- Al menos 453 018 indígenas fueron víctimas de acciones violentas como el confinamiento, el desplazamiento forzado y el hostigamiento según el informe más reciente de derechos humanos de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC). En 2022, un total de 42 líderes indígenas fueron asesinados.
- Detrás de las acciones violentas contra pueblos indígenas hay intereses de grupos armados y económicos que se oponen a su defensa del medio ambiente, señalaron expertos a Mongabay Latam.
En Colombia, los pueblos indígenas son víctimas de una violencia que se ha extendido pese a la firma de un Acuerdo de Paz, de acuerdo con un informe que documentó que los desplazamientos forzados y el confinamiento afectó a más de 453 mil personas durante el 2022. Estas agresiones tuvieron una importante presencia en territorios con importancia ambiental.
El informe del Observatorio de Derechos Humanos de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), publicado en enero de 2023, muestra que las comunidades indígenas más afectadas son los emberá, los awá y los zenú. A su vez, las regiones en donde los indígenas han sido más violentados se encuentran, sobre todo, en el occidente de Colombia: Nariño, Valle del Cauca, Cauca y en especial el Chocó. Arauca, en la Orinoquía, también destacó por las numerosas violaciones de derechos humanos que se registraron en su territorio.
“Hoy el desplazamiento de las comunidades está íntimamente relacionado con la expansión de la frontera agrícola, la ganadería extensiva, el aumento de los monocultivos y de los cultivos de uso ilícito, de la minería legal e ilegal, la industria extractivista y de la urbanización de la naturaleza”, explicó el consejero de Territorio, Bienes Naturales y Biodiversidad de la ONIC, Miyer Merchan.
Las violencias más frecuentes fueron los confinamientos, una especie de toque de queda impuesto por los grupos armados. Este tipo de agresión afectó a más de 433 580 indígenas en 2022. Le siguen los desplazamientos forzados, acción que padecieron alrededor de 8183 indígenas. Los hostigamientos afectaron a 711 personas.
En 2022, además, de los 189 líderes sociales asesinados, al menos, 42 eran indígenas, según datos de la organización de la sociedad civil Indepaz. El balance es preocupante. “Se han presentado 348 asesinatos de líderes indígenas desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016”, anotó Juana Cabezas, integrante e investigadora de Indepaz.
Lee más | Ecuador: minería en el río Punino afecta más de 200 hectáreas en las provincias de Napo y Orellana
La defensa del territorio
Juana Cabezas, integrante de Indepaz, explicó que el objetivo de las acciones armadas, por parte de los grupos armados ilegales, es “ejercer control sobre las poblaciones y los territorios”.
El informe de la ONIC señala que detrás de la violencia que sufren los territorios y comunidades ancestrales también están los intereses de los grupos armados por mantener las rentas derivadas del narcotráfico, así como de “la extracción de recursos naturales”.
De acuerdo con los especialistas consultados, acciones como los desplazamientos y los confinamientos pueden tener el objetivo de proteger las economías ilegales y de amedrentar a cualquiera que se le oponga.
Un ejemplo es la defensa del medio ambiente frente a los proyectos extractivos legales e ilegales. “El río Muruí en Caquetá está contaminado por la minería ilegal. Se ha victimizado a los líderes que se oponen a esta. Oponerse a empresas mineras ha llevado a las amenazas, a los desplazamientos. La protección ambiental por parte de los pueblos indígenas es un factor importante en esta discusión”, anotó Sebastián Hurtado, del área de incidencia y paz de la ONIC, así como investigador del informe de esta organización.
“Los indígenas hacen el ejercicio de un derecho de control territorial y protección ambiental bajo el principio de autonomía. El Estado ha permanecido ausente en el territorio y sus comunidades. Estas tienen sus Guardias indígenas, gobierno propio para control del territorio. Todo territorio indígena es una zona de protección ambiental. Una de las luchas del movimiento indígena ha sido la aprobación del Acuerdo de Escazú para la protección de sus comunidades”, agregó Hurtado.
Miyer Merchan, el consejero de territorio y medio ambiente de la ONIC enfatizó que los indígenas no ven a la naturaleza como una fuente de recursos a extraer, como sí lo hacen los grupos armados. “Las comunidades indígenas entienden a la naturaleza como un ser vivo y por lo tanto digna de respeto y de derechos; pero al mismo tiempo no es cualquier ser vivo, se trata de la madre que nos dio la vida, la que nos cuida, nos protege o castiga. Nos convierte a las comunidades ancestrales en cuidadoras de los bosques, ríos, lagunas pues ellos en sí mismos tienen una connotación sagrada”, explicó.
El consejero de territorio destacó que el desplazamiento o confinamiento de las comunidades indígenas se ha convertido en “una estrategia del capitalismo y el mundo occidental para terminar de depredar la naturaleza llevados por la ambición, el lucro y el afán de acumulación”.
Lee más | #EnCorto: cuatro claves sobre la minería ilegal en la frontera entre Colombia y Venezuela
Amenazas contra pueblos amazónicos
Las regiones más afectadas por la violencia contra los indígenas en 2022 fueron la norte, con 240 240 víctimas, y la occidente, con 205 419. Muy por debajo están la Orinoquía, con 3 964, y la Amazonía, con 1745. El informe de la ONIC reportó que de las víctimas en 2022 en la región amazónica, 650 padecieron confinamientos y 375 desplazamientos.
El documento también denunció el abandono estatal, que se manifiesta en la falta de alimento y de infraestructura de salud. En la región amazónica, por ejemplo, las agresiones también afectan al medio ambiente y las comunidades que lo protegen. “Para financiar su operación, estos grupos (armados) se sirven de la minería ilegal y el narcotráfico, actividades que afectan de forma directa a los resguardos indígenas nacionales, a las comunidades plurinacionales de fronteras y a las reservas forestales de la Amazonía”, dice el informe.
Juana Cabezas, investigadora de Indepaz, resaltó que “en el Putumayo y la zona amazónica, hemos visto una aceleración de violencias contra comunidades indígenas y campesinas. Esto, por el control y disputa de los actores armados. Amenazan, ocupan espacios comunitarios. Por ejemplo, las reuniones de juntas de acción comunal están dominadas por los grupos armados”.
También explicó que los grupos armados tienen un control vía impuestos sobre la agricultura, la siembra de hoja de coca y la ganadería. Además, esta zona es ocupada por ser zona fronteriza y un corredor hacia Brasil, es decir que les sirve para sus rutas de actividades ilegales.
Awá, emberá y zenú, los pueblos con más víctimas
De los 115 pueblos indígenas en Colombia, 50 fueron víctimas de violencia en 2022. “Los más afectados son el pueblo emberá, en sus variaciones emberá katío, emberá dobira. Y el pueblo awá, por el número de víctimas y su situación de riesgo de exterminio físico y cultural. También el pueblo zenú, por el paro Armado de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), sobrenombre del Clan del Golfo. El pueblo Nasa también fue vulnerado en el Cauca”, explicó Sebastián Hurtado, miembro de la ONIC.
Los emberá también han sido afectados por los confinamientos. Su territorio en el Chocó colombiano está en medio de rutas del narcotráfico y de focos de minería ilegal. Sin embargo, ellos se esfuerzan por defender el territorio aunque esto les implique amenazas. “A los pueblos indígenas Emberá del Chocó nos preocupa la contaminación del medio ambiente, de los ríos. Nos preocupa la tala indiscriminada para la siembra de hoja de coca. Para los Emberá el territorio es la Madre. No se vende, ni presta y menos arriendo. Nosotros lo cuidamos”, dijo un líder emberá a Mongabay Latam en febrero de 2023.
Algo similar le ha sucedido a los awá de Nariño. Están en el epicentro del cultivo de coca y salidas de rutas de narcotráfico en el Pacífico colombiano. “Hay una preocupación por las comunidades awá de Nariño. Presentan una mayor vulnerabilidad, por su posicionamiento geográfico: están en medio de una ruta que utilizan los grupos armados en la frontera con Ecuador”, comentó Cabezas, investigadora de Indepaz. De hecho, los resguardos awá de Tumaco, en Nariño, son los más afectados por la presencia de cultivos de coca, como lo documentó Mongabay Latam.
Merchán, además, considera que con el narcotráfico los actores armados han tergiversado el uso de la planta sagrada de la coca. “La coca es una planta sagrada en la mayor parte de los pueblos ancestrales de Colombia y de la región andina del continente americano. Ella no solo forma parte de los rituales, sino también de la forma de trabajo, pensamiento y espiritualidad de los pueblos indígenas, es por ello que el uso de esta y otras plantas con otros fines ya se constituye en un agravio contra los pueblos originarios y su cultura”, dijo.
Además, agregó que en algunas regiones apartadas como la Amazonía, la Orinoquía, El Catatumbo, el suroriente, los narcotraficantes han engañado o desplazado a comunidades indígenas usando los territorios ancestrales para el cultivo, procesamiento y comercialización de la cocaína y otras actividades ilícitas.
Los responsables de las acciones contra los pueblos indígenas son los grupos armados ilegales que dominan en el país: el Clan del Golfo, la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de la FARC (Fuerzas Armada Revolucionarias de Colombia), es decir las tropas que siguieron o volvieron a la guerra tras el Acuerdo de Paz.
“El Clan del Golfo o AGC hace más presencia en los departamentos donde hay más víctimas. El ELN tuvo presencia en Chocó y Arauca, donde también hay alto número de víctimas. Las disidencias de las FARC están en Nariño, Putumayo, con graves afectaciones para el pueblo awá”, explicó Hurtado de la ONIC.
Lee más | Chilco, la comuna indígena kichwa que salvó un páramo en Ecuador
Otras violencias
Los indígenas en Colombia también padecen otras agresiones. Un ejemplo son las masacres. “Los departamentos más afectados son Cauca, Antioquia, Nariño, Norte de Santander y Valle del Cauca. Ha habido 348 masacres con 1310 víctimas en el país, desde agosto de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2022”, agregó.
Las minas antipersonales también son un factor de riesgo. “Otra forma de violencia que afecta a las comunidades indígenas, en particular las emberá, es la activación de minas antipersonales. Sobre todo afecta a las mujeres que van con sus hijos a los cultivos de pancoger. Los grupos armados las usan para evitar el avance de sus rivales”, dijo Cabezas. En 2022, 75 civiles fueron víctimas de minas en el país, según datos de la Presidencia. Tumaco, en Nariño, con una alta presencia de los awá, ha sido el de más víctimas por minas históricamente.
Los especialistas, además, llamaron la atención sobre la poca priorización para combatir la violencia sexual contra las mujeres y niñas indígenas. Recientemente, un caso de explotación sexual contra niñas nukak en el Guaviare consternó a Colombia. “No hay confianza en la institucionalidad (estatal) para que la violencia sexual sea tenida en cuenta con el valor que debe ser tenida en cuenta en las comunidades indígenas”, comentó Hurtado, de la ONIC.
La impunidad y la paz
Lourdes Castro, coordinadora de la ONG protectora de los líderes sociales, Somos Defensores, anotó que la impunidad en la sanción de responsables de asesinatos de líderes sociales e indígenas genera un clima propenso para que la violencia se perpetúe.
“La impunidad de los asesinatos contra los liderazgos en general y los líderes/as indígenas en particular es un factor determinante de la continuidad de estas agresiones. De 1330 casos de asesinatos entre el 2002 y el primer trimestre del 2022, tan solo el 5,6 % de estos casos cuentan con una condena”, dijo Castro. Agregó que se requiere una debida diligencia en la investigación criminal por parte de la Fiscalía y un presupuesto para “garantías de no repetición”.
Otro factor relevante en el incremento de la violencia ha sido la transformación de los actores armados tras el Acuerdo de Paz y el fracaso en la implementación de este, según los especialistas.
Las disidencias de las FARC surgieron de los reductos de combatientes de esa guerrilla que no se reintegraron a la sociedad o que volvieron a la guerra tras haber entregado las armas. “La reconfiguración de las dinámicas de conflicto con sus variables territoriales han traído consigo nuevamente el aumento de las dinámicas de desplazamiento y confinamiento de poblaciones que han impactado negativamente a los pueblos indígenas”, explicó Lourdes Castro, integrante de Somos Defensores.
En Colombia hay en curso negociaciones de paz con el ELN, disidencias de las FARC y el Clan del Golfo. Aunque las cifras aún no muestran una reducción del conflicto, hay expectativas por estas negociaciones.
*Imagen principal: Los indígenas Jiw ya no pueden navegar y pescar libremente en el río. Foto: María Fernanda Lizcano.
———
Videos | #Expediciones científicas | ¿Cómo salvar la danta de montaña de la extinción?
Si quieres conocer más sobre la situación ambiental en Latinoamerica, puedes revisar nuestra colección de artículos.
Si quieres estar al tanto de las mejores historias de Mongabay Latam, puedes suscribirte al boletín aquí o seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube.
