorrogar la ley de relevamiento de tierras indígenas para reconocer legalmente la propiedad de sus territorios e impedir los desalojos —un drama que también siguen padeciendo campesinos en el Gran Chaco—, y a la que se oponen grandes empresarios agrícolas y ganaderos.
Hasta ahora, el relevamiento que comenzó en 2006 solo alcanzó al 42 por ciento de las comunidades existentes, lo cual perpetúa el estado de beligerancia. Pero, sin embargo, en este aspecto también suceden hechos favorables, como la consolidación de la Red Indígena de Áreas Protegidas, dentro de lo que se conoce a nivel mundial como Territorios y Áreas Conservadas por Pueblos Indígenas y Comunidades Locales (TICCA), tras la firma de un acuerdo promovido por Naciones Unidas y el Estado nacional. Gracias a ella, 39 comunidades en distintos lugares del país están ejecutando proyectos de conservación de la biodiversidad.
La red combina la conservación de zonas de altísimo valor biológico, varias de ellas amenazadas, con sitios naturales sagrados para las distintas etnias. Pablo Lumerman, facilitador de diálogos en cuestiones ambientales, añade que esto “abre un nuevo marco de interlocución y de creación de estrategias de conservación inclusiva”. La apertura en octubre del Hospital Intercultural Raguiñ Kien, en Ruca Choroi, Neuquén, va en la misma dirección. La institución integra el saber tradicional indígena mapuche a la medicina occidental.
El constante y gradual crecimiento del interés y el conocimiento público en relación a las cuestiones ambientales conforman el último punto favorable de lo sucedido en 2021. “En la campaña electoral, muchos candidatos tuvieron que responder preguntas sobre granjas porcinas, ley de humedales o incendios. Eso es un avance indudable porque otro de los grandes problemas ambientales es la comunicación”, se entusiasma Gastón Tenenbaum.
La movilización y las demandas sociales lograron este año detener algunos proyectos como la prospección petrolífera en la costa atlántica de la provincia de Buenos Aires. También motivó que en Tierra del Fuego, la región poblada más austral del planeta, se aprobara una norma que prohíbe la instalación de salmoneras. Y hasta último momento habían conseguido frenar la modificación de la ley de minería en Chubut. Sin embargo, en la noche del 15 de diciembre, la Legislatura provincial aprobó un cambio que desató una ola de protestas y represiones. La denominada “zonificación” permite poner en marcha una mina de plata a cielo abierto -el Proyecto Navidad regentado por la Pan American Silver Corporation- en una zona de la meseta patagónica con graves problemas de recursos hídricos, aunque las organizaciones de la sociedad civil prometen seguir batallando para impedirlo.
Es cierto, la palabra contradicción caracteriza el camino de la Argentina en los temas ambientales, pero como indica Pablo Lumerman eso ya marca por lo menos “un paso adelante, porque significa que has reconocido el problema. No es suficiente, pero sirve para seguir avanzando”.
*Imagen principal: Un camión que transporta troncos recientemente cortados acaba de perder parte de su carga en uno de los polvorientos caminos del Gran Chaco. Foto: Ricardo Tiddi.
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