- Un reciente informe presentado por Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (Raisg) y la Red MapBiomas indica que en los últimos 37 años la Amazonía perdió 72 millones de hectáreas de bosques.
- Mongabay Latam presenta aquí un panorama de lo que está sucediendo en cinco países que albergan el bosque tropical más extenso del planeta: Bolivia, Ecuador, Colombia, Perú y Venezuela.
La Amazonía enfrenta un momento crítico. Los resultados del reciente análisis de MapBiomas Amazonía revelan una transformación acelerada del bosque tropical más extenso del planeta y, según los científicos que realizaron el estudio, “las pérdidas han sido enormes, prácticamente irreversibles y sin perspectivas de que esta tendencia se revierta”.
Este estudio elaborado por la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (Raisg) y la Red MapBiomas, presentado en diciembre de 2022, indica que en los últimos 37 años —entre 1985 y 2021— alrededor de 72 millones de hectáreas de bosques desaparecieron en la Amazonía, una pérdida de casi el 10 % de su cobertura natural.
La magnitud de la destrucción varía de un país a otro —señala el informe— desde el 0.05 a 0.07 millones de hectáreas en Surinam, Guyana y Guayana Francesa hasta 60.3 millones de hectáreas en Brasil. En la lista de los nueve países amazónicos, Bolivia figura con una pérdida de 5.2 millones de hectáreas, Perú con 2.7 millones de hectáreas, Colombia 2.4 millones, Venezuela 0.7 millones y Ecuador 0.5 millones.
La alerta sobre lo que sucede en la Amazonía viene dándose hace varios años, pero este 2022 cobró mayor protagonismo en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 27), cuando varios países se comprometieron a priorizar su conservación. Aquí un panorama de lo que ocurre en Bolivia, Ecuador, Colombia, Perú y Venezuela.
El avance de la deforestación
Bolivia es el segundo país amazónico con mayor cantidad de pérdida de bosques. Según el estudio de RAISG, entre 1985 y 2021, el país perdió el 11% de sus bosques; mientras que el uso agropecuario y la silvicultura se expandieron en 349%. Y ha sido el cambio de uso de suelo, es decir, convertir bosques en tierras agrícolas, una de las razones del aumento de la deforestación. Un ejemplo es lo que sucede en la Reserva de Producción Forestal El Choré, donde sus bosques están siendo derribados por el avance de asentamientos ilegales de campesinos para introducir cultivos agrícolas como maíz y arroz, e inclusive coca. Un estudio publicado en 2009 proyectaba que, de continuar el ritmo de deforestación que tenía en ese momento, El Choré perdería el 50 % del bosque que aún estaba protegido para el 2034. La presencia de colonias menonitas en Bolivia también está asociada a la pérdida de bosque. Durante el 2022, la plataforma Global Forest Watch detectó más de 50 mil alertas de deforestación en los límites del Territorio Comunitario de Origen (TCO) de San Antonio de Lomerío, un territorio prácticamente rodeado por la colonia menonita Chihuahua dedicada al cultivo de soya.
Los incendios forestales también son causa de deforestación en Bolivia, y entre los lugares más afectados por el fuego figuran las áreas protegidas. Según el Observatorio del Bosque Seco Chiquitano, una plataforma de la Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano (FCBC), los incendios forestales impactaron en 19 áreas protegidas del departamento de Santa Cruz, la más afectada fue el Parque Nacional Noel Kempff Mercado, seguido del Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Otuquis. En la Lista también están los Humedales del Norte, el Área Natural de Manejo Integrado San Matías y la Reserva Municipal de Vida Silvestre Valle de Tucabaca.
En Perú, la deforestación a gran escala causada por colonias menonitas avanza en las regiones de Ucayali y Loreto. Una de estas colonias se ha establecido en Tiruntán, una localidad ubicada en el distrito de Padre Márquez, en el límite de Loreto y Ucayali. La Fiscalía Especializada en Materia Ambiental ha denunciado a esta colonia por la pérdida de más de 300 hectáreas de bosque primario y la población local acusa a sus autoridades de haber vendido de manera irregular los bosques donde ahora se han asentado los menonitas. También está la deforestación causada por las invasiones en los territorios indígenas para la tala ilegal y cultivos ilegales de coca. Los casos de la comunidad nativa de Puerto Nuevo entre Ucayali y Huánuco, así como de Santa Rosillo de Yanayacu, en San Martín, reflejan lo que sucede con los pueblos indígenas en la Amazonía peruana.
En Colombia, la deforestación del último año alcanzó 174,103 hectáreas de bosque natural, equivalente a casi el área de Bogotá. La cifra que corresponde al 2021 fue presentada en julio del 2022 por el entonces Ministro del Ambiente, Carlos Eduardo Correa. Sin embargo, estas cifras fueron cuestionadas, pues como explicó Rodrigo Botero, director de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), en la presentación se omitió información como que la Amazonía pasó de concentrar el 63 % de la deforestación en 2020 al 70 % en 2021. Luego de que Gustavo Petro asumiera la presidencia de Colombia, la ministra del Ambiente, Susana Muhamad, entregó cifras detalladas de lo que ha ocurrido con la pérdida de bosques en Colombia no solo durante el año 2021, sino durante las últimas dos décadas. Muhamad dijo que para el periodo 2001- 2021 la deforestación en Colombia alcanzó 3 182 876 de hectáreas, de las cuales 1 858 285 hectáreas, es decir el 58 %, corresponden a la Amazonía del país. En el año 2019, el gobierno de Iván Duque lanzó la Operación Artemisa, un programa para detener la deforestación en el país, sin embargo, las operaciones de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega —formada por el Ejército, Fuerza Aérea, la Policía y la Armada— no han logrado frenar la pérdida de los bosques.
En tanto, en Ecuador, un informe de MapBiomas y Ecociencia indicó que en los últimos 20 años el país perdió 623 510 hectáreas de bosque, es decir, 31 000 hectáreas en promedio por año. De acuerdo con Ecociencia las principales causas que impulsan la deforestación en esta nación sudamericana son la expansión de la frontera agrícola y ganadera, el desarrollo de infraestructura, la explotación minera y de hidrocarburos y la extracción de recursos madereros.
En Venezuela, la minería ilegal, la expansión agrícola y los incendios forestales son las causas de la deforestación. Según un informe elaborado por el Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP), el país perdió 140 000 hectáreas de bosques primarios en la Amazonía entre los años 2016 y 2020. El mismo informe indica que las áreas protegidas más impactadas han sido el Parque Nacional El Caura; el parque Nacional Canaima, el segundo más grande del país y el Parque Nacional Cerro Yapacana.
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Los bosques amenazados por la minería ilegal
La minería es una de las causas de la pérdida de bosques y contaminación de ríos y suelos en la Amazonía. En Perú, dos informes presentados en julio de este año revelaron que en Madre de Dios, la región más afectada por la minería ilegal, hay actualmente 46,605 mineros artesanales dedicados a la extracción de oro, de los cuales 31,390 son informales y 9,323 ilegales. Es decir, solo unos cinco mil mineros trabajan de manera formal. La magnitud del daño que está ocasionando esta actividad ilícita no solo se puede ver en Madre de Dios, sino en varias regiones del país como fue expuesto en el especial fronteras amenazadas. Las historias que forman parte de esta serie incluyen el caso de la quebrada Palma real grande, dentro de la Reserva Nacional Tambopata, en la frontera con Bolivia, donde se ha instalado la minería ilegal de oro e incluso se está reclutando a pobladores indígenas del pueblo Ese Eja. También está el reportaje que revela cómo 60 dragas dedicadas a la extracción ilegal de oro operan en el río Cenepa, donde se ubican siete comunidades awajún, en la región Amazonas, en el límite con Ecuador. Y en el río Putumayo, en la región Loreto, frontera con Colombia, la presencia de pequedragas —embarcaciones artesanales sobre las que se montan plataformas y maquinarias para extraer ilegalmente oro mientras se desplazan por el río— se ha convertido en una amenaza para las poblaciones indígenas.
La minería aurífera se ha extendido también peligrosamente en Bolivia hasta ingresar dentro de áreas naturales protegidas y territorios indígenas. Un estudio realizado en el río Madre de Dios, donde se encuentran seis comunidades del Territorio Indígena Multiétnico (TIM) II, reveló que 180 embarcaciones dedicadas a la extracción de oro operan a lo largo de 172 kilómetros del río. El informe también señala que la presencia de estas 180 balsas ha dejado 259 kilogramos de mercurio en el aire y en el agua, cifra que corresponde a un mes, tiempo que duró la investigación. Jorge Campanini, director del Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib), señala que un estudio liderado por esta organización, en coordinación con la Universidad de Cartagena en Colombia, ha revelado cifras alarmantes: de las 350 personas que han sido evaluadas —entre ellas indígenas Tacana y Uchipiamona—, todas superan en promedio siete veces los límites permitidos en sangre.
En Colombia, hasta noviembre de 2022, se habían identificado 40 dragas del lado colombiano del río Puré y 200 del brasileño que cambia su nombre a río Pururé. La presencia de esta actividad ilícita pone en riesgo a los pueblos indígenas yuri y passé que viven en aislamiento voluntario. Además, un estudio ha determinado que las comunidades del río Caquetá y sus afluentes, como es el río Puré, presentan un índice mucho más alto del promedio de mercurio en sangre. En la frontera entre Colombia y Venezuela, a pocos kilómetros del departamento del Guainía, el Parque Nacional Yapacana -en territorio venezolano- se ha convertido en un centro de extracción de oro ilegal bajo el dominio de guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y la Guardia venezolana, según un informe del Ejército colombiano. Además, el informe Explotación de oro de aluvión, evidencias a partir de percepción remota, elaborado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, ha revelado que el 65 % del oro explotado en tierra el 2021, sin tener en cuenta el extraído de minas subterráneas y el proveniente de minería de subsistencia, es de origen ilícito. El mismo informe indica que se encontraron evidencias de explotación de oro de aluvión (EVOA) en 98 567 hectáreas, principalmente en el noroccidente de Colombia, en los departamentos de Antioquia, Bolívar y Chocó, así como en algunas zonas de Nariño y áreas más pequeñas en Putumayo, Caquetá y Guainía.
En Ecuador, imágenes satelitales de Global Forest Watch han permitido ver que la minería ilegal está acorralando a la Reserva Ecológica Cofán Bermejo. Imágenes satelitales analizadas por la organización Amazon Frontlines muestran cómo la minería ilegal ha ingresado en el área protegida. La minería ilegal también ha invadido los ríos Yutzupino y Jatunyacu, en la provincia de Napo. En febrero de 2022, el colectivo ‘Napo ama la vida’ identificó, mediante imágenes tomadas con drones, que al menos 100 retroexcavadoras y unas 2000 personas dedicadas a la minería ilegal se habían instalado en el río Yutzupino.
La minería autorizada también ha ocasionado impactos negativos en Ecuador. El caso del páramo de Fierro Urku es una muestra de ello. Este lugar, ubicado en la provincia de Loja, Fierro Urku, a 3788 metros de altura, es el origen de cuatro cuencas hidrográficas: Jubones (noroeste), Puyango-Tumbes (suroeste), Zamora, afluente del río Santiago (este) y Catamayo-Chira (sureste) que abastecen a cuatro cantones en la provincia de El Oro y otros dos cantones en la provincia de Loja. Es por este motivo que el pueblo kichwa saraguro viene oponiéndose al ingreso de la minería en sus territorios desde hace 30 años, pero ha sido en junio de 2022 que el pueblo indígena decidió bloquear de manera indefinida la entrada al páramo.
En Venezuela, mineros ilegales que llegan desde Brasil se han convertido en una amenaza para la vida y la seguridad del pueblo indígena yanomami. Un informe de SOS Orinoco, un grupo venezolano que defiende el medioambiente, señala que la actividad minera ilegal está aumentando a un ritmo alarmante y los impactos ambientales son cada vez más evidentes.
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La presión del narcotráfico
Otro de los males de la Amazonía es el narcotráfico que impacta principalmente en los territorios de Colombia y Perú, donde según información de autoridades nacionales y organismos internacionales, los cultivos de coca han ido en aumento. En Perú, el último informe de la Comisión Nacional para el Desarrollo de una Vida sin Drogas (Devida) sobre la situación del Tráfico Ilícito de Drogas 2021 indica que se ha dado un drástico incremento de cultivos de hoja de coca en la región Ucayali, en la selva central de Perú. Mientras que en Colombia, el informe anual de la la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés) indicó que hubo un incremento del 43 % de cultivos de coca el último año.
En la selva central de Perú, el narcotráfico está cercando a los pueblos indígenas. La Comunidad nativa Unipacuyacu, en la región amazónica de Huánuco, que lleva más de 30 años de espera para que su territorio sea titulado, vive bajo la amenaza constante de quienes invaden su territorio para instalar cultivos ilegales. Un reportaje publicado en Mongabay Latam da cuenta de los riesgos que acorralan a la población de Unipacuyacu y del establecimiento de por lo menos cuatro caseríos creados ilegalmente, así como de la presencia de pistas de aterrizaje para narcovuelos. La comunidad nativa Puerto Nuevo, ubicada entre las regiones Ucayali y Huánuco, también enfrenta, hace varios años, el avance del narcotráfico. En este territorio, en los últimos dos años —entre octubre de 2020 y octubre de 2022— se registraron 164 997 alertas de deforestación, según la plataforma Global Forest Watch. De ellas, 73 768 fueron captadas entre el 1 de enero y el 1 de octubre de 2022.
En Colombia, el último informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés) indicó que para el año 2021 se contabilizaron 204 000 hectáreas de cultivos de coca, lo que representa un crecimiento del 43 % si se compara con los datos del 2020. Los parques naturales nacionales también han sido afectados por la presencia de estos cultivos ilícitos, donde se documentaron 8749 hectáreas sembradas, es decir, el 4 % de los plantíos de coca en Colombia. Esta cifra significa un aumento del 21 % de la superficie sembrada con coca en comparación con el año 2020, cuando se reportaron 7214 hectáreas. El Parque Nacional Natural Paramillo, ubicado entre Córdoba y Antioquia, es el más afectado con 2099 hectáreas sembradas con coca, mientras que el Parque Nacional Natural Catatumbo Barí ocupó el segundo puesto con 1745 hectáreas.
En el Putumayo, en la Amazonia colombiana, diez personas fueron asesinadas el 28 de marzo de 2022, durante un operativo del Ejército Nacional para capturar a los cabecillas de grupos disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) encargados de la comercialización de droga. Ese día fueron asesinados el presidente de la Junta de Acción Comunal de Alto Remanso, Didier Hernández y su esposa; la autoridad indígena kichwa, Pablo Panduro Coquinche, del resguardo Bajo Remanso y ocho personas más. En esta zona, la comunidad de Alto Remanso, en el municipio de Puerto Leguízamo, enfrenta la disputa de su territorio entre varios grupos de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) —integrantes de la guerrilla que no se desmovilizaron— por el control de las zonas donde se cultiva coca y por las rutas del narcotráfico hacia el Pacífico. Sus vidas están en peligro y a la par los bosques amazónicos continúan perdiéndose. Luego de seis años de la firma del Acuerdo de Paz —24 de noviembre de 2016—, Colombia continúa en guerra contra las disidencias de las FARC, actores armados ilegales relacionados a bandas criminales y al narcotráfico.
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Los riesgos para los defensores ambientales
América Latina es la región más peligrosa para los defensores ambientales y líderes indígenas que resguardan sus territorios. De acuerdo con el último informe de Global Witness tres de cada cuatro ataques a defensores fueron registrados en América Latina y los lugares con mayor riesgo están en la Amazonía de Perú y Brasil. Entre 2016 y 2021, según información de 11 organizaciones ambientales y de derechos humanos, 58 líderes y pobladores indígenas fueron asesinados en la Amazonía de Brasil, Colombia, Ecuador y Perú, y de ellos, 50 casos aún no han sido resueltos por la justicia.
En Colombia, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) señala que entre el 1 de enero y el 4 de diciembre de 2022 fueron asesinados 179 líderes sociales y defensores de derechos humanos en Colombia. El asesinato de Luz Marina Arteaga, médica y lideresa indígena que acompañaba los procesos de reclamación de tierras de campesinos e indígenas en los departamentos de Meta, Casanare y Vichada fue uno de los primeros del año. Su cuerpo apareció sin vida en el río Meta luego de estar desaparecida durante varios días.
En Brasil, el asesinato del periodista Dom Phillips y el experto en derechos indígenas Bruno Araujo Pereira conmocionó al mundo. Ambos viajaban por el Valle de Javarí, un territorio con la mayor concentración de pueblos indígenas en aislamiento, en la zona de la triple frontera con Perú y Colombia que se ha convertido en una de las regiones más peligrosas de la Amazonía por la presencia de delitos ambientales y del crimen organizado. El asesinato ocurrió los primeros días de junio, pero pasaron más de diez días hasta que la Policía Federal de Amazonas encontró los cuerpos.
En Perú, dos asesinatos contra defensores ambientales y líderes indígenas en la Amazonia fueron reportados este año por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDH). El primero ocurrió el 20 de marzo, cuando Juan Julio Fernández Hanco, quien desde el año 2006 tenía una concesión de forestación y reforestación en la zona de amortiguamiento de la reserva Tambopata, en Madre de Dios, recibió dos disparos de bala en la cabeza. Cinco meses después, el líder indígena awajún y presidente del Frente de Defensa del Distrito de Manseriche, Genaro Comisario Bitap, fue asesinado de dos disparos de bala mientras caminaba en Manseriche —provincia de Datem del Marañon, región Loreto— acompañado de su hijo. Además, 171 casos de amenazas y atentados contra defensores ambientales y líderes indígenas han sido reportados hasta el momento ante el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que en el año 2020 abrió un registro para este tipo de amenazas. Según líderes indígenas y expertos en el tema, detrás de las agresiones y asesinatos están mafias de narcotraficantes, mineros ilegales y usurpadores de tierras. En junio de 2022, más de cien líderes y lideresas indígenas de todo el país se reunieron en el Primer Encuentro Nacional de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos y Ambientales en Perú para unir esfuerzos y enfrentar la criminalidad en el país.
En Bolivia, un estudio del Centro de Documentación e Información de Bolivia (Cedib) reveló que entre enero de 2017 hasta el 28 de abril de 2022 ocurrieron 191 ataques contra líderes ambientales que protegen la naturaleza y sus territorios. Las agresiones se encuentran georreferenciadas y distribuidas en ocho categorías: judicialización, negativa de acceso a la información, chantajes y desprestigio, restricciones a la libertad de expresión, hostigamiento, restricciones a los derechos civiles y políticos, detenciones arbitrarias y atentados a la integridad física. Cedib también informó que todos los ataques han quedado en la impunidad.
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Imagen principal: Amazonía ecuatoriana. Foto: EcoCiencia
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