- El asesinato del líder indígena Quinto Inuma en diciembre muestra el índice de violencia que enfrentan los defensores ambientales en Perú.
- La minería ilegal de oro ha sido también se incrementó en 2023, una actividad asociada al narcotráfico y al crimen organizado.
Un mes antes de terminar el 2023, el líder indígena Quinto Inuma fue asesinado en la región amazónica de San Martín. El crimen de Inuma no ha sido el único este año. En abril también fue asesinado el líder asháninka Santiago Contoricón, dirigente del Comité de Autodefensas del Río Tambo, quien se enfrentaba al narcotráfico que se ha instalado en la Selva Central de Perú.
Sus muertes exponen el riesgo permanente que acecha a los defensores ambientales en Perú debido al desborde de economías ilícitas como el narcotráfico, la tala y la minería ilegal. Un reciente informe del Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP) señala que Madre de Dios perdió más de 23 000 hectáreas de bosques a causa de la minería ilegal entre los años 2021 y 2023. Y en Loreto, la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental registró más de 100 dragas solo en la cuenca del río Nanay desde el 2020.
Los eventos climáticos también han dejado huella este año. En marzo del 2023, la llegada del ciclón Yaku a las costas peruanas evidenció la falta de preparación del país para actuar ante estos eventos naturales. Siete personas fallecidas, miles de damnificados y millones de soles en pérdidas económicas fue el saldo que dejó el ciclón. A Yaku se le unió el denominado “Niño Costero”, fenómeno que aumentó la intensidad de las pérdidas.
Meses después, en junio, la confirmación de la presencia del Fenómeno de El Niño encendió nuevamente las alarmas en Perú. Las consecuencias de este efecto oceanográfico se empezaron a sentir a mitad de año, cuando una intensa sequía mostró imágenes de ríos amazónicos prácticamente secos, mientras el gobierno peruano anunciaba la pérdida de cosechas en por lo menos nueve regiones de Perú.
Al aumento de la criminalidad, se suman los constantes intentos del Congreso de la República por debilitar la legislación ambiental. Uno de esos proyectos, por ejemplo, busca cambiar la legislación forestal poniendo en riesgo los bosques amazónicos.
La biodiversidad también se ha visto amenazada. La situación más crítica se presentó en las costas del Perú con la presencia del virus H5N1 que afectó aves y mamíferos marinos. Las investigaciones realizadas señalan que, por lo menos, medio millón de aves murieron en las áreas naturales protegidas de Perú a consecuencia de la gripe aviar causada por este virus.
¿Cuál es el balance final de lo que sucedió en el Perú en temas ambientales? Este es nuestro análisis.
Lo trágico: asesinato de líderes indígenas e impunidad
Las amenazas a los líderes indígenas y defensores ambientales siguen en aumento y los crímenes no se han detenido. El reciente asesinato del líder kichwa Quinto Inuma, presidente de la comunidad Santa Rosillo de Yanayacu, lo confirma. El líder indígena había sido amenazado en varias oportunidades por mafias de tala ilegal y de narcotráfico que, durante años, han invadido el territorio de su comunidad. De acuerdo con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, con este último crimen suman 15 los defensores ambientales asesinados desde el año 2020, de ellos, 11 son líderes indígenas.
“El asesinato de Quinto Inuma Alvarado, un hermano del pueblo Kichwa, en San Martín, refleja la inoperancia y la negligencia de las autoridades del Estado peruano de no garantizar la protección cuando un defensor o un líder de una comunidad se ve amenazado. El compañero Quinto denunció las amenazas en diferentes entidades del gobierno, pero la inoperancia y la falta de protección para él y su territorio ha tenido un lamentable final. Terminó siendo asesinado”, señala el líder indígena Robert Guimaraes, expresidente de la Federación de Comunidades Nativas del Ucayali y Afluentes (Feconau).
Guimaraes cuestiona la débil presencia del Estado para enfrentar a los actores ilegales. “Los líderes indígenas son muy vulnerables. Creo que lo que se debe hacer es implementar urgentemente mecanismos propios de protección como sucede con las guardias indígenas”.
El narcotráfico está tomando el control —dice Guimaraes— y es un problema del que las autoridades regionales no quieren hablar. “Las actividades ilegales han aumentado en el 2023 en los territorios indígenas. Hasta el 2022, identificamos en la comunidad Flor de Ucayali 3 000 hectáreas deforestadas e invadidas por el narcotráfico. Este año ha aumentado a 4 500 hectáreas, es decir, 1 500 hectáreas más en un año”.
Vladimir Pinto, representante de Amazon Watch en Perú, señala que han sido las propias organizaciones indígenas las que han logrado que se ponga atención a la ilegalidad que ocurre en sus territorios. “Sin embargo, las amenazas continúan, no se han solucionado los problemas detrás del avance de estas economías ilegales, hay muchísimas demandas de titulación indígena pendientes, y un mecanismo Intersectorial de protección de los defensores que es un esfuerzo valioso en cuanto a diseño, pero con muy poco presupuesto”.
A los crímenes de los líderes indígenas se suma la falta de justicia para sancionar a los responsables de estos asesinatos. Un caso emblemático es el de la comunidad nativa Alto Tamaya Saweto, en Ucayali. Hace casi diez años, cuatro líderes indígenas de esta comunidad fueron asesinados cuando se dirigían a Brasil para una reunión de defensores ambientales. Edwin Chota Valera, presidente de la comunidad, y los dirigentes Jorge Ríos, Leoncio Quintisima y Francisco Pinedo fueron asesinados el 1 de septiembre de 2014.
El pasado 31 de agosto la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Ucayali declaró nula la condena de 28 años y tres meses de cárcel efectiva que, el 27 de febrero de este año, se impuso a los empresarios madereros Hugo Soria Flores y José Estrada Huayta, como responsables del cuádruple asesinato. “Cualquiera puede asesinar a un defensor ambiental o un líder indígena y, literalmente, no pasa nada”, dice Julia Urrunaga, directora en Perú de la Agencia de Investigación Ambiental (EIA, por sus siglas en inglés). “Es un tema de total impunidad, incluso en el caso más conocido a nivel global y con mayor cobertura, que es el caso Saweto, y mira lo que ha pasado”.
Quinto Inuma formaba parte del Protocolo para Defensores de Derechos Humanos, el sistema diseñado por el Estado para proteger a quienes han sido amenazados en sus territorios. Sin embargo, la iniciativa no ha resultado eficaz. Urrunaga señala que cuando ocurre un hecho de riesgo, la primera reacción es lograr la evacuación de la persona. “Está bien que la primera reacción sea que salga momentáneamente de la zona de peligro, pero los líderes no quieren hacer eso en el mediano o largo plazo, no quieren abandonar su territorio definitivamente. Esa figura para nosotros, desde el mundo más occidental, es aceptada, pero en el caso del territorio indígena es completamente diferente, es otro concepto visto desde su herencia, sus antepasados, el futuro de sus hijos”.
Lo malo: las economías ilegales y el crimen organizado
Este 2023, la minería ilegal de oro se ha extendido en todo el Perú. Reportes como los presentados por el Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP, por sus siglas en inglés) dan cuenta de los niveles de deforestación asociados a esta actividad ilícita en Madre de Dios, pero también muestra el aumento de dragas dedicadas a la minería aurífera en las regiones de Loreto y Amazonas.
Otro informe, en este caso de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), indica que esta actividad ilícita está presente en 22 ríos y sus afluentes en, por lo menos, cinco regiones amazónicas en Perú. Este informe también revela la vinculación de la minería ilegal con el crimen organizado.
“Una de las cosas negativas de este año son los graves retrocesos en la lucha contra la criminalidad ambiental, especialmente contra el crimen organizado en la Amazonía”, dice Mariano Castro, exviceministro de Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiente y actual director del Programa Unidos por los Bosques de la FCDS Perú.
No hay reportes oficiales —agrega Castro— lo que hay es información de la sociedad civil que muestra, de forma alarmante, el incremento y la irrupción de la minería ilegal en diversos lugares del país. “La criminalidad ambiental está agravada por iniciativas del Congreso que buscan erosionar los avances en la lucha contra las actividades ilícitas, contra la trata de personas, contra la corrupción. Es un problema grande que requiere respuestas en esa dimensión por parte del Estado”.
Para Vanessa Cueto, vicepresidenta de la organización Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), una de las actividades ilícitas que más ha crecido este año es, efectivamente, la minería ilegal. “El proyecto de ampliación de manera indefinida del Reinfo [Registro Integral de Formalización Minera] ha marcado el año, así como el crecimiento de la minería ilegal en el río Nanay, en Loreto”.
Un reportaje publicado por Mongabay Latam en julio de 2023 muestra el incremento de dragas en el río Nanay, en la región Loreto, así como una nueva ruta para el tráfico de combustible que se abrió en plena selva peruana para evadir los controles a los insumos usados en la minería aurífera. “Esperemos que no se llegue a las dimensiones de lo que sucede en Madre de Dios con relación a la minería ilegal, pero hasta ahora es preocupante”, señala Cueto. “Acaban de anular la concesión minera que se entregó en el río Nanay, pero solamente es esa, mientras todavía hay concesiones superpuestas en un montón de ríos”.
José De Echave, investigador de la organización Cooperacción y exviceministro de Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiente de Perú, señala que “la minería informal y la abiertamente ilegal ha tenido una expansión muy marcada tanto en la zona Andina como en la Amazonía, donde es aluvial y, por lo tanto, abiertamente ilegal… Hay cifras que muestran que la minería ilegal ha desplazado al narcotráfico, además que hay claras conexiones entre ambas entidades ilícitas”, comenta.
La minería informal y la minería ilegal no coexistía con la minería formal —agrega De Echave—, no compartían territorios, pero hoy en día “ya estamos viendo que hay minería informal o abiertamente ilegal en zonas donde está presente la gran minería”.
“El caso de Apurímac es un ejemplo, pero también hay casos en Cusco, en Arequipa y en La Libertad, una zona con una clara convivencia entre minería formal y la informal. La Libertad hoy en día es la principal región productora de oro a nivel nacional. Y en provincias como Pataz, por ejemplo, hay una situación violenta con enfrentamientos entre la minería formal y la minería informal”, explica De Echave.
En la frontera entre Perú y Ecuador, en la Cordillera del Cóndor, también hay una fuerte expansión de la minería ilegal —continúa De Echave— así como en la frontera entre Perú, Colombia y Brasil. En efecto, en octubre de 2023, un equipo de Mongabay Latam recorrió los 38 kilómetros del río Cenepa, cerca de la frontera con Ecuador, y confirmó la presencia de una gran cantidad de dragas dedicadas a la extracción ilegal de oro que, además, están afectando a por lo menos siete comunidades nativas awajún.
La deforestación causada por la minería ilegal, por la agricultura de pequeña y de gran escala y por el narcotráfico ha sido otro de los problemas del 2023. Pese a que no se cuenta con información oficial sobre la cantidad de hectáreas deforestadas en 2022, según el estudio anual realizado por Global Forest Watch, fueron 160 991 hectáreas de bosques primarios los que se perdieron en Perú, una cifra superior a los 137 976 reportados por Geobosques en 2021.
“Sabemos que en el Perú los temas de deforestación están asociados principalmente a las actividades informales e ilegales que se generan en la Amazonía. Estamos hablando de cambios sobre el suelo, la minería ilegal, el tráfico de tierras, y otros. En este contexto de cambio climático, en el que los países están discutiendo los compromisos que van a asumir y el Perú también se ha comprometido a reducir sus contribuciones al año 2030 en un 40 %, para lograr esa meta se tiene que fortalecer las acciones destinadas a atender estas problemáticas”, señala Lissette Vásquez, adjunta en Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo.
Estas actividades ilegales no solamente impactan en el ambiente —agrega Vásquez— sino que generan vulneran un conjunto de derechos, como a la vida, a la salud, a la educación y a los derechos de los pueblos indígenas en general, además que también genera inseguridad y atenta contra la vida de personas que se dedican a defender el ambiente.
Sobre el problema de la deforestación, Julia Urrunaga menciona la responsabilidad que tienen los gobiernos regionales que facilitan el ingreso de empresas y otros actores a las áreas de bosques que no deberían ser ocupadas. “Hay una irregularidad altísima de parte de los gobiernos regionales de entregar áreas y permitir deforestación sin que se cumpla con los requisitos establecidos en la ley”.
Un ejemplo de esta problemática es la presencia de los grupos menonitas en la Amazonía peruana que desde su llegada han causado la pérdida de, por lo menos, 7 032 hectáreas de bosques en las regiones de Loreto y Ucayali, según un reciente análisis del Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP, por sus siglas en inglés). Según este informe, de las más de 7000 hectáreas deforestadas, 2426 hectáreas se perdieron entre enero de 2022 y agosto de 2023 en las cinco colonias menonitas establecidas en Perú.
La expansión del narcotráfico y de la presencia de cultivos ilegales de coca también han sido un problema este año. El informe de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida) reporta un total de 95 008 hectáreas de superficie cultivada con coca en el 2022 , esto ha significado un crecimiento del 18 % respecto al 2021.
Vásquez, de la Defensoría del Pueblo, señala que las políticas públicas deben estar destinadas a frenar las actividades ilegalidades como el narcotráfico. “Las políticas públicas del Estado deben estar destinadas a atender estos problemas de forma sostenida en el tiempo, pues la ilegalidad actúa frente a la ineficiencia estatal para abordar una problemática”.
Lo peligroso: el ciclón Yaku y el Fenómeno El Niño
En el mes de marzo de 2023, el ciclón Yaku llegó a las costas de Perú. En solo dos semanas, sus efectos fueron devastadores: siete personas fallecidas, 10 723 afectadas, 1500 damnificadas y más de 4500 viviendas dañadas, así como 1000 hectáreas de cultivo afectadas, según información del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN).
Al ciclón Yaku se sumaron otros dos factores, el trasvase de nubes desde la Amazonía y el calentamiento del mar. El resultado fueron lluvias extremas e inundaciones que impactaron en 16 regiones y en más de 400 distritos del país.
“Este año hemos tenido la ocurrencia de estos fenómenos climatológicos caracterizados por el ciclón Yaku, que afectó al Perú a inicios del año, seguido de una sequía o estrés hídrico en toda la zona Alto Andina, no solamente en el Perú sino también en toda la región Latinoamericana, donde se ha visto escasez de agua”, comenta Juvenal Medina, especialista del Centro de Prevención de Desastres (Predes).
Medina agrega que el estrés hídrico ha afectado ecosistemas y poblaciones que han visto diezmadas sus sistemas de producción. “Es un contexto preocupante porque no solamente es el tema del clima, sino también el nivel de vulnerabilidad como sociedad y las debilidades que hacen que los cambios del clima tengan mayores impactos económicos, sociales e incluso políticos”.
Medina agrega: “Debemos trabajar más enfocados en la prevención y crear condiciones seguras y sostenibles, y no solamente actuar en contextos de emergencias, como lo hacemos ahora.”
No solamente es el 2023 un año caliente, sino que es probable que se presenten años calientes consecutivos hasta el 2027, según información de la Organización Meteorológica Mundial. “Tenemos un panorama bastante preocupante con este desorden de clima, particularmente en zonas como la costa norte de Perú, susceptible a la presencia de lluvias”.
En 2023, la sequía en Perú se evidenció durante todo el año, pero tuvo su etapa más crítica en octubre cuando los niveles de los ríos, lagos y lagunas llegaron a cifras muy por debajo de lo normal. Esto intensificó el riesgo de incendios forestales. De acuerdo con el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), por lo menos, 591 incendios forestales ocurrieron en Perú entre el 1 de enero y el 28 de agosto de 2023.
Otro tema que marcó el 2023 fue la presencia del Fenómeno de El Niño.
Para Juan Carlos Riveros, director científico de Oceana, la presencia del Fenómeno El Niño también ha marcado la pauta este año, porque “genera una serie de incertidumbres sobre la pesca”. Riveros comenta que se ha perdido la primera temporada de la pesca de anchoveta, generando crisis para la economía del país, pero también para las 15 000 a 20 000 personas que dependen de la pesca de este recurso.
La anchoveta es una especie fundamental dentro del ecosistema de la Corriente de Humboldt —explica Riveros— pues no solo es importante para producir harina, sino que tiene una función ecológica clave para otras pesquerías, el bonito y la caballa se alimentan de anchoveta y también los lobos marinos y las aves marinas.
Lo crítico: debilitamiento de la legislación ambiental
A lo largo del 2023 el Ejecutivo y el Congreso de la República mantuvieron en agenda una serie de proyectos de ley que ponían en riesgo los bosques, a los pueblos indígenas, las áreas protegidas y los ríos.
Uno de estos polémicos proyectos fue el que buscaba modificar la Ley de Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial (Piaci), una propuesta que pretendía transferir a los gobiernos regionales la decisión de declarar las reservas indígenas. Mientras el proyecto estuvo en debate, colectivos civiles, congresistas y gobernadores regionales llegaron a negar la existencia de estos pueblos indígenas. El julio del 2023, el Pleno del Congreso archivó la propuesta, aunque algunos expertos temen que pueda surgir un proyecto similar.
Otra propuesta que ocasionó polémica fue el proyecto de ley que buscaba cambiar la Ley Forestal y de Fauna Silvestre. Esta propuesta que estaba vigente desde el 2022 se mantuvo en agenda del Pleno del Congreso para ser aprobada por insistencia. Aunque hasta ahora no se ha concretado su aprobación y ya no figura en agenda, podría retornar al debate en cualquier momento.
“Todavía está en discusión, pero no se sabe por qué medio pueda aprobarse”, señala Mariano Castro, director del Programa Unidos por los Bosques de la FCDS Perú.
Otra de las propuestas presentadas este año fue una iniciativa para modificar nueve artículos de la Ley de Áreas Naturales Protegidas y abrir estos espacios a la exploración y explotación de gas y petróleo.
“Esta ley propone la apertura de las áreas naturales protegidas de uso indirecto, es decir, por ejemplo, los parques nacionales, que se abran a la actividad de hidrocarburos. Y pone al Ministerio de Energía y Minas, un sector extractivo, como uno de los actores claves”, señala Cueto.
A esta propuesta se suma la promoción, por parte de PeruPetro, de nuevos lotes de hidrocarburos en la Amazonía y en la costa norte de Perú. “Se proponen lotes en nuevas áreas para la exploración y explotación en Loreto, Ucayali y Madre de Dios. Incluso en Loreto hay lotes superpuestos a zonas de territorios de pueblos indígenas que han sufrido derrames de petróleo”, comenta Cueto.
Para Vladimir Pinto, de Amazon Watch Perú, ha sido preocupante que los derrames de petróleo hayan continuado este año. A ello se debe agregar que la remediación va a paso lento. “Hace muy poco se anunció el inicio de un proceso de remediación de uno de los lugares impactados. Estamos hablando de solo uno entre más de 140 priorizados como muy urgentes y entre más de 3 000 que se han determinado que existen. Por eso digo que es un avance muy muy modesto todavía”.
Para Mariano Castro, otra de las propuestas que causa preocupación es el proyecto de ley que busca establecer nuevas condiciones para el acceso al Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) y dar un nuevo plazo de inscripción a este sistema, una iniciativa que se encuentra en la agenda del Pleno del Congreso de la República. “Creo que en el ámbito de la minería artesanal, junto con el tema del incremento de la criminalidad, están ciertos proyectos de ley que apuntan a abrir nuevamente el Reinfo y que la formalización sea permanente, sin metas, ni plazos”.
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Lo bueno: los proyectos de conservación
Los esfuerzos de conservación de especies amenazadas y de ecosistemas también han sido parte de la agenda ambiental del 2023. Una de estas propuestas es el proyecto de turismo marino en la región Tumbes, en el norte de Perú.
Las investigadoras Rossana Maguiño Napurí y Alejandra Mendoza Pfennig fueron las impulsoras de esta propuesta, pues iniciaron sus trabajos con el tiburón ballena hace casi 10 años. En ese momento, el 2014, las investigaciones sobre esta especie casi no existían. Ahora, el norte de Perú ya es una región reconocida como una nueva área de agregación para los tiburones ballena, donde se busca impulsar el turismo y la conservación de la especie a través de la ciencia ciudadana.
Otra noticia alentadora nos lleva hasta la Amazonía, en el Áreas de Conservación Privada Millpuj La Heredad, en el departamento de Amazonas y cercana a la provincia de Chachapoyas, al norte de Perú. En esta área protegida se han implementado bebederos artesanales automatizados que ofrecen a la fauna silvestre un espacio seguro para beber agua y evitar así que crucen la pista que separa el área protegida del río Utcubamba, la principal fuente de agua en esta zona. Antes de que se establecieran estos pequeños estanques se registraban hasta cinco atropellamientos semanales de diferentes especies en los límites de la reserva, señala Pedro Heredia, responsable de esta reserva. Esta práctica ha permitido que desde el 2022 no ocurra prácticamente ningún atropello en el sector de Milpuj La Heredad.
El biólogo Álvaro García, fundador e investigador principal del centro de investigación y educación ambiental Biodiversidad Sostenible (BioS), explica que el atropellamiento de fauna se suma a las distintas causas de la disminución de las poblaciones de especies silvestres, una amenaza que ha sido poco estudiada en Perú. “El atropellamiento de fauna es difícil de registrar, sobre todo, por la logística que implica. Se deben recorrer tramos de carreteras con frecuencia, en auto o motocicleta, registrando; eso involucra personas, vehículos y mucha gasolina”.
Una tercera experiencia nos traslada al Parque Nacional Sierra del Divisor, donde cinco comunidades indígenas de la región Ucayali aprendieron a usar drones y a realizar lectura de mapas satelitales para proteger al parque nacional de taladores ilegales.
Teddy Cairuna Cauper, monitor ambiental en el parque nacional, usó por primera vez un dron para identificar las zonas deforestadas en su comunidad (Nueva Saposoa), en Ucayali. “Pocos creían en el proyecto porque en ese momento la deforestación era de un 25 % en nuestro territorio [aproximadamente 15 000 hectáreas de bosque], pero trabajamos mucho para reducirlo a cero”, contó el líder indígena.
Por último, la titulación de 12 comunidades del pueblo Ticuna, en la frontera con Colombia y Brasil, en solo 10 meses, ha sido una noticia alentadora. La propuesta surgió de las mismas comunidades y se concretó mediante un modelo de cooperación incluye la participación de las mismas comunidades nativas, los monitores ambientales indígenas, organizaciones indígenas, la organización Rainforest Foundation US (RFUS) y el Gobierno Regional de Loreto.
Esta experiencia empezó en agosto de 2022 y las primeras resoluciones las emitió el Gobierno Regional en mayo de 2023. Los monitores ambientales jugaron un rol decisivo en este proceso de titulación, pues se dedicaron a recorrer los territorios indígenas para definir las fronteras y acceder a su titulación.
Estos cuatro casos son solo una muestra de los esfuerzos que está haciendo la población y las organizaciones ambientales en Perú para lograr algunos avances en la conservación de ecosistemas e incluso para superar problemas que no atiende el Estado como la titulación de territorios indígenas.
Imagen principal: Balsas mineras juntas y en plena explotación en el río Cenepa. Foto: Luis Taijin.
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