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Los inicios

 

Para conocer la historia de Concepción Aguilera —que es la de muchos habitantes de Paris de Lean— hay que viajar 40 años atrás, cuando José, su padre, escuchó por primera vez que en la zona norte de Honduras abundaba el agua. Un lugar en que el arroz y el maíz crecían por cuenta propia. Donde la vida era tranquila y la gente vivía en comunidad. Un paraíso al que don José decidió migrar de inmediato junto a su compañera de vida y sus cinco hijos, entre ellos Concepción.

La familia Aguilera abandonó confiada Choluteca para migrar al norte, porque el sur hondureño comenzaba a carecer de agua producto de la explotación minera y la apuesta gubernamental por la cría de ganado para exportación.

Cuando la familia se asentó en Paris de Lean, comprobó que todo lo que había escuchado era cierto, con excepción de que, el maíz y el arroz no crecían solos, había que sembrarlos y cuidarlos en el proceso. En ese tiempo, Concepción tenía 5 años de edad. Pasaba todo el día con sus hermanos y nuevos amigos pescando y bañándose en el río Lean, y en los criques o zanjas de agua que atravesaban la comunidad. Todo era ideal para cualquier niño de su edad.

En aquellos años, su padre tuvo que organizarse en una de las pequeñas cooperativas que poseían la tierra. Unidos nos fortalecemos, recuerda que se llamaba. Lograron acceder a una vivienda básica, educación, trabajo, tierra y comida. Todas las condiciones por las que lucha el campesinado hondureño.

Pero este escenario pronto se transformó. En 1990, cuando Rafael Leonardo Callejas del Partido Nacional asumió la Presidencia del país, se puso en marcha la Ley para la Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola (LMDSA), aprobada el 5 de marzo de 1992. Esta norma vino a trastocar la Ley de Reforma Agraria de 1962 que beneficiaba con la tierra a los campesinos.

En palabras de Concepción, con esta ley la tierra dejó de ser un patrimonio colectivo de las empresas campesinas. Cada socio podía vender su parcela y así fue debilitándose la organización. Fue entonces que empresarios terratenientes de Centroamérica y del continente asiático vieron en Honduras la oportunidad de expandir sus negocios.

Los integrantes de la cooperativa a la que pertenecía el papá de Concepción se rehusaron a vender sus tierras, a pesar que un representante de la corporación Dinant —sostienen— los visitaba a diario para convencerlos de vender. Les ofrecían trabajo, becas de estudio y otros beneficios. La empresa ya tenía en su poder un promedio de 550 hectáreas que otros habían vendido, pero quería más.

Al ver la negativa de los campesinos, la compañía aliada con el gobierno —según dicen los habitantes de la comunidad— comenzó a informar que iba a fumigar sus plantaciones desde una avioneta, y que los cultivos de maíz y arroz iban a contaminarse. El miedo invadió a la gente. Temían perder lo único que poseían y decidieron vender.

En nuestro recorrido por Paris Lean encontramos a Eleuterio Gámez, uno de los fundadores de la comunidad, quien recuerda con nostalgia el momento cuando vendió su tierra. Cuenta que han intentado organizarse para evitar que la palma siga expandiéndose y generando problemas sociales y ambientales, pero ha sido difícil por la falta de información y el miedo que provoca enfrentarse a las empresas.

“Creemos que la saturación del suelo con la palma está provocando que el agua de los pozos se ensucie y que en vez de agua saquemos aceite”, agrega Concepción, mientras cuadra su camión para cargarlo con los frutos de palma.  Detrás de él se alistan 14 camiones más, que diariamente salen de la zona con destino a la procesadora Palmas de Centroamérica S. A Palcasa. Nueve de los 14 camiones son propiedad de la familia Facussé, el resto abastecen a pequeños terratenientes.

Según Concepción, cada vehículo transporta entre 18 y 20 toneladas. Cada tonelada tiene un costo de 90 o 95 dólares.  Es decir, cada camión tansporta alrededor de 1800 dólares en cada viaje, mientras que, trabajadores como él, ganan 20 dólares diarios independientemente de la cantidad de viajes que realicen porque los horarios de trabajo son de doce horas al día.

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Una riqueza natural invadida y quemada

 

En el departamento de Atlántida, al norte de Honduras, las fincas de palma aceitera se extienden hoy hasta donde la vista alcanza. Invadido, de un lado y de otro. Quienes viven en las comunidades, sobre todo los más jóvenes, solo tienen dos opciones: trabajan en las plantaciones cortando fruta de palma o migran porque las oportunidades son escasas.

En Honduras existen 190 000 hectáreas sembradas con palma aceitera, según la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG). Estas plantaciones se extienden a lo largo del litoral atlántico, desde Cortés, Yoro y Atlántida hasta Colón.

Las fincas de palma, básicamente, invaden todo el territorio fértil, incluso las reservas y parques nacionales.

El departamento de Atlántida, considerado uno de los máximos productores de agua en Honduras, cuenta con una extensión territorial de 4251 kilómetros cuadrados y más de la mitad son áreas protegidas. Su territorio lo componen cuatro parques nacionales —Jeannette Kawas, Pico Bonito, Nombre de Dios y Punta Izopo—, un refugio de vida silvestre, Cuero y Salado, y el Jardín Botánico Lancetilla, el segundo de mayor importancia en Latinoamérica. Todos, santuarios naturales que sirven de pulmón, sustento y protección a millones de especies animales, y cientos de comunidades en el país.

El subsistema de áreas protegidas de la bahía de Tela es la piedra angular del corredor biológico del caribe hondureño. Estos lugares son los responsables de mantener el equilibrio ambiental en buena parte del litoral Atlántico. Sin embargo, están seriamente amenazados por políticas públicas de incentivos a algunos rubros económicos, por el avance de la frontera agrícola en las áreas protegidas y microcuencas, el uso excesivo de agroquímicos en la producción palmera, la tala y quema, y el drenado de humedales para la siembra de palma aceitera, según estudios de la fundación para la Protección de Lancetilla, Punta Sal y Texiguat (Prolansate).

El presidente de Prolansate, Ferdinand Florentino, explica que en las zonas protegidas que comprenden el departamento hay 157 hectáreas que el Estado ha otorgado en usufructo a empresas, es decir, las compañías pueden hacer uso de ellas siempre y cuando las conserven como si fueran propias. En el caso de los parques nacionales Punta Izopo y Jeanette Kawas, la palma africana ha copado entre un 20 y 30% de las áreas protegidas respectivamente.  Las invasiones también han ocurrido en otras zonas protegidas del país: Mico Quemado en Yoro y Cuero, y Salado en Ceiba.

Florentino asegura que existe toda una red de corrupción funcionando con el visto bueno del Estado hondureño, personas poderosas que acaparan las tierras más fértiles y con belleza natural para el engrosamiento de sus ganancias.

“Hacemos los reportes, conseguimos toda la información, se la entregamos a la Fiscalía del Ambiente, porque ellos son los que tienen que proceder a realizar las investigaciones. Nuestras organizaciones solo son manejadoras, sin embargo, la ley no se aplica porque en la siembra de palma africana en la zona Atlántica del país se juegan muchos intereses. A pesar del impacto que la siembra de monocultivos tiene en la población, sobre todo en la más pobre”, expresa Florentino, haciendo referencia a la siembra de palma en las áreas protegidas del departamento de Atlántida.

Desde el año 2009, y a raíz de la debilidad institucional que se viene afianzando luego del Golpe de Estado en Honduras, la entrega de los bienes naturales a manos de grupos de poder se ha incrementado, denuncia el abogado Martín Fernández del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, organización ambientalista y defensora de Derechos Humanos. Fernández sostiene que, en el caso de los parques nacionales,  la provocación de incendios para despejar la zona boscosa ha sido la estrategia utilizada para justificar la siembra de la palma.

“Sospechosamente en la temporada de verano, entre los meses de febrero y mayo, se ha vuelto una costumbre que, año tras año, se registren incendios que convierten en cenizas centenares de hectáreas de bosque y humedales”, apunta el abogado.

Los parques Jeanette Kawas y Punta Izopo han sido víctimas de los fuegos provocados. En el 2016, un incendio en el parque Kawas consumió 412 hectáreas. Los investigadores de las ONG que trabajan en la zona encontraron, poco después, palma recién plantada y botellas de gasolina en el área donde se originó el incendio.

El atentado más reciente fue a finales de agosto del 2019, en Punta Izopo, donde otro centenar de hectáreas de humedales fueron destruidas. En la zona también se encontró palma africana. Esta área protegida limita con Paris de Lean, donde están los cultivos de la Corporación Dinant, y las 300 hectáreas de palma de propiedad del alcalde municipal de Tela, el ingeniero Darío Munguía.

Concepción dice que junto a sus vecinos les toca ver de lejos cómo estos incendios devoran el pulmón del valle de Lean. La indignación les invade pero son conscientes que no puede interferir a pesar de que el agua está en peligro. “Si denunciamos, nos amenazan”, cuenta y asegura que con cada incendio un bosque desaparece, y más cultivos de palma crecen en la zona.

Los expertos de Prolansate aseguran que las conflagraciones no son casos fortuitos, sino que existe todo un entramado para utilizarlos como excusa para incentivar los monocultivos en la zona. En el caso del parque nacional Jeanette Kawas, el tiempo se agota, porque la invasión está llegando a la zona núcleo. “Estamos llegando a un punto sin retorno, no existen políticas claras gubernamentales en materia ambiental. Hay una deuda histórica con la población hondureña”, denunció en Mongabay Latam el presidente de Prolansate.

Mongabay Latam buscó la versión de la Corporación Dinant a través de su oficina ubicada en la ciudad de San Pedro Sula, al norte de Honduras, sin embargo, no pudo obtener ninguna declaración.

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Sanciones que no llegan

 

Es necesario realizar una investigación a fondo —precisa Florentino— de quiénes son los empresarios, políticos y familias poderosas que tienen títulos de propiedad en las áreas protegidas y que han contribuido a su destrucción.

“Sabemos que hay políticos y empresarios que han invadido y que quieren seguir invadiendo, porque pareciera que hay luz verde por parte del Estado hondureño para quemar, cultivar y destruir los bienes naturales”, dice Francois Ligeard, regidor de la  municipalidad de Tela y activista ambiental que, desde hace algunos años, viene denunciando el acaparamiento de tierras de forma irregular en las áreas  protegidas en Atlántida para la siembra de palma.

Ligeard, además de ser funcionario público, es dueño de un pequeño centro turístico en el centro de la ciudad de Tela. Durante nuestra entrevista, muestra fotografías y documentos que sustentan la destrucción de las áreas protegidas con las extensas plantaciones de palma africana. “Pensábamos qué en Punta Izopo y Texiguat nunca tendríamos problemas por los monocultivos, sin embargo, este último año hemos descubierto decenas de hectáreas de plantillas de palma”, apuntó.

Cada vez que habla del impacto de la palma su rostro denota preocupación. Cuenta que ha intentado obtener, a través de su gestión municipal, una declaratoria de emergencia con el objetivo de salvaguardar las reservas naturales. Sin embargo, sus acciones no han tenido eco en las personas que toman las decisiones en el municipio y el país.

A inicios del año 2019, la municipalidad de Tela en una carta enviada a través del ministro de Defensa al gobernante hondureño, Juan Orlando Hernández, solicitó la intervención inmediata de los parques nacionales. Para ello, se pedía la presencia permanente del Ejército y la destrucción inmediata de las plantaciones en la zona núcleo. Además se ordenaba el desarrollo de una investigación profunda sobre los responsables de los incendios, y los dueños de las propiedades que han sido otorgadas ilegalmente. Sin embargo, la respuesta del gobierno ha sido clara: silencio.

Francois Ligeard comparte la opinión del presidente de Prolansate sobre la falta de políticas públicas para hacer frente a los monocultivos. Y asegura que esa falta de interés estatal es uno de los factores principales para que las empresas y familias poderosas avancen con sus grandes plantaciones aceiteras.

“Las personas que viven alrededor de los parques nacionales subsisten de lo que esta área les brinda pero, ahora, no tienen prácticamente nada para llevar a sus hogares. El impacto ha sido tal que, no sólo el agua, sino las especies lagunares y marinas han disminuido”, asegura. Para él, se enfrentan a un monstruo de 1000 cabezas.

La jefa de la Región Forestal de Atlántida, del Instituto Hondureño de Conservación Forestal (ICF), Iris Aquino, confirmó en una entrevista con Mongabay Latam que los parques nacionales y áreas protegidas están siendo afectados por el crecimiento demográfico, aprovechamiento ilegal de madera, comercialización de la fauna y la siembra de monocultivos.

“En las últimas décadas hubo un incremento acelerado en los monocultivos, sobre todo en la costa norte. Como institución estatal no estamos en contra de la palma africana, nuestro trabajo es regular su siembra y que estas no se establezcan en áreas protegidas”, explica Aquino y añade que el Estado hondureño está realizando acercamientos con el sector palmero para que se puedan establecer las plantaciones en lugares seguros.

Para las organizaciones ambientalistas y las comunidades, sin embargo, esto no es suficiente. Insisten en que el Estado debe investigar y sancionar a los infractores.  La jefa de la Región Forestal de Atlántida dice que cada institución tiene una cuota de responsabilidad en la problemática y que el ICF trabaja en lo que le compete. “Hay una fuerte mora en cuanto a la judicialización de casos”, reconoció.

El ingeniero en Ecología y Desarrollo Sostenible y miembro del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), Juan Mejía, sostiene que cada palma africana, a partir de los 12 años de edad, consume un promedio de 40 a 50 litros de agua al día. “Lo vemos reflejado en los departamentos de Atlántida y Colón, donde los humedales se han secado. La cantidad de agua que extrae la palma no se logra reponer”, precisa.

“El departamento de Atlántida es el segundo manto subterráneo más grande,  sin embargo, está sucumbiendo por el peso que significa la palma africana”, explica Mejía y agrega que el departamento tiene una pluviosidad que alcanza los 2500 mm de precipitación por año, pero el gran problema es que el agua no recarga los mantos subterráneos y se descarga directamente en el mar.

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Crisis de agua generalizada

 

El año 2019 ha sido calificado como uno de los más secos en las últimas décadas en la región centroamericana. Unos 170 municipios situados en la zona del corredor seco hondureño, que comprende los departamentos de Francisco Morazán, Choluteca, Valle, La Paz, Santa Bárbara, El Paraíso, Olancho y Yoro, se han visto seriamente afectados.

Pero el problema no es propio de la región seca. Las fuentes de agua y acuíferos del departamento de Atlántida han disminuido sus caudales drásticamente. Otros han terminado secándose por distintas acciones, principalmente, a causa de actividades relacionadas a los monocultivos extensivos, precisa el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ).

La Mesa Nacional de Incidencia para la Gestión de Riesgo —una organización gubernamental— asegura que la sequía ha afectado, sobre todo, los cultivos de granos básicos. Por ello hay una drástica caída en la productividad de las cosechas, la mayoría de la población ha perdido el sustento y la vida se ha encarecido más.

Otra organización que estudia la crisis hídrica en el departamento de Atlántida es el Movimiento Social Organizado (MOSO), un espacio que aglutina al sector social, religioso y académico de La Ceiba en Atlántida. En uno de sus informes publicados en el 2018 detallan que, en lugares como La Ceiba, caracterizada por ser la tercera ciudad más importante del país, el 95 % de los hogares no tienen agua. “El cultivo de palma africana continúa expandiéndose descontroladamente, aumentando la devastación forestal, esto amenaza la soberanía alimentaria del departamento, el acceso al agua para consumo humano de innumerables comunidades y la salud de la biodiversidad de zonas forestales”, dijo Osman Suazo, coordinador de MOSO.

En Honduras hay una apuesta fuerte por la siembra del monocultivo de palma africana en zonas productoras de agua, lo que para distintas organizaciones ambientales, pobladores y expertos, es una amenaza para la vida de las personas. Pero, a la par de eso, se está gestando un “Movimiento Atlántida por la Vida y la Dignidad”, que busca la declaratoria departamental de territorio libre de estos proyectos.

Una noticia que por estos días alegra la vida de pobladores como Concepción Aguilera, quienes a pesar de depender del negocio de la palma, reconocen que ese cultivo es uno de los tantos males que está dejando sin agua a su país. Con una sonrisa de nostalgia, sueña que vuelvan los días verdes, donde abundaba el agua, las frutas y los peces en los ríos.

*Imagen principal: Un promedio de 14 camiones diarios salen de Paris de Lean cargados con la fruta de la palma. Foto: Francois Ligeard.

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Artículo publicado por antonio
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