Coltán, oro y pistas clandestinas: el botín con el que grupos armados desangran al Guainía

• La reserva Puinawai, en el suroriente de Colombia y parte de la Amazonía, es impactada por la minería ilegal de oro y de coltán. Imágenes satelitales de 2023 muestran mordiscos en la selva causados por la actividad. Mongabay Latam y Vorágine recorrieron los alrededores de Puinawai para documentar la situación.
• La mayor mina de cielo abierto está al sur, en Campoalegre y ha dejado al menos 40 hectáreas de deforestación en 10 sitios de operación. También, en 2022 había 12 dragas de oro en el río Inírida al norte. Según documentos de la Fiscalía y de inteligencia, las actividades son controladas por las disidencias FARC, pero en la zona de frontera con Venezuela también están el ELN y la guardia venezolana.

Pasadas las 7 de la noche del 10 de octubre de 2021, dos patrulleros de la estación de Policía de Puerto Inírida, en Guainía, se acercaron a una camioneta Ford verde de estacas que estaba estacionada en un sector oscuro y alejado del casco urbano conocido como El Coco.

Lo que estaban a punto de descubrir los policías, tal vez sin proponérselo en medio de una requisa de rutina, era la punta del iceberg de un millonario negocio ilegal que durante décadas ha funcionado sin control y sin mucho ruido en esta parte de la Amazonía colombiana.

Juan Carlos Martínez Serrano, ocupante de la camioneta, llevaba en la carrocería cuarenta y cinco lonas blancas en cuyo interior había (por lo menos) 1 tonelada de coltán, una mezcla de minerales a las que se les conoce como ‘tierras raras’.

En el informe de las autoridades se lee que en las muestras que hicieron a las bolsas encontraron metales de transición como hierro, tantalio, titanio, itrio, wolframio y niobio. Hallaron también uranio, “un elemento radiactivo del que se puede obtener combustible nuclear de alta peligrosidad”, reafirma el documento de la incautación.

El coltán es un componente esencial en la producción de los dispositivos electrónicos que usamos día a día. Todos los teléfonos celulares lo tienen en sus baterías y condensadores, los elementos que controlan el flujo de electricidad, así como en sus microprocesadores o chips. Los computadores portátiles los tienen en la placa base o motherboard y en la fuente de alimentación de electricidad. Múltiples equipos médicos también los usan.

En las calles de Puerto Inírida se comenta que tanto el coltán como el oro son negocios que manejan las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). “La guerrilla no se mueve como antes, ellos se enfocaron en la minería, se enfocaron en el comercio, y en la piedra tantalita, el coltán y esos asuntos, lo de esa piedra da plata, mucha plata”, le dijo a los reporteros de esta alianza un hombre que ha trabajado en minas ilegales y que vive en el territorio hace décadas.

El punto de partida de esta investigación es una serie de correos electrónicos y reportes de la Fiscalía General de la Nación de Colombia, que provienen de una filtración de más de 13 millones de documentos de la entidad a los que tuvo acceso la alianza entre Vorágine y Mongabay Latam y más de 40 medios de comunicación de todo el mundo, como parte de un proyecto liderado por el Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) con el apoyo del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP). Esta información llevó al equipo periodístico hasta Guainía para recorrer su capital Inírida, así como ríos y comunidades dentro del departamento, para recolectar testimonios sobre la minería ilegal de oro y coltán en la Reserva de Puinawai.

El testimonio del hombre que pidió la protección de su identidad y que habló con los periodistas coincide con documentos oficiales de inteligencia en poder de Vorágine y Mongabay Latam que perfilan al frente de guerra Oriental del ELN y a las disidencias de las FARC, más concretamente al frente Acacio Medina, como los responsables del negocio. Este último grupo es liderado por Géner García Molina, alias ‘John 40’, un guerrillero narcotraficante que tiene al mando hombres que se mueven entre Colombia y la frontera con Venezuela.

“La diversidad natural compuesta por varias áreas selváticas y afluentes hídricos de la cuenca del Orinoco, que traspasan la frontera, ha facilitado la interacción de diferentes actores delincuenciales en función de controlar el paso de cargamentos de droga, la extracción ilícita de minerales (especialmente de oro y materiales asociados al coltán) y la extorsión al sector de transporte fluvial”, dice el informe de inteligencia del Ejército al que tuvieron acceso los periodistas.

Puinawai: una reserva a la que desangran sin freno

La investigación de la Fiscalía por la incautación de coltán determinó que todos estos metales que iban en el camión que conducía Martínez Serrano provenían de la Reserva Natural Nacional Puinawai, que representa nada menos que una de las más grandes áreas protegidas de Colombia, y que se extiende sobre un poco más de un millón de hectáreas de bosque amazónico.

El documento de inteligencia lo ratifica: “Esta extracción (de coltán) representaría la mayor afectación e impacto negativo al medio ambiente, debido a la deforestación y el desplazamiento de hábitat de la flora y fauna en una de las zonas con mayor biodiversidad del país. La explotación de materiales asociados al coltán se estaría desarrollando sobre la reserva natural del Parque Nacional Puinawai, donde se ubica la comunidad de Zancudo, zona rural del municipio de Inírida”.

La reserva Puinawai es un núcleo privilegiado de biodiversidad de Colombia, no solo por su fauna y flora, sino por los ríos y caños que riegan las áreas hidrográficas del Orinoco y la Amazonía. Sin contar lo que representan sus suelos, demarcados por mesetas y cerros que hacen parte de lo que se llama el Escudo Guayanés. Este último podría definirse como una estructura geológica que es considerada de las más antiguas de la Tierra, y que comprende vastos territorios de Colombia, Venezuela y Brasil.

Aunque suene obvio decirlo, la minería está prohibida en parques nacionales, reservas forestales y páramos. Puinawai no es una excepción.

Esta reserva, que tiene un tamaño superior al de países como Puerto Rico o Jamaica, fue creada en 1989 y toma su nombre de la palabra en lengua puinave que significa ‘madre de la humanidad’, en referencia al bosque amazónico que alberga. Precisamente, ese bosque es el que está sufriendo las consecuencias de la explotación indiscriminada de la minería ilegal. Al menos 48 hectáreas de bosque han sido deforestadas en diez puntos de operación debido a la minería de cielo abierto de oro realizada de manera ilegal, según Parques Nacionales. Asimismo, un sobrevuelo de la entidad en diciembre de 2022 detectó que al menos 14 balsas dragas mineras estaban buscando oro en el río Inírida, al norte del área protegida. Una fuente que conoce la zona y que pidió la protección de su identidad señala que recientemente “se ven más abiertos o parches de deforestación. Más que antes, sobre todo en el río Cuiarí (ubicado al sur de Puinawai)”.

La minería, además, se practica dentro y en cercanías de Puinawai, en una zona donde conviven 44 comunidades indígenas de cuatro resguardos. Según los documentos, las comunidades han sido afectadas por la actividad extractiva.

Coltán: la cara oculta de la extracción de minerales

Al menos tres redes han facilitado la extracción y comercialización del coltán de Puinawai, de acuerdo a los documentos internos de la Fiscalía colombiana a los que tuvieron acceso Mongabay Latam y Vorágine.

El coltán está compuesto principalmente por minerales como columbita —óxido de niobio con hierro y manganeso— y tantalita—óxido de tantalio con hierro y manganeso—. En pocas palabras, el coltán tiene por lo menos cinco elementos de la tabla periódica: hierro, manganeso, niobio, oxígeno y tantalio. Un informe de Insight Crime, que cita a la Fiscalía colombiana, dice que un kilo de coltán costaba en 2021 entre USD $350 y 650 dólares. Y “vale hasta 10 veces más en los mercados internacionales”.

A través del caso de Martínez Serrano se puede entender en parte la forma en que suele darse el tráfico ilegal de coltán en la zona. El hombre transportaba los minerales sin llevar un comprobante de inscripción al Registro Único de Comercializadores de Minerales (RUCOM). Tampoco contaba con el certificado de origen. Martínez Serrano no está preso ni fue condenado, según los registros del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) y la base de datos de procesos de la Rama Judicial. Mongabay Latam y Vorágine contactaron a Juan Carlos Martínez Serrano. Pese a que los reporteros se identificaron como periodistas, preguntó si las indagaciones provenían de un ‘pool’ de abogados o de un ente investigativo. Cuando se le reiteró que eran periodistas, dejó de responder.

La Fiscalía le confirmó a esta alianza que Juan Carlos Martínez fue acusado por el delito de explotación ilícita de yacimiento minero, proceso que está en etapa de juicio y en espera de la realización de la audiencia preparatoria. Las personas condenadas por este delito enfrentas penas en prisión de 2 a 12 años. La entidad aseguró que la decisión final del caso está en manos de los jueces de la República.

Pero hay indicios de que algo más grande se escondía detrás de la incautación relacionada con Martínez. Durante la audiencia de su caso, Martínez Serrano dijo que representaba a la empresa Italo Colombiana de Metales SAS. Se trata de una compañía del departamento de Santander que tiene una medida cautelar de embargo de la Fiscalía de Extinción de Dominio sobre el título minero número 18557. Dicho de otro modo, la empresa tiene provisionalmente embargado ese título minero mientras se realiza el proceso judicial en el que el Estado reclama el bien porque se habría adquirido o usado para fines ilegales. El título está ubicado en Cumaribo, Vichada, a 104 kilómetros de Puinawai, y puede ser una pista que conecte con otro de los casos en manos de la Fiscalía.

A pesar de que esa información apunta hacia la empresa Italo Colombiana de Metales SAS, los registros de la Agencia Nacional de Minería muestran que el título pertenece desde 1995 a Rafael Alberto Rodríguez Forero y a la Comercializadora de Minerales del Orinoco. Rodríguez Forero era un viejo conocido del mundo del coltán en Colombia que murió recientemente. Según el Consorcio Internacional de Periodistas (ICIJ, por sus siglas en inglés), y el noticiero televisivo colombiano Noticias Uno, Rodríguez en 2011 diligenció formularios de impuestos para facilitar la exportación de tungsteno —otro mineral presente en Puinawai y que se usa en la producción de joyas, de filamentos de bombillos y microchips tecnológicos, entre otros fines— para enviarlo a bodegas de la multinacional Traxys Europe S.A. en Luxemburgo. Según la noticia, el mineral podría provenir de Puinawai.

El modus operandi es importante en esta historia. Según otra investigación que fue dada a conocer por la Fiscalía en 2017, a través del título minero de Cumaribo, Vichada, la red criminal legalizaba el mineral que, en realidad, era extraído de manera ilegal de Cerro Tigre, una zona que está dentro de la Reserva Puinawai. Así lograron enviar fuera de Colombia coltán y tungsteno, otro mineral presente en Puinawai, por un valor de 5 millones de dólares.

El coronel William Castaño, director de la División de Carabineros de la Policía Nacional —encargada de la prevención y control de delitos ambientales—, confirmó a esta alianza periodística que la explotación ilícita de coltán en Colombia “se vendría realizando principalmente en la Reserva Puinawai sobre las cuencas de los ríos Guainía e Inírida”. Agrega que en 2022 lograron la incautación de 3.5 toneladas de coltán. Y que en la zona de Puinawai hacen presencia el ELN y las disidencias de las FARC, quienes cobran una comisión ilegal a los mineros para permitir su tarea. Menciona que Cerro Tigre, en la comunidad de Zancudo, es uno de los focos de minería de tierras negras como el coltán. La Fiscalía aseguró a esta alianza que efectivamente, Cerro Tigre y Cerro Gemelos son los puntos claves de la minería de coltán en Puinawai.

Explica también que el coltán es extraído con dragas o manualmente con palas. Luego de esto es lavado, “empacado en lonas de 30 kilos cada una y las almacenan cerca a los ríos lista para su embarque”. Después el cargamento es transportado por los ríos Inírida y Guaviare en lanchas hasta el municipio de San José de Guaviare, “recorrido que dura cerca de 20 días”. Desde esta localidad, movilizan la carga en tractocamiones o trailers hasta Villavicencio, por vías nacionales, y con destino a Bogotá, donde es almacenado en bodegas.

 

Castaño dice que otra ruta es por el río Inírida hasta Puerto Nariño, Vichada. De ahí pasa en pequeños camiones hasta Santa Rita, en ese departamento. De ahí avanza en tractocamiones hasta Puerto Gaitán, Meta y de ahí a Villavicencio con destino a Bogotá. Luego es exportado en buques que parten de los puertos de Cartagena y Buenaventura hacia China, el “mayor consumidor de estos metales”.

El director de Carabineros también dice que el coltán extraído en los estados Bolívar y Amazonas en el Arco Minero de Orinoco en Venezuela —una zona de extracción minera decretada por el gobierno de Nicolás Maduro— es transportado vía terrestre hacia Colombia: entra por Tibú, en Norte de Santander. Una vez el material está en Colombia, es llevado por vías terciarias “al sur del Cesar (en la costa) y a ciudades como Bucaramanga, Bogotá y Medellín, donde estaría siendo comercializado”.

El exvicefiscal general Jorge Perdomo, quien ha escrito libros sobre organizaciones criminales, asegura que es posible que algunas redes ilegales usen títulos mineros para formalizar producción extraída sin los debidos permisos. “Muchas personas con títulos mineros que exploran y explotan un mineral, lo obtienen de mineros que lo consiguen de manera legal, pero en ocasiones también lo adquieren de operadores ilegales. Es decir, que mezclan lo extraído de manera legal e ilegal al registrarlo”, señala. Agrega que es una especie de lavado de activos de minerales y que podría aplicar al comercio del coltán. “Con títulos mineros buscan dar apariencia de legalidad a una explotación ilegal”, agrega.

Una fuente que pidió protección de su identidad y que conoce la zona señala que los comentarios en el área apuntan a que la ruta del mineral extraído va “desde la Reserva Puinawai hasta Inírida, por el río Inírida. No puede ir en avión porque pesa mucho. De ahí dicen que pasa de Villavicencio hasta Panamá vía terrestre, en camiones. También escuché que lo sacaban por Venezuela con ayuda de la Guardia Bolivariana y que en algunos casos ha salido por el Puerto de Buenaventura”. Agrega que por buque llega a Estados Unidos y China, entre otros países que cuentan con la capacidad de procesar el mineral.

Una segunda fuente protegida señala que “como (el coltán) es tan pesado, hacen centros de acopio por el río Inírida. De ahí no sé cómo lo sacan hasta el río Guaviare, supongo que por caños que conectan los dos ríos o por lo menos cortan el camino, para buscar salir a Venezuela”.

El negocio redondo del coltán

Un tercer grupo que está siendo investigado por la Fiscalía incluye a personas con títulos mineros cerca de Puinawai. Entre ellos están Nicolás Rumie Guevara y Pedro Chequemarca.

El caso inició en 2009 con el decomiso a Chequemarca de 756 kilogramos de tantalita en el aeropuerto de Inírida, uno de los minerales que componen el coltán. Luego le decomisaron 17 toneladas de tantalio, avaluadas en 21 mil millones de pesos (USD 5 millones aproximadamente). Cada kilo costaba 360 dólares, según las autoridades.

Según testimonios obtenidos por la Fiscalía, estas personas “reunieron a los indígenas, les vendieron la idea de que extraer era lícito” y dijeron tener hasta 400 millones (97 561 dólares con la tasa de cambio actual) para comprar el mineral, e incluyeron en las operaciones a venezolanos y brasileños.

Con base en una visita de la Procuraduría de la época y como parte del proceso, la Fiscalía afirma que había zonas con daño ambiental por minería de coltán dentro de la Reserva Puinawai. La Fiscalía asegura que este tipo de minería afectó el cauce de las aguas, generó deforestación y ahuyentó a las especies animales de la zona. En 2017, Rumie y Chequemarca fueron imputados. La Fiscalía aseguró que Rumie y Chequemarca fueron acusados por los presuntos delitos de explotación ilícita de yacimiento minero e invasión de áreas de especial importancia ecológica en calidad de determinadores. “El proceso se encuentra en calidad de juicio”, dice el ente investigativo. Rumie y Chequemarca enfrentan el caso en libertad.

Mongabay Latam y Vorágine hallaron que según el portal de la Agencia Nacional de Minería (ANM), Rumie y Chequemarca tienen al menos 8 títulos mineros activos en etapa de explotación de distintos minerales en el Guainía, algunos cerca de Puinawai. Dos están en etapa de construcción y montaje. Además, han solicitado 37 títulos más en el departamento. Todas las solicitudes, incluida las de los títulos en capacidad de explotación, fueron realizadas entre 2007 y 2010. La última fue otorgada en 2015, según la plataforma de la ANM. El equipo periodístico se contactó por teléfono con Pedro Chequemarca, quien aseguró que sus actividades sólo consistían en comprar y almacenar arenas negras, como el tantalio, minerales que adquiría de la Zona Minera Indígena del Guainía.

Chequemarca, además, negó haber practicado o incentivado la minería ilegal en Puinawai y dijo que su conducta era legal porque en esa época era parte de un proceso de formalización que le permitía realizar esa actividad. Sobre el tema de los certificados de origen, argumentó que no incumplió la ley, pues contaba con los recibos de las compras.

Durante sus descargos, Chequemarca, además de negar que trabajó con tungsteno, dijo que existieron irregularidades en la cadena de custodia del material incautado. Sobre los títulos mineros, añadió que “no los ha podido explotar porque no se ha terminado todo el proceso”.

En conversación con esta alianza periodística, Rumie aseguró también que dentro del proceso penal por medio del cual fue imputado tendrá cómo demostrar su inocencia. Dijo que los certificados de origen de los materiales incautados por las autoridades estaban en orden y que estos nunca salieron de Puerto Inírida. “Nosotros compramos legalmente y no lo compramos para comercializar. Teníamos convenios hechos con las comunidades indígenas y todo está por escrito. Y lo que compramos lo hicimos en la Zona Minera Indígena, que es la única que nos puede vender”. Dijo, además, que el tungsteno fue un material que nunca adquirió y que personalmente nunca conoció la Reserva Puinawai: “Yo solo conozco El Remanso, que es donde están las comunidades indígenas. Y vamos a demostrar que todo fue legal”.

En Puinawai ha habido múltiples operaciones militares e incautaciones que permiten inferir que el tráfico de metales nunca se ha detenido. De 2015 data uno de los más importantes. La operación Anostomus permitió desarticular un negocio millonario controlado por el Frente Acacio Medina de las disidencias de las FARC, la misma que dirige ‘John 40’. Las incautaciones ascendieron a 20 mil millones de pesos (más de USD 4 millones). En la operación de 2015, en Cerro Tigre y el sector de Campoalegre (donde está la mina de oro a cielo abierto), ambos sitios dentro de Puinawai, hallaron 4 toneladas apiladas de tungsteno y arenas negras que conforman el coltán. “En la zona no se hace nada sin que esos grupos (las disidencias de las FARC) sepan”, dice la fuente que pidió protección de su identidad.

En 2019, el Ejército, Policía, Fuerza Naval y Fiscalía destruyeron tres dragas de minería ilegal de oro aparentemente del Acacio Medina en río Inírida en Puinawai. En 2021, la Fiscalía decomisó 30 toneladas de coltán avaluadas en 35 000 millones de pesos (Más de USD 8 millones) en Vichada, Guaviare y Guainía, al parecer provenientes de Puinawai y relativamente cerca de Cerro Tigre, de donde extraen este mineral, así como el tungsteno.

El coronel Castaño, director de Carabineros de la Policía, señala que según el sistema de información de inteligencia hay seis localidades con extracción ilícita en el Guainía. Al menos tres de estas se superponen con la Reserva Puinawai: Inírida, Pana Pana y Puerto Colombia. Agrega que la mayor afectación de minería ilícita de oro está en Inírida, cerca de Puinawai, por la “presencia de dragas brasileras sobre el río Inírida”.

El coronel retirado de la Policía, Miguel Tunjano, consultor en política de drogas y seguridad, detalla cuáles son los grupos presentes en Puinawai. “Hacen presencia el ELN a través del frente Jose Daniel Pérez Carreño, el Frente Acacio Medina de la Segunda Marquetalia y hay información de que estos grupos tienen disputas territoriales con las Autodefensas Gaitanistas de Colombia o Clan del Golfo, una agrupación de bandas delincuenciales. No sólo tienen control en la Reserva Puinawai sino en todo el departamento del Guainía y por la frontera con Venezuela se les facilita sacar minerales y cocaína”. La Fiscalía confirmó la presencia del ELN y el Frente Acacio Medina en Puinawai señalando que “tienen relación directa con la explotación y comercio ilegal de arenas negras, popularmente conocido como coltán”. Asegura que para la época de los hechos materia de investigación, la dinámica minera la dominaba el Frente Acacio Medina de las FARC, hoy parte de las disidencias.

“Entre marzo y diciembre del 2021 se registra en operaciones conjuntas la incautación de 13 toneladas de coltán”, dice la Defensoría en una alerta temprana que también señala que Bogotá y Villavicencio son importantes focos del comercio, en el que se aumenta al menos 10 veces el precio inicial del mineral y cuyas redes criminales también tienen vínculos con minas ilegales en los estados Bolívar y Amazonas en Venezuela.

El diario El Espectador dio a conocer que la Fiscalía incautó 56 toneladas de arenas negras que contenían coltán entre octubre de 2022 y octubre de 2023, decomisos que se realizaron en su mayoría en la ciudad de Inírida, Guainía. Según el diario, el ente investigativo tiene conocimiento de que al menos 195 toneladas lograron salir del país, principalmente hacia China, con un valor de más 6 millones de dólares. Para obtener su exportación, señala la publicación, los traficantes pagan hasta 10 % del valor en sobornos. “Tenemos conocimiento de que el coltán ha salido de contrabando”, dice a esta alianza Fernando Jiménez, director de Delitos Ambientales en la Fiscalía.

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés) halló que en 2022 la minería ilegal terrestre de oro en Puinawai ocupó 88 hectáreas de bosque, un aumento de 4 hectáreas si se compara con la superficie que tenía en el año 2021. “Hay evidencias de explotación ilegal de oro dentro de Puinawai, que se ha mantenido estable. Sabemos, por lo que nos han dicho en territorio, que desarman las retroexcavadoras para transportarlas y luego las arman para la explotación dentro de Puinawai o en las intermediaciones. También hay alertas por explotación con dragas en el río Inírida”, dice Sandra Rodríguez, coordinadora temática del área de procesamiento digital de imágenes satelitales de la UNODC para la Región Andina y el Cono Sur.

Pistas clandestinas que funcionan sin ley

Con información de la Fuerza Aérea, esta alianza determinó que en Puinawai hay seis pistas aéreas sin licencia de Aerocivil que pueden estar siendo usadas en el andamiaje del tráfico de minerales y cocaína. Con coordenadas obtenidas por derechos de petición, Mongabay Latam y Vorágine determinaron que al menos dos están muy cerca de focos de minería ilegal, aunque expertos señalan que estas también pueden servir para provisión de víveres y servicios humanitarios a la población indígena. Se trata de una zona muy remota a la que solo se accede en bote tras seis o siete días de trayecto.

Una de estas pistas es la de Zancudo, ubicada cerca a puntos donde Parques Nacionales documentó la presencia de balsas dragas en un sobrevuelo de diciembre de 2022. Esa zona minera impacta el resguardo indígena puinave Cuenca Media y Alta del Río Inírida. Asimismo, al sur de la reserva, muy cerca de una mina ilegal a cielo abierto de oro llamada Campoalegre, hay dos pistas aéreas más, ambas sin licencia.

En enero de 2020 se inició un procedimiento para destruir dos pistas aéreas ilegales. Una llamada Venado Isana, ubicada en Puinawai, en plena frontera con Brasil, estuvo en la mira. En febrero de 2020 se realizaron sobrevuelos sobre otra pista de 500 metros de longitud y de nombre Caranacoa, en la frontera con Venezuela. La Fuerza Aérea determinó que estaba en condiciones de funcionamiento.

Las imágenes muestran que esta última pista puede estar cerca de posibles cultivos ilegales. “Se evidencia la presencia de cultivos ilícitos, principalmente de matas de coca”, según documentos de la Fiscalía. Además, señalan que la zona es dominada por las disidencias. “En Puinawai el control lo tiene la estructura de la disidencia que se conoce con el nombre de Acacio Medina, cuyo cabecilla es Gener García Molina (alias Jhon 40)”, señala un documento de la Fiscalía sobre el tema de la pista Caranacoa. La entidad le aseguró a esta alianza que hay pistas aéreas “muy cercanas a donde se tiene registro de actividades ilícitas”. Es el caso de la que está ubicada en la zona denominada Cerro Tigre, “donde históricamente su población ha generado dinámicas de explotación ilícita de yacimientos y cultivo de uso ilícito”.

Según testimonios obtenidos por la Fiscalía y citados en la orden de policía judicial para la destrucción de las pistas, se dice que Caranacoa fue construida “con el fin de efectuar actividades de narcotráfico y minería ilegal por parte de estas disidencias que se mueven por la zona selvática, lo que le permite la ubicación de pistas de aterrizaje clandestinas controladas por estos grupos al margen de la ley, desde las que envían cargamentos de cocaína hacia el exterior, principalmente hacia Venezuela y Brasil”. De manera contradictoria, en otro documento de mayo de 2021, las autoridades dicen que la pista no está rehabilitada, por lo que no es claro si está en uso.

El 9 de julio de 2021, el comandante del Grupo Aéreo del Oriente Miguel Andrés Gil pidió una prórroga de 90 días para la destrucción de las pistas Venado Isana y Caranacoa, en el Guainía, “debido a que por condiciones logísticas en el momento la unidad no cuenta con aeronaves que posean tanques auxiliares que permitan cubrir esas distancias para poder solventar contingencias que se puedan llegar a presentar”.

Parques Nacionales informó a esta alianza periodística que la destrucción de las pistas no fue viable debido a que las explosiones podrían tener daños colaterales en las comunidades cercanas, por lo que se inhabilitarán sembrando vegetación y se verificará continuamente su no uso.

Puinawai, el paraíso a expensas de los ilegales

A lo largo y ancho de la reserva Puinawai conviven 44 comunidades indígenas de cuatro resguardos de los pueblos curripaco y puinave. Su presencia en el territorio es vital para la conservación del bosque amazónico y de toda su impresionante fauna y flora.

Esta es una zona del país que puede considerarse como un tesoro ecosistémico y cultural en el que se han detectado 688 especies de plantas y 46 especies de aves, entre las que se destacan, solo por mencionar algunas de las más representativas, el Paujil colorado (Mitu tomentosa) o el Tucancito pico corto (Selenidera nattereri).

En cuanto a mamíferos, se pueden observar dantas, armadillos, venados, nutrias, ardillas y una larga lista de animales propios de la región. En Puinawai vive, por ejemplo, el oso hormiguero palmero (Mymecophaga tridactyla), el más grande de América en su especie. Los ríos Cuiarí, Isana y Guainía, vierten aguas hacia la cuenca hidrográfica del Amazonas, mientras que el río Inírida lo hace hacia el Orinoco. Toda esta majestuosidad hídrica alberga 31 especies de peces. También es reconocida por alta presencia de herpetos (anfibios).

Jaime Bernal Hadad, doctor en Ecología de la vegetación de la Universidad Nacional y director de la Fundación Desarrollo y Ambiente (FUNDA), menciona que Puinawai “tiene una gran influencia del escudo guyanés, una de las formaciones geológicas más antiguas del mundo, y que se extiende hasta Venezuela. Aquí la selva no es tan alta, ni tan cerrada y tiene zonas con sabanas. Se da la famosa flor del Inírida, insignia del departamento del Guainía”. Esta biodiversidad también se refleja en las montañas de color oscuro conocidas como inselbergs, de las que el ejemplo más conocido son los Cerros de Mavicure. Académicos que han investigado la zona han resaltado su endemismo de especies.

La riqueza incomparable de la reserva Puinawai está siendo destruída silenciosamente por la minería ilegal con consecuencias que aún se desconocen.

Ha sido tal la presencia de actores armados y tanta la ausencia del Estado, que desde el año 2012 no hay guardaparques dentro del área protegida de forma permanente. Todo debido a la “situación de riesgo público”, según el propio Parques Nacionales. Los funcionarios limitan su labor a realizar viajes esporádicos para actividades concretas y recorridos específicos. Esto se refleja en la disminución en las cifras de personal del parque. En 2012 tenía 6 funcionarios asignados. De 2014 a 2022, pasó a 3 funcionarios, a excepción de 2017 donde fueron 4. En 2023 solo hay un funcionario.

Según la entidad, a partir de 2016 se reinició el proceso de relacionamiento con comunidades de la reserva con el propósito de lograr de forma gradual una presencia estable. Como resultado, agregan, se han acordado agendas temáticas con los habitantes de Puinawai. Aunque esto no parece ser suficiente.

La devastación ambiental producto de las actividades ilegales no tiene freno. La mina de Campoalegre ubicada dentro de Puinawai en su zona sur está a 15 kilómetros de la frontera con Brasil, representa uno de los focos de explotación más grande y por ende uno de los que más contaminación y destrucción del medio ambiente genera. Los trabajos en esta mina impactan directamente a los resguardos apostados sobre los ríos Cuiarí e Isana, y han arrasado con 48 hectáreas de bosque en diez puntos de operación, según información de Parques Nacionales Naturales.

En imágenes satelitales de 2023, se observan mordiscos en la selva causados por la minería ilegal de oro en amplias zonas de la reserva. Del año 2002 hasta 2022, Puinawai perdió más de 3000 hectáreas de bosque primario húmedo, según la plataforma de monitoreo satelital de bosques Global Forest Watch. Solo en 2022, el área protegida tuvo una deforestación de 124 hectáreas, de acuerdo a datos entregados por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), algo así como 173 veces el tamaño de la cancha del estadio de fútbol Azteca de México, uno de los más grandes del mundo.

Y del 1° de enero al 29 de noviembre de 2023 hubo 29 567 alertas de deforestación en el área protegida, de las cuales 55 % fueron de alta confianza, según la plataforma. La mayor concentración de alertas se da en el norte, cerca del río Inírida y en el sur, cerca de la frontera con Brasil, donde está justamente Campoalegre.

Los ríos también son víctimas de la actividad extractiva. Un sobrevuelo de Parques Nacionales en diciembre de 2022 arrojó que al menos 14 balsas dragas mineras estaban buscando oro en el río Inírida. Doce de ellas estaban dentro del área protegida. Esta minería y su contaminación con mercurio también impacta a las comunidades indígenas de la zona y a la fauna.

Un documento de la Fiscalía menciona que la minería de oro en Campoealegre ha causado “pérdida de coberturas vegetales, remoción del suelo, disminución de fauna silvestre, contaminación de aguas subterráneas y lagos, incorporación de mercurio a la ictiofauna (peces) y a otras especies de la cadena trófica, que en su conjunto amenazan la biodiversidad. También son graves las afectaciones socioeconómicas, culturales y a la salud de las poblaciones”. Bernal Hadad señala que es preocupante la contaminación por el mercurio que se presenta con la minería en los ríos del Guainía y que los tiempos de restauración natural son muy amplios, así que la afectación será por un largo tiempo.

Y no solo lo dicen las imágenes áreas. En Guainía esto es un secreto a voces. Así lo cuenta una de las fuentes que hablaron con Mongabay Latam y Vorágine en un recorrido por los alrededores de la reserva. “Si usted sale por el río Atabapo y avanza hacia San Juan ya comienza a ver las balsas. Si navega el río Guainía, que es de donde vengo, hijueputa, ahí sí que hay balsas. Tanto por Guainía Alto como por Guainía Bajo. La última balsa que uno ve es subiendo más arriba de El Tigre, eso es llegando a Pilón, que es donde termina la última comunidad del río Guainía. Pero hacia el lado contrario, o sea, hacia Venezuela, por Puerto Colombia, se ven unas veinticinco dragas y hasta más”. Y todo esto ocurre como si Puinawai no fuera una reserva, un área protegida, sino una tierra de nadie donde muy pocos llegan.

Imagen destacada: La minería ilegal se practica en el departamento de Guainía tanto en balsas dragas como en la extracción a cielo abierto. Crédito: Rodrigo Durán Bahamón.

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*Nota del editor (12/12/2023):

Tras la publicación, Pedro Chequemarca, uno de los investigados por la fiscalía en un caso de explotación ilícita de yacimiento minero e invasión de áreas de especial importancia ecológica, se contactó con el equipo periodístico para dar su versión. Esta ha sido añadida al texto.

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Este artículo es parte de NarcoFiles: el nuevo orden criminal, una investigación periodística transnacional sobre el crimen organizado global, sus innovaciones, sus innumerables tentáculos y quienes los combaten. El proyecto, liderado por el Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) con el apoyo del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), se inició con una filtración de correos electrónicos de la Fiscalía General de La Nación de Colombia que fue compartida con Vorágine y Mongabay Latam, y más de 40 medios de comunicación en todo el mundo. Los periodistas examinaron y corroboraron el material junto a cientos de documentos, bases de datos y entrevistas.

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Nota del editor: Esta cobertura periodística forma parte del proyecto «Derechos de la Amazonía en la mira: protección de los pueblos y los bosques», una serie de artículos de investigación sobre la situación de la deforestación y de los delitos ambientales en Colombia financiada por la Iniciativa Internacional de Clima y Bosque de Noruega. Las decisiones editoriales se toman de manera independiente y no sobre la base del apoyo de los donantes.