- Perú inicia un año de cambios en las regiones con nuevas autoridades, mientras atraviesa una crisis política y social.
- Cuestionadas leyes que están en debate en el Congreso de la República, así como las amenazas a la Amazonía y los impactos en el mar que el 2022 sufrió el más grande derrame de petróleo de su historia son temas que están en la agenda del 2023.
Nuevas autoridades en los gobiernos regionales asumieron sus cargos el 1 de enero de 2023, en medio de una crisis política y social que ha dejado más de 40 personas fallecidas en Perú. El país se mantiene en Estado de emergencia luego de que el expresidente Pedro Castillo anunciara un fallido golpe de Estado el 7 de diciembre de 2022 y que la vicepresidenta Dina Boluarte asumiera el gobierno ese mismo día.
Los días que siguieron fueron de protestas, marchas y enfrentamientos en casi todo el país cuyos puntos de agenda eran la renuncia de la nueva presidenta, el cierre del Congreso de la República y el adelanto de elecciones generales. Una semana después del estallido, el gobierno decretó el Estado de emergencia durante 30 días que se cumplieron este 14 de enero de 2023 y que autoriza a las Fuerzas Armadas apoyar a la Policía en el control interno del país.
Tras varios días de protestas, el Congreso de la República aprobó el adelanto de elecciones para abril del 2024 —aunque todavía debe confirmarse en una segunda legislatura—, pero además, mientras el país permanecía en conflicto, varias leyes que buscaban debilitar la política ambiental peruana estuvieron en la agenda para su aprobación. Cuestionados proyectos para modificar la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, así como para cambiar también la Ley para la Protección de Pueblos Indígenas u Originarios en Situación de Aislamiento y en Situación de Contacto Inicial se discutieron los últimos días de 2022 y se mantienen en la agenda de este nuevo año.
Mientras la discusión política continúa su camino, los ecosistemas peruanos enfrentan desafíos que cada año se vuelven más complicados. La Amazonía va perdiendo sus bosques por efecto de actividades ilícitas como la minería ilegal, el tráfico de madera, los cultivos ilegales de coca y las invasiones de tierras o el tráfico de las mismas para cambiar bosques por zonas de cultivo.
En medio de la devastación de la Amazonía peruana, los defensores ambientales y pueblos indígenas enfrentan amenazas y, muchas veces, asesinatos. Esta situación límite los ha ido arrinconando en sus territorios sin una real protección del Estado.
Los océanos también viven su propia lucha. El derrame de petróleo más grande ocurrido en el mar en enero de 2022 hizo visible los riesgos y la desprotección del mar frente a estos desastres.
Este es el panorama ambiental con el que iniciamos el año en Perú este 2023.
La llegada de nuevas autoridades regionales
Las investigaciones por corrupción alcanzan a 17 de los 26 gobernadores regionales que asumieron su cargo este 1 de enero de 2023. Según un informe de la Defensoría del Pueblo, el gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, con 23 casos, encabeza la lista de las autoridades regionales con mayor cantidad de procesos por corrupción. El electo gobernador tiene ahora una orden de comparecencia restringida, impedimento de salida del país y un pago de 100 mil soles ordenado por el Poder Judicial ante la investigación que se le sigue por colusión y otros delitos. En la lista sigue el gobernador de Tacna, Luis Ramón Torres Robledo, quien ha acumulado 11 procesos por delitos de tráfico de influencias, negociación incompatible, malversación, colusión y cohecho.
En las regiones de la Amazonía, Manuel Gambini Rupay, gobernador regional de Ucayali, tiene diez investigaciones por peculado, negociación incompatible, colusión, malversación, concusión y cobro indebido. No es la primera vez que Gambini Rupay está a la cabeza de Ucayali pues ocupó el mismo cargo en el periodo 2015 al 2018. Una situación similar ha sucedido en Madre de Dios, donde Luis Otsuka, con tres investigaciones por peculado, malversación y colusión, ha retornado como gobernador regional después de un periodo fuera del cargo. En tanto, los gobernadores de San Martín, Walter Grundel, con siete investigaciones por corrupción, y de Loreto, Jorge Chavez, con cuatro casos, también han asumido sus cargos este 1 de enero.
“Hay algunos que me preocupan, como el señor [Luis] Otsuka, en Madre de Dios, porque su regreso significa el retorno de la minería ilegal como un actor negativo en la región. Ya hemos visto cómo fueron las cosas la primera vez que fue gobernador regional”, señala Gabriel Quijandría, exministro del Ambiente.
Otsuka, quien durante su gestión anterior promovió la derogación de las normas para la formalización minera y que además figura con dos denuncios mineros en Geocatmin (sistema de información geográfica de la minería), asume ahora la conducción de la región más deforestada por la minería ilegal.
Silvana Baldovino, directora del Programa de Biodiversidad y Pueblos Indígenas de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), también cuestiona la elección de Otsuka en Madre de Dios. “Después de todo lo que se denunció y del daño generado en la región, nuevamente tienes a Otsuka de gobernador y con respaldo fuerte de la población. Incluso Madre de Dios tiene también congresistas con denuncias vinculadas a temas de ilegalidad. Si te das cuenta el esquema siempre tiene que ver con la ilegalidad, el crimen organizado y la corrupción”.
En Ucayali el retorno de Manuel Gambini Rupay a la gobernación regional también causa preocupación debido a las investigaciones fiscales en su contra. Iris Olivera, Coordinadora del programa Cambio Climático y Bosques de la organización Derecho, ambiente y Recursos Naturales (DAR) menciona que la vinculación de los gobernadores regionales con la actividad maderera los lleva a “priorizar esta actividad extractiva en lugar de promover mecanismos vinculados a la protección y resguardo de los bosques”. Además, Olivera recuerda los problemas de seguridad jurídica y tráfico de tierras que existen en esta región que ocupa el primer lugar en cuanto a deforestación de bosques, según la evaluación de Geobosques, del Ministerio del Ambiente.
Olivera también menciona que con el estado de emergencia que se ha decretado en el país, se reducirá la presencia estatal y policial en lugares lejos de las ciudades como La Pampa, en Madre de Dios, así como en Amazonas y en Loreto. “Las actividades ilegales aprovecharán esta ausencia estatal, como ocurrió durante la pandemia, que se incrementaron las actividades ilegales porque, justamente, no hubo presencia estatal”.
Para Mariano Castro, exviceministro de Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiente, los nuevos gobernadores regionales que acaban de asumir sus cargos deben integrar efectivamente las cuestiones ambientales y climáticas dentro de sus planes de inversión en diversas áreas: conectividad, infraestructura, atención de servicios básicos, desarrollo rural, gestión forestal y minería artesanal.
“Los gobiernos regionales tienen una importante responsabilidad sobre las condiciones en que se encuentra el ambiente y los ecosistemas en su región. La primera línea de responsabilidad está en manos de los gobiernos regionales y estos cuatro años que vienen son fundamentales para que el país tenga mejores condiciones para enfrentar los desafíos climáticos que están afectando severamente los medios de vida”, señala Castro, quien actualmente es director del Programa Unidos por los Bosques de la Fundación para la Conservación y Desarrollo Sostenible (FCDS) Perú.
La legislación ambiental
“El Congreso nos preocupa mucho porque a lo largo de los últimos meses ha empezado a promover normas nefastas para el medio ambiente, para los defensores ambientales y para los pueblos indígenas”, señala Julia Urrunaga, directora del Programa Perú de la Agencia de Investigación Ambiental (EIA por sus siglas en inglés).
Urrunaga comenta, por ejemplo, que se intenta modificar la Ley Forestal y de Fauna Silvestre en contra de la opinión de todos los expertos del sector público, de organizaciones civiles y de los pueblos indígenas. “Todos la califican como nefasta, como destructiva para los bosques y en contra de los derechos de los pueblos indígenas”.
El proyecto al que se refiere Urrunaga es una propuesta para modificar la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, que incluye disposiciones para promover la zonificación forestal. Esta norma fue aprobada inicialmente en julio de este año, pero el Ejecutivo la observó. Tras regresar al Congreso, se decidió que la propuesta sea debatida nuevamente en la Comisión Agraria y también en la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología. Sin embargo, la Comisión Agraria persiste en su pedido de que se apruebe por insistencia. Actualmente permanece en la agenda del Pleno para debatirse en cualquier momento.
El proyecto de ley ha sido cuestionado por instituciones públicas, pueblos indígenas y organizaciones civiles. Incluso los ministerios de Desarrollo Agrario y Riego, del Ambiente y de Cultura han señalado que los cambios propuestos en la Ley Forestal “provocarían deforestación y degradación de los bosques”.
Otro proyecto de ley que ha causado controversia en las últimas semanas es la propuesta de modificación de la Ley para la protección de Pueblos indígenas u originarios en situación de aislamiento y en situación de contacto inicial (Piaci), una norma que también ha sido considerada peligrosa porque propone que los gobiernos regionales decidan la creación de las reservas en lugar del gobierno nacional como sucede hasta ahora. La norma está en debate en la Comisión de Descentralización y podría ingresar a discusión al Pleno del Congreso en cualquier momento.
“Las organizaciones indígenas protestan porque el Gobierno Regional de Loreto está entregando concesiones forestales de modo acelerado sobre reservas indígenas para pueblos en aislamiento o en territorios solicitados para tal fin. Esto va absolutamente en contra de la ley”, comenta Urrunaga. En paralelo a estos reclamos —continúa Urrunaga— el Gobierno Regional de Loreto emite comunicados en los que exige la derogación de la Ley Piaci, argumentando que los indígenas en aislamiento no existen, que son un mito creado por las organizaciones ambientalistas.
Un grupo formado por empresarios y autoridades regionales denominado Coordinadora por el Desarrollo de Loreto (CDL) se ha pronunciado en más de una ocasión en contra de la creación de las reservas indígenas y han emitido comunicados en los que se niega la existencia de los Piaci en la región, principalmente en el territorio solicitado para la Reserva Indígena Napo, Tigre y Afluentes pese a que en setiembre de 2022, el Ministerio de Cultura reconoció la existencia de los pueblos en aislamiento en este territorio.
“Me preocupa este movimiento político para desconocer la existencia de pueblos no contactados y promover el uso indiscriminado de los recursos naturales como alternativa de desarrollo”, dice Gabriel Quijandría, exministro del Ambiente, en relación a lo que sucede en Loreto.
Mariano Castro, de FCDS Perú, considera que es fundamental alertar sobre “los retrocesos y atentados contra los medios de vida de la población que son impulsados por grupos políticos en el Congreso”. Castro señala que estas prácticas van en contra de los derechos ambientales y de los derechos territoriales de la población más vulnerable de Perú. “Creo que es fundamental que la sociedad civil impulse acciones para generar alternativas que expresen las prioridades nacionales en esta materia, y para que en este periodo electoral que se viene se generen propuestas políticas sólidas que incluyan e integren la cuestión ambiental”.
Los peligros en la Amazonía
La pérdida de bosques en la Amazonía ha sido una constante en los últimos años. Aunque el 2021 la deforestación fue menor a la registrada en años anteriores —137 976 hectáreas de bosques, cifra inferior a las 203 272 del año 2020— los números ubican al Perú entre los países con mayor deforestación en Latinoamérica.
Ucayali con 36 305 hectáreas deforestadas encabeza la lista de regiones con más bosques perdidos, le sigue Madre de Dios con 23 142 hectáreas y Loreto con 19 829 hectáreas. Detrás de ellas van Huánuco con 15 021 hectáreas, San Martín con 13 080 hectáreas y Junín con 12 082 hectáreas. También están Pasco con 5597, Cusco con 5349, Amazonas con 4330 y Puno con 1891 hectáreas.
“La deforestación en la Amazonía es un tema central y eso implica que se prioricen políticas efectivas para reducir la pérdida de bosque que incluyen generar alianzas concretas con gobiernos regionales”, señala Mariano Castro de FCDS Perú. Asociado al tema de la lucha contra la deforestación —continúa Castro— está la presencia del crimen organizado y las actividades ilegales que, además, son una amenaza para personas defensoras de derechos humanos y derechos ambientales. “Se requiere fortalecer la Unidad de Delitos Ambientales y las estrategias y mecanismos multisectoriales de protección a los defensores y atacar las causas estructurales como, entre otras, los problemas de titulación. Además, se debe atender los problemas en el sector rural con estrategias de desarrollo productivo bajo en carbono”.
Para el Procurador público del Ministerio del Ambiente, Julio Guzmán, es importante que en 2023 se cuente con presupuestos adecuados para que se intensifiquen las acciones de interdicción y de investigación en contra de la minería ilegal. “Cada año se va incrementando el número de casos y no necesariamente se incrementa proporcionalmente el número de fiscales y del equipo que se dedica a estas investigaciones”.
Guzmán también considera que para este 2023 se debe trabajar la estrategia de lucha contra la minería y que esa estrategia establezca las pautas para saber dónde priorizar las intervenciones, sin embargo, el Procurador señala que “toda la Amazonía está plagada de esta actividad, ya no es Madre de Dios como hace ocho a diez años, actualmente están en Loreto, Amazonas, Cajamarca”.
Solo en Madre de Dios, según los informes Radiografía de la Minería Artesanal y de Pequeña Escala en la Amazonía Peruana y Corrupción en la Minería Artesanal y de Pequeña Escala (MAPE) en la Amazonía peruana, hay 46 605 mineros artesanales y, de esa cifra, 31 390 son informales y 9323 ilegales. Solo unos cinco mil mineros trabajan de manera formal.
Como indica el procurador Guzmán, la minería ilegal se ha extendido por toda la Amazonía. La presencia de las denominadas pequedragas —dragas para la extracción de oro adaptadas en pequeñas embarcaciones de madera— están en los ríos de Loreto como en Napo, en Nanay y el Putumayo. También se han encontrado en los ríos de la región Amazonas. Por otro lado, sectores de la Amazonía en las regiones de Huánuco y Pasco también tienen presencia de minería ilegal.
La deforestación amazónica también está relacionada con el narcotráfico y la invasión de bosques y territorios indígenas para este fin. Los casos de las comunidades nativas Unipacuyacu y Puerto Nuevo del pueblo kakataibo en Huánuco y Ucayali son un ejemplo de cómo está avanzando el narcotráfico dentro de los territorios indígenas.
Según un informe de la Comisión Nacional para el Desarrollo de una Vida sin Drogas (Devida), hallazgos que fueron presentado por el expresidente de esta institución Ricardo Soberón, Ucayali se ha convertido en la región con el mayor incremento de producción de hoja de coca en Perú. Entre el 2020 y 2021, la superficie cultivada aumentó en 266 %, de 3822 hectáreas en 2020 a 10 151 hectáreas en 2021.
“El despliegue policial es necesario en algunos momentos, pero lo fundamental es atender las causas de fondo a los problemas estructurales que está generando esta violencia, problemas que son frecuentemente denunciados por las organizaciones indígenas. Estamos hablando de la falta de seguridad jurídica de su tierra que está siendo parcelada y entregada con títulos individuales a colonos, del avance del narcotráfico y de la minería ilegal. Sería importante que todas las políticas que tratan de enfrentar estas problemáticas sean construidas con la participación de los pueblos indígenas”, manifiesta Mar Pérez, abogada de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH).
¿Esperanza para los defensores ambientales?
Un tema que lleva pendiente varios años es la ratificación del Acuerdo de Escazú por parte del Congreso de la República. Durante el 2022 el tema no entró en la agenda del Ejecutivo ni del Parlamento luego de que en el año 2021 el pedido de aprobación fue archivado por el Legislativo.
“Se debe retomar el tema del Acuerdo de Escazú. Es una vergüenza que Perú sea uno de los pocos países que no lo ha aprobado, nos estamos quedando solos en la región”, señala Sidney Novoa, director SIG y Tecnología para la Conservación de Conservación Amazónica (ACCA).
El Acuerdo de Escazú es un tratado regional que promueve el derecho de acceder oportuna y efectivamente a la información ambiental, de participar en la toma de decisiones que afecten el ambiente y de acceder a la justicia para asegurar el cumplimiento de las leyes y derechos ambientales en los países de América Latina y El Caribe. También aborda la protección de los defensores ambientales, un problema clave considerando que 17 defensores y líderes indígenas han sido asesinados en Perú entre el 2020 y 2022, según la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH).
“Creo que como país tenemos todavía mucho trabajo que hacer en el tema de defensores ambientales y defensores de los derechos indígenas. Tenemos normas y protocolos para su protección pero no existen los presupuestos en las oficinas que tienen que activar estos protocolos. No se cuenta con recursos humanos ni económicos para implementar y garantizar la seguridad de los defensores ambientales”, dice Julia Urrunaga, de la Agencia de Investigación Ambiental.
El último año, dos asesinatos contra defensores ambientales y líderes indígenas han sido reportados por la CNDDHH. El primero ocurrió en Madre de Dios, el 20 de marzo, cuando Juan Julio Fernández Hanco, quien desde el año 2006 tenía una concesión de forestación y reforestación en la zona de amortiguamiento de la reserva Tambopata, en Madre de Dios, recibió dos disparos de bala en la cabeza. El segundo crimen sucedió en Loreto, contra el líder indígena awajún y presidente del Frente de Defensa del Distrito de Manseriche, Genaro Comisario Bitap, quien fue asesinado de dos disparos de bala mientras caminaba acompañado de su hijo.
Para Mar Pérez, abogada de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), es importante que este 2023 se asigne presupuesto para la protección de defensores ambientales. “Las organizaciones civiles se movilizaron para pedir que en 2023 se incluya una partida para defensores ambientales, pero no se logró que se incluya en la Ley de Presupuesto que se aprobó en el Congreso. Entonces nos encontramos con una situación donde los pocos casos donde se dictan medidas de protección, estas no son implementadas por falta de presupuesto”. Pérez menciona que lo que correspondería ahora es solicitar un crédito suplementario en el mes de marzo.
Pérez pone como ejemplo el caso de la comunidad nativa Nueva Austria del Sira, donde la Policía se comprometió a realizar un patrullaje cada mes y “solo han podido realizar uno en todo el año por falta de logística”. Lo mismo ha ocurrido en el Cenepa —precisa Pérez— donde el Estado se comprometió a ejecutar un operativo de interdicción masiva contra la minería ilegal, pero no se ha podido cumplir porque no hay presupuesto para hacerlo. “La asignación de presupuesto y de personal suficiente es imprescindible para que el mecanismo de protección de defensores ambientales no sea letra muerta”.
Algo que es urgente —continúa Pérez— es la aprobación de lineamientos para las medidas de protección de los defensores por parte del Ministerio del Interior, pues asegura que sin esas pautas claras no se pueden tener detalles de cómo será la intervención de la policía. También está paralizada la aprobación de un protocolo dentro del sector mujer porque el mecanismo intersectorial contempla, al menos de manera enunciativa, el enfoque de género.
Una mirada al océano
Durante el 2022, se debatió en la Comisión de Producción del Congreso de la República, hasta en dos oportunidades, el predictamen de un proyecto de ley que busca actualizar la Ley General de la Pesca que tiene 30 años de vigencia.
“Ha sido una discusión que se extendió todo el año 2022 e incluso hubo manifestaciones y múltiples encuentros entre pescadores, pero no avanza y llegamos al final del año sin que se apruebe”, comenta Juan Carlos Riveros, director científico de Oceana.
Riveros comenta que para el 2023, el proyecto de ley debería estar debidamente socializado y conversado con la participación de todos los sectores involucrados. “El mar debe estar claramente protegido, con un mejor manejo de stocks, mayor transparencia y mayor participación de los derechos de uso. Estamos cansados de escuchar por más de seis años de la formulación de esta ley y no se avanza”.
Uno de los temas que se incluyen en la propuesta de actualización de la Ley de Pesca es que por primera vez se incorporaría el concepto de recurso sobreexplotado. Actualmente, la normativa contempla diferentes grados de explotación de las pesquerías: inexplotado, subexplotado, plenamente explotado y en recuperación. Sin embargo, la categoría de “sobreexplotado”, es decir, cuando la pesca ha sobrepasado la capacidad natural de recuperación de la población, no existe en la ley actual. El proyecto también contempla la protección de las cinco millas como una zona de refugio y reproducción de las especies costeras; la reclasificación de la flota artesanal y la creación e implementación de zonas de reserva pesquera, es decir, espacios clave en el mar que deberían recibir una atención especial para facilitar la reproducción y crecimiento de ciertas especies.
Los impactos dejados por el derrame de petróleo ocurrido a inicios de 2022, en la costa central de Perú, también requieren de atención este nuevo año. Como se recuerda, el 15 de enero del año pasado se vertieron 11 900 barriles de petróleo en el mar peruano, las playas de Ventanilla, en el Callao. La emergencia ambiental se registró cuando el Buque Tanque Mare Doricum, de bandera Italiana, realizaba operaciones de descarga de petróleo en las instalaciones del Terminal Multiboyas N° 2 de la Refinería La Pampilla, administrada por la empresa Repsol. Lo que siguió fue una catástrofe ambiental con consecuencias en los ecosistemas marinos y en la población que depende directamente de la pesca.
Andrea Collantes, bióloga marina experta en derrames de petróleo, señala que es importante seguir atendiendo la afectación ecológica del mar, pero también los impactos sociales y económicos, “porque los pescadores todavía siguen luchando con la empresa Repsol para que se cumpla con los pagos de la ayuda económica”.
Collantes menciona que también es una tarea pendiente contar con datos reales de cuáles han sido los efectos de este derrame. “Se debe saber cuál es la afectación biológica, hasta el momento, en los ecosistemas marinos y también hacer evaluaciones de las especies que hasta ahora no han sido analizadas como el plancton, los crustáceos, los moluscos, así como el monitoreo del fondo marino”.
Un tema que también se viene postergando desde hace varios años es la creación de nuevas áreas protegidas marinas —una de ellas la Reserva Nacional Mar Tropical de Grau— para alcanzar las metas definidas por los compromisos internacionales suscritos por el Perú. Hasta ahora no se ha logrado llegar al 10 % del compromiso que se asumió con las Metas Aichi y recientemente, en la conferencia de las partes número 15 de la Convención de Naciones Unidas sobre Diversidad Biológica (COP 15) se acordó como nuevo marco global la estrategia 30×30, es decir, que por lo menos el 30 % de la superficie terrestre y acuática del planeta esté bajo algún tipo de manejo y conservación para el año 2030. Perú se ha sumado a esta meta global.
Imagen principal: Pequedraga realizando minería ilegal en el río Putumayo. Foto: Michelle Carrere.
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