- Líderes indígenas, defensores del territorio y comunidades enteras fueron víctimas de los grupos del narcotráfico y de los intereses de industrias extractivas y economías ilegales.
- Estas fueron las historias que marcaron un año complicado para los pueblos indígenas que, pese a las amenazas, lograron avances importantes en materia de conservación y protección de la naturaleza.
El 2023 significó un año más de desafíos para los pueblos indígenas latinoamericanos. Además de los problemas estructurales derivados de la marginación, pobreza y acceso a derechos, se ha intensificado la violencia en contra de sus territorios, comunidades y, particularmente, contra sus defensores.
Este año, en Mongabay Latam hemos investigado y documentado la presencia de industrias extractivas y actividades ilícitas en territorios indígenas a lo largo y ancho de la región: petroleras, minería, tala, ganadería y cultivos del crimen organizado se disputan el control de estos espacios, colocando a los pueblos indígenas en una situación crítica.
A pesar del peligro y los riesgos que implica hacerle frente a estos intereses, varias comunidades han demostrado, una vez más, que a través de la organización es posible proteger a la naturaleza. Por eso, este año también surgieron propuestas y proyectos desde los territorios que reavivan la esperanza en temas como la conservación de las especies, la recuperación del agua y la protección de los bosques.
Particularmente, las mujeres indígenas han demostrado que sin su trabajo, muy probablemente, los bosques que hoy conocemos en el planeta no serían los mismos. Sus acciones han sido fundamentales para la defensa de los territorios, no sólo para el bienestar de sus pueblos, sino para la vida en el mundo. Con todo y los retos que implica una tarea de tal magnitud, las mujeres indígenas no se han rendido y, por el contrario, han construido redes de autocuidado para ellas y sus familias. Han enseñado a sus hijas e hijos que, sin la naturaleza, no hay futuro.
Este es un recuento de la cobertura que Mongabay Latam realizó durante el 2023 para documentar las experiencias de los pueblos indígenas frente a un panorama adverso.
Los riesgos para los defensores indígenas
La violencia, en sus múltiples manifestaciones, no ha dado tregua a los pueblos indígenas de la región. En México, al menos 93 personas defensoras del medio ambiente y el territorio han sido víctimas de desaparición desde el 1 de diciembre de 2006 hasta el 1 de agosto de 2023. De ellas, 62 pertenecen a un pueblo indígena. La mayoría son nahuas, aunque también hay yaquis, mixtecos, wixárikas, purépechas, zapotecas y rarámuris.
Estos datos forman parte de una investigación colaborativa, resultado de la alianza periodística entre Mongabay Latam, Quinto Elemento Lab y A dónde van los desaparecidos. El reportaje ofrece una dimensión de la creciente violencia que enfrentan quienes defienden los ríos, bosques, cerros y todo aquello que da vida a un territorio, y apunta que la desaparición se ha ejercido en México, especialmente, en los territorios donde hay presencia de minería, tala y crimen organizado. Además, en los últimos años, las agresiones también se han extendido hacia las familias y comunidades de los defensores, lo que ha provocado procesos de desplazamiento forzado y poblados que han quedado abandonados.
En entrevista con Mongabay Latam, Laura Furones —asesora de campañas para la organización Global Witness— sostuvo que la violencia de la desaparición cometida en contra de las personas defensoras del territorio, particularmente las indígenas y campesinas, busca instaurar el terror en sus luchas.
“En cierto modo es una violencia más perversa que un asesinato, porque la desaparición coloca a la persona en una especie de limbo y mantiene a las familias en vilo un día tras otro, en una incertidumbre sostenida en el tiempo. Esa es una forma de terror, con consecuencias muy fuertes para la familia de los defensores, pero también para una comunidad”, explicó la experta.
Los asesinatos de líderes indígenas continuaron como una terrible constante en el 2023. En países como Colombia, estos hechos han infundido terror en las comunidades indígenas, en donde la presencia de grupos armados ha transformado su forma de vida. La investigación especial titulada Los cuidadores del Amazonas que ahora deben ser cuidados narra los casos de cuatro resguardos indígenas y dos parques naturales por donde grupos disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) han extendido sus operaciones. Allí reclutan a los adolescentes y jóvenes de las comunidades indígenas, y ejercen un control del que pocos quieren hablar. La zona, ubicada en la frontera con Brasil, es considerada estratégica para el paso de cocaína y marihuana. Tal es el caso del Resguardo Curare Los Ingleses, en donde el asesinato del promotor de salud y líder indígena Custodio Yucuna, ocurrido en el mes de junio, causó dolor, conmoción y miedo en la comunidad y en la organización indígena en la que participaba.
Lo mismo ha ocurrido en Perú. El asesinato de líder indígena Quinto Inuma develó el nivel de amenaza que enfrentan defensores ambientales en las regiones amazónicas. El 29 de noviembre de este año, fue emboscado por hombres encapuchados que le dispararon varias veces y acabaron con su vida, en un contexto donde están presentes las invasiones, tráfico de tierras, el narcotráfico y la tala ilegal, actividades que él venía denunciando.
El asesinato de Higinio Trinidad de la Cruz prendió nuevamente las alarmas en México. En la Sierra de Manantlán, el defensor del territorio primero fue desaparecido y, un día más tarde, localizado sin vida. El Estado mexicano no lo protegió. Fue asesinado a pesar de ser beneficiario del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras del gobierno federal. Este hecho sucedió en un contexto donde la tala, la minería ilegal y el control del territorio por parte de grupos del narcotráfico son cosa de todos los días.
En Nicaragua, los asesinatos de defensores indígenas han sido múltiples. Uno de ellos ocurrió el 11 de marzo de 2023. La comunidad indígena mayangna Wilú, ubicada en la zona núcleo de la Reserva de la Biósfera Bosawas, fue atacada por aproximadamente 60 personas no indígenas fuertemente armadas. El resultado fue el asesinato de cinco comuneros mayangna de entre 20 y 45 años de edad, dos más resultaron heridos y todas las casas —a excepción de la escuela y la iglesia de la comunidad— fueron incendiadas. Esta fue la tercera masacre ocurrida al interior de la reserva, un área protegida y amenazada por la deforestación y la minería ilegal de oro.
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Las amenazas a los territorios
La Amazonía es una enorme región codiciada por múltiples intereses y en el frente de defensa se encuentran los pueblos indígenas. Las actividades extractivas, ya sea legales o ilícitas, están poniendo en riesgo tanto a la biodiversidad, como las formas de vida de las comunidades que habitan esa gran selva.
La investigación colaborativa Las deudas del petróleo arrojó luz a una problemática añeja: los impactos de la actividad petrolera en Ecuador, Colombia, Bolivia y Perú. Mongabay Latam, en alianza con Rutas del Conflicto, Cuestión Pública, La Barra Espaciadora y El Deber, develaron que existen más de 8 000 puntos contaminados que, aunque han sido identificados por los gobiernos, en su mayoría no han sido remediados. Lo que el equipo de periodistas encontró fueron piscinas de petróleo olvidadas en territorios amazónicos, suelos contaminados, pozos abandonados y humedales cubiertos por crudo. Comunidades indígenas han lidiado con estos problemas, cuando menos, durante 50 años.
La deforestación también continúa arrasando con los territorios amazónicos. En el Parque Nacional Otishi, en Perú, territorio asediado por focos de depredación forestal y sembríos ilícitos, se registraron —sólo entre enero y agosto de este año— 22 hectáreas afectadas por la pérdida forestal, según cifras oficiales. Para buscar soluciones a esta situación, cinco pueblos indígenas Asháninka se están capacitando para monitorear la actividad en sus bosques y alertar ante posibles amenazas.
En la región amazónica de Colombia, durante los últimos cinco años, se han reportado al menos 15 amenazas contra los guardaparques que vigilan las áreas protegidas. Estos hechos se suman a las salidas de personal por la violencia, la quema y saqueo de cinco puestos de control, y las muertes de habitantes registradas entre 2008 y 2011. Incluso, en algunos casos, las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) ordenaron la salida de los guardaparques y los declararon objetivos militares.
En ese mismo contexto, el Parque Nacional Natural La Paya es asediado por la deforestación asociada a las economías criminales. Los indígenas siona aseguran que esta actividad no respeta su cosmogonía ni el área protegida. “Nosotros los indígenas siona no queremos que haya más tala de bosque. Nosotros obtenemos de él la alimentación, la medicina y eso no lo queremos más en nuestro resguardo”, dice Javier, un líder de la zona del que se protegió su verdadero nombre por seguridad.
La presencia de colonias menonitas en territorios indígenas colombianos también fue una constante en 2023. La ocupación irregular del territorio y la acumulación de tierra por estos grupos ha llegado, incluso, al extremo de desalojar familias indígenas de sus comunidades. Tal fue el caso de Ramón Estrada, líder indigena sikuani, quien fue desalojado junto con su comunidad en febrero de 2023 de una tierra llamada Malabar, en Puerto Gaitán, Meta. Él y las demás familias de la comunidad Tsabilonia fueron sacadas por la fuerza pública y la Alcaldía del municipio del que aseguran siempre fue su territorio ancestral. La colonia menonita que se había asentado en esas tierras en 2015 y que estaba explotando ese predio, se presentó el día del desalojo. Al menos una buena noticia este año fue que, meses más tarde del desalojo, el 26 de septiembre de 2023, el Congreso colombiano abordó la problemática y recuperó las tierras de Malabar y de dos predios más en la misma situación.
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La esperanza y los logros
El 20 de agosto de 2023 será recordado como el día en que los ecuatorianos dieron un paso decisivo para el futuro del Parque Nacional Yasuní, ubicado en la Amazonía ecuatoriana. El objetivo era lograr, a través de una consulta popular, que las reservas de petróleo del bloque ITT, dentro del parque, permanezcan en el subsuelo de forma indefinida y que la industria petrolera se retire del área natural protegida. Los pueblos indígenas representaron un frente muy importante para lograr que el 59 % de los votantes se pronunciaran a favor de esta demanda histórica.
Hablamos con Nemonte Nenquimo, una de las lideresas más visibles en la defensa de la Amazonía ecuatoriana contra la explotación petrolera. En entrevista resaltó que 50 años de actividad de esta industria no han dejado desarrollo en el país, sino “destrucción, contaminación, enfermedades y división”. Sin embargo, aún con la consulta popular ganada, el Estado ecuatoriano ha dilatado el cumplimiento de la consulta e incluso el presidente Guillermo Lasso calificó los resultados como un “suicidio” para el país.
Con todo, los logros para proteger otros territorios amazónicos en Ecuador, han mostrado avances y las mujeres indígenas han encabezado varios de estos procesos. Aún con la carga que representan el machismo y la violencia dentro y fuera de sus comunidades, así como la discriminación y las desigualdades estructurales, han cargado con el peso del bienestar de sus pueblos y del planeta entero.
Teresa Chiriapa, defensora del territorio indígena Achuar, es uno de esos ejemplos. Aún cuando su casa fue incendiada al convertirse en la primera presidenta de su comunidad, logró proteger 50 000 hectáreas de bosque en Mashientz, un pueblo enmarcado por el afluente del río Pastaza y conformado por 35 familias. El 24 de febrero de 2023, firmó el convenio de conservación del Programa Socio Bosque, iniciativa del Gobierno de Ecuador que otorga incentivos económicos directos para las comunidades, a cambio de su compromiso de conservar áreas de bosque, en un territorio amenazado por la deforestación provocada por la extracción de madera.
Las juventudes indígenas han demostrado que otro futuro es posible. Incluso la Organización de las Naciones Unidas (ONU) dedicó el Día Internacional de los Pueblos Indígenas 2023, a visibilizar los esfuerzos de este sector en materia de conservación de la naturaleza. En sus territorios, comúnmente amenazados por empresas extractivas y megaproyectos que ponen en riesgo a la biodiversidad y los derechos de sus pueblos, este grupo de la población ha liderado iniciativas que dan esperanza al ofrecer alternativas que contribuyen a la sostenibilidad. Por esta razón han luchado también por ser reconocidos y obtener espacios para la toma de decisiones en sus países, así como en los grandes foros internacionales.
La titulación de tierras ancestrales también es una buena noticia para los pueblos indígenas cuando, tras largas y difíciles batallas, se concreta. En Perú, país en donde los procesos de titulación de tierras suelen durar años e incluso décadas, esta vez, un trabajo coordinado entre autoridades, federaciones indígenas, organizaciones civiles y las comunidades consiguió solucionar los conflictos por el territorio en sólo diez meses en la Triple Frontera, una zona donde confluyen territorios de Perú, Colombia y Brasil y que está amenazada por actividades ilegales y el crimen organizado. Ahora 12 comunidades del pueblo ticuna tienen sus títulos de propiedad, algunas por primera vez y otras como rectificación de los límites de sus territorios titulados hace varios años, pero que hasta ahora no habían pasado por el proceso de georreferenciación.
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Las movilizaciones y las demandas de los pueblos
En abril de este año se realizó la Conferencia de las Partes (COP2) del Acuerdo de Escazú. En el encuentro, que ocurrió en Buenos Aires, Argentina, diversos líderes indígenas solicitaron mayor participación en el planeamiento de las acciones de este tratado internacional que incluye la protección de los defensores ambientales. El instrumento establece que cada estado parte deberá garantizar un entorno seguro a las personas que defienden los derechos en asuntos ambientales, considerando que América Latina es la región más peligrosa para activistas ambientales, según Global Witness, organización que desde 2012 documenta este tipo de violencias.
Precisamente, en Venezuela, más de 30 organizaciones ambientales y de derechos humanos pidieron que este país firme el Acuerdo de Escazú, al que simplemente decidió no adherirse. De acuerdo con estas organizaciones, Venezuela presenta una violencia creciente contra los defensores del territorio, en particular, de líderes indígenas en los últimos años y las formas de violencia que enfrentan incluyen asesinatos, agresiones y hostigamientos. Su petición estuvo enmarcada en la conmemoración de un año del asesinato del líder indígena uwottuja Virgilio Trujillo —ocurrido en junio de 2022—, quien se oponía a la minería ilegal en el estado Amazonas.
A nivel internacional, las demandas de las mujeres indígenas también fueron el foco de atención este año. En septiembre, la III Marcha Mundial de Mujeres Indígenas reunió en Brasil a más de 8 000 mujeres indígenas de diversos países, incluidos México, Ecuador, Perú y Guatemala. Uno de los objetivos fue acompañar a las mujeres indígenas brasileñas en sus demandas. Reunidas, señalaron que la marcha es una muestra y un mensaje para los Estados de que, sin las mujeres indígenas, no puede haber democracia. Por ello, reclamaron su participación en la política de sus países y en la toma de decisiones en materia de medio ambiente y cambio climático, educación, salud, erradicación de la violencia hacia las mujeres, los pueblos indígenas y los territorios.
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* Imagen principal: Focos de depredación forestal y sembríos ilícitos aumentan sobre pueblos indígenas ubicados en la zona de amortiguamiento de la Reserva Comunal Asháninka, contigua al Parque Nacional Otishi, en la Amazonía peruana. Foto: Max Cabello
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