- Aumentan los beneficios potenciales del tráfico nacional e internacional de loros amazona, pepinos de mar, totoabas y demás fauna silvestre. Todo ello atrae a las mismas mafias latinoamericanas conocidas por el tráfico de drogas, de armas y de personas.
- La Interpol y demás organizaciones policiales internacionales han mostrado hasta ahora muy poco interés en frenar el tráfico en América Central y del Sur, el cual está en aumento. Siguen centrándose en Asia y África.
- En octubre de 2015 en Cancún (México), hubo un congreso organizado por oficiales de fuerzas del orden regionales. Se proclamó una nueva era de cooperación entre estados, ya que están empezando a cooperar para controlar el tráfico ilegal.
Las cotorras argentinas eran pequeñas y de un verde intenso, en jaulas llenas unas encima de otras del tamaño de dos cajas de zapatos apiladas. Era un día húmedo en el abarrotado y desbordante Mercado 4, un mercado de rápido crecimiento en Asunción, la capital de Paraguay. El puesto del comerciante de mascotas tenía un toldo y estaba rodeado de vendedores de fruta y verduras. Sus mercancías estaban apiladas. Las cotorras mezcladas en sus jaulas, pisándose las patas entre ellas. Algunas tenían el cuello rojo y en carne viva por picotazos e infecciones.
Las cotorras estaban en peligro de extinción, protegidas por las leyes de Paraguay y tratados internacionales: es ilegal sacarlas del país o venderlas dentro del país sin licencia. En las jaulas junto a las cotorras había tortugas y pequeños mochuelos de madriguera; todos capturados en el medio silvestre, todo de forma ilegal. Una bióloga local me dijo que puedes encontrar cosas más exóticas si sabes a quién preguntar: había monos escondidos bajo las cajas de mangos y yucas. «Aquí todos los vendedores trabajan juntos», me dijo.
El comerciante de mascotas era un hombre de mediana edad con barriga, ojos rojos y de apariencia nerviosa; cosa que no sorprende teniendo en cuenta que su mercancía era ilegal. Cuando Santi, mi fotógrafo, se puso a hacer fotos de los pájaros, el vendedor colocó un trozo de cartón delante del objetivo. Sus artículos no deberían estar ahí: cotorras argentinas, búhos y monos. Todos protegidos por la legislación del país y por la CITES, el convenio de la ONU sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas, que por ejemplo prohíbe su exportación a un extranjero que quiera llevarse una mascota exótica a casa.
En los últimos años, las fuerzas del orden internacionales como la Interpol han empezado a abordar el tráfico ilegal de vida salvaje, que a menudo resulta ser una fuente de financiación para grupos insurgentes peligrosos y el crimen organizado transnacional. Sin embargo, ahí estaba ese hombre, vendiendo abiertamente animales ilegales en medio de uno de los mercados más grandes de la capital.
Por desgracia, seguramente él sea sólo la punta del gran iceberg que es el crimen organizado.
Hacer la vista gorda
Desde la década de los 70, muchos países en todo el mundo se han sumado a la CITES. Entre estos, se encuentran algunos países latinoamericanos, cuyos gobiernos han aportado protecciones jurídicas para salvaguardar su fauna salvaje.
No obstante, al papeleo no le ha seguido una práctica real en el terreno. Se han utilizado abundantes recursos internacionales para combatir operaciones del crimen organizado implicadas en el tráfico de cuernos de rinocerontes en Asia o de marfil en África, pero hasta el momento no ha habido tales esfuerzos en Latinoamérica. Pese a que el comercio en Paraguay y otros lugares está claramente activo y en crecimiento, probablemente con el crimen organizado implicado, ha sido difícil conseguir que los organismos locales e internacionales consideren el tráfico de animales una prioridad.
«La verdad es que tenemos algunas ideas acerca de cómo ocurre el tráfico organizado de fauna en Latinoamérica, pero no lo sabemos seguro», declara Jorge Ríos, un ex agente antidrogas que actualmente dirige el departamento ambiental de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). Afirma que al continente suramericano no se le ha concedido fuerzas del orden y recursos monetarios en proporción a su importancia biológica.
Sencillamente, el resultado es que nadie tiene ni idea de cuánto tráfico de fauna silvestre hay en Latinoamérica, quién está implicado concretamente o cómo operan las redes de tráfico ilegal.
A pesar de que se calcula que el comercio de fauna global es de 19 mil millones de dólares por año, ni la UNODC ni la Interpol ofrecen ninguna conjetura acerca de cuán grande es el comercio en Latinoamérica. Un director de comunicaciones de la Interpol me dijo que no podía dar detalles como quiénes son los traficantes o qué rutas usan, simplemente porque: «Latinoamérica no es la principal área donde se centra actualmente la atención de la Interpol sobre delitos de fauna».
Es fácil ver por qué el comercio de Latinoamérica pasa de largo. Compare el totoaba —un pez plateado con cara de pala— con el carismático elefante africano y descubrirá la razón principal por la que Latinoamérica hasta ahora ha pasado desapercibida para las fuerzas del orden internacionales.
Latinoamérica tiene la mala suerte de, según Ríos, ser pobre en «animales que pondrías en un sello». Dice que hay una gran cantidad de dinero disponible para la conservación e investigación de animales como los elefantes, los rinocerontes o los gorilas. «Pero es difícil conseguir que alguien se motive por un pepino de mar —un invertebrado limoso y tubular en el fondo del mar— aunque sea igual de crucial para un ecosistema».
Qué se sabe
Los bosques, montañas y aguas de Latinoamérica son el hogar de un gran número de especies amenazadas y protegidas, muchas de las cuales son vitales para sus ecosistemas y también se ha demostrado que son bastante lucrativas al venderlas dentro y fuera del país —ya sea en el comercio de mascotas (pájaros cantores tropicales y monos), como delicatesen (sopa de aleta de tiburón, totoabas y pepinos de mar), como souvenirs (peines de caparazones de tortugas, botas de caimán, ceniceros de cocodrilo), o como medicina tradicional (huesos de jaguar o vesícula de oso andino).
Lo que vi con mis propios ojos en el mercado de Paraguay —que también se puede ver en mercados de barrio o ciudad en Brasil, Ecuador, Venezuela, El Salvador y otros países de toda la región— confirma que hay una importante demanda de animales y partes de animales, y que el comercio nacional es fuerte, ¿pero y el comercio internacional?
Ríos descarta la idea de que el comercio sea pequeño o que lo gestionen sólo matones aficionados o empresarios locales. Asegura que, al igual que otros en Paraguay y en fuerzas del orden internacionales, básicamente: debe de haber tráfico de fauna ocurriendo en Latinoamérica y debe de estar conectado a algunas organizaciones criminales, las mismas que mueven drogas y armas.
La razón de esta suposición: el tráfico de fauna es un negocio complejo que une a personas que puedan atrapar o matar animales con otras que tengan la capacidad de transportarlos a mucha distancia, ponerlos a la venta, sacarlos fuera del país de origen y encontrar compradores dispuestos en el extranjero. Es decir, necesariamente ha de ser crimen organizado. También sabemos que hay poderosas redes de crimen organizado en Colombia, Perú, Brasil y Centroamérica, hogar de los recursos naturales más valiosos del continente.
Lo que nadie sabe concretamente es cómo se juntan estos elementos. La oficina de Ríos en la UNODC tiene algunas ideas generales sobre el comercio en Latinoamérica. Por ejemplo, están muy seguros de que se exportan más animales desde los aeropuertos latinoamericanos en los bolsillos de las «mulas» que de los que se exportan en, digamos, contenedores de envío.
Saben que las especies que normalmente se trafican más son ranas de colores intensos y pájaros tropicales que se envían a Europa para abastecer el comercio de mascotas; las pieles de jaguar y caimán van a Europa para el cuero; peces faenados ilegalmente se exportan a Asia como delicias gastronómicas y para la medicina tradicional. El propio continente también tiene su propio comercio de animales medicinales: por ejemplo la tintura de rana peruana es famosa en la región. La he visto en venta en una herboristería y tienda de velas en Paraguay.
En ocasiones hay grandes redadas y batidas, y cuando las hay, se descubren por completo las violentas redes delictivas que han estado moviendo en secreto animales vivos y partes de animales a escala industrial. Por ejemplo, en mayo de 2015, la oficina ecuatoriana del fiscal general recuperó más de 100.000 aletas de tiburón en el puerto de Manta, casi sin duda alguna vinculadas con China.
En la península de Yucatán, los pepinos de mar, que valen 600$ (540€) en Asia, han avivado luchas entre bandas rivales de pescadores. «Todos vamos a morir en un tiroteo por culpa de esto», contó un pescador a la versión inglesa del Mexico News Daily.
En el mar de Cortés adyacente a la península de Baja California, los peces totoaba son cazados ilegalmente por sus vejigas natatorias, que según InsightCrimese venden en Asia para hacer una sopa de «25.000$ (22.500€) la ración» (véase el informe original aquí). Estos valores se acercan al valor de una dosis de heroína o de otras drogas callejeras ilegales, y en el caso del totoaba lo supera con creces.
Los desconocidos desconocidos
Las fuerzas del orden tienen buenas razones para suponer que el comercio es mayor que lo que dejan ver los mercados locales y unas pocas grandes redadas. Para empezar, Latinoamérica tiene muchas organizaciones criminales muy arraigadas que ya son muy buenas moviendo mercancías ilegales.
Ya se llamen paramilitares, cárteles o grupos rebeldes, los grupos criminales de los bosques y suburbios del continente han estado cerca de adueñarse del estado en muchos lugares, como una higuera estranguladora que consume el árbol que en principio la sustentaba. En Estados Unidos, tales grupos se consideran a menudo «organizaciones de tráfico de drogas», pero así se podría confundir el producto con la estructura. Grupos que van desde los paramilitares colombianos hasta los narcos mexicanos han mostrado tener disposición para ir a lo que sea valioso. Los altos precios y nuevas oportunidades han impulsado el crecimiento de dichas organizaciones y los cuerpos de seguridad del gobierno les han hecho armarse y buscar una tapadera en la corrupción.
Otra cosa que sabemos: cuanto más ilegal se haga algo y mayor demanda tenga, mayor es el precio que se puede pedir. Vale la pena recordar que, en calidad de mercancías, no hay nada de especial en los puñados de cultivos comunes que llamamos «drogas» en conjunto. Dejando a un lado su sex appeal, la cocaína, el opio y la marihuana son productos agrícolas como el tabaco, el café o la caña de azúcar. Lo que los hace muy valiosos es que son populares e ilegales, es decir, merece la pena comerciar con ellos y sólo los delincuentes pueden hacerlo.
Uno de los lamentables efectos secundarios de criminalizar las drogas en los 70 fue el aumento de su valor, lo que supuso una gran cantidad de dinero para cualquiera que tuviera la habilidad y la crueldad de conseguirlas para los consumidores. Se fomentó el crecimiento de lo que el investigador militar Max Manwaring ha llamado «estados pirata» y lo que los principales medios de comunicación llaman narcos: grupos rebeldes y criminales independientes suficientemente ricos como para controlar un territorio, incluso como para cobrar impuestos a los ciudadanos y las empresas.
Cuando un producto se vuelve ilegal, su valor se dispara y los traficantes empiezan a venderlo con gran entusiasmo. No importa si es el aceite de palma que crece en tierras robadas en Colombia, los “aguacates sangrientos” en México o madera negra de cualquier lugar donde aún haya bosques. Una organización que puede mover cocaína puede mover igual de fácil loros y ranas.
El problema del crimen organizado que ya hay en Latinoamérica quiere decir que los agentes de seguridad locales tienen muchos delitos graves de los que preocuparse, incluyendo el tráfico de drogas, arman y personas. Incluso en las oficinas gubernamentales especializadas en «delitos ambientales», se tiende a pasar del tráfico de fauna por otros conflictos.
En la fiscalía de Paraguay, Jorge Sosa, el jefe del Departamento de Delitos Ambientales, francamente catalogó el tráfico de fauna como una de sus menores prioridades, por debajo de la tala de árboles ilegal o la contaminación hídrica. «Aquí la destrucción del hábitat es una amenaza mucho mayor que el tráfico», afirma, un argumento que es difícil de refutar en un país que está entre los cinco primeros en deforestación. Se pregunta: «Si un leñador tala un árbol con cientos de cotorras en él, ¿adónde van a ir?»
También está el problema de que el tráfico de fauna puede ser igual de lucrativo que el negocio de las drogas, pero conlleva un menor riesgo y menos sanciones. Por ejemplo, en 2013 una paraguaya fue pilladaintentando irse del aeropuerto de Asunción con 2.200 ranas, sapos y tarántulas, la mitad de los cuales había muerto. (Es común una tasa de mortalidad del 75-90 % entre los animales traficados). Tras ser arrestada, fue obligada a pagar unos 3.500 $ (3.175€) para reforestación. Si se hubiese efectuado el envío, según el servicio informativo de ABC Color de Paraguay, la mujer podría haber ganado entre 250.000 $ y 300.000 $ (227.000€ y 272.000€).
No es difícil entender por qué la gente se arriesga: que te pillen saliendo con un kilo de cocaína significa que pasarás años en la cárcel. Si te pillan con miles de ranas, el mayor riesgo es una multa o que pierdas tu vuelo.
En el caso de las cotorras y los búhos del mercado de Asunción, la negligencia se mezclaba con la corrupción. Amigos de la zona han llamado repetidas veces al ministro medioambiental del país para informarle de los animales protegidos en venta. «Pero [la policía] no hace nada», dice Natalia Malky, una bióloga de Asunción. «Tienen miedo de ir al mercado. Todas las personas de ahí trabajan juntas». Por su parte, el vendedor de mascotas con las cotorras argentinas nos dijo que las autoridades venían y le molestaban, «pero yo pago mis impuestos», añade. Lo que, según explicó un guardia de seguridad de la zona, significa sobornos.
La corrupción a gran escala se ve reflejada en la corrupción a pequeña escala: El año pasado, la SEAM, la Secretaría de Ambiente de Paraguay, intentó eliminar las restricciones para la caza de tejús, un lagarto comúnmente atrapado por su piel y que está en peligro de extinción. La secretaría dijo que iba a permitir la caza de más de 200.000 animales, según datos que muestran que la población de las especies se ha restablecido. Pero visto de cerca, resulta que los datos se basan en cálculos de hace doce años de una población mucho más mermada. Tras severas críticas, la SEAM reculó. La fiscalía se olía algo sucio; que alguien vinculado a la SEAM tenía una reserva de pieles ilegales que quería vender. «Estamos casi seguros», afirma Sosa. Si no hubieran estado tramando nada, «no se habrían echado para atrás tan rápido».
Manera de proceder: tratar a los traficantes de fauna como narcotraficantes
A Jorge Ríos, jefe del departamento de delitos ambientales de la UNODC, le gustaría que se tratase el tráfico de fauna más como el de drogas: como un asunto delictivo grave en el que se forma a las fuerzas policiales de la región y se les autoriza para detenerlo, compartiendo información que ayude a detener las redes transnacionales.
En una conferencia internacional en Cancún (México) sobre «ecotráfico», Israel Alvarado el jefe de delitos ambientales de Profepa, Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, pidió que los países de Latinoamérica reformaran las leyes para facilitar que las fuerzas policiales cooperaran en la lucha contra los delitos de fauna. Apeló a los países de la región a que usaran contra los traficantes de fauna herramientas jurídicas elaboradas contra traficantes de armas y drogas, como los pinchazos telefónicos y las condenas por blanqueo de dinero.
Ríos cree que el encuentro en Cancún en octubre de 2015 fue el principio de un nuevo capitulo en el orden del tráfico regional: «Empezamos a construir un marco en el que intercambiar ideas y conseguir que la gente entienda que los delitos de fauna son un problema». Pero aún queda mucho por recorrer.
Con la atención agudizada sobre el tráfico de fauna en Latinoamérica podrían aparecer nuevos problemas. La naturalidad y casi invisibilidad de las operaciones de comercio puede ser una de las razones por las que hasta ahora no se ha llegado a la violencia de las reservas africanas, donde cientos de guardabosques mueren cada año en batallas campales contra cazadores furtivos.
Una lección importante tanto del comercio de drogas como el de marfil es que intentar prohibir el tráfico de una mercancía valiosa sin limitar su demanda al mismo tiempo, siempre sube los precios. Esto anima a que los delincuentes habituales se armen para matar, con el fin de proteger sus inversiones. Claramente, la forma de proceder es reducir la demanda internacional de sopa de aleta de tiburón, botas de piel de caimán y animales exóticos como mascotas; disminuir el vasto comercio nacional, a la vez que fortalecer las leyes, sanciones, cuerpos de seguridad y competencias de las aduanas en las fronteras. Un gran proyecto que necesitará financiación internacional y cooperación a gran escala.
Si los gobiernos latinoamericanos declaran la guerra a los traficantes de fauna sin conseguir reducir la demanda nacional e internacional, se arriesgan a engrandecer la crisis e impulsar el resultado que tanto temen: hacer el comercio más atractivo de lo que ya es, aumentar los beneficios y dejar claro a los sindicatos delictivos que son lo suficientemente astutos, despiadados y fuertes como para resistir y trastornar los estados en los que trabajan.
