- Entre el 6 y el 8 de julio, los ministros de Ambiente de los ocho países amazónicos miembros de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), celebraron la Cumbre de Leticia en Colombia. La reunión fue una preparación para el encuentro que esta organización tendrá en la ciudad brasileña Belém de Pará el próximo mes.
- Los ministros se comprometieron a luchar contra los crímenes ambientales, incentivar la conservación y la investigación científica para proteger la Amazonía y fortalecer los derechos de los pueblos indígenas.
- Expertos resaltaron la importancia de que se busque fortalecer la OTCA creada en 1995. La reunión de Belém de Pará buscará reforzar la relevancia de este organismo, cuya más reciente cumbre fue en 2009.
“Hablar de la Amazonía es hablar de superlativos: es la selva tropical más grande del mundo, el hogar del 10 % de todas las especies de animales y plantas del planeta. Tiene 50 millones de habitantes con 400 pueblos indígenas que hablan 300 idiomas. Posee las mayores reservas de agua dulce del planeta. Ocupa el 40 % del territorio de América del Sur y si fuera un país, sería el séptimo más grande detrás de Australia y por delante de India”, describió el presidente brasileño Lula Da Silva en su discurso de clausura de la Cumbre de Leticia en Colombia.
Por todas estas razones, tanto el gobierno de Brasil como el de Colombia, el país convocante de la reunión, enfatizaron en la importancia de proteger la Amazonía y evitar que se siga deteriorando.
La cumbre, realizada entre el 6 y 8 de julio de 2023 y que contó con la asistencia de más de 400 personas, giró alrededor del temor de que la Amazonía llegue al punto de no retorno. Este término ha sido utilizado por los investigadores Carlos Nobre y Thomas Lovejoy para describir el momento en que la Amazonía cambiaría totalmente sin posibilidad de mejora por la afectación de su ecosistema y en el que las especies, incluida la humana, no tendría capacidad de ajustarse.
Entre 2001 y 2020, la Amazonía perdió 54,2 millones de hectáreas, equivalente al 8.7 % de sus bosques, según cifras de la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (RAISG). La ministra de Ambiente de Colombia, Susana Muhamad, aseguró que “si la Amazonía sobrepasa el 20 % de la deforestación ya no tendrá la capacidad de regenerarse y más en estas condiciones climáticas. Esto empezaría a ser el fin o su muerte”, señaló Muhamad.
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Con el fin de buscar soluciones a la pérdida de bosques y ríos, la conferencia abordó la urgencia de detener los crímenes ambientales como la deforestación y la minería ilegal. Así mismo, se refirieron a la importancia del Acuerdo de Escazú para garantizar la protección de los defensores ambientales y líderes indígenas que resguardan la Amazonía. En términos generales, los expertos consultados por Mongabay Latam y que asistieron al evento calificaron el encuentro como un paso positivo que permitirá compaginar los esfuerzos de los ocho países en la salvaguarda de los ecosistemas amazónicos.
Sin embargo, también hubo algunas críticas como la poca presencia de comunidad campesina y por la participación del gobierno de Venezuela, un país que ha sido cuestionado por su permisividad frente a la minería, tanto legal como ilegal, que ha afectado ecosistemas amazónicos y pueblos indígenas, así como por las violaciones a los derechos humanos en su territorio.
“La cumbre ha sido un gesto político bien recibido por la sociedad civil y demás actores del territorio amazónico. Lo entendemos además como un esfuerzo urgente por colocar a la Amazonía en el centro de las políticas y compromisos de los gobiernos que conforman la OTCA y de compartir este mismo compromiso con otros actores para juntos evitar el punto de no retorno”, comenta Ana Rosa Sáenz, coordinadora del Instituto del Bien Común (IBC) en Loreto, departamento de Perú. Sáenz presentó los puntos claves recolectados por las organizaciones de la sociedad civil durante la clausura del evento a los mandatarios Lula Da Silva y Gustavo Petro.
Acuerdo para evitar el punto de no retorno
El principal logro de la cumbre de Leticia es la propuesta de un plan estratégico de los ministros de Ambiente de los ocho países participantes —Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela— para evitar el punto de no retorno en la Amazonía. Esta propuesta se nutrió de puntos esgrimidos por la sociedad civil y pueblos indígenas, por lo que servirá de insumo para la cumbre amazónica en Belém de Pará, Brasil, que se llevará a cabo el 7 y 8 de agosto de 2023 y en la que participarán estos mismos países.
También sobresalió el objetivo regional de revitalizar la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA). Esta organización, conformada por los ocho países que asistieron a Leticia y que firmaron el Tratado de Cooperación Amazónica de 1978 para conservar este ecosistema, no se reunía desde 2009.
Silvia Gómez, directora de la organización Gaia Amazonas en Colombia, valora la realización del evento en Leticia. Reconoce que el principal avance de este es que se “logró posicionar la idea de que solo es posible evitar el punto de no retorno en la Amazonía a través de una mirada regional y de conectividad”.
Además, para Gómez es relevante que los ministros de Ambiente de los distintos países hayan reconocido que es necesario trabajar de la mano de los pueblos indígenas. “Se da un primer paso en aceptar que los conocimientos ancestrales de los pueblos indígenas son vitales para garantizar el punto de no retorno”, dice.
La urgencia de detener los crímenes ambientales —principalmente la deforestación y la minería ilegal— para evitar el colapso amazónico, también fue un tema abordado por los funcionarios de los países en la cumbre y se avanzó en discutir una solución regional, aseguran los expertos. “Nuestra Amazonía está envenenada por el mercurio y otros venenos del extractivismo”, señaló Fanny Kuiru, líder de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), en su intervención ante los presidentes Lula y Petro. Como mecanismo de prevención de los delitos y de estudio de otras tendencias, fue clave el acuerdo de los países para fortalecer el Observatorio Regional Amazónico (ORA) de la OTCA, cuyo propósito será recolectar los datos de los ocho países miembros para monitorear y prevenir sequías, incendios, lluvias, deforestación, contaminación del agua, entre otros.
La directora de la Fundación Ecociencia de Ecuador, Carmen Josse, también comenta que entre las propuestas están fortalecer la colaboración transfronteriza en la detección de los delitos, la coordinación de las respuestas y en el trabajo de inteligencia. También fue abordada la necesidad de rastrear las redes de lavado de activos producto de los crímenes y “trabajar con los países donde están los compradores tanto de madera como de oro ilegales, para que colaboren con la denuncia y la regulación de estos mercados”. Además, el ministro de Ambiente y Agua de Bolivia, Rubén Méndez, se refirió durante el evento a que los países busquen judicializar a los responsables con medidas “punitivas”.
Para Raphael Hoetmer, director del programa Amazonía Occidental de la organización de la sociedad civil Amazon Watch, es importante que se haya discutido el tema de los delitos ambientales. “Este reconocimiento es un paso tímido, pero la tarea es muy grande”, dice. Agrega que el tema no es solo criminal, sino social y que se necesita impulsar economías sostenibles que provean alternativas dignas a las poblaciones amazónicas para que puedan abandonar las actividades ilegales que dañan el medio ambiente.
Precisamente, los pueblos indígenas de la Amazonía son las principales víctimas de estas economías, en particular de la minería ilegal. Así lo relata Alirio López, líder venezolano del pueblo uwottüja, quien destaca que el gobierno de su país haya participado de la cumbre. “La participación del gobierno de Venezuela fue lo más esperado por parte de los venezolanos, de manera especial por los pueblos indígenas del estado Amazonas por el daño ecológico a causa de las prácticas de la minería ilegal”, dice López, quien al mismo tiempo pidió que Venezuela firme el Acuerdo de Escazú para la protección de los defensores ambientales.
Para Cristina Burelli, fundadora de la organización no gubernamental SOS Orinoco —que no asistió, pero siguió el desarrollo de la cumbre— la participación de Venezuela en la cumbre es incoherente. “Maduro está intentando cambiar la narrativa sobre la Amazonía y el medio ambiente para quizás poder acceder a los fondos climáticos para la Amazonía. Para eso está intentando cambiar la imagen del país sobre la minería ilegal que se realiza en el Parque Nacional Yapacana, en el estado Amazonas, con los operativos en la zona. Pero la minería ilegal sigue en aumento en otras zonas del país”, dice.
Pedro Arenas, cofundador de la organización colombiana de la sociedad civil Corporación Viso Mutop, valoró el resultado de la Cumbre, pero lamentó que algunos sectores no hayan contado con una presencia significativa, en particular los campesinos colombianos, pese a estar en las zonas más deforestadas del país. “Fue pequeña la participación de campesinos aunque en el caso colombiano la deforestación se presenta principalmente en el norte amazónico, donde mayoritariamente la población es campesina”, explica Arenas.
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Las estrategias comerciales deben incluir a las comunidades
Otro de los grandes temas de la reunión en Leticia fue el desarrollo de alternativas productivas para los indígenas y campesinos de la cuenca amazónica basadas en la investigación científica y de mercado. “Se requiere que la bioeconomía o economía verde avance pronto como una alternativa a las economías ilícitas para las comunidades”, dice Arenas. Sin embargo, el experto advierte que estos productos no van a ser sostenibles si simplemente se limitan a ferias o eventos específicos donde se puedan comercializar y no se abren mercados consistentes.
La importancia de la investigación científica para que las alternativas productivas tengan éxito también fue uno de los puntos abordados durante la Cumbre. “Para poder realizar y potenciar las alternativas de bioeconomía se necesita todavía muchísima investigación sobre los productos y buena parte de ella es científica. Pero también es necesario tener muchos más estudios serios de mercado y de modelos de negocio, explica Sáenz de la organización IBC. Al mismo tiempo, agrega la experta, para que estas iniciativas prosperen se requiere de financiamiento, de conocimiento local y que los aprendizajes se traduzcan a las comunidades para hacerlos accesibles.
El líder indígena venezolano López resalta que tanto las alternativas productivas como las estrategias de conservación de biodiversidad y los mecanismos de financiación deben tomar en cuenta a los pueblos ancestrales amazónicos y sus conocimientos. “Aunque avanza con claridad el mecanismo de financiación de conservación del medio ambiente, los gobiernos deben comprender que los pueblos indígenas tenemos la formación y la capacidad para administrar las finanzas destinadas para ello. Además, estamos capacitados para producir estrategias, medios y mecanismos para la conservación de la fauna, la flora, así como los recursos acuíferos”, asegura.
La discusión en torno a la necesidad de regular el mercado de los bonos de carbono que prometen ingresos para las comunidades a cambio de preservar los bosques, también estuvo presente durante la cumbre, específicamente en los espacios paralelos de la sociedad civil. “No hubo mucha mención en las intervenciones de los presidentes o en las conclusiones. Pero desde la sociedad civil, sí hay una alerta muy grande que se ha expresado a la ministra de Ambiente de Colombia”, asegura Arenas.
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Al respecto, Laura Montaño, abogada e investigadora de la Asociación Ambiente y Sociedad de Colombia, señala que se conversó sobre la necesidad de que “frente a este tipo de mecanismos ambientales (como los bonos de carbono) en la Amazonía existan unas salvaguardas ambientales y sociales y un marco normativo más fuertes a nivel nacional (de Colombia)”. Además, Carmen Josse de Ecociencia en Ecuador, resalta la importancia del consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas en el uso de los recursos del subsuelo.
*Imagen principal: Los ministros de Ambiente de ocho países recogieron las memorias del evento en una propuesta de plan estratégico camino a Belém de Para. Crédito: Ministeiro de Ambiente de Colombia.
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