- En esta oportunidad, Killeen explica los impactos de la usina brasileña más importante: la hidroeléctrica de Belo Monte.
- Además de proveer luz a toda la región sur de Brasil, esta represa también ha originado impactos ecológicos difíciles de revertir así como una férrea resistencia por parte de las comunidades indígenas.
- Pese a ello, los trabajos de construcción y de progresiva ampliación fueron abrazados por diferentes gobernantes de dicho país, quienes vieron en esta infraestructura la oportunidad de crear 5.000 empleos directos e indirectos.
El proyecto hidroeléctrico más debatido en el Panamazonas es el complejo sobre el Río Xingú, cerca de la ciudad de Altamira (Pará). La propuesta de construir una represa en el Río Xingú viene desde el 1979 y, tal como se concibió originalmente, consistía en una cascada de múltiples represas ubicadas en diferentes puntos a lo largo de 2.500 kilómetros del río. La oposición de grupos indígenas, académicos y la sociedad civil retrasaron el proyecto durante décadas y provocó que el gobierno brasileño desarrollara, propusiera y modificara un sinnúmero de represas, embalses y centrales eléctricas.
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En 1987, el gobierno brasilero planteó una configuración compuesta por cinco unidades D&R que habrían inundado más de 1,7 millones de hectáreas de bosque y una capacidad de generación de 24 GW. Esta propuesta estaba condenada al fracaso porq ue habría inundado cientos de miles de hectáreas de bosque dentro de los territorios indígenas, que se estaban consolidando formalmente luego de las reformas constitucionales de 1988. La atención internacional causada por el Encontro das Nações Indígenas do Xingu, realizado en 1989, obligó a Eletronorte a abandonar cuatro de los cinco sitios propuestos.
Sin embargo, la empresa insistió en construir la presa situada en el lugar más bajo del río, que tenía el mayor potencial energético por el volumen de agua y un desnivel de más de 100 metros. Coincidentemente, estaba ubicada en un espectacular conjunto de rápidos, donde el Xingu fluye desde el Escudo Brasileño hacia la planicie de inundación del Bajo Amazonas, conocida como los Rápidos del Volta Grande.
El proyecto revisado provocó, de igual forma, una feroz oposición de grupos nacionales e internacionales, así como observaciones técnicas de la agencia de protección ambiental (IBAMA), que se tradujeron en peticiones legales presentadas por la división ambiental de la oficina del Ministerio Público Federal. La resistencia a la represa fue organizada por los Kayapó, una nación indígena liderada por un grupo particularmente astuto de líderes tribales. Los planificadores del gobierno cambiaron el nombre de la instalación de Kararaõ a Belo Monte, el nombre del pueblo ubicado al fondo del Volta Grande.
La versión definitiva de la hidroeléctrica de Belo Monte es una inusual instalación D&R de dos etapas: una represa superior, ubicada en Pimental, que desvía el agua a través de un canal hacia las centrales eléctricas de la represa inferior, ubicada en Belo Monte. Las dos represas inundan en conjunto 51.600 hectáreas, de las cuales 38.000 están ubicadas en la planicie de inundación sobre la represa Pimental. Un aspecto importante del diseño final fue la determinación de mantener reducido el flujo de agua en el Volta Grande, una medida destinada a mitigar el impacto en los medios de vida de las comunidades indígenas que residen entre las represas superior e inferior.
La versión final recortada del proyecto fue propuesta durante la administración de Fernando Henrique Cardoso, y acogida con entusiasmo en 2002 por el presidente Lula da Silva, quien, como líder del Partido de los Trabajadores (PT), se sintió atraído por la oportunidad de crear durante el proceso de construcción 50.000 empleos directos e indirectos. La obra comenzó en 2011, y la primera de dieciocho turbinas se inauguró en 2016 durante la administración de Dilma Rousseff. Jair Bolsonaro celebró la finalización del proyecto en 2019.
La Usina Hidroelétrica de Belo Monte se hizo realidad porque contó con el apoyo de un presidente popular y sus aliados en el Congreso, y el respaldo de poderosos intereses económicos. Fue construida por un consorcio de empresas constructoras, todas las cuales se verían atrapadas en el escándalo de Lavo Jato . La represa y la infraestructura asociada actualmente son operadas por Norte Energia, un consorcio de servicios públicos de energía, además de compañías mineras y fondos de pensión. La mayor parte de la energía generada por la unidad será consumida en el sureste de Brasil a través de dos líneas de transmisión HVDC construidas por un conglomerado de energético proveniente de China.
La estimación original para la construcción de toda la instalación fue de 16 mil millones de Reales en 2010, pero la factura final se cree haya costado alrededor de 40 mil millones de Reales en 2020. Es difícil de saber el costo total debido a la naturaleza compleja de los contratos y sobreprecios que caracterizan los proyectos hidroeléctricos. Es importante entender que convertir esas cifras en Dólares americanos es complicado, ya que el Real brasileño perdió aproximadamente un 70 % de su valor nominal durante el mismo período.
A pesar de su diseño para minimizar los impactos río arriba, la represa ha reducido drásticamente el alcance, la duración y el momento de las inundaciones anuales en los bosques anegados estacionalmente debajo de la represa, lo que ha cambiado la funcionalidad ecológica del hábitat clave que sustenta la pesca comercial del río. Los biólogos están particularmente preocupados por cómo los flujos de agua modificados afectarán el Tabuleiro do Embauba, una playa ubicada justo debajo de la represa, donde decenas de miles de tortugas gigantes en peligro de extinción del río Amazonas (Podocnemis expansa) se congregan anualmente durante la temporada de reproducción.
Un ejemplo dramático del impacto biológico de la represa ocurrió cuando los operadores desviaron agua hacia la instalación hidroeléctrica en 2012. El flujo a través del Volta Grande se redujo en un 80% y provocó la muerte de 16 millones de toneladas de peces por falta de oxígeno cuando estaban varados en pozas aisladas en el canal principal. Se suponía que un fondo de US$ 1.000 millones compensaría a las comunidades locales por estos impactos, pero las disputas legales y las ineficiencias administrativas impidieron su desembolso. Por lo tanto, las comunidades se vieron obligadas a manejar un plan de acción sin la asistencia que se les había prometido en materia ambiental.
Desafortunadamente, los modelos hidráulicos utilizados en el diseño de la compleja instalación no tuvieron en cuenta el impacto de las sequías periódicas y, en 2019, la reducción de los flujos de agua obligó a los operadores a apagar todas menos una de sus dieciocho turbinas. A fines de 2020, la agencia de protección ambiental (IBAMA) ordenó a la empresa aumentar los caudales de agua a través de Volta Grande, lo que la puso en peligro de incumplir con sus obligaciones de suministro de energía, y si esta situación se repite, o se convierte en un evento crónico, la viabilidad financiera de toda la empresa se verá comprometida. La pérdida de energía eléctrica de Belo Monte provocaría un déficit energético en el sistema interconectado nacional que sería particularmente grave en las regiones Sudeste y Centro Oeste del país.
Imagen principal:El Complejo hidroeléctrico de Belo Monte alberga 18 turbinas con una capacidad instalada de 11,2 GW . Fue construido en un bosque primario entre los años 2008 y 2012. Atrajo a decenas de miles de trabajadores emigrantes a Altamira, donde hicieron sus viviendas en barrios construidos durante la fase inicial del proyecto. Crédito: Colección PAC en flickr.com; CC BY-NC-SA 2.0.
«Una tormenta perfecta en la Amazonía» es un libro de Timothy Killeen que contiene los puntos de vista y análisis del autor. La segunda edición estuvo a cargo de la editorial británica The White Horse en el año 2021, bajo los términos de una licencia Creative Commons -licencia CC BY 4.0).
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