Desafíos ambientales para Venezuela deberían ser parte de la carrera a la Presidencia en 2024

En Venezuela, el año 2024 es electoral. Aunque no hay fecha definida ni condiciones electorales claras, oficialismo y oposición deben medirse durante el tercer trimestre del año, tal como acordaron durante las negociaciones de ambos bandos en Barbados. El evento es la oportunidad que tiene la sociedad civil organizada para exigir que los candidatos dediquen una parte de su programa electoral a las preocupaciones ambientales cruciales del país.

En una nación donde, de acuerdo con Mapbiomas Venezuela, se han perdido más de 7 millones de hectáreas de cobertura natural en los últimos 40 años, donde el nulo acceso a la información para las investigaciones de cualquier índole es una barrera, y los esfuerzos para hacer frente a las amenazas ambientales no se cristalizan en políticas claras de conservación, la agenda del futuro presidente debería incluir cómo atacar estos problemas. Pero esto no ha ocurrido hasta el momento, de allí que el desafío sea mayor.

Para 2024, hay temas que no deberían escapar del interés de la población ni de los candidatos a la silla de Miraflores, por ejemplo, la necesidad de recuperar los espacios deforestados de la Amazonía y la firma de Venezuela del Acuerdo de Escazú para garantizar la protección de los defensores ambientales. También están los retos de protección de la biodiversidad que incluyen el necesario combate al coral invasor unomia y su continua expansión, así como la conservación de especies en peligro de extinción como el oso andino.

Biólogos, antropólogos, activistas, ingenieros y otros expertos hablaron con Mongabay Latam sobre los desafíos ambientales de Venezuela durante el 2024.

1. Amazonía: controlar las amenazas de la minería ilegal y el crimen organizado

A través de las operaciones Roraima y Autana, el gobierno venezolano incrementó la cantidad de incursiones militares en el sur del país para combatir a los grupos armados que controlan la minería ilegal, incluso la que se desarrolla dentro del Arco Minero del Orinoco, el área de casi 112 000 kilómetros cuadrados decretada por el Estado para la explotación de minerales. Sin embargo, el crimen organizado continúa al mando de los yacimientos y de la exportación del oro a través de trochas, rutas fluviales y pistas clandestinas. Cualquier esfuerzo parece insuficiente.

Para el indígena baré y abogado Olnar Ortiz, operativos como el “Autana” han sido hasta ahora “falsos positivos” porque, en lugar de detener la minería ilegal han tenido como impacto indirecto que esta se expanda hacia otros municipios del estado Amazonas, como Autana, Río Negro, Maroa y Manapiare. Además, existen zonas en donde la actividad continúa al mando de militares, según señalan defensores ambientales. “Aunque no puedo asegurarlo, pareciera que sí hubiera un acuerdo entre estos grupos y el gobierno”, agrega Ortiz.

Durante años, medios de comunicación venezolanos y latinoamericanos también han denunciado que la mayor parte de las minas de los estados Bolívar y Amazonas, que hacen frontera con Colombia, están bajo el control de bandas criminales y grupos guerrilleros colombianos como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

En 2023, la investigación periodística “Amazon Underworld, crimen y corrupción a la sombra de la selva tropical más grande del mundo”, destacó que ambas agrupaciones criminales amenazan e invaden tierras indígenas e inclusive llegan a reclutarlos en sus filas al valerse de ofertas de trabajo precarias que les representan un ingreso significativo en medio de la emergencia humanitaria que atraviesa el país desde hace más de un lustro.

A estos grupos se han sumado también los garimpeiros (mineros brasileños) e incluso guyaneses que buscan explotar el oro con mercurio, maquinarias y herramientas que contaminan el ambiente y dejan en la tierra heridas que tardarán mucho tiempo en recuperarse. Todo esto pasa bajo la mirada de los militares que custodian tanto las minas, por su importancia estratégica, como las fronteras de la nación.

Pese a ser escéptico de las incursiones de los cuerpos de seguridad del Estado, Ortiz apunta que una estrategia militar enfocada en sacar a los líderes guerrilleros y a los uniformados que los encubren y se lucran con el extractivismo es clave.

“Así como movilizaron a miles de personas hacia la Guayana Esequiba, creo que eso sería fundamental para sacar a estos grupos armados, cuya actuación ha sido muy bien definida geoespacialmente por organizaciones como SOS Orinoco”, apuntó el también coordinador de Pueblos Indígenas de la organización civil Foro Penal.

Para Ortiz, se precisa que los mandatarios de Venezuela, Colombia y Brasil acuerden acciones conjuntas que eviten que tanto los guerrilleros como los traficantes de drogas que usan a Venezuela como lugar de paso para trasladar la cocaína acaben con territorios indígenas y zonas protegidas.

Por otro lado, controlar el avance de la minería ilegal en las áreas protegidas también es un enorme desafío este año. El Cerro Yapacana, dentro del parque nacional del mismo nombre en el estado Amazonas, era una muestra del manejo de los yacimientos bajo la égida de la guerrilla colombiana y la Guardia Nacional Bolivariana. En sus 320 000 hectáreas de extensión trabajaban unos 7000 mineros, de acuerdo con un informe al que tuvo acceso Mongabay Latam. Mientras el ELN y las FARC controlaban la actividad minera, cada semana los uniformados acudían a cobrar sobornos en oro o dinero. En 2023, las incursiones del Ejército en la zona parecen haber ahuyentado a los líderes guerrilleros. Sin embargo, según denuncias de líderes indígenas, la explotación de oro continuó con los militares al frente.

El sociólogo, investigador y director del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), Roberto Briceño-León refiere que en los espacios donde se desarrolla la minería ilegal, el Estado siempre debe estar presente y expulsar a los grupos armados ilegales. También habló de la necesidad de proteger las áreas protegidas del país, que enfrentan múltiples desafíos, entre estos la minería ilegal. “Podría decir que una acción para frenar la minería ilegal en los parques nacionales es apostar al control (militar), pero hay ver los resultados que esto puede tener”, sostiene Briceño-León, quien sugiere que tendría que ejercerse una operación armada muy grande para enfrentar el problema.

Sin embargo, y al igual que en zonas no protegidas, la presencia y control continuo del Estado es clave para que la actividad extractiva pueda frenarse. Refiere que los radares, vuelos y herramientas tecnológicas se pueden utilizar para la vigilancia de estos territorios. Todo, claro está, acompañado de “la honestidad de quienes representen al Estado en estas operaciones”, porque muchas veces son los mismos agentes quienes se involucran y facilitan el tráfico del oro, según dicen los expertos.

2. Entre la deforestación y la reforestación

El informe Bosques en desaparición: Deforestación en Venezuela 2016-2021, divulgado en septiembre de 2022 por la organización Clima21, dio a conocer que dos de los estados más afectados por la deforestación durante ese período son, a su vez, los que albergan la mayor cantidad de focos de minería ilegal en el país: Bolívar y Amazonas.

De acuerdo con el documento, esta situación contrasta con el pasado de la región. Hasta finales del siglo XX, la zona tenía “niveles relativamente moderados de deforestación, en relación al resto del país”. Pero esto cambió en la primera década del siglo XXI con la expansión de la minería ilegal de oro y el decreto presidencial que creó la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco (AMO) en 2016.

“Estas circunstancias generaron un incremento acelerado de la deforestación en toda la región. En tal sentido, según el portal MapBiomas, en el período 1985-2020 la Amazonía venezolana perdió 1,1 millones de hectáreas de cobertura vegetal nativa. Debido a esto la Guayana venezolana —en el sur del país— es considerada como uno de los puntos críticos (hot spots) de deforestación a nivel global”, apunta el informe.

Ese mismo documento recomendaba que, para detener la deforestación, el gobierno nacional debería implementar “acciones efectivas para eliminar progresivamente el extractivismo minero como medio de financiamiento del Estado”. Sin embargo, advertía de la inexistente voluntad de la administración de Nicolás Maduro para llevar esto a cabo.

“La velocidad en la que se destruyen los bosques naturales en Venezuela es la más alta la región y no hay ninguna señal de que se va a parar”, señala Alejandro Álvarez, biólogo y coordinador general de la organización Clima21.

Pese a esta violencia y destrucción del medio ambiente bajo impunidad, Venezuela posa como un país protector del medio ambiente.

“Venezuela va a cumbres internacionales, como la reciente de la Amazonía en Belém de Para, pero a nivel interno no facilita el desarrollo sostenible ni proyectos compatibles con el cambio climático. En la práctica, lo que Venezuela dice en esos escenarios, es mentira”, afirmó el abogado Olnar Ortiz en una entrevista con Mongabay Latam.

De acuerdo con un investigador de SOS Orinoco, cuya identidad queda resguardada por su seguridad, la principal meta ambiental de Venezuela es detener la deforestación con fines de apertura de yacimientos auríferos, así como la asociada con los cultivos ilícitos y la expansión de la frontera agrícola y pecuaria. Entre las posibles soluciones, plantea, está la optimización del uso de las tierras ya deforestadas y una política que impida la apertura de más carreteras o picas de acceso (trochas) “ya que detrás de ellas inmediatamente van todos los agentes que deforestan”.

Además, descarta que la recuperación de los bosques perdidos deba ser la meta principal sin que se haya detenido el avance de la deforestación, junto con que sería una tarea difícil. Señala que esta labor es compleja en zonas abandonadas por la minería como la parte occidental del Parque Nacional Canaima, la Gran Sabana, o en puntos del eje minero de El Callao-Las Claritas, todos en el estado Bolívar, al sur del país— “por la diversidad de especies que componen estos bosques, la pobreza y acidez del suelo”.

El investigador expone que la reforestación requiere ser planificada e implementada por expertos. Pero ninguna organización se va a arriesgar a hacerlo a merced de las bandas criminales que están en el área. “Es muy difícil que una iniciativa de este tipo se le pueda exigir a la sociedad civil. No hay condiciones de seguridad ni políticas para eso. Reforestar cuesta mucho dinero”, insiste. Por eso, la recuperación recae directamente sobre el gobierno de turno.

3. La deuda del acuerdo de Escazú

Cinco años han pasado desde que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) elaboró el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como Acuerdo de Escazú, pero el Estado venezolano no se ha adherido a este instrumento.

Aunque se puso en marcha en 2021, las organizaciones ambientalistas locales han exigido que Venezuela sea parte del acuerdo. En 2023, el Observatorio de Derechos Humanos Ambientales de la organización Clima21, presentó el resultado de una consulta a la comunidad de activistas ambientales del país en el que 93% de los encuestados consideró que este tratado incluye temas fundamentales para la nación. El tratado tiene como una de sus metas principales la protección de la integridad de las y los defensores ambientales. Las cifras confirman la necesidad de que Venezuela dé prioridad al tema. Para el 60% de las organizaciones, la defensa de los derechos humanos ambientales en Venezuela no es una actividad segura y 26% ha sufrido algún tipo de agresión, según el informe publicado por el Observatorio.

El estudio, además, puso en evidencia que 68% de los entrevistados afirmó tener vacíos y carencias en cuanto al acceso a la información en su área, mientras que 26% respondió que no tenía acceso alguno.

“Ninguno de los temas ambientales puede avanzar realmente sin acceso a la información, a la participación efectiva, a una justicia en temas ambientales y a la defensa de los defensores ambientales, y esos son los cuatro pilares de Escazú”, afirma Alejandro Álvarez.

Pese a estos resultados, el biólogo considera que ni el gobierno ni la oposición introducirán la discusión del acuerdo dentro de sus campañas electorales porque no es un tema prioritario en sus apuestas.

“A veces hay algún pronunciamiento, pero no de manera ni sistemática ni continuada, ni mucho menos con el financiamiento adecuado para que se pueda ver. Venezuela entró en el agujero negro y lo digo porque ya muchas organizaciones en Latinoamérica no toman en cuenta al país porque nunca hay respuesta oficial sobre este tema”, dice.

Para Álvarez, la sociedad civil organizada debe abogar por la firma de Escazú, pero para ello es indispensable la creación de una plataforma de promoción que cuente con voluntarios en un mundo donde, según su opinión, el trabajo voluntario está en etapa de “agotamiento”.

El artículo 127 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, obliga al Estado a garantizar “un ambiente seguro, sano y ecológicamente equilibrado”, un compromiso que deben asumir quienes pretendan gobernar el país a partir de 2025.

4. El reto de la conservación en Venezuela

La sociedad civil venezolana ha emprendido iniciativas enfocadas tanto en la preservación de especies en peligro de extinción, como en el combate de organismos invasores que amenazan la vida de la fauna y flora local. Pero sus esfuerzos requieren acciones urgentes que les ayuden a continuar y cumplir las metas de 2024. La dificultad para obtener financiación y apoyo del Estado obstaculiza sus tareas de conservación.

El Proyecto Unomía, el equipo de la Fundación La Tortuga que desde 2021 estudia la existencia del coral unomia (Unomia stolonifera) paralizó sus actividades en el tercer trimestre de 2023 por falta de financiamiento. La organización visibilizó los enormes riesgos asociados a esta especie invasora que ha colonizado al menos 700 hectáreas de fondo marino de las costas venezolanas, de oriente a occidente.

De acuerdo con palabras de uno de los líderes de la investigación, el biólogo marino Juan Pedro Ruiz-Allais, el unomia “forma una especie de alfombra continua sobre los arrecifes de coral, que crece y lo asfixia todo”. Las especies que hacen vida en el coral, como los peces, se ven afectados porque les arrebatan su hogar y alimento. La pesca se ha visto afectada porque las redes que se lanzan al mar rompen el coral invasor y este, en defensa, libera un hedor que impregna a los peces y hace imposible su venta en el mercado.

Aunque el Estado detectó la presencia del unomia en el año 2011 en el estado Anzoátegui, todavía no se ha hecho ningún esfuerzo desde el gobierno por eliminarlo. Ruiz-Allais sostiene que se debe desarrollar una herramienta tecnológica que actúe de forma “masiva y eficiente”, pero esta todavía no existe.  La fundación La Tortuga espera la apertura de concursos de apoyo a investigaciones para subvencionar y profundizar el monitoreo del organismo, pero por ahora no hay ningún avance.

Otra iniciativa que enfrenta desafíos similares  es el  Proyecto Oso Andino Guaramacal, que depende de una acción gubernamental para lograr su mayor meta de 2024: la conexión protegida entre los parques nacionales Guaramacal-José Gregorio Hernández (en Trujillo, al occidente del país) y Terepaima-Yacambú (en Lara, en el centro occidente).

Así se concretaría el corredor verde  —ideado y estudiado hace tres décadas por el biólogo venezolano Édgar Yerena— que pretende asegurar la supervivencia en los Andes venezolanos del oso frontino (Tremarctos ornatus), en Peligro de extinción, según el Libro Rojo de la Fauna Venezolana, y en estado de población “Vulnerable” de extinción por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

“Eso sería un gran paso adicional para la conservación de los osos (…) Ya no está en nuestras manos porque es una decisión del Ejecutivo Nacional. Sin embargo, nosotros introdujimos la información base. Está pendiente por decretarse ya”, sentencia Marcos Hidalgo, quien lleva adelante el Proyecto que ejecuta actividades que van desde charlas educativas en comunidades y capacitaciones a guardaparques hasta el impulso de la agroforestación y el monitoreo de la fauna local con 30 estaciones de cámaras trampa.

Junto con estas iniciativas, el país también debe abordar la discusión de la disputa limítrofe con Guyana sobre el Territorio Esequibo, una región de más de 15 millones de hectáreas habitada por al menos nueve pueblos indígenas. A la par de la controversia sobre la soberanía en la zona, hay aspectos ambientales que no deben ser olvidados. La mayor amenaza es la minería legal e ilegal que amenaza la biodiversidad del Esequibo, pues ha arrasado con 31 000 hectáreas de bosque entre el 2000 y junio de 2022, según un informe de la organización ambiental venezolana SOS Orinoco.

En la búsqueda de una solución a la problemática territorial, pero también a la ambiental , la organización venezolana SOS Orinoco promueve la adopción de una alternativa ambientalista para zanjar la disputa de la zona amazónica conocida como Territorio Esequibo entre Guyana y Venezuela: la creación de un espacio de conservación transfronterizo, una idea que ha tenido éxito en otras partes del continente, incluso en África.

Para Cristina Burelli, fundadora de SOS Orinoco, la iniciativa pondría el foco en el ambiente pero también en los pueblos indígenas de la zona, que son los “primeros dolientes” de un conflicto histórico y hoy son asediados por prácticas extractivistas como la minería de oro que ya en 2022, había impactado casi 110 000 hectáreas de bosques y formaciones naturales como cabeceras de ríos, de acuerdo con el informe “El impacto de la minería de oro en el Esequibo y su relación con la minería en el estado Bolívar (Venezuela).

Tanto la promoción como la ejecución de este espacio de biodiversidad en Guyana llevan un costo que, hasta ahora, nadie está dispuesto a asumir. Y lo mismo sucede con el combate al unomia, o con la protección del corredor verde imprescindible para preservar al oro frontino, pero también con la reforestación e, incluso, con la campaña para la aprobación del Acuerdo de Escazú en Venezuela.

*Imagen principal: El oso andino tiene su hogar en territorios de Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Foto de Rob Wallace/WCS.

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