- La organización Iniciativa Cristiana Romero evaluó el comportamiento de dos empresas de palma aceitera en Guatemala y una en Honduras que exportan hacia Alemania.
- Los resultados indican contaminación del agua en los ríos, degradación ambiental, adquisición irregular de tierras y violación de derechos laborales.
“Todo el desecho que echa la palma cuando llueve, todo llega al río y produce un mal olor a la comunidad. El río que estaba aquí, cuando nosotros vinimos hace 30 años, era un gran río y ahora está muy contaminado”, cuenta Eligia Natalia López Velázquez desde Fray Bartolomé de las Casas, en Guatemala.
Ella es una de las fundadoras de este municipio, creado hace 30 años, cuando un grupo de migrantes guatemaltecos retornó desde México, país al que llegaron en la década del ochenta para escapar del conflicto armado que azotaba Guatemala.
En conversación con Mongabay Latam, López recuerda que la empresa NaturAceites se instaló en la zona unos cinco años después de su llegada. “Llegamos aquí hace 30 años y cuando teníamos unos cinco años comenzaron a botar desechos en el potrero que le alquilaron a un señor. Son como 25 años que están aquí, pero de producción son 20”, comenta sobre cómo fue la llegada de la empresa palmicultora al territorio del pueblo maya q’eqchi’.
De acuerdo con el informe A la sombra de la palma aceitera. Informe sobre el aceite de palma 2024, elaborado por Iniciativa Cristiana Romero (CIR) —organización alemana dedicada a la promoción de los derechos humanos— más de 25 empresas se dedican al cultivo de la palma aceitera en Guatemala y muchas de ellas son acusadas por problemas ambientales y conflictos por la tierra.
La demanda de la palma aceitera ha crecido en el mundo en los últimos 15 años y, actualmente, se producen alrededor de 80 millones de toneladas anuales, según indica el estudio. Se usa principalmente en la producción de alimentos, sin embargo, en países como China, India, Alemania, y otros de la Unión Europea, se emplea en el sector energético. El aceite de palma también se utiliza para la elaboración de alimentos para animales y en la industria de cosméticos, jabones y detergentes.
El estudio de Iniciativa Cristiana Romero analiza la presencia de la palma aceitera en Guatemala y Honduras, los conflictos con las comunidades originarias ubicadas alrededor de estas plantaciones, así como la cadena de suministro desde ambos países hacia Alemania. Dos empresas en Guatemala y una en Honduras forman parte de este estudio.
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La contaminación del agua
Eligia Natalia López conoce bien la historia de la empresa palmicultora en territorio del pueblo maya q’eqchi’. La fundadora de la comunidad recuerda, por ejemplo, cuando los caballos y las vacas que tenían los comuneros no podían alimentarse por la gran cantidad de moscas y otros insectos que provenían de los restos de la palma que quedaban abandonados luego de la cosecha. También menciona cómo los desechos de los cultivos de palma se iban amontonando cerca del río.
“Cuando llueve, los desechos que ellos amontonan en medio de la palma, en las calles amplias que tienen para que pasen sus camiones, se mojan y tiene mal olor. Y todo llega al río”, menciona Lopez. Además, menciona que los ríos se están secando porque “los cultivos de palma consumen mucha agua. De lo contrario no da frutos”.
Aunque el problema de los insectos ha sido superado, dice López, el problema del agua y la contaminación de los ríos continúa.
“El estudio arroja luces sobre los impactos negativos de la producción de aceite de palma en Centroamérica, particularmente en Guatemala. Muestra cómo el cultivo de palma aceitera está destruyendo la naturaleza y los medios de vida, deforestando bosques tropicales, robando tierras y contaminando el agua potable”, dice Dominik Gross, especialista en derechos humanos y protección del clima de la Iniciativa Cristiana Romero.
Gross también indica que empresas como NaturAceites e Industria Chiquibul, en Guatemala, están en el punto de mira debido a acusaciones de violaciones ambientales y conflictos con las comunidades locales maya q’eqchi’. Además, señala que en Honduras hay informes de violaciones masivas de derechos humanos.
“La producción de aceite de palma en Centroamérica tiene graves consecuencias para las comunidades indígenas, incluidos abusos a los derechos humanos y degradación ambiental. Las comunidades describen la producción de aceite de palma como un ‘sistema de muerte’”, agrega Gross.
En el estudio se detallan los problemas de cada una de las empresas que se analizaron. Se indica, por ejemplo, que NaturAceites se habría apropiado de tierras reclamadas por las comunidades indígenas locales. “Algunas comunidades estaban tan estrechamente rodeadas por las plantaciones que quedaban literalmente aisladas del mundo exterior y se dificultaba el acceso de la gente al agua”, señala el informe.
Otro de los problemas descritos en el reporte es la desecación del río Machaquila, como consecuencia de las actividades de la empresa palmicultora. La compañía también ha sido denunciada por desalojar a comuneros en una zona de la región Izabal en la que el territorio indígena se superponía con sus plantaciones de palma. El conflicto, según indica el documento de la Iniciativa Cristiana Romero, ha sido registrado por una empresa certificadora que realizó una auditoría a NaturAceites.
Según la investigación de la alianza periodística Tras las Huellas de la Palma, la empresa NaturAceites tiene nueve casos por infracciones medioambientales entre 2010 y 2021, entre los que incluyen la contaminación de ríos y del lago Izabal, la tala de bosques y cinco casos en los que la empresa inició la producción sin un estudio de impacto ambiental adecuado. También hay una acusación de que NaturAceites habría provocado una plaga de moscas al no eliminar adecuadamente los residuos orgánicos y dejar que se pudrieran al aire libre. Este último caso lo recuerda muy bien López.
“En ninguno de estos casos las autoridades guatemaltecas tomaron medidas efectivas contra NaturAceites”, señala el estudio, y añade que “el cultivo de la palma aceitera en enormes monocultivos destruye la naturaleza y los medios de subsistencia. Se talan bosques tropicales, se roban tierras y se contamina el agua potable”.
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Los conflictos laborales
En cuanto a Industria Chiquibul, que tiene plantaciones en la región limítrofe de los departamentos de Petén y Alta Verapaz, existen reportes sobre agotamiento de los recursos hídricos naturales, la contaminación ambiental y el uso ilegal de fuerzas de seguridad privadas en desalojos.
“Tras el intento de desalojo forzoso de unas 200 familias en Sayaxché, Petén, mediante el uso de la violencia en abril de 2020, el Foro de ONG Internacionales de Guatemala hizo un llamado a los clientes internacionales de Industria Chiquibul para exigir el cumplimiento de los derechos laborales”, señala el estudio.
Desde Guatemala, Nicolás Pop Chen cuenta cómo pasó de ser trabajador de esta empresa palmicultora a ser criminalizado por reclamar sus derechos laborales. “En primer lugar, Industria Chiquibul nos conquistó y nosotros aceptamos todo lo que nos dijeron con respecto al trabajo. Estuvimos trabajando siete años, desde el 2012 hasta el 2019”, recuerda.
Pop Chen señala que les ofrecieron un pago de 60 quetzales (aproximadamente ocho dólares), pero solo les pagaban entre 25 y 35 y, además, se retrasaban en los pagos. “Nosotros nos reunimos para analizar por qué hacía esto la empresa y empezamos a reclamar”.
Tras los reclamos, empezaron los despidos, asegura Pop Chen. “Nosotros reclamamos porque hay una ley que respalda nuestro derecho de discutir nuestro trabajo, pero ellos dijeron que si no nos gustaba trabajar, que nos vayamos y nos pusieron en una lista negra”. Quienes fueron despedidos iniciaron un proceso para exigir el pago por su tiempo de servicio, pero hasta ahora no han tenido resultados.
“En vez de pagarnos nos dieron una orden de captura, estuvimos detenidos”, cuenta Pop Chen. ”¿Dónde quedó el acuerdo sobre identidades indígenas? ¿Por qué no cumplen la ley? Por eso ahora ya no queremos más a la empresa. Ya no tengo fe y estamos cansados, todas las comunidades están cansadas”.
El estudio de la Iniciativa Cristiana Romero indica que existen denuncias ante el Ministerio de Trabajo sobre irregularidades o deficiencias en el pago de salarios, la no provisión de equipos de seguridad para la manipulación de productos químicos y el caso del despido de 300 trabajadores que no recibieron el pago de su indemnización.
“Después de que la empresa rechazara una solicitud de diálogo, los afectados protestaron y se produjeron violentos enfrentamientos con sus fuerzas de seguridad. Posteriormente se presentaron cargos contra cuatro de los antiguos trabajadores. Sin embargo, la denuncia tuvo que ser archivada por falta de pruebas”, indica el estudio.
Las denuncias contra Industria Chiquibul también incluyen la adquisición de títulos de propiedad mediante presuntos engaños a miembros de las comunidades.
Una encuesta realizada por la Coordinación de ONG y Cooperativas (CONGCOOP), en las comunidades afectadas por las empresas de palma aceitera en Guatemala, registra la contaminación de los ríos por las actividades de esta industria, la disminución del nivel del agua y el cambio de olor en las fuentes de agua. La población se queja de afecciones en la salud como consecuencia de la contaminación.
“Cuando todavía no llegaba la empresa, trabajábamos tranquilos, no había divisiones y no había discusión y nada de problemas. Ahora no hay tranquilidad y no hay salud”, dice Pop Chen.
Dominik Gross, de la Iniciativa Cristiana Romero, señala que la expansión de muchas de las plantaciones de palma aceitera va acompañada de abusos contra los derechos humanos, incluido el acaparamiento de tierras, el desplazamiento de pueblos indígenas y la degradación ambiental. “El estudio muestra que las empresas y las instituciones estatales en Guatemala enfrentan pocas consecuencias por sus violaciones, lo que lleva a un continuo desprecio por los derechos de la población local”, indica.
Mediante una comunicación escrita, Industria Chiquibul envió su versión sobre los señalamientos en su contra que se hacen en el informe A la sombra de la palma aceitera. En el documento, le dijo a Mongabay Latam que no existen procesos legales que involucren a Industria Chiquibul en casos relacionados con derechos laborales, gestión de residuos y derechos sobre la tierra.
En el comunicado también indica que “la política de compra de terrenos de Industria Chiquibul está en estricta conformidad con los derechos legales sobre la tierra” y que “la empresa no se apropia de tierras indígenas y no realiza prácticas fraudulentas”. En ese sentido, la empresa asegura que en abril de 2020 “no intentó desalojar a 200 familias en Sayaxché”, sino que “el equipo agrícola de Chiquibul intentó acceder a sus plantaciones que habían sido ilegalmente ocupadas por un grupo de personas que bloqueaban ilegalmente la entrada desde marzo de 2020”.
Con relación a las denuncias sobre contaminación de agua, la compañía asegura que “no desvía aguas residuales de las plantas procesadoras y trata sus efluentes en un sofisticado sistema de tratamiento de agua”. En cuanto a las acusaciones por infracciones de los derechos humanos y laborales, la empresa sostiene que “trabaja estrictamente en cumplimiento de las leyes locales” y que “se rige por la legislación laboral local”.
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La industria palmicultora en Honduras
“Honduras tiene más de 250 000 hectáreas de cultivo dedicadas a la palma y, en el caso de Guatemala, son alrededor de 180 000. Ambos países se encuentran en los primeros seis lugares como productores de palma a nivel mundial. Y, en general, en Centroamérica están creciendo los cultivos de palma a costa de sus territorios”, dice Angélica Alfaro, investigadora de temas ambientales y autora del informe Sembrando injusticias. Impactos socioambientales de los monocultivos de la caña de azúcar y palma aceitera en Centroamérica.
Alfaro señala que en Honduras hay muchos conflictos por el acceso a la tierra entre campesinos y empresas de la agroindustria, entre ellas las palmicultoras. La investigadora señala que muchas veces los funcionarios del Estado están “coludidos” con estas empresas.
“En el gobierno de Juan Orlando Hernández, el expresidente acusado de narcotráfico y extraditado en Estados Unidos, se aseguraba a las empresas que pudiesen violentar los derechos de los campesinos, en términos de despojar de la tierra a comunidades en la zona. Un asunto que todavía tiene vigencia”, menciona Alfaro.
La investigadora describe cómo funciona el avance de muchas de las empresas de palma sobre los territorios de los campesinos. Cuando ingresa un monocultivo como este, explica Alfaro, no solo se va expandiendo en la zona, sino que la población se vuelve más vulnerable a impactos ocasionados por este gremio. Las empresas de palma no solo llegan con el interés de producir, sino también de que los campesinos destinen sus campos a este cultivo. Por tanto, muchos campesinos cultivan palma en sus campos y luego la venden a las empresas palmicultoras.
El siguiente paso es que terminan acorralando a las comunidades con el crecimiento del monocultivo en la zona. “Hay un claro cambio de uso de suelo y el desplazamiento de la actividad agrícola de subsistencia tradicional. Los campesinos dejan de producir sus cultivos de granos básicos como arroz, maíz y frijol y comienzan a sembrar palma porque tiene un precio bastante atractivo a nivel internacional. La otra cara de la moneda son los campesinos que se resisten y terminan siendo criminalizados, judicializados y perseguidos”, comenta Alfaro.
De acuerdo con el estudio de la Iniciativa Cristiana Romero, el cultivo de palma aceitera está en auge en Honduras. En este país, dice el documento, hay acusaciones de violencia contra los pequeños agricultores por parte de empresas palmicultoras.
En el artículo Excursus Honduras: décadas de expansión de las plantaciones de palma aceitera a costa de los derechos humanos, escrito por Andrea Lammers y Steffi Waserman, y citado en el estudio de la Iniciativa Cristiana Romero, se dice que “una parte considerable de la producción de aceite de palma en Honduras también está vinculada a graves violaciones de los derechos humanos que han permanecido impunes durante décadas”. Las empresas están denunciadas por apropiación ilegal de tierras y el uso de la violencia por parte de las fuerzas de seguridad estatales y no estatales, incluida la persecución selectiva y el asesinato de miembros de organizaciones campesinas y sociales.
Honduras ocupa actualmente el sexto lugar entre los países que exportan aceite de palma a Alemania y el 61 % lo producen tres empresas. Las mayores zonas de cultivo se encuentran en el valle del río Aguán, en el noreste de Honduras.
En una visita realizada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2023 se reportó “información preocupante sobre el incremento de la violencia y criminalización contra comunidades campesinas defensoras de la tierra, el territorio y el medio ambiente en el Bajo Aguán”, señala el artículo publicado por la Iniciativa Cristiana Romero.
La visita permitió a los miembros de la CIDH recoger información sobre desalojos extrajudiciales, amenazas, intimidaciones y estigmatización de los miembros de las cooperativas.
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Las exportaciones hacia Alemania
“Entre los años 2000 y 2020 hubo un incremento sustancial de la cantidad de áreas destinadas al cultivo de palma. En el caso de Guatemala fue de alrededor del 700 %”, comenta Alfaro, quien en su investigación hizo un análisis de los países a los que se destina este producto. “En el caso de Guatemala, el 63 % de las exportaciones va hacia Europa y, en el caso de Honduras, llega hasta el 74 %”.
Dominik Gross, de la Iniciativa Cristiana Romero, agrega que Centroamérica, y Guatemala en particular, se han convertido en los proveedores más importantes de Alemania. “Los expertos en inversiones consideran que la región es un mercado en crecimiento. En el futuro se producirá allí mucho más aceite de palma. Esto también se debe a que las plantaciones en el Sudeste Asiático ya no producen tan buenos rendimientos: el capital sigue su camino y busca nuevas zonas”, asegura.
Parte del estudio consistió en seguirle el rastro a la palma que sale de Guatemala y Honduras y constataron que el aceite de palma de las empresa de Guatemala está en por lo menos 32 artículos que se venden en los supermercados alemanes. “Es probable que el aceite de palma esté ‘escondido’ en muchos otros artículos”.
Una ley para la Diligencia Debida en la Cadena de Suministro (LkSG) entró en vigor en Alemania desde 2023. Con esta norma se pretende prevenir las violaciones de los derechos humanos en las zonas de origen de los productos. La ley contempla infracciones como contaminar las aguas alrededor de las plantaciones o impedir el acceso a agua limpia, así como la apropiación de tierras indígenas. Las acciones violentas contra los miembros de las comunidades indígenas y los informes sobre accidentes laborales que no respetan las normas de salud y seguridad también son parte de las transgresiones contempladas en la ley.
“La Ley de Debida Diligencia en la Cadena de Suministro es un paso en la dirección correcta, pues las empresas deberán informar sobre sus medidas para cumplir con las obligaciones de diligencia debida. Sin embargo, en la práctica hay muchas limitaciones pues el acoso lingüístico —palabras desagradables, agresivas para amenazar o intimidar— o simplemente la intimidación ya son un problema para las personas que denuncien. Algunos deben preservar el anonimato al presentar sus denuncias”, dice Gross.
Mongabay Latam intentó comunicarse con la empresa NaturAceites para conocer su versión frente a los señalamientos que se le hacen en el informe de la Iniciativa Cristiana Romero, pero hasta la publicación de este reportaje no se obtuvo respuesta.
Por su parte, la Mesa Redonda sobre Aceite de Palma Sostenible (RSPO por sus siglas en inglés), a través de un comunicado oficial, aseguró que está al tanto del reciente informe A la sombra de la palma aceitera, elaborado por la Iniciativa Cristiana Romero (CIR) y de quejas de otras organizaciones internacionales que implican a varios miembros de la RSPO, “incluido NaturAceites, un miembro productor certificado. También observamos las crecientes preocupaciones entre las partes interesadas a lo largo de la cadena de suministro”.
La Secretaría de la RSPO asegura que ha tomado las medidas necesarias para revisar las acusaciones expresadas en estos informes, con respecto a la calidad de las auditorías y el proceso de garantía de la RSPO, y que ha sido informada por NaturAceites que sus próximas auditorías anuales se realizarán en la primera y segunda semana de junio de 2024. “La Secretaría de la RSPO ha reiterado que deben realizarse antes de julio de 2024 para que los certificados RSPO sigan siendo válidos”.
Imagen principal: plantaciones de palma aceitera en Guatemala. Foto: Carlos Alonzo.
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