- En noviembre de 2023, el Ministerio de Energía y Minas emitió un decreto supremo que suspende la admisión de petitorios mineros en la cuenca del río Nanay. La medida será efectiva solo por doce meses.
- Especialistas y representantes de las organizaciones civiles de Loreto consideran que esta decisión temporal no es suficiente y que debería ser permanente. También advierten sobre el peligroso avance de la minería ilegal de oro en la cuenca del río Nanay.
Desde hace más de tres meses, representantes del Área de Conservación Regional (ACR) Alto Nanay – Pintuyacu Chambira y voceros del Comité de Defensa del Agua de Iquitos han manifestado su absoluto rechazo a una concesión minera otorgada en el distrito del Alto Nanay, en la región amazónica de Loreto, en Perú. Sus quejas apuntan a Raíces Gaddaffy, empresa que obtuvo, en agosto de 2023, una concesión minera para sustancias metálicas de parte del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet) en un área de 1000 hectáreas que se superpone con el río Nanay.
Para José Manuyama, jefe del Comité de Defensa del Agua de Iquitos, la autorización resulta “completamente incomprensible”, considerando que “Ingemmet da una concesión de 1000 hectáreas, pero no en una zona boscosa o de tierra firme, sino superpuesta completamente al río Nanay”. La cuenca del río Nanay es la principal fuente de abastecimiento de agua para la ciudad de Iquitos y pueblos aledaños, con cerca de 400 000 habitantes, según precisa el Gobierno Regional (GORE) de Loreto. Además, esta concesión minera está afectando directamente a las comunidades nativas Puca Urco, San Juan de Ungurahual y a otros caseríos cercanos, tal como se ve en el mapa realizado por la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA).
Lo que llama la atención es que Ingemmet emite la autorización a pesar de que ya existía una serie de ordenanzas regionales dirigida a proteger la cuenca. De hecho, en el 2008, se declaró de interés público regional la conservación y protección de la cuenca del río Nanay, así como las cabeceras de cuenca de los ríos Mazán y Arabela. Un año después, se emitió otra ordenanza que declaró de interés público regional la conservación y protección de las cabeceras de cuenca ubicadas en los ríos de la región Loreto, incluido el Nanay. Y, finalmente, el GORE Loreto emitió, en el 2023, una ordenanza que “declara la cuenca del río Nanay como zona de exclusión para actividades de extracción minera y para aquellas que alteren la cobertura vegetal”.
Por eso la autorización emitida levantó una ola de críticas en Loreto. Frente a ello, la Presidencia y el Ministerio de Energía y Minas se vieron obligados a emitir un decreto supremo, a fines de noviembre de 2023, para ordenar la suspensión de toda admisión de petitorios mineros en el área del río Nanay. Sin embargo, esta norma no ha sido tomada como una solución, básicamente porque no es retroactiva —no se aplica a la concesión minera otorgada— y solo tiene vigencia de un año.
¿Una solución temporal?
¿Por qué se otorgó una concesión minera en una zona superpuesta al río Nanay? Angélica Remuzgo Gamarra, directora de Concesiones Mineras del Ingemmet, dijo en una entrevista con Mongabay Latam que, pese a que hay normas que colocan restricciones en favor del medio ambiente, no existe una que prohíba el otorgamiento de una concesión minera en la zona.
Remuzgo, además, aseguró que una cosa es otorgar la concesión minera y otra un permiso para operar. “Para el inicio de actividades mineras el concesionario debe obtener de distintas instituciones públicas numerosísimos permisos, entre otros muchos, la certificación ambiental, el derecho al agua, la certificación de inexistencia de restos arqueológicos, la autorización del titular del predio, etcétera”. También insistió en que “no existe una norma que prohíba entregar la concesión minera. Es por eso que se ha publicado un decreto para suspender la admisión de petitorios mineros en esa área específica del río Nanay”, dijo.
¿Es suficiente la nueva norma? El decreto supremo no aplica para la concesión otorgada a la empresa Raíces Gaddaffy. Según la funcionaria, actualmente el título de concesión entregado a Gaddaffy se encuentra impugnado, debido a la queja administrativa presentada por la Municipalidad Provincial de Maynas, la cual será resuelta, en los próximos meses, por el Consejo de Minería, órgano colegiado que constituye la última instancia administrativa minera. En contra de esta concesión también fue presentada una acción de amparo, que fue desestimada en primera instancia. Sin embargo, representantes de las organizaciones civiles informaron que continuarán las acciones legales contra esta concesión minera.
Para Sofía Vargas, Coordinadora de Proyecto de Natural Resource Governance Institute (NRGI), Ingemmet recién ha reaccionado emitiendo el decreto supremo, después de las movilizaciones masivas realizadas en Iquitos en contra de la concesión minera. Y la norma publicada, según la experta, no basta.
“No es suficiente, esta es una medida que debe volverse permanente. Es indispensable asegurar que el proceso ordinario de Ingemmet esté regulado de acuerdo a la ley. Lo normal sería que, cuando existe algún elemento que forme parte del catastro que esté prohibido, la concesión no se dé. Eso tendría que haber pasado con el cuerpo de agua, probablemente, el procedimiento ordinario no está actualizado”, dijo a Mongabay Latam.
La especialista alerta, además, del peligroso avance de la minería ilegal de oro en la cuenca del río Nanay, y con ella, los delitos relacionados como la trata de personas, el crimen organizado y el ataque a defensores ambientales. El problema, como explica la experta, es que los ilegales podrían eventualmente ocupar la concesión otorgada legalmente y valerse de ella para defender la legalidad de sus actividades, o por lo menos complicar los procesos de fiscalización dentro de esas 1000 hectáreas.
En noviembre de 2023, Mongabay Latam informó que, según el monitoreo satelital del Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP), se registraron al menos 120 dragas en el río Nanay desde el año 2021, la mayoría dentro del Área de Conservación Regional Alto Nanay-Pintuyacu Chambira. Y aunque ninguna de ellas estaba dentro del espacio de la concesión denunciada, no se descarta que se desplacen hacia esa zona.
En defensa del agua
Desde la comunidad campesina Seis Hermanos, ubicada en la cuenca del río Pintuyacu, Marcelina Angulo Chota debe viajar en peque peque (canoa a motor) durante dos días para llegar a Iquitos, en la Amazonía peruana. Este tiempo aumenta cuando tiene que llegar hasta Lima, como sucedió a fines de diciembre de 2023. Pero el trayecto y las horas de viaje no es lo que más le preocupa a Angulo, sino lo que está pasando hace más de un año en las orillas de su comunidad: el acelerado avance de la minería aurífera. “Nosotros queremos que nos escuchen. Hemos dejado un memorial en el Congreso y en el Ministerio del Ambiente para que sepan que estamos preocupados”, cuenta a Mongabay Latam.
En este memorial, dirigido a la congresista Ruth Luque, presidenta de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso, habitantes de la región exigen que se convoque, a la brevedad posible, a una audiencia pública de rendición de cuentas en la lucha contra la minería ilegal.
Marcelina Angulo, presidenta del comité de gestión del Área de Conservación Regional (ACR) Alto Nanay – Pintuyacu Chambira, llegó a Lima junto a José Manuyama, del Comité de Defensa del Agua de Iquitos, y una pequeña delegación de personas desde Loreto. El principal interés del viaje fue manifestar su total rechazo a la concesión minera que afecta la cuenca del río Nanay, además de reunirse con algunas autoridades del Congreso y del Ejecutivo para ser escuchados.
No es la primera vez que representantes de Loreto han criticado esta concesión minera por considerarla peligrosa. El 19 de octubre y 15 de noviembre de 2023, diversas organizaciones indígenas, civiles, ambientalistas y ciudadanos de Loreto, salieron a marchar a las calles de Iquitos pidiendo al Gobierno que desactive la concesión por ser una amenaza para la región, y exigiendo la erradicación de las dragas que operan a lo largo del río Nanay. Pese a las movilizaciones, asegura Manuyama, ninguna autoridad ha respondido.
Ni Manuyama ni Angulo, ni los representantes de Loreto sienten que el decreto supremo emitido por el sector Energía y Minas para suspender temporalmente las concesiones mineras en la zona del Nanay sea la solución para sus demandas. “No nos da ninguna seguridad la norma que han sacado porque una cosa es que no se va a dar y ahí queda porque son áreas protegidas, intangibles, pero parece que estuvieran probando. Esa es nuestra preocupación, queremos que la prohibición sea permanente”, precisa Marcelina Angulo.
Denuncias y amenazas
El título de la concesión minera, otorgada a la empresa Raíces Gaddaffy, figura a nombre de Ricardo Moreno Valderrama, quien aparece como el gerente general. Según la Sunat, esta empresa se dedicaba a la silvicultura y otras actividades forestales y, en mayo del 2022, el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) la sancionó con más de 3391 soles peruanos (US$910) “por comercializar y poseer productos forestales, extraídos sin autorización”.
Pese a ello, el 31 de agosto de 2023, el presidente ejecutivo de Ingemmet, Henry Luna Córdova, firmó la resolución que otorga la concesión minera a Raíces Gaddaffy. Esto ha ocasionado que el exfiscal y abogado de los representantes de la cuenca del Nanay, Alberto Yusen Caraza, denuncie penalmente a Henry Luna Córdova ante la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de Lima Centro, por la presunta comisión del delito ambiental de responsabilidad de funcionario público por otorgamiento ilegal de derechos.
En la denuncia, Yusen Caraza asegura que la concesión minera que se superpone con la cuenca del río Nanay, podría generar problemas en la zona. Además, señala que en un informe de Ingemmet, de mayo de 2023, se evidencia que Raíces Gaddaffy no cumple con los requisitos de petición minera, ya que “no cuenta con calificación de pequeño productor minero o productor minero artesanal vigente”.
El fiscal Paul Alarcón de la FEMA de Lima, dispuso dar inicio a las diligencias preliminares contra Luna Córdova, y las declaró como complejas. Alarcón estableció un plazo de ocho meses para llevarlas a cabo.
Mongabay Latam buscó a Ricardo Moreno Valderrama, gerente general de la empresa Raíces Gaddaffy, para tener su versión sobre la multa impuesta por Serfor y los cuestionamientos que se han hecho sobre la concesión minera, pero hasta el cierre de esta edición no obtuvimos respuesta.
Andrea Tello, coordinadora regional de la Oficina de la SPDA en Loreto y parte del equipo legal que asesora a los denunciantes, señaló que no hay que perder de vista la importancia de implementar medidas de seguridad para las comunidades que viven en la zona, considerando las amenazas que han recibido por parte de mineros ilegales que operan en el área. “Hemos advertido situaciones peligrosas para los defensores ambientales. En esa línea, vamos a activar la protección para los líderes José Manuyama y Marcelina Angulo, así como a otros líderes que vayamos a identificar”, aseguró Tello.
Ante las situaciones de amenaza y constante peligro en la que viven los comuneros que resguardan el Área de Conservación Regional (ACR) Alto Nanay – Pintuyacu Chambira, los abogados solicitaron al Ejecutivo, a través del Ministerio del Ambiente, la activación de las medidas de protección a los líderes de la zona. Esto como parte del Mecanismo Intersectorial para la Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos.
Desde su comunidad, Marcelina Angulo asegura que si bien guarda esperanzas luego de visitar el Congreso y el Ministerio del Ambiente, hasta el momento solo ha recibido promesas de futuras reuniones en Loreto que espera se concreten.
El pasado 21 de diciembre, Marcelina Angulo volvió a viajar a Iquitos, esta vez, para decirle directamente a la ministra del Ambiente, Albina Ruiz, que no quieren más minería en los ríos de Loreto y denunciar las amenazas de muerte que recibe por parte de mineros ilegales. Ruiz estaba en Loreto para una reunión con autoridades locales y defensores ambientales de la región.
Ante los pedidos, la ministra del Ambiente se comprometió a elaborar un decreto supremo que declare intangible las cabeceras de cuenca de la Amazonía y de las nacientes de los Andes. “Lamento que haya funcionarios que puedan dar concesiones sin venir a campo, porque si hubieran venido a campo verían de donde sale el agua para la población de Iquitos”, dijo.
Hasta el momento, todo ha quedado en promesa. A inicios de enero, Marcelina Angulo volvió a denunciar ser víctima de amenazas y pidió ayuda a las autoridades.
* Imagen destacada: Vista del río Nanay, cerca de la comunidad Mishana, en la Reserva Nacional Allpahuayo Mishana. Foto: Gino Tuesta Cometivos
———
Videos | Jaguares para la paz: comunidades y excombatientes se unen para salvar al felino
Si quieres conocer más sobre la situación ambiental en Latinoamérica, puedes revisar nuestra colección de artículos aquí.
Si quieres estar al tanto de las mejores historias de Mongabay Latam, puedes suscribirte al boletín aquí o seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn, WhatsApp, Telegram, Spotify, TikTok y Flipboard
