- Según el informe anual de la ONIC, que revela la violencia y conflictos que enfrenta este grupo, más de 58 mil hombres y mujeres de diferentes etnias fueron víctimas, sobre todo de agresiones como hostigamientos, confinamientos, desplazamientos y la falta de atención humanitaria. La impunidad es una constante en más del 90% de los casos.
- En 2023, al menos 37 líderes indígenas fueron asesinados en Colombia, según la organización Indepaz.
- El informe también revela que el 92% de los eventos se reportaron en las zonas rurales de Colombia.
Las cifras siguen mostrando quiénes son las víctimas de la violencia en Colombia. El último informe de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) revela que en 2023 al menos 58 000 indígenas fueron víctimas del conflicto. De estos, 23 570 pobladores de distintas etnias fueron afectados por los confinamientos —toques de queda impuestos por los grupos armados— y 3022 sufrieron distintos tipos de atentados. Además, 634 fueron amenazados y 45 asesinados en el contexto del conflicto armado de Colombia. El mismo año, 37 líderes indígenas fueron asesinados, según la organización Indepaz.
“El confinamiento y el desplazamiento siguen representando la situación más crítica en el país, como ha venido sucediendo históricamente”, dice Sebastián Hurtado, investigador y abogado del área de incidencia y paz de la ONIC que lideró la elaboración del informe.
El documento también hace un recuento de los pueblos indígenas más afectados en el 2023: 14 000 personas del pueblo wounaan y 4365 de los emberá en el Chocó, 9466 nasa y 3000 integrantes de los yanacona en el Cauca, así como hombres y mujeres awá de Nariño y Putumayo. También figuran en la lista, los kichwa, pastos y siona asentados en la Amazonía del país. De hecho, cuatro de los asesinatos, según la organización de derechos humanos Indepaz —cuyas cifras se incluyen en el reporte—, se reportaron en este bioma. El departamento de Putumayo, con 848 pobladores indígenas víctimas de violencia, sigue siendo uno de los puntos calientes, considerando su proximidad a las zonas fronterizas con otros países que son “históricamente corredores ilegales de armas, drogas, trata de personas y contrabando”.
Respecto a los victimarios, el Ejército de Liberación Nacional encabeza la lista, seguido de la Fuerza Pública y las disidencias de las FARC. Los cultivos ilícitos de coca, según el informe, atraen a estos grupos y a la violencia. Y el problema se agudiza en el territorio con la presencia de la minería legal e ilegal, las operaciones petroleras o la presencia de hidroeléctricas.
La pérdida de liderazgos
“Los liderazgos indígenas son los más afectados por los asesinatos”, confirma Juana Cabezas, investigadora de Indepaz, en alusión a los 37 líderes y lideresas que perdieron la vida en 2023. La experta explica que le preocupa que la cifra haya sido alta, pese a que “hubo acuerdos de cese al fuego con varios grupos armados ilegales en medio de las negociaciones de paz”. Por ello, teme pensar que en el 2024 la situación se mantenga, en caso de que algunos de los ceses al fuego no continúen.
No obstante, señala que el peor año fue 2020 cuando 54 líderes fueron asesinados y que desde entonces la cifra ha venido bajando.
Entre los factores asociados a la violencia contra líderes indígenas, Cabezas resalta la defensa del territorio frente a la minería ilegal y la amenaza que representan algunos proyectos extractivos. “La presencia de estas empresas y la de los grupos armados ilegales tienen un impacto sobre el liderazgo de los pueblos indígenas”, explica Cabezas.
Esta violencia, además, está asociada también a una palabra: impunidad. Las investigaciones criminales de la Fiscalía, detalla el informe de la ONIC, se enfocan más en la judicialización de los sicarios y rara vez en los autores intelectuales. “La Fiscalía dice que resuelve el 45 % de los asesinatos de líderes sociales, pero en realidad solo llegan al autor material, casi nunca al intelectual”, comenta.
Putumayo, uno de los territorios más violentos
El pueblo awá, ubicado en Nariño y Putumayo, fue el tercero más afectado por la violencia a nivel nacional en 2023. Tuvo al menos 8744 víctimas, lo que explica por qué las defensorías de Colombia y Ecuador lanzaron una alerta binacional frente a la amenaza de exterminio de esta etnia.
“Los awá, ubicados en zona de frontera con Ecuador, están en una zona estratégica de rutas del narcotráfico disputada por los grupos armados ilegales. Han sido víctimas de esta situación”, explica Hurtado de la ONIC. Adicionalmente, señala que la presencia de empresas petroleras y mineras también contribuye a la situación de violencia que enfrentan los pueblos indígenas, una problemática que asegura debería ser investigada por las autoridades.
El último año fueron asesinados tres líderes indígenas en el Putumayo: Jaime Álvarez Romero, Diego Jair Orbes y Phanor Guazaquillo Peña, según Indepaz. “Eran líderes involucrados en luchas de restitución de tierras o eran representantes de juntas de acción comunal”, dice Cabezas. Comenta que el caso de Phanor Guazaquillo generó mucha conmoción en el departamento del Putumayo, pues provocó, como confirmaron otras fuentes en territorio, que múltiples líderes indígenas del Putumayo se desplazaran a causa de amenazas. Asimismo, su muerte generó estupor porque era un líder visible a nivel nacional, participó de la elaboración capítulo étnico del Acuerdo de Paz y porque su asesinato se dio en el funeral de otro líder indígena —Manuel Carlosama— que murió en circunstancias confusas.
En el Putumayo hay una cruenta guerra entre dos disidencias de las FARC, como confirman las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo. La primera, Comandos de la Frontera, aliados a las disidencias de la Segunda Marquetalia de “Iván Márquez”, y la segunda, el Frente Primero Carolina Ramírez, que forma parte del Estado Mayor Central (EMC) al mando de Iván Mordisco. “Antes del asesinato de Phanor, la situación venía empeorando. Puerto Asís es una zona controlada por Comandos de la Frontera. Pero sus enemigos del Carolina Ramírez se han ido acercando. Desde septiembre hubo más combates, desplazamientos y confinamientos”, dice Andrew Miller, director de incidencia en la organización Amazon Watch.
Miller comenta que los líderes sociales en Putumayo tienen temor por el rumor de una lista con nombres de los que podrían ser asesinados. También asegura que el grupo Comandos de la Frontera —pese a ser una disidencia de las FARC— se comporta como los paramilitares con dinámicas de asesinatos como castigo social, además de que amenaza a quienes se opongan a la explotación petrolera y de que cuentan con aparente connivencia de la fuerza pública y los políticos dominantes.
Otro defensor de derechos humanos que trabaja desde el Putumayo y que solicitó la protección de su identidad señala que la presencia de grupos armados ha “diezmado la gobernanza de los pueblos indígenas sobre sus territorios”.
Cabezas hace hincapié en que la violencia no sólo incluye los asesinatos. “No siempre es un hecho material, sino amenazas, citaciones obligatorias a reuniones, normas o manuales de convivencia. Es menos denunciado, menos visible”, dice y añade que muchas veces los grupos armados ilegales terminan reemplazando al Estado y sus responsabilidades. Al respecto, la Defensoría del Pueblo ha denunciado los confinamientos contra las comunidades awá de Putumayo, específicamente las de Alto Convoy (Valle del Guamuez) y Puran Su (Puerto Asís).
Amazonía colombiana en alerta
La violencia en la Amazonía del país va más allá del Putumayo. Según la Defensoría del Pueblo, se reportaron dos asesinatos en marzo de 2023, en el departamento del Amazonas, a manos de las disidencias de las FARC, puntualmente de los frentes Armando Ríos y Carolina Ramírez. Indepaz documentó también en el mismo departamento la muerte violenta del promotor de salud y líder indígena Custodio Yucuna, del Resguardo Curare Los Ingleses, en junio de 2023.
“Hay un recrudecimiento en la violencia. Además de Curare, hubo asesinatos en cercanías de los ríos Miriti Paraná y Apaporis. También en las áreas protegidas ya no hay presencia de los guardaparques. Y desde el año pasado, los guardaparques indígenas también fueron amenazados”, explica un experto de una organización de la sociedad civil que prefirió no ser citado por temas de seguridad.
Otra dinámica violenta que afecta a las comunidades es el reclutamiento de menores de edad por parte de actores armados. Precisamente, una alerta de la Defensoría del Pueblo de mayo de 2023 lo pone en evidencia: “Se ha registrado el presunto reclutamiento de 17 menores de edad entre el segundo semestre de 2022 y lo corrido del año 2023 en el Eje Caquetá”. Al menos 10 de los casos tuvieron lugar en 2023. Se presentaron en el departamento del Amazonas, específicamente en Mirití Parana, La Pedrera y Puerto Santander, así como en las comunidades indígenas de los pueblos Miraña y Bora. El investigador que pidió la protección de su nombre señala que en efecto se ha aumentado el reclutamiento y que “atraen a los menores con dinero, a la fuerza o con enamoramiento”. Comenta que las familias están sacando de los territorios a los menores para evitar que sean reclutados.
En lo que va del 2024, se ha reportado ya un nuevo confinamiento en el departamento amazónico de Caquetá. La Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC) reveló que este evento de violencia ocurrió el 26 de enero último.
*Imagen principal: A pesar de los hostigamientos, los pueblos indígenas de Villagarzón continúan en pie de lucha por la defensa de su territorio ancestral. Crédito: Imagen suministrada por Joaquín Jansasoy, coordinador territorial inga.
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