- La legislación ambiental peruana empieza el año 2024 seriamente debilitada tras la aprobación de la modificación de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre que, según expertos, abre el paso a la deforestación ilegal.
- La agenda de este año tiene entre sus temas prioritarios los impactos que ocasionará el Fenómeno El Niño, así como atender los efectos ocasionados por el cambio climático en el país.
A pocos días de terminar el 2023, el Congreso de la República le dio un golpe a los bosques y a la Amazonía en Perú. En la penúltima sesión del Pleno, se aprobó por insistencia varias modificaciones a la Ley Forestal y de Fauna Silvestre que, de acuerdo con expertos y organizaciones ambientales, significa abrir las puertas a la deforestación y a las actividades ilícitas. Así, la legislación ambiental peruana empieza el año 2024 seriamente debilitada.
Un panorama que preocupa es la presencia del Fenómeno El Niño frente a las costas peruanas. Según el último informe de la Comisión Multisectorial del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) se espera que los efectos de este fenómeno climático continúen por lo menos hasta inicios de otoño de 2024.
Otro tema que debería marcar la agenda este 2024 es la implementación de políticas de Estado para la protección de defensores ambientales y de territorios indígenas que viven bajo constante amenaza del crimen organizado. Las mafias relacionadas con la minería ilegal, la tala realizada fuera de la ley, el narcotráfico y el tráfico de tierras se han instalado en la Amazonía peruana y desde el año 2020 han acabado con la vida de por lo menos 15 defensores ambientales; 11 de ellos son líderes indígenas, según el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
El cambio climático y los compromisos internacionales asumidos por Perú para la mitigación y adaptación ante el calentamiento global también son una prioridad para el 2024, sobre todo, porque sus impactos han empezado a sentirse con mayor fuerza en el país. ¿Cuáles son los desafíos ambientales que Perú deberá abordar este 2024? Expertos consultados por Mongabay Latam responden a esta pregunta.
1. Fortalecer una legislación ambiental debilitada
La aprobación de la modificación de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre marca un punto de quiebre para la política ambiental en Perú. “La preocupación principal es que esta nueva norma serviría para legalizar toda la deforestación ilegal que se ha dado en Perú en los últimos años, sin discriminar de donde viene, en qué condiciones y con qué agravantes”, dice Julia Urrunaga, directora en Perú de la Agencia de Investigación Ambiental (EIA, por sus siglas en inglés). “Lo que está haciendo es eliminar los requisitos para realizar un desbosque autorizado como indica la ley”, agrega Urrunaga.
El cuestionamiento principal a los cambios en la Ley Forestal se refiere a la disposición que permitirá el cambio de uso de suelo sin que se realice un estudio de clasificación de tierras para determinar si éstas tienen aptitud forestal o agrícola, un requisito que hasta ahora era indispensable. Esto significa que no será necesario un informe preliminar para autorizar que un bosque sea talado para convertirse en tierra destinada a la agricultura.
Esta iniciativa legislativa fue aprobada inicialmente el 7 de julio del 2022, pero fue observada por el Ejecutivo en agosto del mismo año. Tras un nuevo debate en el Congreso, el proyecto fue archivado en marzo de 2023, sin embargo, la congresista de Fuerza Popular, Nilza Chacón, solicitó su reconsideración para que se apruebe por insistencia.
“Aprobar una norma de este tipo, que legaliza la deforestación ilegal y que promueve actividades ilegales en los bosques es un nuevo ataque a tantos defensores ambientales, muchos de ellos indígenas, que han sido asesinados por las mafias vinculadas a esas actividades ilegales”, comenta Urrunaga.
En un comunicado, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) rechazó la aprobación de esta ley porque “representa un grave peligro para los pueblos indígenas y promoverá la deforestación a gran escala de la Amazonía”.
Aidesep señala también que “se trata de una ley en contra de los pueblos indígenas” y que “pone en riesgo los bosques, la diversidad biológica y, sobre todo, vulnera nuestros derechos colectivos como pueblos indígenas”.
Profonanpe, el fondo ambiental del Perú, la Defensoría del Pueblo y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Perú, manifestaron su rechazo a “la norma que pone en riesgo a la Amazonía y comunidades indígenas”. Varias organizaciones ambientalistas también cuestionaron la aprobación de esta norma.
Las congresistas Ruth Luque y Susel Paredes, de la bancada Cambio Democrático – Juntos por el Perú, presentaron dos pedidos de reconsideración de la aprobación de esta norma. Las solicitudes fueron admitidas y, de acuerdo al Reglamento del Congreso, debían someterse a votación en el Pleno del Parlamento que retoma sus actividades en marzo de 2024.
El miércoles 10 de enero de 2024, el presidente del Congreso, Alejandro Soto, del partido Alianza para el Progreso, firmó la norma y ordenó su publicación y entrada en vigor, sin tomar en cuenta los pedidos de reconsideración admitidos anteriormente. El mismo día, ambos documentos que aparecían en la web del Congreso, fueron eliminados.
A través de su cuenta de X (antes Twiter) las congresistas Luque y Paredes pidieron explicaciones al presidente del Congreso. Luque también indicó que ha presentado un oficio señalando irregularidades en la tramitación de esta norma.
En el Congreso también está en agenda otro controversial proyecto de ley. En este caso se trata de la propuesta para establecer nuevas condiciones para el acceso al Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) y, además, ampliar su duración.
El Reinfo se creó en el año 2017 y el plazo para cerrar el proceso de formalización de la pequeña minería y minería artesanal debía culminar el año 2020. Sin embargo, el Congreso de la República ha extendido este plazo en varias oportunidades, frenando de esta forma que se culmine con el proceso de formalización minera.
“Hay temas en agenda que implican mucho más dinero en juego, como es la reapertura del Reinfo para mineros ilegales, que era temporal, pero lleva más de 10 años prorrogando indefinidamente. En la práctica lo que ocurre es que quien está inscrito en el Reinfo queda cubierto por un manto de impunidad, es intocable para las autoridades. Minero ilegal que está inscrito en el Reinfo, puede actuar sin que nadie lo toque. Esto obviamente afecta y limita el trabajo de los fiscales y jueces que están exponiendo sus propias vidas para luchar con este delito conectado a redes de crimen organizado”, dice Urrunaga, de EIA.
Lissette Vásquez, adjunta en Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo, también menciona la formalización minera como un tema pendiente para el 2024. “La Defensoría está alistando una supervisión a las entidades competentes para enfrentar la lucha contra la minería. En las próximas semanas estaremos supervisando a los gobiernos regionales de todo el país para saber cómo están realizando sus funciones en la formalización minera”.
Vásquez señala que, sobre la base de esa supervisión, la Defensoría preparará un paquete de recomendaciones a todas las entidades que tienen competencias en la actividad minera. Hace algunos años se emitieron un conjunto de decretos legislativos para abordar la política pública en torno a la minería ilegal. “Han pasado más de 10 años desde la emisión de esos decretos legislativos y es importante hacer un balance respecto de cómo estamos ahora, de cara al año 2024, qué tanto hemos avanzado o qué tanto hemos retrocedido. ¿Estamos exactamente en la misma situación o estamos peor? Ese balance es el que espera el sector”.
José de Echave, investigador de la organización Cooperacción y exviceministro de Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiente de Perú, considera prioritario “detener toda la gran ofensiva que se está haciendo para debilitar la institucionalidad ambiental”. Es una institucionalidad precaria —dice De Echave— pero ha costado crearla.
2. El camino para enfrentar a las economías ilegales
La presencia de economía ilegales y del crimen organizado, principalmente en la Amazonía peruana, se hizo evidente durante el 2023. Los asesinatos de líderes indígenas que se enfrentaron a actividades ilícitas como el narcotráfico y la minería y tala ilegal fueron una muestra, una vez más, de cómo la criminalidad está copando más espacios en Perú.
Lissette Vásquez, de la Defensoría del Pueblo, menciona que muchos delitos ambientales están asociados a las actividades extractivas ilegales, como es el caso de la minería ilegal, que además está vinculada a otros problemas como la trata de personas y explotación sexual y laboral. “Es una problemática que se tiene que abordar de manera multisectorial. Tiene que haber una coordinación interinstitucional, pero que no solo se impulse por unos meses o cuando salga la noticia de una muerte, sino con políticas públicas sostenidas en el tiempo”.
Vásquez señala que es un tema que se debe abordar de forma prioritaria. “Estamos hablando de que en todas las regiones del país existe ya sea minería informal o ilegal y que se generan vulneraciones de derechos de las personas, hablamos de personas defensoras que son estigmatizadas, amenazadas y que han perdido la vida. El medio en el que vivimos viene siendo amenazado e impactado, y es momento de reflexionar si como país estamos haciendo lo suficiente para enfrentarlo”.
Para Mariano Castro, director del Programa Unidos por los Bosques de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS) Perú, el crimen organizado también debe abordarse con una mirada regional: “El crimen transnacional fue priorizado en la Cumbre Amazónica. Esperamos que el abordaje sea a nivel regional, y que, además, involucre a los países consumidores que están presionando negativamente sobre la vida, el ambiente, la salud y la vulnerabilidad de nuestro país. Esperamos que los acuerdos se concreten, creo que ahí hay un punto que hay que seguir impulsando”.
La Cumbre Amazónica se realizó en Belém, en Brasil, en agosto de 2023. La cita reunió a los jefes de estado de los países amazónicos, quienes luego de dos días de reuniones emitieron la Declaración de Belém, un documento con 113 puntos divididos en 18 segmentos y que incluyen temas como cambio climático, protección de los bosques, cooperación policial, judicial y de inteligencia en la lucha contra las actividades ilícitas, economía para el desarrollo sostenible y derechos humanos.
En la Declaración de Belém se abordó, por primera vez, un artículo específico sobre “la situación actual de los fenómenos delictivos y del crimen organizado transnacional en la Amazonía”. En este segmento se propone una reunión de ministros y autoridades en materia de seguridad pública de los Estados Parte que deberá realizarse en Colombia, así como la promoción del intercambio de información y la cooperación policial y de inteligencia, para combatir los delitos ambientales.
En el caso de la tala ilegal, Julia Urrunaga considera que un tema pendiente es la trazabilidad de la madera, es decir, conectar un producto con su punto de origen para verificar la legalidad. “Nosotros venimos presionando con la trazabilidad para la madera durante muchos años, pero obviamente ahora, con la nueva ley de la Unión Europea, eso también aplica a los demás commodities que se cultivan en tierras que podrían estar deforestadas… se debe demostrar en esa cadena de comercialización de qué productor o de qué parcela está viniendo ese producto”, explica Urrunaga. La norma que menciona Urrunaga fue aprobada en abril de este año por el Parlamento de la Unión Europea y prohíbe las importaciones de café, cacao, carne de ganado vacuno, soya, aceite de palma y una serie de sus derivados (madera, caucho, carbón vegetal y papel impreso) que estén relacionados o hayan sido obtenidos de bosques deforestados.
“Es urgente contar con sistemas de trazabilidad desde el punto de producción de extracción de la madera hasta el container de exportación que, además, con la tecnología que tenemos actualmente, son cada vez más simples, baratos y asequibles”, menciona Urrunaga.
Perú necesita un sistema de trazabilidad eficiente y de acceso público, continúa Urrunaga. “Cada vez más, los compradores internacionales no van a adquirir los productos de lugares en los que no pueden verificar los puntos de extracción. Vamos a quedar fuera del mercado o vamos a quedar vendiendo a países en los que no les importa de dónde proviene el producto”.
3. Urge protección para líderes indígenas
“Lamentablemente el Congreso de la República denegó ratificar el Acuerdo de Escazú. Perú sigue al margen de la ratificación de este acuerdo por intereses empresariales, pues han dicho que este acuerdo quitaba la autonomía a los gobiernos regionales de controlar los territorios. La contra campaña fue muy fuerte de tal manera que el proyecto quedó archivado”, señala Robert Guimaraes, expresidente de la Federación de Comunidades Nativas del Ucayali y Afluentes (Feconau). “Considero que es un tema que debe volver a la agenda del país”, agrega.
El Acuerdo de Escazú es un tratado para América Latina y El Caribe que promueve el derecho de acceder oportuna y efectivamente a la información ambiental, participar en la toma de decisiones que afecten el ambiente y acceder a la justicia para asegurar el cumplimiento de las leyes y derechos ambientales en los países de la región.
En septiembre de 2018, Perú firmó dicho tratado junto con otros 15 países de la región. Sin embargo, para que éste pueda implementarse en cada país, debe ser ratificado por el Congreso de la República. En el caso de Perú, el Parlamento archivó el proyecto de ley para su ratificación en dos oportunidades. La primera vez fue en octubre de 2020 y la segunda vez ocurrió en julio de 2022.
Guimaraes también habla sobre los mecanismos que se deben implementar para la protección de los territorios indígenas y de los defensores ambientales, quienes “son los actores principales en la protección del bosque”, señala. El líder indígena pone como ejemplo lo que está sucediendo en su comunidad, Flor de Ucayali. “Es una comunidad que le ha dicho no al narcotráfico y viene enfrentando amenazas colectivas e inseguridad en el propio territorio comunal. Esto debe llamar la atención al Estado, a los organismos de derechos humanos y a las entidades financieras para poner la mirada en las comunidades que están enfrentando amenazas”.
De acuerdo con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 15 líderes indígenas y defensores ambientales han sido asesinados entre los años 2020 y 2023, de ellos, 11 han sido líderes indígenas. El líder kichwa Quinto Inuma Alvarado, presidente de la comunidad Santa Rosillo de Yanayacu, en San Martín, fue asesinado el 29 de noviembre de 2023; mientras que 8 de abril de 2023 acabaron con la vida del líder indígena asháninka Santiago Contoricón, reconocido por su intenso trabajo en la defensa de su pueblo como dirigente del Comité de Autodefensas del Río Tambo, en la selva central de Perú, además de ser un líder histórico que enfrentó al terrorismo en la década de los años ochenta.
Para Julia Urrunaga, directora en Perú de EIA, es importante que este año se active un mecanismo que ofrezca protección real a los defensores ambientales mientras están vivos. “Por un lado, necesitamos que se investiguen los asesinatos y los ataques, pero sobre todo debemos protegerlos mientras están vivos y eso, claramente, no está funcionando. No hay ningún interés y no hay presupuesto. Tener una norma que permita la activación de un mecanismo de protección sin los presupuestos necesarios es una burla”.
4. Atender los efectos del Fenómeno El Niño
El 2024 empieza en Perú con dos fenómenos climatológicos frente a las costas peruanas. El primero es el Niño Costero, que corresponde al calentamiento del mar en la zona más próxima al litoral norte y central del país; el otro es el El Niño global, es decir, el calentamiento del mar en la zona del Pacífico central. Ambos eventos impactan en Perú.
En el último informe de la Comisión Multisectorial del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen), emitido el 15 de diciembre de 2023, se indica que “es más probable que predominen condiciones cálidas moderadas hasta febrero de 2024”. El reporte también señala que la magnitud más probable de El Niño costero es moderada en un 54 %. En cuanto al Niño del Pacífico Central o Niño global, el comunicado del Enfen señala que las magnitudes más probables son de 45 % que sea fuerte y 41 % moderada.
“De acuerdo al pronóstico estacional enero-marzo 2024, persistirían las condiciones cálidas de la temperatura del aire a lo largo de la costa norte y centro. Es más probable que las lluvias en la costa norte y sierra norte registren valores entre normal y sobre lo normal, principalmente en enero; sin embargo, no se descartan eventos puntuales de lluvias fuertes en estos sectores como parte de su estacionalidad. En el sur del país se prevén lluvias por debajo de lo normal en la región andina, particularmente en la sierra sur oriental”, señala el comunicado.
Andrea Collantes, especialista en ecosistemas frágiles marino-costeros del Programa de Bosques y Servicios Ecosistémicos de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) considera que este año se debe priorizar la atención de los efectos por el Fenómeno El Niño. “Definitivamente la afectación se va a dar, pues los cambios en las condiciones del mar ya están dadas. Eso significa cambios en la estructura de las poblaciones de especies marinas, puesto que hay especies cuyo tamaño varía ante la presencia de El Niño”, indica la bióloga citando como ejemplo, las conchas de abanico que, según explica, crecen más rápido, pero alcanzan dimensiones menores de las habituales.
Hay especies que se adaptan rápidamente ante esta variabilidad —explica Collantes— mientras que otras simplemente migran, por tanto, cuesta más reponerse ante esta variabilidad. “Es importante saber cuál será la actuación de Produce [Ministerio de la Producción] frente al tema pesquero. Se sabe que habrá más varazones. También habrá afectación de lobos marinos y aves marinas. Entonces se debe articular entre organizaciones sociales, grupos de conservación, gobiernos locales, regionales y universidades para que se establezca un protocolo de actuación frente a estos varamientos”.
Juvenal Medina, especialista del Centro de Prevención de Desastres (Predes), señala que, de acuerdo con las instituciones nacionales e internacionales que monitorean el Fenómeno El Niño, “vamos a tener que afrontar una emergencia”.
Lo que toca hacer en el tiempo del que disponemos hasta que se presente el problema —agrega Medina— es impulsar una planificación de acciones correctivas, no solamente para atender lo dañado y resanar las heridas, sino también entender que esto es un problema estructural, que requiere soluciones de fondo y no solamente paliativos para pasar la temporada crítica, como estamos haciendo ahora. “Hay que ver la forma de crear condiciones seguras a través de medidas estructurales más decididas, que sean sostenibles en el tiempo, pero también, ver la forma de reordenar el uso del del territorio. Esto nos lleva a ver quiénes deben ser los que gestionan el territorio, cuál es el perfil de una autoridad local, de un alcalde, de un gobernador para promover el desarrollo en un territorio altamente susceptible a todos estos fenómenos”.
Para Medina es crucial incluir la gestión ambiental y la gestión de riesgo de desastres en la agenda política y en la agenda electoral. “Vamos a tener elecciones el 2026 y debemos saber qué perfil de candidatos debemos tener y debemos incorporar estos problemas”.
Un análisis de las Naciones Unidas sobre la gestión del riesgo en América Latina concluye que el riesgo en la región está en ascenso pese a los esfuerzos y acciones en distintos países, resalta Medina. “¿Esto qué refleja?, por un lado, que aquello que estamos haciendo no es lo correcto y no estamos enfocando bien los esfuerzos. Por otro lado, también sabemos que hay un crecimiento poblacional en todos los países, un crecimiento con mayores condiciones de riesgo, porque existe infraestructura que se construye que no está bien ubicada ni planificada, por lo tanto, el resultado es un país que crece vulnerable y en riesgo”.
Medina insiste que se debe pensar más allá de la emergencia. “Conocemos los efectos de El Niño 1982-83 y 1997-98 y lo que estamos viviendo ahora son situaciones muy similares, pero como que no hay lecciones aprendidas, porque solamente hemos aliviado, hemos reconstruido, hemos rehabilitado en la misma condiciones vulnerables. Eso no debe seguir así. Quienes gobiernan el país tienen que cambiar de estrategia y tenemos que exigir a quiénes elegimos como nuestras autoridades que también tengan un planteamiento sobre estos temas”.
5. Una mirada a la crisis climática y la transición energética
La cumbre de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, COP28, realizada en diciembre de 2023 en Dubai, culminó con un acuerdo en el que se reconoce la necesidad de dejar atrás los combustibles fósiles y avanzar hacia las energías renovables y limpias.
En Perú, el camino hacia el cambio de matriz energética, sin embargo, aún es incierto. Vladimir Pinto, representante de Amazon Watch en Perú, señala que se trata de “un tema muy complicado”, pero que, sin embargo, “debería iniciarse un debate a fondo sobre la transición energética en el país”.
Pinto explica que las inversiones de los hidrocarburos en Perú, sobre todo en la Amazonía norte y en la costa norte, han sido tan críticas durante todas estas décadas que, lejos de estar impulsando más actividad petrolera sobre la base de la misma infraestructura jurídica y la misma infraestructura física como el oleoducto, el país debería estar diseñando políticas para ir cambiando la matriz energética.
Aunque hay una conciencia global sobre la necesidad de la transisicón energética, Pinto señala que asume que ese cambio será dentro de unos 30 a 40 años. “En el cortísimo plazo lo que quieren es explotar al máximo las reservas disponibles de petróleo y gas. Es una paradoja, porque el tener una mayor conciencia sobre la transición energética está llevando al mundo a que haya una pretensión de explotar más rápido todo lo que queda de combustibles fósiles. Y, lamentablemente, el Estado peruano está completamente subido en esa ola”.
Durante 2023, PeruPetro —empresa que en representación del Estado peruano está a cargo de la exploración y explotación de hidrocarburos— se encargó de poner en promoción 31 áreas con potencial de extracción de hidrocarburos. De ellas, seis se ubican en el mar peruano, frente a las costas de Tumbes, La Libertad, Áncash y Lima; mientras que otras 25 están en las regiones amazónicas de Loreto, Ucayali y Madre de Dios.
José De Echave, investigador de la organización Cooperacción, menciona otro de los problemas que enfrenta Perú con respecto a la crisis climática y que será clave este 2024 y los años siguientes: la seguridad hídrica.
“Alrededor del agua estamos poniendo en riesgo la viabilidad de buena parte del país. La seguridad hídrica entendida como la disponibilidad en cantidad y calidad aceptables de agua para la salud, para los medios de subsistencia, para los ecosistemas, para la producción y, por supuesto, para las personas, es un tema fundamental para el país, pero estamos lejos de lograr una seguridad hídrica en Perú y no veo voluntad política para colocar ese tema en el centro de la discusión”, comenta De Echave
Creo que es una prioridad —continúa De Echave— y lo menciono porque todo indica que este año se va a manifestar, debido a la presencia del Fenómeno El Niño, lluvias torrenciales en la costa del norte y central del país, y sequías en las zonas altoandinas. “Somos el país con la más baja capacidad de almacenamiento de agua de América Latina. Y no solamente porque no tenemos las fuentes suficientes, sino que las empresas que tenemos, encargadas de almacenar el agua, están colmatadas y ya no almacenan la cantidad que deberían. Es un tema fundamental y creo que no se está viendo la importancia del tema del agua”.
De Echave recuerda lo que sucedió en Montevideo, la capital de Uruguay, que en 2023 fue la primera capital del mundo que se quedó sin agua potable, porque “vivió tres años de sequía”. Algo similar podría ocurrir con Lima, menciona el experto de Cooperacción, debido a que las lagunas que alimentan de agua a Lima están por debajo de los niveles de años anteriores.
“En Lima hay casi 700,000 personas que no tienen acceso al agua potable, por tanto, se tiene que seguir construyendo más infraestructura para abastecer de agua”, señala De Echave, coautor del libro La mina Ariana y la amenaza al agua de Lima y Callao, una reciente publicación en donde se menciona que Perú es uno de los cuatro países de América Latina que enfrenta una grave situación de vulnerabilidad hídrica.
Según esta publicación, uno de los factores que explica esta situación es “la distribución heterogénea disponible a lo largo de todo el territorio: aunque en la costa peruana se concentra algo más del 70 % de la población y se desarrollan las principales actividades productivas y de servicio, en esta región apenas se cuenta con el 1.8 % del total del agua disponible”.
En septiembre de 2023, el Estado peruano declaró en emergencia por déficit hídrico a 544 distritos de 14 departamentos del país. “Somos un país que está declarado en estrés hídrico, tenemos una baja capacidad de almacenamiento de agua y no protegemos adecuadamente nuestras zonas productoras de agua”, concluye De Echave.
* Imagen principal: puesta de Sol sobre la Amazonía peruana. Foto: Jason Houston/Upper Amazon Conservancy.
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