En Nicaragua, la Reserva Biológica Indio Maíz es destruida al rugir de motosierras y fuego. Con total impunidad, ganaderos ilegales arrasan uno de los últimos remanentes de bosque tropical en Centroamérica. Lo mismo ocurre con los mineros ilegales, que ingresan al bosque para buscar oro, dejando numerosas fuentes de agua contaminadas con mercurio.

El pueblo indígena Rama y el pueblo afrodescendiente Kriol están en medio de las amenazas. Aun con sus vidas en peligro, han formado una alianza y se han organizado para defender su territorio y al bosque. Esta es la historia que narra Patrullaje, un documental de Camilo de Castro Belli, periodista, cineasta y activista nicaragüense.

De Castro Belli fue expulsado de su país por el gobierno de Daniel Ortega, debido a su trabajo y activismo documentando la situación de los pueblos indígenas en Nicaragua. Su madre, la poeta y novelista Gioconda Belli enfrenta la misma situación. Ambos viven en el exilio.

“En este momento, no podemos hacer mucho en Nicaragua porque hay un contexto de represión extremo. Nos toca hacer incidencia afuera, en donde podamos”, afirma el documentalista.

Mongabay Latam conversó con Camilo de Castro Belli sobre su documental y la actual crisis política que enfrenta Nicaragua. 

—Durante mucho tiempo, en Nicaragua usted fue periodista televisivo, con enfoque ambiental. ¿Cómo comenzó a contar la historia del saqueo a los pueblos indígenas?

—Al final de la administración de Enrique Bolaños hice una investigación de casi 12 meses sobre la tala ilegal de bosques en Nicaragua. Elaboramos una base de datos con más de 10 000 permisos forestales y viajamos por el Caribe y el norte del país, para documentar el saqueo de los bosques con caoba, cedro y pino. Logramos demostrar que las empresas madereras estaban operando fuera de la ley y que, detrás de estas empresas, había personas vinculadas a los principales partidos políticos y a empresas extranjeras reconocidas por cometer delitos ambientales.

También conocí a líderes indígenas y afrodescendientes que, a pesar de los riesgos, estaban luchando para defender su territorio y alzando la voz para demandar el cumplimiento de la ley.

Desde ese momento, comencé a darle seguimiento más de cerca a lo que pasaba en la Costa Caribe, sobre todo en Bosawas, y a entender mejor la magnitud de los atropellos que estaban enfrentando los pueblos originarios. Poco después, llegó al poder el gobierno de Daniel Ortega y muy rápido nos dimos cuenta de que su gobierno iba a seguir debilitando la ley de autonomía y promoviendo el crecimiento de actividades extractivistas, como la ganadería y la minería, en áreas protegidas y territorios indígenas.

—¿Qué lo movió a documentar estos casos?

—Pienso que una de las principales tareas del periodismo es denunciar los abusos de las élites económicas y políticas, y contar las historias de aquellos que están resistiendo y luchando en contra de estos abusos. En Nicaragua, como en el resto de América Latina, los pueblos indígenas tienen 500 años de estar resistiendo para mantener sus tradiciones y su forma de vida y esa lucha no forma parte de nuestro imaginario colectivo. Cuando fui a las comunidades escuché testimonios muy dolorosos y conocí otra cara de la historia de mi país que nadie jamás me había enseñado. Eso me motivó a acercarme más a las comunidades y a trabajar con ellos y ellas para contar sus historias.

—¿Qué historia cuenta el documental Patrullaje? 

—Patrullaje es un documental que cuenta la historias de las comunidades en la primera línea de un conflicto ambiental cada vez más violento en Nicaragua. De un lado, están los indígenas Rama, en alianza con la comunidad afrodescendiente Kriol. Del otro, está la industria de la carne, en alianza con el gobierno y las empresas extranjeras que comercializan la carne de Nicaragua en Estados Unidos y otros países.

También es la historia de hombres y mujeres que tienen que superar sus propios miedos para defender su territorio y que, en medio de situaciones muy difíciles, logran reunir las fuerzas para seguir luchando. Los comunitarios estaban organizados y haciendo patrullajes. Para el documental, seguimos a los guardabosques Rama y Kriol durante dos años.

—Un incendio en la Reserva Indio Maíz fue lo que detonó la ola de protestas en Nicaragua en el año 2018. ¿Este documental fue grabado antes o después? ¿Cómo fue grabar y/o producir un documental en un contexto de represión a los movimientos sociales?

—Terminamos de grabar el documental en marzo de 2018, casi un mes antes del incendio de Indio Maíz. Sin embargo, cuando quisimos filmar durante el incendio, los comunitarios nos advirtieron que era mejor no acercarnos a la reserva, porque el alcalde de Greytown había mencionado nuestros nombres en una reunión y nos estaba acusando de promover las protestas en Managua. Unos días después, el Ejército de Nicaragua estableció un cordón de seguridad alrededor de la reserva y prohibió que personas no autorizadas viajarán a la zona. Un cineasta italiano y una fotógrafa nicaragüense lograron llegar a Indio Maíz antes de que se estableciera el cordón de seguridad, pero fueron detenidos y todos sus equipos fueron confiscados. Por eso las imágenes que hay del incendio fueron grabadas con celulares o por equipos de filmación del gobierno.

Una de las cosas más difíciles para mí ha sido no poder regresar a Indio Maíz y tampoco poder presentar el documental en Nicaragua. Cuando comencé este proyecto en el 2016, jamás me imaginé que unos años después iba a estar viviendo en el exilio y que además iba a ser ilegal presentar una película como Patrullaje en los cines en Nicaragua. Hoy en día, lo que más me preocupa, es que pueda haber represalias en contra de las personas que aparecen en el documental. Sabemos que hay riesgos, pero los líderes en las comunidades nos han pedido que sigamos adelante, porque guardar silencio implica renunciar a la lucha por sus derechos y por el territorio.

—¿Cómo describiría a la reserva Indio Maíz?

—Indio Maíz es una de las áreas de bosque tropical húmedo más importantes de Centroamérica. Es un bosque que, a pesar de la intervención humana y el daño causado por el huracán Otto, en noviembre de 2016, alberga una flora y fauna únicas en el mundo. Es uno de los hábitats más importantes para especies vulnerables y en peligro de extinción, como el tapir centroamericano, el jaguar, el oso hormiguero gigante y la lapa verde. Hasta hace unos años, era uno de los bosques mejor conservados de Centroamérica y sigue siendo un ecosistema con una alta biodiversidad.

Me siento superafortunado de haber tenido la oportunidad de recorrer la zona núcleo de Indio Maíz y ver boas, jaguares y tapires en su hábitat. Las palabras se quedan cortas para describir los sonidos y los olores de la selva. Para alguien que creció en la ciudad, ir a Indio Maíz es como ir a otro planeta. Es un lugar mágico, que te hace reflexionar acerca de tu lugar en el universo.

—¿En qué situación se encuentra ahora la reserva? ¿Ha tenido acceso a esa información?

—La situación en la reserva se ha deteriorado bastante desde el 2018. Según los reportes de los guardabosques Rama y Kriol, los colonos están llegando en mayores números y hay más áreas despobladas en las que se está sembrando pasto para ganado. También hay más áreas carriladas y terceros asentados en la ribera del río Indio, donde viven las familias Rama. Todo está pasando a la vista y paciencia de las autoridades que, hasta el día de hoy, no han hecho nada para detener la invasión del territorio.

A finales de abril, el Gobierno Territorial Rama y Kriol emitió un comunicado en el que denunció que, de enero a abril de 2023, se detectaron 458 incendios en el territorio. Los puntos de calor están focalizados en áreas en donde se han abierto trochas para introducir ganado y en donde sabemos que hay fincas ganaderas. También se ha documentado la entrada de mineros artesanales, que están buscando oro y contaminando las fuentes de agua con mercurio.

—¿Cuál es el valor ecológico de la reserva y cuáles son los impactos directos a su bosque y biodiversidad? ¿Qué están perdiendo Nicaragua y el planeta?

—La pérdida de Indio Maíz significa la pérdida de un bosque que ha existido por millones de años y que ha sido el hábitat de incontables especies de animales y plantas. Significa la pérdida de un sistema de vida que produce oxígeno, agua y otros servicios ambientales que son vitales para la sobrevivencia de la humanidad, sobre todo, de cara al calentamiento global y el incremento de las temperaturas. Además estamos perdiendo la posibilidad de generar alternativas económicas sustentables, que contribuyan a un ambiente saludable para nuestro desarrollo y el desarrollo de nuestros hijos y nietos.

—¿Quiénes se están beneficiando de la destrucción de las reservas naturales nicaragüenses como Indio Maíz?

—Hay muchas personas que se benefician de la destrucción de Indio Maíz. No es una pregunta fácil de contestar. En el caso de la industria cárnica, hay distintos actores en la cadena de suministros que se benefician de la destrucción de la reserva. Los ganaderos reducen sus costos de producción porque no pagan por la tierra y le trasladan el ahorro al resto de los actores en la cadena de suministros.

El acaparamiento de tierras, por su parte, genera beneficios para grandes ganaderos y traficantes de tierra, que cuentan con la protección de las autoridades porque tienen vínculos con el partido de gobierno o porque pagan por esa protección.

Al final de la cadena de suministros están los compradores internacionales. Todos dicen que pueden rastrear el origen de la carne hasta las fincas de cría, pero en Nicaragua no existe un sistema confiable para rastrear el origen de la carne. El sistema nacional de trazabilidad no es transparente y hay un esfuerzo deliberado para ocultar la información de los movimientos del hato ganadero. La falta de un sistema de trazabilidad efectivo beneficia a aquellos que están dispuestos a violar la ley y crea incentivos perversos que, a la larga, pueden afectar a toda la industria.

—¿Quiénes son los dueños de la industria cárnica en Nicaragua?

—En Nicaragua existen siete mataderos que están certificados para exportar carne. La mayoría están asociados a fuertes grupos financieros que tienen participación en distintos sectores de la economía. Uno de los principales dueños del Matadero Central S.A (MACESA) es la familia Zamora, del Grupo financiero Lafise, mientras que la Industria Comercial San Martín está vinculada al Grupo Ayucus, fundado por Eduardo Fernández Holmann, anterior director general del Grupo Financiero Uno.

Industrias Carnicas Integradas S.A (ICI-Nicaragua) está asociado al grupo Banpro y abastece a las tiendas de Walmart en Centroamérica y México, y también supermercados en El Salvador. Nuevo Carnic S.A, por su parte, es de un grupo de empresarios, algunos vinculados a la revolución sandinista de los años ochenta. Novaterra es de capital costarricense y, por último, Ganadería Integral Nicaragua S.A. pertenece a SuKarne, un gigante de la industria cárnica en México que, en el 2015, inauguró una planta de producción en Nicaragua.

Los tres principales mercados para la carne nicaragüense son Estados Unidos, México y El Salvador. Casi la mitad de la carne va a Estados Unidos, luego el 18 % a México y 17 % a El Salvador. En el 2020, el país llegó a ser el tercer proveedor más grande de carne para Estados Unidos. Mientras tanto, el país sigue perdiendo cobertura boscosa y las comunidades indígenas y afrodescendientes son víctimas de ataques cada vez más violentos. 

—¿Lo que sucede en esta reserva es una muestra de los daños ambientales y sociales que provoca la industria cárnica en varias regiones de América Latina?

—Sin duda hay muchas similitudes. Los ganaderos en Brasil y Nicaragua, por ejemplo, usan las mismas estrategias para lavar el ganado ilegal y sus actividades causan daños irreparables que ponen en riesgo el futuro del planeta y las comunidades locales.

—¿La llegada de colonos a esta región de Nicaragua ha incrementado la violencia contra los pueblos indígenas?

Desde el 2012 han sido asesinados unos 70 comunitarios, entre ellos, guardabosques Mayangnas y Miskitos. El 40 % de los asesinatos ocurrieron después del 2018. El 11 de marzo del 2023, en la comunidad de Wilu, en el territorio Mayangnas Sauni As fueron asesinados cinco comunitarios y hasta la fecha la policía no se ha pronunciado públicamente sobre el caso. Los comunitarios se sienten desprotegidos y corren el riesgo de ser apresados.

En el 2021, fueron asesinados nueve indígenas en un punto de minería artesanal conocido como Kiwakumbia y, al final de la investigación, la policía responsabilizó a 13 mayangnas de los asesinatos. Hoy están presos en la cárcel la Modelo, en Managua, y según sus familiares están siendo sometidos a un regimén de tortura, que incluye condiciones inhumanas de encierro, amenazas de lesiones, muertes y abuso sexual. Es una situación sumamente dramática, que pone en relieve las violaciones sistemáticas de los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes en Nicaragua.

—¿Cómo son los pueblos Rama y Kriol? El primero está casi extinto, con muy pocos hablantes de su lengua. El segundo es afrodescendiente.

—El pueblo indígena Rama es uno de los más pequeños en América Latina, con unos 3000 pobladores en total, que viven a lo largo de la Costa Caribe sur de Nicaragua. Una parte vive en la isla de Rama Cay, cerca de Bluefields, y la otra en pequeñas comunidades en tierra firme. Su idioma pertenece a la familia de las lenguas chibchas, lo que significa que a diferencia de los demás pueblos indígenas en Nicaragua, los Ramas migraron de sur a norte. Hoy en día menos de 20 personas hablan la lengua original y los Rama poco a poco están perdiendo su cultura y sus tradiciones. Por eso es tan importante para ellos proteger lo que queda de sus bosques ancestrales y recuperar las partes de su territorio que han sido destruidos por los colonos

Los Krioles también viven a lo largo de la costa y se dedican a la pesca y la agricultura de subsistencia. En el 2003 el gobierno de Nicaragua reconoció el derecho de los Rama y Kriol sobre su territorio y les entregó un título de propiedad que abarca una extensión terrestre total de 4842.56 kilómetros cuadrados y marítima de 4413.08 kilómetros, de las cuales 2216.9 están dentro de la Reserva Biológica Indio Maíz.

—¿De qué forma ha actuado el gobierno nicaragüense frente a las amenazas y abusos a los pueblos indígenas?

—Lejos de proteger los derechos de las comunidades indígenas y afrodescendientes, el gobierno de Nicaragua ha promovido una política de “convivencia” entre los indígenas y mestizos. En la práctica, ha significado el desconocimiento de los derechos de las comunidades indígenas y afrodescendientes y el despojo de sus tierras y recursos naturales. Me atrevería a decir que existe una política orientada a obligar a los pueblos indígenas a renunciar a sus derechos y sus tierras ancestrales.

—Nicaragua es firmante del Acuerdo de París sobre Cambio Climático, ¿qué ha hecho la comunidad internacional respecto al caso nicaragüense?

—Existen varios proyectos de la comunidad internacional para la conservación y protección de Bosawas e Indio Maíz. El proyecto de Bio-CLIMA, con apoyo del Fondo Verde, está canalizando más de 60 millones de dólares a través del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Este fondo ha sido fuertemente criticado por las comunidades y entiendo que en este momento el proyecto está pasando por un proceso de revisión. En general, existe la percepción de que el gobierno está captando fondos sin mostrar resultados y que los procesos de consulta previa, libre e informada involucran a líderes que no siempre representan los intereses de sus comunidades.

La comunidad internacional tiene que hacer un mayor esfuerzo por escuchar a los líderes comunitarios y por garantizar que el gobierno realmente cumpla con sus compromisos a nivel internacional.

—¿Cómo podría la comunidad internacional llamar la atención sobre este tema?

—La situación en Nicaragua es muy compleja, pero creo que la comunidad internacional puede hacer mucho más para garantizar que las empresas cumplan con sus propios estándares de sostenibilidad ambiental y para evitar que materias primas que contribuyen a la deforestación, en países como Nicaragua, se infiltren en las cadenas de suministro.

En el marco de nuestra campaña nos estamos aliando con organizaciones como Re:wild y Human Rights Watch para apoyar la aprobación de leyes como el Forest Act en Estados Unidos —una ley que pretende establecer mecanismos de control más estrictos para la importación de materias primas producidas en países con tasas altas de deforestación—, y además presionar a las empresas que están comprando carne de Nicaragua. Las empresas se tienen que hacer responsables por el daño que están causando y el gobierno tiene que investigar y procesar a aquellos que están violando la ley. Para leer más al respecto, pueden entrar a nuestro sitio web: www.peliculapatrullaje.com.

—Su vida ha estado marcada por la historia y el acontecer político de Nicaragua. Primero, por quienes son sus padres y, segundo, porque creció cuando estaba la revolución sandinista, donde sus padres también fueron actores claves. ¿Cómo fueron esos años?

—Yo era un niño, pero mi mamá y mi papá fueron colaboradores de la revolución sandinista Crecí en medio del fervor de la revolución. Con el tiempo, me fui dando cuenta de todas las cosas que sucedieron en materia de violaciones de derechos humanos. Eso me ha hecho cuestionar lo que me enseñaron, cuando era pequeño, sobre esa revolución. Ahora estoy consciente de que hubo muchos abusos, de que se implementó un modelo bastante autoritario, que quería imponer una sola forma de pensar y que lesionó los derechos de campesinos, indígenas y poblaciones afrodescendientes en Nicaragua.

El mismo gobierno, el mismo partido —de una forma muy parecida a lo que hizo en los años ochenta—, ahora nos hizo víctimas de ese mismo sistema que implementó. Eso sí ha marcado mi vida, porque ahora estoy en el exilio. En febrero de este año fui desnacionalizado, mi casa en Nicaragua fue confiscada como represalia por el trabajo que hago y fui acusado de traición a la patria, junto a otras 93 personas.

La revolución sandinista fue un hito importante, porque derrocó a un dictador y a una familia dinástica que tenía más de 40 años en el poder y que, al inicio, unió a los nicaragüenses. Pero después se desvirtuó completamente ese proyecto y se convirtió en un proyecto autoritario, que quiso imponer un modelo de partido único.

El sandinismo tuvo que dejar el poder porque fue obligado por una guerra. Hubo intervención de Estados Unidos, estábamos en medio de un contexto de guerra fría y de conflicto. Al final, hubo un período de 16 años en los que hubo elecciones. Con todo y los problemas que había en esos años, por lo menos, había libertad de expresión, había la posibilidad de participar en elecciones, de elegir a quiénes nos representaban. Tanto así, que Daniel Ortega volvió al poder en el 2007. Desde entonces inició un proceso de pérdida, en el que se vinieron socavando las instituciones e implementó un modelo autoritario que, al final, nos lleva a una situación de conflicto de nuevo.

—¿Qué observa en el contexto político nicaragüense actual?

—Nicaragua está viviendo uno de los peores momentos en su historia reciente. Los ciudadanos nos enfrentamos a una dictadura brutal, que controla todos los poderes del Estado y utiliza las armas para mantenerse en el poder. Nadie está a salvo en Nicaragua. Desde el 2018 han sido cerradas 3106 organizaciones no gubernamentales, casi 4000 personas han sido apresadas y cerca de 300 000 nicaragüenses han abandonado el país. Muchos ambientalistas y defensores de derechos humanos hemos tenido que irnos para evitar ser encarcelados.

Además, Ortega ha concesionado casi 25 % del territorio nacional a empresas mineras y favorecido a grupos que operan al margen de la ley para extraer oro, exportar madera y vender carne a Estados Unidos y otros mercados. En Nicaragua tenemos una dictadura dinástica totalitaria, en la que cualquier persona que critique al gobierno será apresada o expulsada, enviada al exilio, desnacionalizada y privada de todos sus bienes.

El pueblo nicaragüense sigue resistiendo y va a seguir resistiendo. Yo, como cineasta, estoy resistiendo haciendo esta película, estoy resistiendo haciendo la campaña para visibilizar la situación de los pueblos indígenas y afrodescendientes de Nicaragua, para demandar que se protejan los últimos remanentes de bosque que quedan en el país, para exigir a las empresas que cumplan con sus propios estándares y que sean responsables por el daño que están causando.

Es imposible saber qué va a pasar. Lo único que sabemos es que nos toca seguir resistiendo y alzando nuestra voz, desde donde estemos. Por eso estamos presentando esta película en distintos países, estamos hablando con organizaciones ambientalistas y articulando esfuerzos para presionar a las empresas que están comprando carne de Nicaragua, para que, por la vía del mercado, ejerzan presión sobre el gobierno de Nicaragua y sobre el sector privado que, hasta el momento, han demostrado que la protección de los bosques y la protección de los derechos de las comunidades indígenas y afrodescendientes no es una prioridad.

Vamos a hacer todo lo que podamos para presionar al gobierno y a las empresas, para que hagan lo correcto, para detener el ecocidio que está sucediendo en Nicaragua que, al final, va a poner en riesgo la viabilidad del país y que está poniendo en riesgo el futuro de todos los nicaragüenses.

—En el contexto de la crisis prolongada que vive Nicaragua, con tantos defensores y ambientalistas en el exilio, las organizaciones no gubernamentales cerradas, ¿qué esperanza hay para enfrentar este ataque a la reserva?

—Soy un ferviente creyente en el poder de la acción colectiva. Aunque difícilmente podemos hacer incidencia en Nicaragua, hay mucho que podemos hacer desde afuera para visibilizar las violaciones de derechos humanos y seguir presionando a los gobiernos y al sector privado para que cumplan con sus compromisos internacionales, para proteger los derechos de las comunidades indígenas y afrodescendientes, reducir la deforestación y proteger la biodiversidad del planeta. Tenemos que usar todas las herramientas a nuestra disposición para educar a los consumidores y detener la destrucción de los bosques en países como Nicaragua.

También para ver si se pueden establecer canales de diálogo con el sector privado, para cambiar los incentivos que están empujando a la gente a invadir las reservas. Al final, es un tema de plata. La gente está tratando de sobrevivir. Estoy muy preocupado ahora, con el fenómeno del “Súper Niño”, porque este año probablemente habrá mucha gente que va a migrar del Pacífico al Atlántico, en búsqueda de lugares donde haya agua. Eso, probablemente, hará que se incremente la presión sobre las reservas y los territorios indígenas.

Hay que hacerle ver al sector privado y al gobierno que existen alternativas económicas que pueden ser más rentables que la ganadería y que, a largo plazo, nos permiten conservar estas áreas que tienen un valor intangible para el país, por los servicios ambientales que nos proveen.

Hay una tarea en dos sentidos: uno, denunciar lo que está pasando para procurar detener el daño que se está haciendo a diario, sobre todo, con mecanismos de control. Y después, está el tema de los incentivos, de promover otras actividades, alternativas económicas que sean atractivas para la gente y que sean sostenibles a largo plazo. Creo que estamos en esa disyuntiva, de que tenemos que denunciar y, al mismo tiempo, ver cómo hacemos para promover otro tipo de actividades. Es bien difícil, porque obviamente hay una élite y un gobierno que están interesados en hacer plata rápido y fácil. La única forma en la que saben hacerlo es a través de estas actividades que han existido por siglos en Nicaragua, que requieren muy poca inversión y muy poca tecnología.

Camilo de Castro, Brad Allgood y John Mcrae en el Río Indio, en la Reserva Biológica de Indio Maíz. Foto: Patrullaje.

—¿El documental es un llamado a la comunidad internacional para que actúe y no sea una simple espectadora de lo que sucede en Nicaragua?

—El documental muestra la resistencia del pueblo Rama y Kriol, muestra cómo ellos están trabajando de la mano para proteger su territorio y su bosque, a pesar de todos los obstáculos. Muestra un pueblo con una gran dignidad, con una gran fortaleza, y creo que eso tiene un enorme valor. Si nosotros no lo hubiéramos filmado, sería una historia que quedaría desconocida, nadie se daría cuenta de lo que está pasando ahí. Para mí, poder contar la historia de los Rama y Kriol ha sido un gran privilegio.

Pudimos ver, en las primeras presentaciones de la película, que la gente se sintió muy inspirada por la fortaleza de estos pueblos, por su convicción, por su compromiso, por saber que están haciendo lo correcto y que están dándolo todo para proteger su territorio. Creo que es una fuente de inspiración para todos nosotros, que ahora estamos, de alguna manera, librando una lucha por recuperar nuestro país.

Creo que ese es un valor que tiene el documental, reconocer la resistencia de dos pueblos que han sido marginados históricamente y vernos reflejados, nosotros como nicaragüenses, en el espejo de esa lucha que ellos están librando con mucha dignidad y con mucha fortaleza.

En cuanto a la comunidad internacional, creo que en todos estos años se ha hablado mucho de la crisis de derechos humanos de Nicaragua, pero se conoce poco sobre la crisis medioambiental en Nicaragua. Creo que estamos aportando a visibilizar cómo las políticas del gobierno de Daniel Ortega y (Rosario) Murillo también están provocando un ecocidio en el país. No solamente están vulnerando los derechos de los ciudadanos, sino también los derechos de la naturaleza. Están acabando con el patrimonio natural que nos pertenece a todos los nicaragüenses, están arrasando con los últimos remanentes de bosque que quedan y poniendo en riesgo el futuro del país.

Hace falta visibilizar cómo este gobierno, en materia de protección de los recursos naturales, ha sido el peor que ha tenido Nicaragua en su historia. Eso es algo que también hay que señalar y denunciar a nivel internacional. Es importante que eso se conozca afuera.

*Imagen principal: Camilo de Castro Belli, director del documental Patrullaje. Foto: Oscar Navarrete / LA PRENSA.

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Créditos

Astridarellano Editor/a

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