- Pasó un año más y Bolivia no logró bajar del podio donde están los países latinoamericanos con mayor deforestación. La ampliación de la frontera agrícola arrasa con los bosques bolivianos.
- La minería ilegal de oro avanza dentro de las áreas naturales protegidas, en donde existe una escasa presencia del Estado. Esta actividad afecta cada vez más la vida de los pueblos indígenas.
- Los incendios forestales no dieron tregua durante el 2023: a lo largo del año casi 3 millones de hectáreas de bosque fueron afectadas por el fuego.
Bolivia cierra el 2023 con un balance ambiental negativo. Eso se observa cuando se enumeran algunos de los temas que marcaron la agenda del país: la deforestación creció, la presencia de la minería aurífera se resintió en las cuencas amazónicas y en áreas naturales protegidas, los incendios forestales pintaron de gris el cielo en diversas regiones y la sequía extrema afectó a la mayoría de los municipios.
El país empezó el 2023 ocupando el tercer lugar en la lista de las naciones con más pérdida de bosque primario, de acuerdo con el informe anual realizado por la Universidad de Maryland y Global Forest Watch (GFW).
De hecho Bolivia registró un nivel récord de esta deforestación en el 2022 con un aumento del 32 %, en comparación con el año anterior, según el mismo estudio. Durante 2023 no se presentaron cifras oficiales sobre la superficie deforestada, sin embargo, los expertos Marlene Quintanilla, directora de Investigación y Gestión del Conocimiento de la Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN), y Roberto Vides, director de la Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano (FCBC), coinciden en que la situación es similar a la registrada en 2022, debido a la ampliación de la frontera agrícola y el descontrol de los incendios forestales.
“En el período de 2000 al 2015, la deforestación en Bolivia alcanzaba alrededor de 200 000 hectáreas por año, pero en el período 2021 y 2022, está por encima de 250 000 hectáreas; en el monitoreo que hicimos para 2022, se registraron 270 000 hectáreas deforestadas”, señala Quintanilla.
Vides advierte que “la tasa de deforestación en Bolivia no tiene freno. Probablemente el año 2023 sea el tercero consecutivo en el que Bolivia se ubicará entre los tres países con mayor deforestación absoluta y primero per cápita”.
La agricultura de productos básicos, como la soya o maíz, y la ganadería han sido identificadas como los principales impulsores de la deforestación en Bolivia, detalla Quintanilla.
Mongabay Latam consultó a especialistas para conocer cuál es el balance ambiental de Bolivia para el 2023. Para Óscar Campanini, director del Centro de Documentación e Información de Bolivia (Cedib), el desastre causado por la presencia del mercurio en los ríos amazónicos, la sequía generalizada en el país, la contaminación del río Pilcomayo, la pérdida de bosques por incendios y la agroindustria “muestran a un Estado que no cuenta con las herramientas ni voluntad necesarias para encarar este tipo de sucesos, los cuales están llegando a manifestarse de manera extrema y extensa y se suman a una larga lista de tragedias ambientales que ha tenido el país en los últimos años”.
Lo grave: sin acciones para detener la deforestación
El más reciente informe de Global Forest Watch (GFW) muestra que Bolivia ocupó el tercer lugar entre los países con mayor pérdida de bosques tropicales primarios, al registrar poco más de 272 000 hectáreas deforestadas durante 2022. Para 2023, no hay cifras oficiales de la pérdida de bosques.
“El problema de pérdida de bosques está alcanzando niveles críticos en Bolivia. A diferencia de la tala manual que se practicaba hasta hace poco, hoy en día los desmontes son altamente tecnificados. El resultado es el desmonte a gran escala. En Bolivia, se desmonta a un ritmo de 800 hectáreas por día. Si la mancha urbana de la ciudad de La Paz fuera bosque, desaparecería en una semana”, asegura Gonzalo Colque, investigador de la Fundación Tierra.
¿Por qué cada año empeora el desempeño boliviano en el tema de deforestación? Hay muchas razones. La principal es el modelo de agricultura en los departamentos de Santa Cruz y Beni, explica Colque.
“La puesta en producción de nuevas tierras implica la conversión de los bosques a campos de cultivos, extensas tierras de pastoreo y grandes predios con pastos cultivados. El modelo cruceño requiere planicies uniformes de cientos y miles de hectáreas para el uso de grandes maquinarias agrícolas e, incluso, avionetas de fumigación”, dice el experto.
Ruth Alipaz, representante de la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas (Contiocap), reclama la falta de políticas públicas del gobierno boliviano para detener los desmontes.
“La deuda principal de este año fue reducir la deforestación como política estatal… Hoy vemos las consecuencias de ese proceso de destrucción de bosques primarios esenciales para la vida, a través de métodos como los incendios forestales, que se dan a la vista e inacción del gobierno y las instancias llamadas a atender situaciones de desastre”, señala Alipaz.
Lo recurrente: incendios que se intensifican año tras año
Los incendios en Bolivia son un problema año tras año. Óscar Campanini, director del Cedib, recuerda lo ocurrido en 2019, cuando se quemaron más de seis millones de hectáreas de bosque, sobre todo en la Chiquitania boliviana. El experto considera que estas quemas generaron conciencia en la sociedad civil sobre todo por sus consecuencias negativas, pero no se trabajó en materia legal para evitar que cada año los incendios afecten a los bosques, sobre todo del oriente boliviano.
“Lamentablemente la gestión gubernamental de Luis Arce no cambió en nada estos impactos, por el contrario, se continúa impulsando la ampliación de la frontera agropecuaria en la Chiquitania y la Amazonía, impulsando ahora con mayor ahínco proyectos como la palma africana. Además de los cambios, denuncias y problemas institucionales, los incendios ocurridos en este 2023 en áreas protegidas, como el Madidi, han demostrado la falta de atención total a las áreas protegidas”, considera Campanini.
Hasta el 20 de noviembre del 2023, los incendios forestales en Bolivia afectaron un poco más de tres millones de hectáreas, el 56 % de esa superficie está en el departamento de Beni, donde la actividad productiva genera focos de calor, debido a la ampliación de la frontera agrícola para la agroindustria y la ganadería, según datos de la Dirección General de Gestión y Desarrollo Forestal del Ministerio de Medio Ambiente y Agua.
En Beni se quemaron más de un millón y medio de hectáreas, de las cuales el 80 % comprende matorrales y pasturas secas y el 20 % incendios forestales, de acuerdo a datos oficiales. En el departamento de Santa Cruz se quemaron 858 148 hectáreas, que representan el 29 % del total nacional. Mientras que en el norte de La Paz se afectaron 285 066 hectáreas, que es un 10 % del total.
“Personas vinculadas a los agronegocios han quemado tres millones de hectáreas adicionales, la mayor parte en áreas protegidas, incluyendo el área protegida más biodiversa del planeta: el Madidi, un bosque húmedo tropical que jamás había afrontado incendios forestales de magnitud y que ahora se encuentra con condiciones más parecidas a las de bosque seco por la falta de lluvias”, señala Cecilia Requena, quien llegó al Senado boliviano como defensora del medio ambiente.
Según reportes de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosque y Tierra (ABT), en Santa Cruz, el fuego dañó el Parque Noel Kempff Mercado, donde se arrasaron 7 000 hectáreas por las quemas; en la TCO Bajo Paraguá se afectaron 14 000 hectáreas; en el Área Natural de Manejo Integrado (ANMI) del Área Protegida San Matías el fuego se llevó 8 700 hectáreas.
En el municipio de Concepción, que está en el departamento de Santa Cruz, las llamas afectaron 17 300 hectáreas del Área Protegida Municipal de Copaibo y 6 450 ha de la TCO Monte Verde.
En Urubichá, también en Santa Cruz, se han perdido 5 400 hectáreas del Área Protegida Departamental Río Blanco y Río Negro. Mientras que el territorio indígena San Antonio de Lomerío ha perdido 550 hectáreas.
En el departamento de Beni, el Área Natural de Manejo Integrado Iténez tiene una gran afectación de 50 500 hectáreas y en la Reserva de la Biosfera y Territorio Indígena Pilón Lajas se quemaron 9 600 hectáreas. En La Paz también se afectó el Parque Nacional Madidi y en Cochabamba, el parque Carrasco. En estas dos últimas reservas no hay datos oficiales.
Por primera vez en Bolivia, los incendios forestales obligaron a que en varias zonas urbanas se suspendieran las clases escolares por la mala calidad del aire. Las ciudades más afectadas fueron Trinidad y Santa Cruz de la Sierra, donde el humo llegó a niveles nunca antes vistos. En La Paz también se cancelaron clases.
Lo trágico: la minería ilegal no se detiene
Una de las deudas ambientales que deja el 2023 en Bolivia es la falta de acciones para evitar la expansión de la minería aurífera en cuencas amazónicas y, sobre todo, en áreas naturales protegidas.
Óscar Campanini ve que las alianzas políticas que existen entre mineros cooperativistas y el gobierno de Luis Arce afectan la lucha contra la minería ilegal.
El experto considera que el 2023 ha sido uno de los años con peor desempeño en materia ambiental en Bolivia. Como ejemplo menciona la presencia de mercurio, producto de la minería aurífera, en cuencas amazónicas y hasta en áreas protegidas.
“La primera deuda ambiental es el uso del mercurio por la minería aurífera. El Estado boliviano, acorde a sus compromisos con el Convenio de Minamata y con su ratificación por ley nacional, desde mayo de 2022 debía haber entregado un Plan de Acción Nacional planteando cómo eliminar gradualmente la importación y uso del mercurio en territorio boliviano”, detalla el investigador.
Campanini dice que, incluso, desde hace dos años existen programas pactados entre el gobierno de Bolivia y la cooperación internacional que buscan eliminar el uso del mercurio. El experto dice que recién en esta gestión se logró aprobar un Decreto Supremo que pone reglas a la comercialización del mercurio para ser usado en la minería aluvial.
Sin embargo, el decreto no establece restricción alguna a la importación de ese metal en el país, pese a que la nación se ha convertido en el principal importador global y principal proveedor ilegal de este insumo para la minería aurífera de Perú o Brasil, destaca Campanini.
“Los ministerios encargados del Plan de Acción Nacional inscribieron los recursos para elaborar este plan para el 2024, por lo que su conclusión, con suerte, se hará realidad el próximo año para ser presentado en el 2025, con una demora de más de dos años en relación con los compromisos internacionales y legales”, señala el experto.
La incursión minera aurífera está creciendo en Bolivia y en esta gestión marcó su presencia en áreas protegidas, según el Cedib. Las más afectadas son las reservas nacionales de Apolobamba, Madidi, Manuripi y Pilón Lajas, todas en la Amazonía boliviana. En estas zonas habitan pueblos indígenas que están afectados por esta actividad extractiva.
El vocero de Contiocap, Alex Villca, denuncia que los territorios indígenas son “avasallados” por mineros ilegales, quienes ingresan a las áreas protegidas armados.
“Las áreas protegidas y territorios indígenas continúan siendo avasallados y ocupados por mineros ilegales y por otros intereses económicos. Numerosos pueblos indígenas que habitan en la región amazónica, sobre las riberas de los ríos Beni y Madre de Dios, y que tienen como su dieta principal el consumo de peces, presentan niveles alarmantes de contaminación por mercurio, que supera de lejos los recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS)”, expresa Villca.
El presidente boliviano, Luis Arce, tuvo a mediados de noviembre de 2023 una reunión con los mineros auríferos, quienes entre sus demandas exigían la anulación de una resolución que les impide explotar oro en áreas protegidas, reivindicando sus “derechos constituidos” en reservas. Además, pidieron consolidar con una ley el 4,8 % de impuestos por la comercialización del oro, la tasa más baja del sistema tributario. Por ejemplo, un profesional en Bolivia llega a pagar al mes el 16 % de su salario como materia de impuestos.
El ministro de Minería y Metalurgia, Marcelino Quispe, en una conferencia de prensa realizada el 7 de noviembre, informó que todavía están negociando con los mineros auríferos en mesas técnicas.
En una breve entrevista con Mongabay Latam, Quispe aseguró que los cooperativistas no ingresarán a áreas protegidas para extraer oro. “Es mi preocupación, las áreas protegidas, los parques nacionales como el Manuripi, el Madidi, ahí se tiene información de que hay explotaciones ilegales, entonces se tiene que trabajar en esa línea, no podemos quedarnos solo con la intervención del río Madre de Dios. Yo recuerdo bien, hace décadas había peces y ahora (no hay) ni de muestras”, dijo la autoridad.
A inicios de 2023, la Central de los Pueblos Indígenas de La Paz (Cpilap) alertó que en el Parque Nacional Madidi la actividad minera crece sin ningún tipo de control. Esa organización señaló a los mineros auríferos de extraer oro en el río Tuichi, que está en pleno núcleo de la reserva natural.
“Nos encontramos en estado de emergencia y todas las comunidades están listas a un solo llamado para poder concentrarnos y defender nuestros derechos, ante cualquier ingreso que se quiera dar, ya sea por la fuerza o intentando manipular de forma engañosa para entrar a las comunidades del Madidi y Pilón Lajas, como pretenden los mineros cooperativistas”, advirtió a este medio de comunicación Gonzalo Terrazas, presidente de la Cpilap.
Lo imparable: narcotráfico y avasallamiento en áreas protegidas
Las áreas protegidas en Bolivia sufrieron por el incremento de avasallamientos. Mongabay Latam, en alianza con El Deber, ingresaron a tres reservas para verificar los asentamientos humanos: en el Parque Nacional Amboró crecen los cultivos de hoja de coca; en la Reserva Municipal de San Rafael, los toma tierras tumban el bosque para acondicionar campos de cultivo y traficar maderas valiosas, y en la Reserva Municipal Curichi Las Garzas, los avasalladores afectaron 300 de las 1 247 hectáreas del área protegida para instalar tierras de cultivos.
Alipaz asegura que la “desprotección” de las áreas naturales protegidas comenzó desde 2006 y continúo hasta 2019; en estos años se emitieron normas de menor rango a la Constitución Política del Estado, con el fin de ingresar a las reservas, según la dirigente indígena.
En 2023 la situación de las áreas protegidas no mejoró. Vides destaca que la situación de las reservas se debe al “bajo presupuesto, a la baja calidad de gestión desde el gobierno central, a la presencia cada vez más fuerte del narcotráfico y al insuficiente apoyo al personal de campo”.
Además, algunas de las áreas protegidas en Bolivia sufrieron por los cultivos y vínculos con el narcotráfico. Uno de los casos llamativos fue el del Parque Nacional Amboró, en el departamento de Santa Cruz, donde, según un análisis satelital realizado por Mongabay Latam y El Deber, desde febrero de 2019 hasta octubre de 2023 la deforestación al interior de la reserva pasó de 14 a 107,5 hectáreas.
Estas cifras coinciden con el avance de plantaciones de coca en el Amboró. En 2020 un equipo de Mongabay Latam y El Deber ingresó a dos puntos del área protegida y según las imágenes satelitales muestran que en esas dos zonas ―entre los ríos Ichilo y Alto Ichilo, y en el margen derecho del río Alto Ichilo― los parches de deforestación o chaqueos se han multiplicado.
El reporte anual del monitoreo de cultivos de coca en Bolivia, realizado por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), revela que los cultivos de hoja de coca están presentes en seis áreas naturales protegidas de Bolivia, lugares donde la producción de esta planta ancestral es ilegal. Según el informe, en estos territorios se han registrado una superficie de 435 hectáreas de cultivos de coca.
Lo preocupante: la sequía que se extiende por Bolivia
La sequía que golpeó este año a Bolivia no sólo avivó aún más los problemas con los incendios en las zonas forestales, también generó varios problemas en las zonas urbanas. En ciudades como La Paz, Potosí y Sucre, por ejemplo, se vivió un desabasto de agua potable.
De acuerdo con el reporte del Viceministerio de Defensa Civil, al 16 de octubre de este año, Bolivia reportaba 144 municipios —de 339— afectados por la sequía, pero solo el departamento de Oruro se declaró en desastre, mientras que La Paz, Cochabamba y Chuquisaca se declararon en emergencia. Ante ese panorama, el gobierno boliviano tuvo que acudir al bombardeo de nubes para generar lluvias en varias zonas, principalmente en Cochabamba, donde existen suelos de sembradío.
Jorge Campanini, investigador del Cedib, dice que Bolivia ha agravado sus condiciones ambientales: primero, al no contar con una política de gestión ambiental y estructura para monitorear y fiscalizar las actividades que son susceptibles a generar contaminación. Además, considera que el país tampoco cuenta con información actualizada y detallada del estado ambiental con fines de planificación y conservación.
“Los recientes eventos han desnudado la fragilidad e ineficiencia del Estado para enfrentar situaciones ambientales de envergadura”, destaca Campanini.
Lo bueno: acciones para frenar la minería en áreas protegidas
Luego de que se conoció que mineros auríferos ingresaron a áreas protegidas, el gobierno de Bolivia tomó acciones y una de ellas fue evitar, mediante resoluciones, la entrada de estos sectores a las reservas naturales, sobre todo a las que se ubican al norte del departamento de La Paz, donde actualmente se extrae oro en forma ilegal.
El Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) anunció, a finales de noviembre, que está prohibido el desarrollo de actividades mineras nuevas en las áreas protegidas, y que asume la responsabilidad de corregir equívocos administrativos generados en gestiones pasadas que otorgaron aprobaciones en zonas incompatibles con la actividad minera que, por lo general, están en los límites de las reservas.
El Sernap identificó diez áreas protegidas donde hay amenazas respecto a la minería: la Reserva Eduardo Avaroa; la Reserva Manuripi; el Parque Nacional Otuquis; el Parque Nacional Amboró; el Parque Nacional Madidi; el Tunari; la ANMIN Apolobamba; la Reserva Pilón Lajas; el Parque Nacional Cotapata y la ANMI San Matías. El gobierno anunció que se controlará el ingreso a estas reservas. En los próximos meses se verá si esa acción se realiza y es efectiva para proteger los ecosistemas que resguardan estas áreas naturales protegidas.
Otra buena noticia del 2023 fue la creación de la Reserva Natural del Quebracho y Cóndor en la Cordillera de Laderas, un espacio creado para proteger al cóndor andino (Vultur gryphus), un ave emblemática de Sudamérica. Esta es un área protegida municipal rural que tiene una extensión de 3 295 hectáreas.
La reserva destaca por su papel en la preservación del cóndor andino, la protección del quebracho blanco (Aspidosperma quebracho-blanco), la conservación de ecosistemas cruciales entre el Valle Central de Tarija y la Selva Boliviana Tucumana, la salvaguardia de fuentes de agua y la protección de especies En Peligro de extinción como la quirusilla (Gunnera apiculata).
*Imagen principal: Incendios forestales en Bolivia. Foto: Sernap.
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